El proyecto presentado por la senadora Juliana Di Tullio beneficia a menos de la mitad de las personas que proponían los movimientos sociales con la Renta Básica Universal. ¿Es una propuesta para lidiar con la crisis o para disimular un ajuste?
La senadora nacional Juliana Di Tullio presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo reducir la indigencia a través de la implementación de un refuerzo de ingresos que permita garantizar el acceso a una adecuada alimentación de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La asunción de Sergio Massa como ministro de Economía trajo consigo una serie de anuncios que, sin embargo, dejaron gusto a poco a los movimientos sociales. La tensa relación llegó a tal punto que los diputados del Frente Patria Grande amenazaron con abandonar el bloque del Frente de Todos. Esta situación obligó al oficialismo a pensar alternativas luego de descartar la posibilidad de implementar un Salario Básico Universal (SBU).
Desde el Palacio de Hacienda consideran central avanzar en el ordenamiento fiscal. En ese sentido, si bien el refuerzo plantea brindar un ingreso equivalente a la canasta básica alimentaria de la misma forma que el SBU, la diferencia reside en un menor impacto sobre el gasto público: 0,56% del PBI para 2023 contra un 2,1%.
Esto se debe fundamentalmente a la cantidad de personas alcanzadas por la propuesta. Mientras que el proyecto de SBU incluía a más de 7,5 millones de personas, el de Di Tullio beneficia a 1,7 millones, una cifra compuesta por hombres entre 25 y 64 años y mujeres de entre 25 y 59. El objetivo es apuntalar los ingresos de aquel sector que no es beneficiario de ningún otro programa social, ya sea AUH, Progresar o jubilación.
La prestación se otorgará por el periodo de un año. Una vez vencido el plazo, podrá ser nuevamente solicitada según los criterios establecidos. Asimismo, las personas alcanzadas deberán acreditar anualmente la realización de consultas médicas anuales de acuerdo con su género y edad.
Daniel Arroyo, diputado por el Frente de Todos y exministro de Desarrollo Social, dialogó con ANCCOM y mostró su apoyo a la iniciativa. “Necesitamos lograr que en la Argentina no haya hambre ni indigencia y el proyecto apunta a eso –señaló-. Luego de subrayar que nuestro país se encuentra inmerso en un marco de emergencia económica y que las medidas deben comenzar por atender lo primordial, agregó: “El refuerzo se trata de una medida de pura lógica y justicia en un contexto donde el precio de los alimentos es el problema más grave que afrontamos”.
Al ser consultado por el Salario Básico Universal, reconoció que actualmente no están dadas las condiciones fiscales para su implementación. Sin embargo, se mostró optimista acerca de la aprobación del refuerzo de ingresos y señala que el debate puede sentar las bases que contribuyan al tratamiento de un ingreso universal en el futuro.
Por su parte, para Martin Hourest, economista y fundador del Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), el texto legislativo presentado por el oficialismo en el Senado continúa siendo insuficiente y se trata más bien de un salvataje por parte de un Gobierno que no logra dar las discusiones de fondo necesarias para reducir la pobreza. “Se ocupa sin ocuparse” dijo, haciendo referencia a que una propuesta de este calibre no movilizará a la gente a la calle para empujar su aprobación ni tampoco dará lugar a acuerdos parlamentarios, puesto que la base fiscal para llevarlo adelante no pasa por el Congreso. “No da lugar a una discusión conceptual más profunda, pero se queda con la conciencia tranquila de que presentó un proyecto de sostén de ingresos”, afirmó, para marcar sus diferencias con la propuesta oficial.
En esa línea, sostuvo: “Si las discusiones en torno a este tipo de programas se dan por la cuestión fiscal, debería plantearse una reforma de mediano plazo que te permita sostener políticas sociales, y no un impuesto de emergencia”.
Ana Rameri, economista y coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), reconoció que, si bien siempre es valorable la existencia de un ingreso complementario, la presentación del proyecto se trata de una reacción ante una demanda que resurge en tiempos de crisis, pero que busca aquietar la discusión sobre como volver a dotar al Estado de funciones verdaderamente distributivas. En ese sentido, consideró: “Si el refuerzo de ingresos es la versión del SBU que mejor se adapta al ajuste fiscal encabezado por Sergio Massa, se trata de la aceptación de una derrota en la puja redistributiva que vienen ganando los sectores económicos concentrados y los acreedores».
Desde su perspectiva, una solución efectiva requiere de una revisión general de los programas sociales de empleo vigentes, de tal manera que se unifiquen para ampliar los montos y su cobertura.