Javier Milei insiste en con su propuesta de establecer el voucher educativo para poner a las escuelas y universidades a competir. ¿Qué dicen los especialistas?
El candidato de La Libertad Avanza, propone un mecanismo educativo basado en un sistema de vouchers. Javier Milei afirmó que esto obligaría a las escuelas a competir entre ellas y mejorar su desempeño. La propuesta de él entiende el sistema educativo bajo una lógica de mercado. Es decir, un sistema de subsidio a la demanda, o sea, a los estudiantes y sus familias. Se trata de otorgar financiamiento a cada alumno a través de un vale o cupón que acredita el pago de un monto determinado previamente. Sin embargo, ANCCOM consultó a tres especialistas en el tema y explicaron por qué este mecanismo no se puede implementar en la Argentina.
Susana Arguello, directora de la Especialización en Investigación Educativa de la Universidad Nacional de Jujuy (UnJu), expresó: “Esta propuesta en términos políticos significa que va a tener que derogarse la Ley de Educación Nacional para donde se prevé que la educación es un derecho y financiarla es una responsabilidad del Estado. En el caso de que se financiara a todos por igual van a ser más beneficiadas las escuelas privadas y se le va a quitar gradualmente el financiamiento a las escuelas públicas”.
Una de las críticas más fuertes a este sistema ha sido el de la segregación educativa, un problema que los países en donde funciona este mecanismo no se ha logrado resolver. Sobre esto, Argüello afirmó: “Este sistema plantea que las familias tienen la libertad de elegir, la teoría de la acción racional, y que esa elección de las instituciones es una elección informada y racional. Bueno, esto es lo que suele discutirse, porque las investigaciones indican que este sistema no opera de esta forma. Por un lado, las familias no cuentan con toda la información necesaria para poder tomar las decisiones, y quizás aquellas familias de los sectores medios o altos que tienen mayor posibilidad de acceso a esa información puedan tomar decisiones fundamentadas desde ese lugar”.
Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda dijo: “Nosotros tenemos un sistema que es realmente muy apreciado en el resto del mundo, sobre todo en la región, admirado, de calidad, y que tiene en su autonomía y en su no arancelamiento pilares claves para el acceso. El problema que tiene hoy la educación argentina es la retención y la graduación, no el acceso. Y acá se está planteando una dificultad en el acceso”.
“Independientemente de quienes lo plantean, me parece que es una muy mala idea y en un sistema que incrementó -en 40 años de democracia- muchísimo la cantidad de estudiantes que hoy acceden a la universidad, a la calidad que logramos sostener en nuestras universidades, a la cobertura que tenemos a lo largo y ancho del país con las universidades que se fueron creando, me da la sensación que los temas para discutir al futuro no son estos sino son otros”, sostuvo Calzoni.
Por otra parte, Florencia Gosparini, economista de la Universidad Nacional de Moreno, sentenció: “Esta propuesta, como cualquiera que provenga de la economía neoclásica, niega la existencia de especificidades económicas, sociales, culturales y políticas que hacen imposible una aplicabilidad universal, a la vez que jerarquizan el rol del sector privado y del mercado en el acceso de la educación, lo que agudiza dinámicas de desigualdad e inequidad”.
También advirtió: “Son vastas las experiencias negativas en los diferentes países que aplicaron sistema de vouchers en tanto disminuyó el nivel de acceso a la educación y aumentaron los costos de provisión en relación con el esquema tradicional”.
«En los sectores más vulnerables opera más una lógica de exclusión o de autoexclusión en el sentido de que van a buscar las escuelas que no les exijan unas matrículas extras, generalmente cercanas a sus espacios geográficos, donde haya menos costo y donde tampoco se sientan discriminados.”
Por otro lado, los especialistas coinciden en que esta perspectiva no tiene en cuenta cuestiones como la zona geográfica, teniendo en cuenta que hay escuelas que están ubicadas en lugares remotos. En este sentido, ¿cuáles serían las posibilidades reales de elección que van a tener las familias? Las decisiones no pasan solamente por los resultados del aprendizaje, es decir, las familias toman en cuenta otras cosas, como el costo de las matrículas de las escuelas, si hay disponibilidad de transporte, si van a poder acceder a pagar esas matrículas o no.
“Algunos investigadores denominan esto como proceso de descremación, o sea, le sacan la crema a las escuelas públicas y se las llevan al privado. En general las familias mejor posicionadas tratan de que sus hijos estén en ámbitos escolares donde haya mayor homogeneidad, donde los pares sean cercanos a su clase y cultura”, afirmó Argüello y añadió: “En cambio, en los sectores más vulnerables opera una lógica de exclusión o de autoexclusión: van a buscar las escuelas que no les exijan una matrícula extra, generalmente cercanas a sus espacios geográficos, donde haya menos costo y donde tampoco se sientan discriminados.”
La docente e investigador de la UnJu remarcó: “Finalmente, estos sectores terminarían estudiando en aquellas escuelas públicas que no van a recibir ahora tanto el subsidio del Estado y que cada vez van a tener menos capacidad de competir con servicios educativos de calidad”.
La implementación del voucher en la educación universitaria se ha dado en muy pocos países, más bien operan sistemas de financiamiento a partir de becas, préstamos o créditos estudiantiles, que es otra manera de financiar la demanda. Suecia, Irlanda, Colombia, y Australia, entre otros, ofrecen sistemas de becas que pueden ser muy importantes o de créditos. En el caso de Argentina la implementación de cualquier tipo de arancelamiento, va a tener que afrontarse con distintos desafíos. Arguello explicó: “Acá también va a haber que hacer un cambio en la Ley de Educación Superior, que establece que los estudiantes tienen derecho a ingresar sin ningún tipo de discriminación, y eso requiere un debate y un cambio de ley, que seguramente no va a ser sencillo, dada la matriz cultural fuerte que tiene nuestro país en relación a la educación pública. De avanzar hacia esta línea, se estaría retrocediendo, a mi juicio, con todas las políticas de derecho que se han ido implementando en el caso de la universidad, desde La Reforma Universitaria del ‘18, con todas sus banderas, hasta la eliminación del ingreso del arancelamiento en la época de Perón, y las políticas de derecho que se han implementado en las últimas décadas”.