Inquilinos y agrupaciones partidarias protestaron frente al Congreso contra el proyecto de Ley de Alquiler que pretende aprobar Juntos por el Cambio: propone aumentos cada tres meses y deja su valor librado al mercado.
“Las penas son de nosotros, las casitas son ajenas”, se podía leer en una pancarta colgada sobre las rejas que rodean al Palacio del Congreso. Más de un centenar de personas se agolparon sobre la esquina de Rivadavia y Entre Ríos para mostrar su desencanto y vociferar su reclamo.
El dictamen que Juntos por el Cambio aprobó por minoría tiene como objetivo, entre otros puntos, modificar el plazo de los contratos de tres a dos años y dejar a elección de los propietarios el lapso entre aumentos, posibilitando que este se dé hasta cada tres meses. “Es muy posible que la semana que viene o la otra haya una sesión en la Cámara de Diputados para tratarlo y también es muy probable que tengan los votos para hacerlo -señala Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional-. Por eso, es tan importante que nos organicemos para denunciar lo que sucede”, concluye.
La movilización tuvo también un costado artístico de parte de integrantes de Inquilinos Agrupados. De pronto aparecían casas vacías de cartón que se movían entre la multitud, mientras cruzaban la avenida Entre Ríos decenas de personas con la careta de Don Ramón (el reconocido personaje de El Chavo del 8 que era sistemáticamente amenazado de desalojo), a la vez que por un megáfono cantaban consignas como “alerta inquilina, nos dejan sin vivienda en la República Argentina”. Los reclamos también se podían leer: “Quiero alquilar, pero también vivir”.
“El cambio que proponen pretende expulsar a todos los pobres del centro de la ciudad, que pagar alquileres sea imposible y hacer que Buenos Aires sea solo para ricos”, indica JB, quien prefirió mantenerse en el anonimato. Los grandes aumentos de precios con el ciclo inflacionario han hecho que en los últimos tiempos muchas personas hayan tenido que mudarse lejos de los lugares que frecuentan en busca de precios más cercanos a su poder adquisitivo. “Hoy, a pesar de que tengo un empleo en blanco, el alquiler se lleva literalmente todo mi sueldo. Vivo en La Boca con mis tres hijos y estoy totalmente contra las cuerdas, o contra el Riachuelo -comenta JB-. Con las modificaciones que pretenden hacer no me va a quedar otra que irme de la ciudad en que nací”.
El tratamiento de este dictamen y la posible modificación de la ley, sumados a la suba de la inflación, generan una preocupación extra en los inquilinos. Para Gervasio Muñoz “sería un retroceso para lo poco que hemos logrado hasta ahora, quedaría el campo libre para que las inmobiliarias impongan las condiciones que se les ocurran”. Facundo Cabral concuerda, “los sueldos no llegan a cubrir los aumentos y que se posibilite que haya aumentos cada tres o seis meses me parece perverso”. Con respecto a esto, el diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, señala en diálogo con ANCCOM: “Cuando se aprobó la ley actual nos parecía que no iba a ser una solución de fondo, sin embargo, esto que están planteando no solo no es la solución si no que empeora el problema. No hay bolsillo que aguante”.
Desde la oposición se señala continuamente que la ley vigente ha probado ser ineficiente, principalmente por el índice utilizado para pautar los aumentos anuales. Sin embargo, RM, una docente y miembro de Inquilinos Agrupados, aclara: “El índice me benefició, si hubiera tenido que pagar lo que quería el mercado sería un número mucho mayor que el de ahora”. Una de las principales fallas que señala es la falta de organismos de control: “No hay ningún lugar frente al cual pueda realizar quejas. Si yo quiero denunciar alguna irregularidad, sea cual fuere, no tengo ante quién hacerlo.” Gervasio Muñoz comparte esta visión: “La ley en sí es muy protectora de los inquilinos, pero no ha habido ningún tipo de control. Una de las peleas que estamos dando es que el Estado se haga cargo del cumplimiento de la ley”. Para el dirigente, el problema no se encuentra en la tipificación de la norma sino en una falta de voluntad política: “Con el ministro de Hábitat y Vivienda actual (Ferraresi) no hay muestras de que se quiera dar un cambio de fondo”, concluye.
