Los trabajadores de la danza volvieron a presentar un proyecto de ley en el Congreso para crear un instituto nacional del sector que regule la actividad. Mientras tanto, la precarización laboral domina la escena.
“Todas las actividades convocan a la danza, pero nadie la reconoce”. Esas son las palabras de Manuela Fraguas, integrante del Frente de Emergencia de la Danza (FED). Este año se cumple una década desde la primera presentación del proyecto por una ley nacional para esa actividad, y sin embargo, los derechos de los trabajadores del sector siguen siendo obviados.
El primer intento legislativo fue presentado como un «proyecto particular de iniciativa de la comunidad de la danza», pero nunca fue tratado en el Congreso. Hace dos semanas, referentes de ese ambiente presentaron nuevamente la iniciativa ante la Cámara de Diputados.
Este nuevo proyecto de ley tiene como objetivo el fomento y la protección de la actividad, particularmente, mediante la creación de un Instituto Nacional. Mientras que el ámbito del cine es representado por el INCAA y la música por el INAMU, actualmente la danza no cuenta con un organismo propio. Esa falta se traduce en una carencia de interlocutores en el Estado; es decir, no se les da un lugar a sus voces y reclamos, y por ende, no se llevan a cabo políticas públicas que contemplen sus necesidades particulares.
Eugenia Schvartzman, en el espacio Las Juanas de formación en artes escénicas.
Pandemia y después
La falta de regulación se hizo especialmente notoria en 2020 y 2021, ya que las medidas sanitarias para combatir la pandemia implicaron la suspensión total de sus actividades. En este marco, el FED, un grupo conformado por 37 organizaciones de proyectos afines, se autoconvocó para dar cuenta de la crisis que se estaba atravesando y para pensar en estrategias a corto, mediano y largo plazo. Mientras tanto, dado que no existen políticas públicas de fomento a esta actividad cultural, muchas escuelas y espacios escénicos debieron cerrar de forma permanente.
Julieta Rodríguez Grumberg, codirectora del MOVAQ, Aquelarre en Movimiento, un espacio artístico cooperativo ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, sostiene que la pandemia agravó y “puso en relieve problemas estructurales que el sector ya tenía”. Por su parte, Liliana Tasso, vocal de Coreógrafos Contemporáneos Asociados, afirma que la Ley Nacional de Danza apunta específicamente a proteger al sector independiente de los trabajadores. Es decir, aquellos que no se encuentran bajo el contrato de una compañía, y que por lo tanto sostienen su trabajo informal de manera autogestiva.
«El Estado no se hace cargo de que existe la actividad, de que se desarrolla, de que crece, del aporte sociocultural que proporciona», afirma Manuela.
La precarización laboral de los trabajadores de la danza es motivo de alerta: los empleados no suelen estar registrados, y aquellos que sí lo están, en su gran mayoría, se inscriben como monotributistas, aunque en ocasiones no se justifica el pago de esta cuota. Por otro lado, en las instancias de contratación oficiales, como lo pueden ser festivales, la remuneración suele ser baja, cuando existe. “Pareciera que tenemos que trabajar y estar agradecides de que tenemos un espacio. No se considera una tarea de labor y no se paga, o sí se paga, se paga muy tarde”, afirma Fraguas.
A modo de revertir esta situación, en 2015 surgió la llamada Asociación Argentina de Trabajadorxs de la Danza (AATDa), que tiene como desafío garantizar un mejor desempeño profesional y lograr condiciones justas de trabajo. Sin embargo, aunque en ese mismo año se iniciaron los trámites en el Ministerio de Trabajo para solicitar una inscripción gremial, esta sigue estando pendiente hasta hoy.
A pesar de esta situación, AATDa continúa funcionando como colectivo para los trabajadores. Publicó un tarifario salarial, que pauta una tasa mínima, y cuenta con asesoría legal para interceder en conflictos puntuales.
Manuela Fraguas forma parte de la residencia «Sensaciones de impermanencia», coordinada por Valeria Martínez y Julia Gómez. «La danza es un espacio de mujeres y disidencias, no está poblado de hombres cis», señala.
¿Jubilados o retirados?
Dado el carácter irregular de las contrataciones, las jubilaciones de los bailarines también se presentan como un tema de debate. Los únicos que tienen aportes jubilatorios son aquellos que forman parte de las compañías de ballet oficiales, aunque ni siquiera para ellos se contempla acorde a sus tareas. Además, según Grumberg, la jurisdicción que las rige depende del rango de la compañía. “Hay compañías nacionales que dependen de Cultura Nación u organismos afines, y compañías provinciales o municipales”.
En el caso del Teatro Colón, las jubilaciones no están especificadas para el ámbito de la danza. Estas se enmarcan dentro del convenio que tienen los empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, los bailarines tienen su jubilación a los 65 años, a pesar de que comúnmente el desgaste físico que requiere esta actividad solicita una retirada de la actividad más temprana.
De acuerdo a un censo que impulsó el Ministerio de Cultura en 2020, dirigido hacia los trabajadores de la cultura, la danza compone la segunda fuerza de este tipo de trabajadores en el país. Se cuenta con ella como protagonista de festivales, programas televisivos y shows privados, sin embargo, a pesar de su masividad y presencia social, mientras que el Estado continúe ignorando los reclamos del sector, los derechos de sus trabajadores continuarán en el detrás de escena.
Julieta Grumberg en MOVAQ Aquelarre en movimiento, la casa escénica que co-dirige.