A pocas horas de que venza el plazo acordado para que Parques Nacionales devuelva a la comunidad su espacio ceremonial, el lugar apareció vandalizado.
A pesar de las instancias de diálogo, no hay paz ni soluciones a la vista en el conflicto mapuche en Villa Mascardi, donde fue asesinado Rafael Nahuel a finales de 2017. A pocas horas de que se venza el plazo para la devolución del rewe (espacio ceremonial) a su comunidad, tal como había sido acordado en febrero, ese sitio apareció vandalizado.
Este capítulo de esta larga pugna, que por momentos parece interminable, comenzó el 4 de octubre de 2022, cuando se produjo el violento desalojo de la comunidad indígena Lafken Winkul Mapu por parte del Comando Unificado de fuerzas represivas. Con gases lacrimógenos y balas de goma, efectivos de Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Federal y Prefectura destruyeron las viviendas y luego de perseguir a algunos de los jóvenes mapuches que escaparon hacia el cerro y el bosque, detuvieron a siete mujeres de la comunidad junto a sus bebés y niños.
La orden provino de la jueza federal de Bariloche Silvina Dominguez, que procesó a cuatro de ellas por el delito de usurpación: la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, quien debió dar a luz con custodia policial, Luciana Jaramillo y María Celeste Ardaiz Guenumil. Tras ocho meses, estas mujeres continúan encerradas bajo arresto domiciliario en el Centro Mapuche de Bariloche, en condiciones de hacinamiento, con nueve niños y niñas en una vivienda insalubre, sin cloacas, con una calefacción insuficiente, sanitarios deficientes, instalación eléctrica riesgosa y un sostén alimentario que depende de la solidaridad de la gente, los “vecinos conscientes” como los llaman.
El 24 de mayo se realizó un trawun (reunión donde circula la palabra) en esa casa, con la intención de reunir tanto a mapuches como no mapuches y lograr en conjunto “ideas, propuestas que puedan ser llevadas adelante”, en palabras de la machi. La reunión contó con la participación de Isabel Huala y militantes de organizaciones sociales, feministas, de derechos humanos, comunicadores populares y vecinos de las provincias patagónicas. De este encuentro surgió un comunicado que denunció que “el Estado no solo se ha desentendido de su responsabilidad, sino que las está dejando morir lentamente. Las mujeres, niños y niñas están afectadas severamente en su salud física, psicológica y espiritual”.
Luego de tres postergaciones, las comunidades mapuche y mapuche-tehuelche esperan que este 1 de junio finalmente el Estado nacional y de la provincia de Río Negro, junto a Parques Nacionales, pongan la firma prometida en la última mesa de diálogo realizada el 10 de febrero en la Casa Rosada, cuando se acordó el retorno de la machi al rewe y al territorio donde podrán reconstruir su casa. Parques Nacionales accedió a ceder siete hectáreas, más otras 10 en el lago Guillelmo, relocalizando a la comunidad. Una gran lista de organizaciones reclama y exige a los funcionarios que conforman la Mesa de Diálogo que sin más dilaciones “asuman el compromiso y responsabilidad política de convocar a la reunión programada y la firma del acuerdo con las comunidades mapuche”, de lo contrario darán por entendido que “el Estado abandona la solución al conflicto”. Además, no dudan en señalar que el territorio está siendo custodiado por decreto del presidente de la Nación y a pedido de la gobernadora Arabela Carreras cuidando “los intereses económicos que los empresarios ven en la biodiversidad, donde sólo buscan explotar y destruir”.
El martes 30 de mayo, aún palpitando los ecos de su reunión y a la espera de la firma prometida por la Mesa de Diálogo, un comunicado público de Lof Lafken Winkul Mapu informó la grave situación en la que se encuentra su espacio ceremonial tras sufrir un acto de vandalismo. Hicieron responsables al Ministerio de Seguridad, al gobierno Provincial y Nacional ya que “el rewe ha quedado a disposición del ‘Comando Unificado’ que se ha mostrado inoperante para garantizar el resguardo de nuestro espacio sagrado y ceremonial”. Incluso, desde la comunidad no descartaron la hipótesis de que el mismo Comando haya sido el responsable del ataque, y reiteraron el pedido de disolución del mismo ya que solo trae “detenciones, torturas, desapariciones y muerte”.
El abogado de algunas de las mujeres mapuches y vicepresidente de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, Luis Virgilio Sánchez, señaló que sus defendidas pertenecen “a un sector vulnerable a quien se acusa de usurpar un territorio que consideran propio por convicción y cultura”. Amparadas por el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitucional Nacional reformada en 1994 que reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, pertenecientes a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, opinaron que la injustificada detención “tiene como origen el haber ejercido el derecho a la recuperación de sus tierras, que vienen reclamando ancestralmente”. Por otro lado, Sánchez aseguró que la jurisprudencia que mantiene detenidas a las mujeres proviene, nada menos, que de juicios de lesa humanidad.
A 40 años del retorno de la democracia, la comunidad mapuche de Villa Mascardi aún debe reclamar el cese de la violencia, persecución y criminalización en su contra. “Esta democracia, tal como está, genera una tiranía racista que alimenta figuras electorales patéticas y peligrosas que atentan contra la libertad y los derechos humanos que debería resguardar”, expresó la machi Colhuan. Con los ánimos deteriorados pero sin perder la esperanza, ellas y sus compañeros y compañeras de lucha aguardan la llegada del jueves para conocer la acción que tomará finalmente el Estado.