Martes 5 de junio. Emilio Lamarca y Avellaneda. Cinco de la tarde. Serigne Dame Kane, un vendedor senegalés de 30 años, está tirado en el piso, ensangrentado y rodeado de miembros de Infantería. Minutos antes, efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron reducirlo con una navaja, clavándosela en el brazo, y realizando un corte tan profundo que le perforó una arteria y provocó que el vendedor se desvaneciera en el acto. Parece una escena sangrienta de una película de Quentin Tarantino, pero no. En este caso está dirigida por el Gobierno de la Ciudad, y desafortunadamente no es una escena de película: es la cruenta realidad que viven los manteros senegaleses día a día.
“La represión ha pasado a mayores, en un Estado que no solo no garantiza el derecho a la vida, sino que procede, mediante una violencia letal, al exterminio físico de los vendedores senegaleses -dice Omar Guaraz, representante del colectivo Vendedores Libres.- Si no fuera por los médicos del SAME, nuestro compañero hubiera muerto desangrado en la calle”. Kane fue trasladado al Hospital Álvarez, donde fue intervenido quirúrgicamente, debido a la perforación de una arteria y el daño de tendones que le produjo la herida. Todo con custodia policial, dado que se encontraba detenido. La causa: resistencia a la autoridad y violación de la Ley de Marca, a pesar de que no se encontraba vendiendo al momento del incidente, según aseguran sus compañeros y compatriotas, testigos del hecho. Serigne fue liberado de la Comisaría 50, en la mañana del día siguiente.
“Está todo muy complicado –confía a Anccom T., un vendedor de Once-. Policías vestidos de civiles nos vigilan todo el tiempo. Y cuando menos te lo esperás, vienen sin aviso y te sacan todo lo que tengas. Así que tenemos miedo”. Por temor a represalias, todos los senegaleses entrevistados para esta nota pidieron no ser identificados. Para Vendedores Libres, el Gobierno de la Ciudad utiliza a las fuerzas de seguridad para doblegar a los manteros, creyendo ingenuamente que la violencia represiva eliminará a los trabajadores que procuran vender en la calle para su subsistencia.
El miércoles 6, en solidaridad con el compañero herido y en repudio al accionar policial, se realizaron cortes generalizados en el Barrio de Flores. “Lo que ocurrió con Serigne Dame Kane fue un acto más de ilegalidad y violencia contra un trabajador –sentencia Guaraz-. Profundizaremos las medidas de fuerza, tanto en metodología como en intensidad. No quedará avenida ni calle en Flores sin tomar y ser ocupadas por los trabajadores; siempre dentro del marco de la ley. La organización y energía serán las respuestas más contundentes”.
Como si no hubiesen sido pocos incidentes para una semana, el viernes 8 por la mañana el Gobierno redobló la apuesta y llevó a cabo seis allanamientos de moradas de senegaleses en el barrio de Once. En ellos secuestraron mercaderías, dinero y pertenencias personales como celulares y computadoras, además de herir a 12 personas y detener a 18 más, bajo los rótulos de “atentado y resistencia a la autoridad”, trasladándolos a las Comisarías 7ma. y 18va., en donde interviene el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres.
La fiscal Celsa Ramírez fue la figura clave a la hora de los allanamientos y el armado de las causas previamente mencionadas, que ya se encuentran bajo un pedido de nulidad realizado por Verónica Heredia, abogada de Vendedores Libres. “Me sacaron todo el dinero que tenía ahorrado desde que llegué, hace siete meses, para sobrevivir aquí y para enviar a mi familia en Senegal, además del celular y la mercadería”, cuenta L., uno de los vendedores afectados por los allanamientos.
La violencia no sólo se percibe de forma explícita. El video difundido por los diferentes colectivos que se solidarizaron con los vendedores, y que muestra al senegalés apuñalado, fue censurado por todos los medios masivos. El silencio sobre lo ocurrido también es una forma de violencia. El periodista Santiago Cuneo (Canal 22) y Página 12 fueron la excepción. “Esas imágenes causaron conmoción pública –opina Guaraz-. Y lejos de infundir miedo y exterminar a los vendedores, éstos resisten a diario. Se fortalecen haciendo de la necesidad una virtud”. Paradójicamente, la venta ambulante crece inexorable, producto de las políticas actuales que aumentan la economía informal.
El martes pasado en la sede de la Defensoría de la Ciudad los vendedores senegaleses detenidos en los allanamientos (entre los que también estuvo presente Serigne Dame Kane) se reunieron con el coordinador de violencia institucional Demián Zayat. Y aunque fue una jornada en la que se decidieron diversas acciones judiciales a seguir, los propios senegaleses afirman que los intentos de la Defensoría han sido inútiles al competir con el accionar ilegal del Gobierno.
Para el sábado 16 está prevista en el Obelisco una convocatoria popular organizada en apoyo a los senegaleses y en repudio al accionar policial. “La gente es muy buena con nosotros –sostiene D., otro de los vendedores de Once-. Sentimos su apoyo tanto cuando nos compran mercadería como cuando van a las marchas a mostrarse en contra de la policía”.
“Nosotros no molestamos a nadie –subraya L., uno de los senegaleses entrevistados por ANCCOM-. Luchamos como cada persona para enviar dinero a nuestras familias y darles un futuro mejor a nuestros hijos. No fumamos, no tomamos. De hecho, en cinco días terminamos el ayuno de un mes por Ramadán” (ritual musulmán, cuya religión profesan). L. tiene una certeza de por qué los persiguen: “Es porque somos negros, no hay otra explicación”.