La actuación de los medios en casos emblemáticos se transforma en un clamor de venganza. A partir de la detención de una pareja que supuestamente dio muerte a su beba, y que derivó en un descarnizado maltrato periodístico, reflexiones de especialistas sobre ética en los medios.
“El calvario de una mamá y un papá: murió su beba y los acusaron de haberla matado”, así se leyó en los titulares de los medios cuando se comprobó la inocencia de Layla Melani Rivero y Omar Barrientos, padres de Alison Barrientos Rivero, la beba de 21 días que falleció de un paro cardíaco en un hospital Balestrini, de Ciudad Evita.
El día 7 de febrero por la mañana los padres llevaron a Alison de urgencia al hospital porque parecía no respirar. Al ingresar, la beba fue llevada a terapia intensiva y los padres inmediatamente detenidos para ser interrogados. Alison falleció a las pocas horas y los médicos que la atendieron entregaron un informe donde denunciaban que ella presentó signos de abuso.
La noticia se dio a conocer cuando ese mismo día por la tarde el periodista policial Mauro Sztajnszrajber, o Szeta como se lo suele conocer, anunció por twitter: “Ahora, otro bebé, abusado y asesinado por sus padres”. Seguido por otros tweets donde el periodista de Telefe publicó las fotos de los padres al momento de la detención y escribió: “Estos son los padres asesinos que abusaron y asesinaron a su bebe. – De nombres Melanie Rivero y Omar Barrientos. – La nena tenía solo 21 días. – ‘Se ahogó con la leche dijo la madre en el hospital, antes de que se descubra el horror”. En ese mismo hilo amplía sobre la situación y la expectativa de condena: “Alison tenía 21 días de vida. – sus progenitores quedaron detenidos por homicidio agravado. – La sospecha es que el crimen devino de la violación. – En esta nota, el caso. Quiénes son los padres, Qué pena les espera…”
Inmediatamente otros medios comenzaron a replicar la noticia y, los días siguientes, en los diarios y programas de televisión se leyeron titulares como: “Abusaron y asesinaron a bebe de 21 días. Niños en peligro ¿Quién los cuida? ¿Dónde está la justicia?”, en Crónica TV; “La beba de 21 días muerta tenía signos de abuso y se espera por la autopsia”, en Télam; “Arrestaron a una pareja por llevar a una beba de 21 días a un hospital con muerte cerebral y signos de abuso”, en el portal de La Nación; “La Matanza: detuvieron a una pareja acusada de asesinar a su beba de 21 días, en Página/12; “Abuso infantil. Detuvieron a una pareja de 14 y 16 años acusados de matar a su beba de 21 días”, América TV. La directora del Hospital Balestrini apareció en repetidas notas comentando la situación y exponiendo el informe de signos de abuso que habían presentado los médicos que atendieron a la beba. Tampoco faltaron los comentarios y réplicas en las redes sobre el caso, denunciando y condenando a la pareja y exigiendo justicia por Alison.
Al poco tiempo salió un segundo informe, este de la autopsia, que contradecia el informe presentado por los médicos y demostraba que la beba no habia sufrido ningun abuso sexual y no tenia traumatismos. Para garantizar el buen tratamiento del caso, la Fiscalía pidió un tercer informe al Ministerio Público Fiscal, a medicina forense, y luego de cinco días de acusaciones y mediatización del caso, se confirmó nuevamente que falleció por falta de oxígeno y que los supuestos signos de abuso no corresponden a ningún tipo de maltrato.
El 12 de febrero en los medios se leyeron titulares como los de Infobae: “Tras ser liberados, los padres de la beba que murió en La Matanza denunciarán a policías y personal médico”; Página/12: “Liberan a los padres de la beba de 21 días que murió de un paro cardíaco” y Todo Noticias: “El drama de los papás de Alison”. Al día siguiente Mauro Szeta salió en Telefe a pedir disculpas a los padres y a compartir: «Una enseñanza, porque yo al publicar en mis redes sociales afirmé, lo que era una etapa incipiente en este caso, como si fuera concluyente. Esa es mi responsabilidad, la enseñanza de que los procesos penales (me lo digo), son largos, no son concluyentes», dijo el periodista de larga trayectoria en noticias policiales, casado con Clarissa Antonini, Fiscal en Poder Judicial Provincia de Buenos Aires, reflexionando, luego de varios años, sobre la típica temporalidad de los procesos penales.
Ernesto Meccia, sociólogo, profesor e investigador, Universidad de Buenos Aires, en conversación con ANCCOM, reflexionó sobre los sucesos: “En casos tan delicados como los que nos ocupan la responsabilidad del periodismo debería pasar por informar en base a las evidencias que van produciendo quienes tienen capacidad técnica de hacerlo. Esto no significa para nada que estas evidencias sean indiscutibles, pero el periodismo debería saber que las pruebas son la base de su labor y que por lo tanto tiene que esperar. Lamentablemente esto no se produce y lo que tenemos es la ‘justicia mediática’, es decir, un veredicto flojo de papeles probatorios divorciado de la ‘justicia institucional’. Este veredicto conmociona a la sociedad creando un estado de pánico moral que termina condicionando el accionar de esta última. Y lo expresado tiene íntima relación con lo que dije anteriormente: las evidencias no son indiscutibles. Una evidencia científica, por más científica que sea, puede ser desestimada debido al estado de conciencia crispado que produjeron los medios; la opinión pública puede aplastarla, literalmente”.
“La acusación de un delito, por más grave que sea, no puede transformarse inmediatamente en una condena», dice Cesaroni.
“La acusación de un delito, por más grave que sea, no puede transformarse inmediatamente en una condena. Ahí hay una responsabilidad de los medios y del Estado de promover esta especie de justicia directa, donde se los acusan de determinado delito e inmediatamente son unos asesinos”, dijo Claudia Cesaroni, abogada, magíster en criminología, docente, integrante del CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos), y de la Red Argentina No Baja. Cesaroni planteó la importancia de repensar cómo actúa la Defensoría del Público en estos casos y cómo “los periodistas construyen el propio código de ética en cuanto a la inmediata condena y la exhibición de las caras de los acusados o cualquier información que los haga reconocibles.Y por otro lado, igual o más grave, la responsabilidad pública de la policía de difundir estas fotos que ella misma se saca. Porque hay alguien que las está difundiendo. Mientras que deberían ir al expediente y nada más, estas fotos son sistemáticamente repartidas”.
Una vez comprobada su inocencia, los medios llamaron a los padres para relatar los sucesos. En una entrevista en Radio con Vos, Layla, la mamá, contó cómo las policías le decían: “´Ahora cuando te pongan con las demás presas te van a matar porque eso no se perdona’. Me decían que les dijera a las presas que estaba por robo. Pero apenas entré a la celda estaba la tele prendida y una piba (que la reconoció por la foto) me tiró una patada en la cara y después eran como 20 pibas pegándome”.
Omar, el padre, se sumó a las denuncias de abuso de poder de parte de los policías: “Si yo, que soy hombre, viví un calvario; imagínese mi pareja, que es mujer y es la primera vez que toca una comisaría. A mi mujer también la maltrataron y la golpearon». Él pasó dos días sin que le dieran un vaso con agua y con llagas en la boca, mientras los policías le decían que esas eran las consecuencias de consumir paco. «Me decían que merecía lo peor. Estuve dos días sin tener contacto con el mundo y lo único que recibía eran insultos -sumó el padre de la beba-. Fuimos a la comisaría a hacer una declaración y cuando nos dimos cuenta estábamos encerrados y no sabíamos por qué. En el hospital no nos informaron nada y lo peor que me pudo haber pasado fue enterarme que había muerto mi beba estando preso».
“Mauro Szeta pidió disculpas pero el daño ya está hecho”, dijo Meccia.
“Yo creo que, más que moral, es una responsabilidad ética la que tienen que tener los periodistas en el mejor ejercicio de las prácticas de su profesión. En primer lugar, las fuentes que en general usa el periodismo, y sobre todo el llamado periodismo policial o vinculado a hechos que tienen que ver con lo policial, son los policías o el Poder Judicial, y en base a esas fuentes construyen lo que pareciera ser una verdad única”, explicó Cesaroni que, entre otras cosas, es la autora de La vida como castigo: el caso de los adolescentes condenados a prisión perpetua en la Argentina y Contra el Punitivismo: una crítica a las recetas de la mano dura. “Muchas veces, como en este caso tan tremendo, además de violar presupuestos éticos de la profesión, configura un delito y una invitación a cometer delitos, que de hecho sucedió, ambos fueron golpeados y torturados en los lugares donde estuvieron esos días presos”, siguió.
Cuando Mauro Szeta anunció: “Otro bebé asesinado y abusado por sus padres”, lo dijo haciendo referencia al caso de Lucio Dupuy, nene de la Pampa abusado y asesinado por la madre y su pareja. El caso de “la beba de La Matanza” se desarrolló en medio del alza mediática por las condenas de los juicios de Fernando Báez Sosa y Lucio Dupuy. El 2 de febrero se conoció el veredicto del juicio por el crimen de Lucio y la madre y su pareja fueron declaradas culpables del homicidio agravado del niño y ambas recibieron una pena de prisión perpetua. Por otro lado, el 6 de febrero se sentenció a prisión perpetua a cinco de los asesinos de Fernando y los otros tres a quince años de prisión. No hubo medio que no hablara de estos juicios de manera consistente los días anteriores y posteriores.
Ante esto Cesaroni explicó que el punitivismo funciona de múltiples maneras, no se expresa solamente aplicando penas más duras o creando nuevos delitos. “En el caso del juicio de Lucio, por ejemplo, hay toda una corriente de castigar a la jueza que le otorga el cuidado a la mamá, a las maestras que no vieron ninguna señal, al personal del hospital -planteó la abogada de la UBA-. Se construye la idea de que las escuelas y los hospitales tienen que tener una función casi policial, y eso se convierte en un problema porque no es el rol de estos lugares. Una cosa es estar atentos a detectar alguna situación que pudiera configurar un abuso de algún orden, pero esa no es la función principal ni de los maestros, ni de los médicos. Esto ha pasado históricamente, cuando llegaban mujeres desangradas a realizarse algun tratamiento obstétrico y los médicos inmediatamente cumplian una funcion policial que era denunciar un aborto. Entonces, cuando se pone por encima la función policial por sobre la médica o de la salud pública o la escolar hay un problema”. Cesaroni sostuvo que en este caso había una alta demanda de cumplir esta función y de estar atentos: “porque todo podía ser abuso. La médica sale inmediatamente a los medios a cuidarse las espaldas y a presumir un abuso que no era. Algo muy grave. Imaginate para unos padres que se les había muerto la bebe asfixiada que encima los denuncien de haberla matado. Tiene un nivel de brutalidad y crueldad que es importante señalar para poder pensar a futuro”.
La abogada especialista en punitivismo explicó que esta es la idea de que todo conflicto social o toda conducta humana que parezca inadecuada, molesta o agresiva, se resuelve con castigos y penas cada vez más largas y brutales. Y, que si el Estado no cumple con estas funciones, es “saludable” tercerizar el castigo haciendo eso que es mal llamado “justicia por mano propia”, cuando en realidad sería “venganza por mano propia”. Meccia por su parte, al hablar del lugar moral de los medios en estos casos, dijo: “En el caso de Lucio, las estadísticas son muchas y muy claras: la violencia doméstica extrema es mucho más frecuente en varones. Sin embargo, el caso activó sentimientos lesbofóbicos, algo que nos demuestra que algunos cambios culturales no son tan profundos como creíamos. Por otra parte, Fernando fue un muchacho ‘ejemplar’. ¿Qué hubiera sucedido con la moralidad mayoritaria si la víctima hubiera sido un joven con problemas con la ley, o un joven que consumiera sustancias más de lo debido? Probablemente no hubiera sido una víctima que importase”.
“Para acercarnos al pensamiento punitivo voy a centrarme en el caso del crimen de Fernando”, continuó el investigador de la UBA, explicando que, con claridad, este crimen fue motivado por mandatos de género, conformando un gran problema que el pensamiento punitivo no dejó ver, ni abordar. “Los varones no nacen con esos mandatos en su ADN, los varones adquieren esos mandatos mediante procesos de socialización. Así tendríamos que pensar que el género implica la somatización de las relaciones sociales, es decir, que se hace carne en los sujetos que habitan el sistema machista y patriarcal – siguió Meccia-. Surge entonces una paradoja: hablamos ‘sistémicamente’ pero luego queremos respuestas ‘individualizadas’, como si borráramos con el codo lo que escribimos con la mano.Si prendemos la televisión, leemos los portales o vamos a las redes; vamos a escuchar como la gente habla todo el tiempo del ‘sistema’ patriarcal, del ‘sistema’ de sexo-género, del ‘sistema’ machista y, sin embargo, los asesinos de Fernando fueron demonizados como personas. Hay algo que no cierra”.
Meccia planteó que por definición, un sistema tiene más poder que los individuos particulares que lo componen, un sistema: “como si fuera un tsunami, se los lleva puestos, o tiene chances de hacerlo: ¿Cuánta capacidad de resistencia al sistema puede tener una persona que fue socializada por años y años ahí adentro?”. Entonces se preguntó: “¿Por qué no hacernos cargo del sistema que crea esta clase de subjetividades violentas y dejamos de crear monstruos? Estos jóvenes no salieron de la nada, salieron de nuestra sociedad y, pese a quien le pese, se parecen a muchos, a muchísimos otros jóvenes que viven cerca nuestro. Hagamos algo para poner en perpetua al sistema, no a las personas. Cuando se habla de la necesidad de la ESI en las escuelas queremos, justamente, hacernos cargo del sistema para evitar que niños y adolescentes adquieran ese tipo de subjetividad”.
En conversación con ANCCOM, la abogada Cesaroni explicó cómo el recorrido legal puede verse modificado en casos mediatizados: “En esta oportunidad era muy evidente que no había responsabilidad, pero en otros casos, como por ejemplo el homicidio de Fernando, sino hubiera estado Burlando al frente de esa querella probablemente la condena habría sido mucho menor, ‘hubiera quedado impune’, como muchos dicen, y eso para mi no es un mérito. Hay una falsa identificación, a mi juicio, de impunidad con poco tiempo de castigo. Como si estar 10 años preso fuera un nivel de impunidad. Se ha logrado introducir en la cabeza de la gente que justicia solo es prisión perpetua, en el caso de Fernando fue evidente. Eso es muy grave, porque a mi pensar, la perpetua es una condena a muerte en vida, porque la lógica es ‘yo no te puedo matar porque la pena de muerte está prohibida, entonces te mando cincuenta años a la carcel sin que puedas salir’. Perpetua para mi no debería existir para nadie, pero de existir solo reservarse para casos absolutamente minoritarios, porque sino nos encontramos con una banalización del monto de la pena que me parece gravísimo. No se han impuesto penas de prisión perpetua por la Corte Penal e Internacional por delitos de genocidio, de lesa humanidad. Se han aplicado como mucho penas de treinta años, y estamos hablando de genocidio, no un caso particular a la salida de un boliche, que es un caso grave pero no es un caso para perpetua, ni siquiera en las condiciones en las que sucedió. Y donde otra vez los medios repitiendo ‘si no hay perpetua, no hay justicia’ y acompañando esa idea de que la única manera de restañar el dolor es imponiendo penas crueles e inhumanas, hay que discutirlo aunque cueste”.
¿Cómo podemos pensar un periodismo distinto? Claudia Cesaroni propuso que desde el periodismo hay mucho por hacer: “Buscar otras fuentes y no apresurarse a condenar basándose solamente de las fuentes policiales es fundamental. Explicar cómo son los procesos, entendiendo que un proceso penal empieza con una detención pero puede terminar con una absolución. No promover el castigo indiscriminadamente, no promover la tortura. Como fue en el caso del juicio de Fernando, donde hubo medios donde día y noche se dedicaron a advertir a los ocho jóvenes imputados y luego condenados que cuando llegaran a la cárcel los iban a violar, invitando a que eso suceda”. Y cómo fue con el caso Layla y Omar, donde, de manera automática, fueron abusados y torturados por los oficiales y los demás detenidos al momento de ver sus rostros en las noticias. “Eso es completamente ilegal y es una brutalidad que el Estado no intervenga en esa emisión pública de invitación a cometer delitos -dijo la abogada-. Si no se sale a discutir esto, es un problema, porque las personas que tienen otra posición son minoritarias. Les periodistas lo que pueden hacer es exhibir otras posiciones y dar lugar a por lo menos poner las primeras en duda”.
El profesor de Metodología de la Investigación en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA reflexionó sobre la responsabilidad del periodismo y el deber que tiene este para ayudar a pensar la complejidad. “Tiene que poder mirar desde varios puntos de vista antes de construir el propio. Pero, sobre todo, pienso que no deben ser sádicos -siguió Meccia-. Pienso que si bien es difícil sustraerse a la lógica televisiva del rating o a la fiebre contagiosa de las redes, un camino podría ser tomarse en serio la formación ética en todas las carreras de Comunicación Social y Periodismo”.