La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una normativa antipiquete que avanza sobre los derechos a la libertad de expresión, a la protesta y a peticionar a las autoridades. Además, habilita mecanismos de inteligencia interna prohibidos por la legislación. El objetivo: generar temor para inhibir protestas ante un ajuste inédito.
El martes, Luis Caputo, ministro de Economía, presentó una feroz devaluación y medidas de ajuste. Para controlar los efectos de ese paquete económico, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó este jueves el segundo anuncio del nuevo gobierno: el protocolo antipiquetes. “Las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal que se ha unido a este Ministerio, van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean totales o parciales. La ley no se cumple a medias: se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir”.
“La resolución 943/23, dictada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y conocida como ‘protocolo antipiquetes’, tiene un problema estructural muy serio: su ilegalidad e inconstitucionalidad”, dijo Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, en diálogo con ANCCOM. Recordó que los derechos puestos en juego son parte de la ley porque están incorporados a la Constitución por la adhesión a tratados internacionales. “Sólo podrían ser regulados mediante una ley del Congreso nacional, que sería el único instrumento jurídico que podría regularlos, no un acta administrativa del Ministerio de Seguridad. Es un instrumento ilegal que debe ser tomado inmediatamente por la Justicia para impedir su aplicación”.
En la presentación, Bullrich justificó el protocolo represivo con las molestias y tardanzas que generan los cortes de calle: “Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz y llegar a sus trabajos, escuelas o adonde tenga que ir”. Frente a esto, Andrés Gil Dominguez, abogado constitucionalista, clarificó: “Ante una posible colisión determinada por el modo de la protesta entre el derecho de tránsito y el derecho de reunión corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión es uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática”. Asimismo, añadió que el derecho a la protesta pacífica engloba la libertad de expresión y sindical, el derecho de reunión, de huelga y de petición, entre otros.
En la lectura del protocolo , Bullrich declaró: “Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito. También se van a identificar los vehículos, sus conductores y todas las infracciones administrativas y/o penales existentes. Se va a proceder a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se pronunció en contra del anuncio realizado por la ministra de Seguridad: “Las medidas atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política. Hasta regula un registro de organizaciones habilitadas a protestar. Pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías”. Además, con la derogación del protocolo garantista de Nilda Garré consideraron que “más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”.
Cipriano García agregó que mandar a las Fuerzas de Seguridad a hacer acciones de inteligencia, como el registro de las organizaciones y quiénes las integran, está expresamente prohibido. “Es un protocolo claramente inconstitucional que avanza sobre derechos fundamentales y sobre una tradición largamente arraigada en nuestra democracia que es la posibilidad de la manifestación pública frente a las arbitrariedades y decisiones que afectan a nuestro pueblo que dictan los distintos gobiernos”.
Hacia el final de su discurso, la ministra también advirtió la creación de un registro de las organizaciones que participan y que hacen de voceros de los movilizaciones. En la misma línea, el abogado Roberto Gargarella, aportó: “Es un nivel de improvisación y de prejuicio ideológico y con el enojo tan desatado de los primeros días, le diría que calme un poco el ánimo y vuelva a aferrarse al derecho”.
También, Gargarella argumentó: “El derecho a la protesta es el que sostiene los demás derechos. Si cortamos ese, lesionamos todos los demás. Eso no quiere decir que en su nombre puedo hacer cualquier cosa. Todo lo que se está haciendo hoy es consagrar como si hubiera derechos de un solo lado, como si estuviéramos en una situación bélica, como si el que ejerciera los derechos de protesta fuera un delincuente y no… es más bien lo contrario”.
“Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Para llevar a cabo estas medidas las Fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”, afirmó la excandidata de JxC y actual ministra de Seguridad..
Mauro Benente, doctor en Derecho y docente de las universidades de Buenos Aires y de José C. Paz, recordó: “Para el Sistema Interamericano y para el Comité de Derechos Humanos ‘las calles y plazas son lugares privilegiados para la expresión pública’ y las protestas ‘pueden tener un efecto perturbador inherente o deliberado y requerir un grado de tolerancia considerable’”.
En la red social X, “#MileiEsUnaEstafa” y “Estado de sitio” se volvieron trending topic. María del Carmen Verdú, abogada y militante de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), señala: “En 2017 decíamos algo similar: impusieron un estado de excepción sin declararlo. Acá ya te lo declararon, no formalmente, pero sí en el mensaje transmitido”.
Durante la presidencia de Mauricio Macri, Bullrich presentó un protocolo antipiquete “con la particularidad de que ella era el ala más dura y más reaccionaria junto con Petri, Kravetz y Wolff. Hoy, frente a Milei y Villarruel, explícitos reivindicadores y apologetas de la dictadura cívico-militar-eclesiástica y del terrorismo de Estado, no es lo más duro. Con lo cual es lo mismo, pero peor: viene con un empaquetamiento político a partir del poder acumulado por el actual presidente, por 54% de los votos además, que lo hace muchísimo más grave y sustentable. Aquel lo pudimos frenar”, declaró Verdú con preocupación agitada a ANCCOM.
Por otro lado, el protocolo permite el control represivo en medios de transporte público por las fuerzas de seguridad y plantea que se envíen las facturas de “todos los costos vinculados a los operativos de seguridad a las organizaciones o individuos responsables”. En este sentido, Verdú sintetizó: “Además de que te van a cagar a palos, cagar a gases, meter en cana y armarte la causa, todavía vas a tener que pagar el desplazamiento de la Policía, de la Gendarmería, de la Prefectura y del Servicio Penitenciario”.
Verdú consideró que el miedo a la represión es válido y en el caso de Bullrich está fundado por cifras concretas y lamentables, pero también apuntó a no desmovilizar. “El punto es cómo hacemos para que ese miedo, desde el punto de vista colectivo de las organizaciones, no nos paralice tampoco. A cuidarse y movilizar con criterio”, concluyó.