El exjuez Alberto Baños, designado por Javier Milei en la Secretaría de Derechos Humanos, ya firmó el despido de otros 18 trabajadores, a pocos días del 24 de marzo. Desde ATE no descartan que se produzcan más cesantías y denuncian que se trata del vaciamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
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En las vísperas del 24 de marzo llegaron nuevos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), que contaba con un plantel de poco más de 900 trabajadores. La notificación de tres ceses llegó este lunes, pero la cifra creció a 18 en apenas dos días. Los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no descartan que lleguen más en los próximos días. Desde el gremio, buscaban reunirse con el secretario para resolver los contratos del área, pero no fueron recibidos.
Para Flavia Fernández Brozzi, vocera y parte de la junta interna de la Secretaría de ATE, están vaciando las políticas de memoria y de derechos humanos. “Desde el 10 de diciembre que asumieron no tenemos ninguna directiva, no podemos trabajar -aseguró a ANCCOM-. En el área que era la división de políticas contra la violencia institucional, recibimos denuncias y no podemos hacer nada más que mandar un mail pidiendo información como trabajadoras, ni siquiera como Secretaría porque no tenemos firma. Hay sitios de memoria que no pueden abrir porque no les autorizan el final de obra. En el Regimiento de Infanteria N° 9 de La Plata, sitio de memoria desde 2023, despidieron a todos los trabajadores”.
En diciembre, un director de Prensa dijo que iba a reestructurar el área, tardó dos meses en mandar el proyecto, pero el 1º de marzo nombró a cinco personas para que se queden en Prensa y que las otras diez sean reubicadas. “Como cada vez que se achica el Estado, se habla de ñoquis y de militancia, pero se despide a trabajadores con años de formación, compromiso y dedicación en sus tareas -declaró Horacio Pietragalla Corti, nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo y exsecretario del área-. Nos solidarizamos con cada compañero que se esforzó para tener un país que lucha contra la violencia institucional, un país con un museo que es Patrimonio de la Humanidad, con más atención y contención a las víctimas, con más memoria, más verdad y más justicia”.
El sindicato tuvo una reunión el lunes 4 de marzo con Alberto Baños, encargado de la Secretaría, y a los días presentaron una propuesta con la reubicación de los compañeros en áreas que los necesitaban. “Desde el día que lo presentamos al viernes no tuvimos respuesta. Hicimos un ruidazo y no nos recibió. Teníamos apuro porque toda esta semana Baños iba a estar en Costa Rica. La respuesta fueron los telegramas con fecha del 8 de marzo”, relató indignada Fernández Brozzi.
“El martes, ya con los despidos notificados, el Ministerio de Justicia sacó una búsqueda interna para cubrir cuatro vacantes en el área de Prensa de la sede central, con perfiles similares a los compañeros despedidos. Esta nueva gestión tiene un alto nivel de crueldad y cinismo”, añadió Fernández Brozzi. Los primeros despidos fueron en el área de Prensa, pero a menos de una semana, también cesaron a trabajadores de Leyes Reparatorias, de provincias y delegaciones federales y del Archivo Nacional de la Memoria. De ellos, trece están afiliados a ATE, tres a Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y dos no tienen afiliación gremial.
A nivel nacional, el 31 de marzo termina la renovación de los contratos de 70 mil trabajadores del Estado. Estas contrataciones se renovaban anualmente, pero esta nueva gestión sólo los renovó por tres meses. En esta situación están 100 trabajadores de la Secretaría, muchos de los cuales trabajan en los Sitios de Memoria Nacional (como Club Atlético, ESMA, el Faro de Mar del Plata, Automotores Orletti y la Escuelita de Famaillá en Tucumán), donde además de la atención a los visitantes, se realizan tareas de investigación y conservación de los espacios.
Marcela Perelman, directora del equipo de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo en diálogo con ANCCOM que «seguimos con preocupación los despidos en el Estado, que están afectando también a las y los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos. Nos preocupan las fuentes de trabajo, y las consecuencias que los despidos y recortes puedan tener en las políticas de memoria, verdad y justicia, en las reparaciones, así como en el sostenimiento de los diferentes sitios de memoria a nivel federal».
En esa línea, los trabajadores del exCentro Clandestino de Detención y Totura (CCDyT) El Olimpo se expresaron en un comunicado: “Los puestos de trabajo están en peligro, y con ellos peligra la continuidad de las políticas de memoria”. Así, consideran que este vaciamiento requiere que estén en estado de alerta y movilización hasta que se garantice el trabajo de todes.