Andrea Leonett, integrante del SiSaP, relata su la lucha para defender la prohibición de la megaminería en la provincia de Chubut y cuenta cómo es vivir con una causa penal abierta en la que está procesada junto a otros dieciséis compañeros.
En una causa que tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Rawson, a cargo del juez Gustavo Lleral, 16 vecinos de Trelew, Puerto Madryn y Rawson se enfrentan a procesamientos por el delito de entorpecimiento de servicios públicos.
En mayo de 2021, el descontento de la población estalló cuando se mantuvo en curso el proyecto de Zonificación Minera, que finalmente fue aprobado en diciembre de ese año. En este contexto, cientos de vecinos se movilizaron en la Ruta Nacional 3 en la ciudad de Trelew, fueron desalojados por la fuerza policial provincial y en ese momento varios de los manifestantes comenzaron a ser criminalizados por protestar en defensa del agua.
El 13 de junio se realizó una audiencia en la Cámara de Casación de Comodoro Rivadavia por esta causa judicial. Además, se programaron movilizaciones y concentraciones tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires para expresar solidaridad y apoyo a los imputados que ejercen la resistencia frente al modelo extractivista. Este proceso judicial se enmarca en una situación más amplia de represión y criminalización de las luchas y movimientos populares en todo el país, tanto en la región patagónica como en las últimas semanas en Salta y Jujuy. Diversas organizaciones y activistas denuncian esta avanzada criminalizadora y argumentan que responde a una política de persecución que busca disciplinar a aquellos que luchan por la defensa del territorio y la reivindicación de derechos conquistados.
“Siempre fueron manifestaciones pacíficas, en la provincia de Chubut desde hace mucho tiempo el gobierno siempre está reprimiendo las movilizaciones y protestas sociales, y utiliza diferentes mecanismos. Por un lado están las fuerzas policiales, que son las fuerzas represivas del Estado, pero también utiliza fuerzas de choque que son como la tercerización de la represión, son grupos, sindicatos u organizaciones afines al gobierno que van a las manifestaciones a querer romper”, explicó en diálogo con ANCCOM Andrea Leonett, integrante del SiSaP (Sindicato de Salud Pública). Madre de 30 años, comenzó con la militancia cuando se desempeñaba laboralmente como administrativa en un centro de atención primaria de la salud en el barrio Etchepare. Ahora está imputada por su participación en las manifestaciones de 2021.
¿A ustedes los reprimieron con este tipo de fuerzas de choque?
A nosotres, en la ruta nos sucedió con un sector de camioneros, no podemos generalizar a los trabajadores camioneros en su totalidad, sino que fue un sector. Siempre nos sucede que es un sector que responde a otros intereses, a otros fines que, en realidad, tienen que ver con esta intención de desalojarnos por parte del gobierno. De todos modos, nosotres en ese momento teníamos establecido ya un protocolo a seguir y se realizó un cordón de mujeres que impidió que estos varones camioneros pasen y quieran romper y tratamos de llevarlo adelante con el mayor diálogo posible. Y la verdad que después fue un corte totalmente pacífico, la gente entendía, también nosotros utilizamos esa oportunidad para concientizar, para hablar con el resto de camioneros. Además que fue un corte intermitente, cada tanto los autos y camiones pasaban.
¿En qué consistió el Proyecto de Iniciativa Popular?
El proyecto de Iniciativa Popular fue el segundo que se presentó y lo que pretendía era reforzar la Ley 5001, que es la ley que prohíbe la minería en el territorio, pero en uno de sus artículos deja abierta la posibilidad de zonificar. Y esto es lo que estaban buscando desde el Ejecutivo provincial: la zonificación minera. Entonces, la iniciativa popular reforzaba esta ley y prohibía terminantemente la megaminería en todo el territorio de la provincia, por lo tanto nos resguarda de cualquier intento de explotación a gran escala como es la megaminería en Chubut.
¿Por qué consideras que es importante?
Sabemos que la iniciativa popular es un mecanismo de democracia directa que tiene el pueblo para poder presentar un proyecto y que se contemple en la Legislatura. Y es una movida muy grande que requiere de mucha militancia, de mucho recorrer, de juntar firma por firma, de poner la mesita en una esquina, de recorrer las localidades. Para nosotros fue un esfuerzo muy grande, como para que en dos segundos la Legislatura lo descarte y nos deje sin este proyecto del pueblo, porque era un proyecto de la comunidad entera de Chubut.
¿Cuál fue el impacto de la derogación de la iniciativa popular?
En mayo de 2021 es cuando nos tiran a la basura la iniciativa popular, y quedó dentro de la Legislatura el proyecto de zonificación minera, porque en noviembre de 2020, cuando se presenta la iniciativa popular en la Legislatura, ese mismo día entra el proyecto de zonificación minera del Ejecutivo. Por lo tanto, quedaron los dos con estado parlamentario y jugando dentro de la Legislatura. Cuando a nosotres, en mayo, nos quitan nuestra iniciativa nos sacan la posibilidad de tener una ley del pueblo, pero sigue adentro el proyecto de Mariano Arcioni para meter la megaminería en la provincia. Finalmente en diciembre sucedió: la Legislatura de la provincia aprobó la zonificación minera, pero la gente, con una muestra muy digna de lucha y resistencia, salió a las calles durante siete días. Para luego generar una batalla campal con una represión desmedida: el Chubutazo. La gente estaba dispuesta a todo, porque lo que estaba en riesgo era el agua y nuestro territorio. Fueron momentos muy difíciles, pero también muy dignos porque gracias a esa lucha se logró derogar la ley.
¿En qué consistió el Chubutazo?
Fueron movilizaciones inmensas que obviamente no había forma de organizar absolutamente nada, fue algo muy espontáneo y masivo, había mucho enojo del pueblo porque también tenía que ver con el hartazgo de todos. Era la bronca de que nos hayan aprobado la megaminería, pero también era la bronca diaria que vive la gente de los distintos barrios, que la pasa mal, que no tiene para comer, que no tiene trabajo, que la policía los reprime y hostiga constantemente en los distintos barrios. Muchas situaciones que se dieron y terminaron con esta furia en el pueblo en las calles que realmente funcionó, ya que tuvieron que dar marcha atrás.
¿Cómo se vive estando imputada por participar en las manifestaciones?
Son muchas cosas. Por un lado, quienes estamos en la militancia socioambiental nos sentimos muy orgullosos de saber que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que somos quienes estamos llevando adelante la lucha, pero que nos precedieron compañeros y compañeras que hace veinte años vienen caminando las calles y generando conciencia, y eso permitió que en diciembre la gente salga a la calle a derogar esta ley. Entonces, nosotres sentimos que estamos en el camino correcto. Después, obviamente que llevar adelante un proceso judicial no es fácil, porque se te juegan un montón de cosas, pero también es lo que busca el gobierno a través de la justicia: busca individualizar, busca fragmentarnos.
¿Desde el gobierno lograron ese cometido o ustedes han desarrollado estrategias para evitarlo?
Nosotres estamos en el intento constante de no estar solos. Desde que empezó la causa, ya van a ser dos años, que la abordamos de manera colectiva, para que ninguno se sienta solo, para que las dudas, los miedos, los abordemos en conjunto. Porque entendemos que fuimos muchas personas que estuvimos en ese corte de ruta y no es justo que unos pocos se sientan con esa presión de tener que atravesar un proceso judicial. Sin embargo, sabemos que es lo que el gobierno quiere. Busca meter miedo, amedrentar, disciplinar, corrernos de las calles, busca que la gente no vuelva a salir a luchar por nada. Estamos haciendo lo que hay que hacer, hicimos lo que había que hacer y seguiremos en este mismo camino.
¿Qué impacto tienen estos procesamientos en la lucha contra la megaminería y la defensa del medio ambiente en la región?
Sabemos que esta es una traba que nos ponen para corrernos de la calle, pero nuestra idea es poder aglutinar con el resto de los sectores que también están criminalizados, porque no solo son las asambleas o los movimientos social-ambientales quienes están sufriendo esta judicialización, sino también un montón de sectores que están en lucha por diferentes derechos, como la docente Estela Juárez en 2019 o el pasado año el ex dirigente de ATECH, Santiago Gutman. Entonces, no estamos aislados del resto. Esto es un plan sistemático de los gobiernos en convivencia con la justicia que busca disciplinar, que busca dar este mensaje de «paren de luchar porque los vamos a judicializar a todos». No vamos a parar de luchar, porque sabemos que si no somos quienes denunciamos todo lo que está mal, nadie lo va a hacer.
¿Cómo percibís esta de criminalización de la lucha?
Nosotres venimos de un proceso muy largo de lucha en todos los sectores en la provincia del Chubut, porque sufrimos un ajuste estructural desde 2017 y tiene que ver con este intento de aprobar este modelo extractivista. Y por eso es que estamos organizando en la ciudad de Rawson, para el día 4 de julio, una jornada patagónica en contra de la criminalización de las luchas. Esta jornada pretende aglutinar a compañeros y compañeras de los distintos sectores que están criminalizados: docentes, salud, comunidades originarias, la lucha socioambiental y con fuerte presencia de los organismos de derechos humanos. Nuestra idea es cruzar a todos estos compañeros criminalizados con organismos de derechos humanos para ver de qué manera se puede abordar situaciones individuales, pero también pensar de manera colectiva una estrategia para seguir adelante. Porque detrás de compañeros y compañeras que están criminalizades siempre hubo una lucha por algún derecho conquistado o un derecho por conquistar, siempre hubo una defensa digna. El derecho máximo y primero es el derecho a protestar. Entonces no nos pueden arrebatar este derecho a protestar. Es muy grave.
