En estos días de Carnaval la calle porteña se llena de música y baile al compás de la murga, una colorida tradición que se juega en la vereda de los barrios y desnuda carcajadas en su ritmo criticón. En el corso de “Los Atrevidos por Costumbre”, ubicado en el barrio porteño de Palermo, confluyen varios conjuntos murgueros y dan inicio a la algarabía de una fiesta cuyo origen , ubican algunos entendidos, hay que rastrearla en la llegada de inmigrantes a la Argentina.
Ya desde su fundación, en 1580, Buenos Aires contaba con una población de africanos de raza negra, traídos como mano de obra esclava. Viviana Mississian, presidenta de la Asociación Civil Me Leva Que Eu Vou (Llevame Que Yo Voy) sostiene que la inmigración ocurrida entre los siglos XVIII y XIX fue el comienzo de esta celebración callejera. Mississian asegura también que el festejo era a través del Candombe, la forma de expresión artística de la comunidad afro en Buenos Aires. Me Leva Que Eu Vou integra con su murga el Carnaval Porteño 2017 y realiza intercambios culturales entre brasileños y argentinos para rescatar las raíces de este arte popular. Para Hernán, otro integrante de la Asociación, en el carnaval los afroporteños se diferenciaban por su nación de origen y “formaron grupos para desfilar bailando cada uno con trajes brillantes y tambores”. Sin embargo, debido a las constantes quejas de los miembros del Cabildo, tanto los realistas como los primeros gobiernos patrios, prohibieron el candombe bajo argumentos variopintos como que se trataba de un daño a la moral pública; o por lo obsceno de su baile, por las colectas de dinero que hacían en las celebraciones los esclavos y, sobre todo, por la crítica de sus letras en las que denunciaban sus indignas condiciones de vida.
Según los integrantes de Me Leva Que Eu Vou, recién se permitieron las comparsas por las calles de la ciudad en el Carnaval de 1836, y aseguran que la influencia cultural afroargentina ha sido casi olvidada de la historia de nuestro país por la gradual desaparición de la población negra a causa de cuatro grandes razones: 1) los afroargentinos fueron reclutados en grandes números por los ejércitos revolucionarios y eliminados en las guerras civiles argentinas; 2) hubo mezcla de razas (mestizaje); 3) la epidemia de fiebre amarilla de 1871, que dejó gran cantidad de muertos en los barrios más pobres, habitados en su mayoría por negros y 4) la declinación del comercio de esclavos luego de la prohibición de su tráfico en 1813, ratificada en la Constitución Nacional de 1853. A ello se le suma el ingreso masivo de inmigrantes blancos europeos que redujo aún más la entrada de población negra.
En estos días de Carnaval, la calle porteña se llena de música y baile al compás de la murga, una colorida tradición que se juega en la vereda de los barrios.
Murga de protesta
Desde Me Leva Que Eu Vou sostienen que en la Argentina, a partir de 1870, surgieron los primeros grupos blancos se animaron a tener sus propias comparsas, siempre imitando o parodiando a las comparsas negras. Durante la celebración de la festividad del Carnaval, las clases medias y bajas europeas -principalmente españolas e italianas- hacían una comparsa con tambores para burlarse de la oligarquía que los explotaba. Martín Di Napoli, director artístico de Los Festejantes Por La Patria (Grande), afirma que “la murga como cosa pícara es una burla que se festeja en Carnaval, y lo pícaro de la murga es su crítica política”. De hecho, este colectivo se autodefine como “una murga de militantes peronistas”, que en palabras de su director “denuncia lo que le hace mal al pueblo”. En sus letras le apunta de lleno al Gobierno Nacional, al usar frases como “voy resistiendo” en referencia al aumento de tarifas, o en frases como “el cambio nos lleva al tacho” o que se vislumbra “la vuelta a la patria financiera”.
Los integrantes de la Murga La Redoblona, a su vez, afirman que “su creencia en la fiesta popular del Carnaval” los mantiene vivos, y también resaltan que la murga es un hecho satírico que disfraza la vida con un manto jocoso. Por eso, este año presentan “Ministerio de la Felicidad”, el título de su espectáculo que alude al Gobierno Nacional en sus cantos sarcásticos: “Todo el mundo está feliz/ ¡muy feliz! / Todos pagan mucho gas / y quisieran pagar más”. O “llegan y llegan productos desde otros países / Para el mercado, las puertas abiertas / mientras en nuestra industria la persiana cierra”.
Finaliza el corso y la Murga de Me Leva Que Eu Vou se hace escuchar con su prosa de “Hombre que es hombre que no pega”, en alusión a la lucha contra el maltrato a la mujer y los femicidios. En otra estrofa dice: “El que ama no ata ni maltrata”. Estas son solo algunas de las canciones que resuenan en la calles del Carnaval, en un país que hace más de un año votó un cambio. Las agrupaciones murgueras denuncian, en este sentido, que continúan con el mismo subsidio estatal que en años anteriores, sin ninguna actualización, a pesar de la inflación.
Articulación y fortalecimiento para asociaciones civiles y cooperativas que trabajan con la separación de residuos. Con esos dos objetivos, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires llevan adelante un convenio que busca consolidar el rol de las organizaciones sociales que intervienen en los procesos de reciclaje. Lorena Pastoriza, una de las fundadoras de la cooperativa Bella Flor, que tiene una de sus plantas ubicadas dentro de uno de los complejos ubicado al costado del Camino del Buen Ayre, señala: “La Universidad es un interlocutor, funcionó en hacer entre nosotros y la empresa un puente de comunicación, de ideas y de trabajo”.
Muchas organizaciones sociales trabajan con la separación de basura y su posterior reciclaje. Ante esa realidad, un equipo de especialistas de la UBA, nucleados en el marco de un convenio suscripto entre la Facultad de Ciencias Sociales y la empresa, interviene en el polo de residuos más grande de América Latina, ubicado en la localidad bonaerense de José León Suárez, donde se reciben 17 mil toneladas de desechos diarios. La iniciativa busca elaborar propuestas para colaborar con el proceso de consolidación de las experiencias de gestión asociada entre las organizaciones sociales y el CEAMSE, que es propiedad de los estados bonaerense y porteño.
En la Ciudad de Buenos Aires esta empresa pública posee las plantas de Flores, Pompeya y Colegiales que recolectan la basura generada en la Capital. Por su parte, en José León Suárez están los Complejos Norte I, II y III que reciben esos desperdicios y también los generados por algunos partidos del Conurbano. A partir de la situación económica y social generada por las políticas implementadas en la década del 90, los vecinos de las zonas aledañas a dichos complejos comenzaron a subir a los rellenos sanitarios en búsqueda de comida. Ante esa situación, desde 2004, se comenzaron a elaborar proyectos productivos para armar plantas de reciclajes que contemplaran tanto a las tareas de las personas que ingresaban al predio como los objetivos del CEAMSE.
Actualmente, son doce las plantas recicladoras administradas por organizaciones sociales que tienen, cada una, su propio convenio con la empresa y que congregan a 800 trabajadores. Diez se encuentran dentro de los viejos rellenos: una en Norte I y las otras nueve en el sector más importante, Norte III, llamado comúnmente “Reciparque”.
Muchas organizaciones sociales trabajan con la separación de basura y su posterior reciclaje.
Marcela Pozzuoli trabaja en CEAMSE desde 1993 y actualmente es jefa del Departamento de Plantas de Reciclaje. Destaca que la empresa es consecuente con la política de responsabilidad social adoptada, que está relacionada con el desarrollo de un proyecto medioambiental pero que además asume un lado social: “CEAMSE no fue ajeno a la realidad circundante que había. Nunca se dudó que se debía trabajar con la gente que vivía de separar basura manualmente”, explica.
En este escenario complejo es donde el equipo de profesionales de la UBA interviene en la implementación de un programa que busca fortalecer a cada una de las organizaciones sociales que administran las plantas de reciclaje, tanto en el aspecto productivo como en el organizativo. El convenio fue planificado por un año: en julio de 2016 se comenzó con el proceso de inserción y diagnóstico de las organizaciones y hoy en día se lleva adelante la segunda etapa, de implementación de propuestas técnicas y organizativas.
Diego Brancoli, docente en la Carrera de Trabajo Social de la UBA, es el coordinador de la asistencia técnica del proyecto, en el cual se trabaja de forma interdisciplinaria para obtener una mirada integral del proceso. El grupo de profesionales está compuesto por trabajadores sociales, ecólogos, un biólogo, un ingeniero, una comunicadora social, un antropólogo y un especialista en seguridad e higiene. Brancoli señala cuál fue la tarea de la Facultad al intervenir en la relación que existía entre CEAMSE y las organizaciones:“La idea es que se encuentren canales a esa relación, canales de acuerdo y de respeto. Nosotros tratamos de aportar ideas, desde lo metodológico, y de cuestiones más conceptuales”.
Pozzuoli también se refiere a la intervención de la Facultad: “Hay un momento que sin querer perdemos de vista ciertas cosas que nos resultan cotidianas al ojo. La Universidad lo que hace es volvernos un poco al eje. De alguna manera, la imparcialidad que tiene la Facultad es la de ser un actor nuevo en un proceso que viene desde hace muchos años”.
Cada día, los 800 trabajadores reciclan una tonelada del total de residuos que recibe el CEAMSE. Una de las propuestas del equipo de profesionales de la UBA consiste en aprovechar mejor la infraestructura ya instalada en las plantas para poder avanzar hacia un menor enterramiento de basura. “Quizás a veces con el trabajo manual no se terminaba utilizando todo lo que la tecnología nos podía dar. Entonces tratamos de redefinir puestos en la cinta y redefinir un poco qué se separa y cómo”, señala Pozzuoli.
Para mejorar la productividad, también se han mantenido reuniones con algunos municipios para acordar programas de separado de origen, que simplificarían el trabajo y mejorarían las condiciones laborales de los recicladores. Respecto a estas posibilidades, Pastoriza piensa que “cada tonelada que nosotros trabajemos en mejores condiciones, van a ser toneladas que no se entierren, implicando más espacio para el CEAMSE y menos contaminación”.
Además, durante el tiempo de intervención que llevan los especialistas de la Facultad se ha conformado una radio dentro del “Reciparque”, se han hecho capacitaciones sobre la importancia de la utilización de los elementos de seguridad e higiene en el trabajo y se han actualizado los reglamentos internos en las plantas. También, se ha planteado crear una diplomatura en la Universidad sobre plantas sociales basada en esta experiencia, e inclusive este año empezó a madurar la idea de armar una escuela primaria y abrir una salita de atención primaria dentro del predio. “Imaginamos un Reciparque como un faro de modelo de gestión de residuos, porque creemos que esto se va a ir replicando, sobre todo en los municipios. Así que es un camino que va a seguir recorriendo CEAMSE y las plantas”, cierra Brancoli.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación eligió un caso sobre libertad de expresión para anunciar cómo considerará los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y manifestó su preocupación porque “el caso plantea un verdadero debilitamiento de la protección judicial e internacional de las víctimas de violaciones de los derechos humanos”. Semanas atrás, el máximo tribunal resolvió no cumplir con un fallo de la CIDH que ordenaba al Estado argentino revocar su sentencia en el Caso Fontevecchia, porque consideró que el fuero internacional no es una “cuarta instancia” revisora para el país. Por voto mayoritario, la Corte justificó su decisión afirmando que si “tuviese que revocar su propia sentencia firme, estaría perdiendo su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino, en violación a los artículos 27 y 108 de la Constitución Nacional”. Juan Carlos Maqueda, el único disidente, sostuvo que con las modificaciones incluidas en la reforma constitucional de 1994, las sentencias del tribunal internacional deben ser cumplidas por el Estado y son obligatorias para la Corte.
Los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico fueron denunciados por daños y perjuicios por el entonces presidente Carlos Menem, debido a tres publicaciones en la revista Noticias (1995) en las que revelaban la existencia de un hijo extramatrimonial del funcionario. En 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra los periodistas, al considerar que se había violado el honor y la intimidad del ex presidente. Fontevecchia y D’Amico pagaron la indemnización exigida por la Corte, pero recurrieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2011 declaró que el Estado argentino había violado la libertad de expresión de los periodistas y exigió, entre otras cosas, revocar el fallo de la Corte que los había condenado. Esa es la sentencia que el máximo tribunal de justicia se ha negado a cumplir y que podría funcionar como precedente para futuras decisiones que impliquen violaciones de derechos humanos por parte del Estado argentino.
Federico Efrón, coordinador del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, reflexionó sobre las posibles consecuencias de la decisión de la Corte Suprema y la importancia de los sistemas internacionales en la defensa de derechos humanos. “Es muy preocupante, grave, y contradice los últimos 25 años de lo que la Corte Suprema argentina venía resolviendo al considerar que nuestro sistema judicial es un bloque donde juegan armoniosamente la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Y donde el sistema interamericano operaba como una instancia más donde uno ante una gran violación de derechos humanos y ante una absoluta falta de respuesta del sistema jurídico nacional, podía hallar una respuesta y una reparación. Todo eso hoy está en duda”, consideró. En ese sentido, remarcó la necesidad del Estado de cumplir con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que exigió la liberación de Milagro Sala y denunció la arbitrariedad de su prisión preventiva.
¿Cuáles fueron las razones que dio la Corte Suprema para no cumplir con la Corte Interamericana en el caso Fontevecchia?
La Corte se negó a dejar sin efecto la condena y dijo dos cosas esenciales. En primer lugar, que la Corte Interamericana no tenía la facultad de dictar ese tipo de reparación, que no podía decirle a la Corte Suprema argentina que deje sin efecto esta condena. En segundo lugar, dijo que, en cualquier caso, hay que analizar si la sentencia de la Corte Interamericana está en consonancia con el derecho público interno. Lo que la Corte Suprema argentina hizo fue dejar de lado la jurisprudencia de los últimos 25 años, en donde se entendía que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias. En lugar de continuar sosteniendo que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos deben ser entendidos en forma armónica como un bloque constitucional en sí mismo, lo que ha entendido es que hay un dualismo, que son dos cuestiones distintas y que los tratados de derechos humanos que están en la Constitución se van a aplicar en la medida que respeten el derecho interno.
La Corte se apoyó en el artículo 27 y 108 de la Constitución en su argumentación…
Exactamente. De ahora en más, habrá que hacer un cotejo para ver si las sentencias del sistema interamericano y los tratados de derechos humanos están en consonancia con el derecho público interno en los términos del artículo 27 de la Constitución. El artículo 75 inciso 22 de la Constitución contiene los tratados de derechos humanos obligatorios para Argentina, que son parte de la Constitución. Lo que pasa es que la Corte hace una lectura recortada de ese artículo, y únicamente utiliza la parte que dice que los tratados no alteran la primera parte de la Constitución. En la primera parte de la Constitución está el artículo 27, y como el artículo 75 inciso 22 dice que los tratados no pueden alterar la primera parte, la Corte estableció que, de ahora en más, los tratados de derechos humanos o las sentencias de la Corte Interamericana tendrán que revisarse para ver si están alterando o no el artículo 27, que es el de derecho público interno. Esto es incorrecto, porque el mismo artículo 75 inciso 22 incluye la referencia a las condiciones de su vigencia y dice que debe entenderse complementario de los derechos y garantías conocidos en la primera parte. Entonces, al recortar el 75 inciso 22, vuelve a un sistema de dualismo en el cual son dos cosas separadas: la Constitución y los tratados de derechos humanos. Cuando, en realidad, lo que se venía haciendo y fortalecía tanto a nuestro sistema como al sistema interamericano, era un entendimiento en forma coordinada y armoniosa del bloque de constitucionalidad federal, que es la Constitución y los tratados.
¿Qué consecuencias puede traer esta decisión en la garantía de derechos humanos de los argentinos?
Las consecuencias están por verse pero pueden ser muy importantes, porque frente a una situación de una gran violación de derechos humanos de un ciudadano argentino en la cual el sistema argentino no le dio ninguna respuesta, hasta antes de este fallo, y por lo menos en los últimos 30 años, uno podía ir al sistema interamericano y había una razonable expectativa de tener una sentencia favorable. Esa sentencia favorable implicaba una reparación, implicaba justicia. La cuestión es que ahora, con este fallo, una víctima puede ir al sistema interamericano, puede obtener una condena al Estado argentino, pero la Corte después revisará si esa condena es aplicable o no. Entonces, todo puede quedar simplemente en un papel que dice que se condena al Estado argentino. Además, estopuede llevar a que pierda fuerza la utilización de los sistemas internacionales de protección, la utilización de los tratados de derechos humanos en la búsqueda de justicia en los tribunales nuestros.
¿En qué criterios se van a basar para decidir?
Aparentemente, de ahora en más, ellos van a revisar si la Corte Interamericana podía dictar la condena, si podía imponer el remedio. En este caso el remedio era dejar sin efecto la condena. Bueno, la próxima vez van a revisar si se podía hacer determinada cosa. Y después, van a hacer una comprobación de si ese remedio está en consonancia con nuestro derecho jurídico interno. Es muy preocupante.
¿Este precedente puede afectar en la situación de Milagro Sala?
Esa es una pregunta difícil. No es exactamente la misma situación, ya que una cosa es una sentencia de la Corte Interamericana y otra cosa es una decisión del Grupo de Trabajo que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nosotros seguimos sosteniendo que Argentina debe honrar esa resolución. Además, hay que tener en cuenta que en la situación de Milagro Sala, la decisión del Grupo de Trabajo se basa por supuesto en el derecho internacional de los derechos humanos, pero también en cuestiones de derecho interno, porque hay violaciones a derechos que están protegidos en nuestra Constitución y en leyes nacionales. Entonces ahí es una incógnita qué es lo que va a suceder.
El gobierno argentino ha decidido ignorar los pedidos internacionales por la libertad de Milagro Sala y responder que la justicia es independiente. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Las obligaciones internacionales las asume el Estado argentino. Y el Estado argentino frente al mundo está representado por el Poder Ejecutivo Nacional. Y el Poder Ejecutivo Nacional es el presidente. La obligación de cumplir con la decisión del Grupo de Trabajo sigue estando en cabeza del presidente. A su vez, en el marco de los trámites ordinarios de las causas penales de Milagro Sala, hace un mes acaban de llegar dos recursos extraordinarios a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces hay una oportunidad para que la Corte Suprema dicte una resolución sobre la detención preventiva de Milagro Sala. Pero son dos cosas distintas. El Estado argentino, en la cabeza de nuestro presidente, es responsable de cumplir con la decisión del Grupo de Trabajo. Además, una de las cosas que valoró el Grupo de Trabajo es que había serias dudas sobre la imparcialidad de la justicia de Jujuy. Ahí nosotros aportamos un montón de información en donde queda muy en claro la injerencia directa del gobernador (Gerardo) Morales en la designación de funcionarios judiciales que tuvieron y tienen que ver con la detención preventiva de Milagro Sala. Para nosotros no es novedad que esté puesta en duda la independencia judicial en Jujuy.
¿Cuál es la situación legal de Milagro Sala?
Hay separadas discusiones. Una cosa tiene que ver con las acusaciones a Milagro Sala. Si las denuncias son serias, por supuesto que se tienen que investigar. Lo que está pasando es que todas las investigaciones contra Milagro Sala están siendo llevadas por funcionarios que han sido designados de alguna u otra forma por el gobernador Morales, quien a su vez se presenta como querellante en las causas. La otra discusión, la que se da desde el primer día, es que la prisión preventiva de Milagro Sala es arbitraria y es ilegal. Eso es lo que estamos discutiendo, porque la regla en el proceso penal es la libertad. En el caso de Milagro Sala no hay justificación de entorpecimiento en la investigación, ni de posibilidad de fuga. Y como no hay justificación, entonces es injustificada su detención, que ya lleva más de un año. Eso es lo que entendió el Grupo de Trabajo, que dijo con mucha claridad que el Estado argentino no aportó información que justifique la detención preventiva de Milagro Sala. Ella fue imputada en diciembre, fue llamada a indagatoria en enero, concurrió, designó abogado defensor, dio su domicilio personal, colaboró con la justicia como todo imputado debe hacer. Sin que haya cambiado nada en el medio, a los cinco días es detenida. No hay justificación en su prisión preventiva, eso es lo arbitrario e ilegal.
¿Cuáles son los próximos pasos en el caso?
Hoy el Estado argentino debería estar cumpliendo con la decisión del Grupo de Trabajo. Eso es algo que no está haciendo. Por otro lado, hay dos recursos extraordinarios ante la Corte Suprema que se van a resolver en las próximas semanas o meses. Uno tiene que ver con que su detención preventiva se hizo sin haber hecho el proceso de desafuero. Ella tiene fueros como diputada electa del Parlasur y la justicia jujeña se olvidó por completo y la mandó a detener como si fuese ciudadana común, y no lo era desde el momento que fue elegida democráticamente como diputada del Parlasur. El otro recurso extraordinario es por la detención preventiva injustificada. La regla es la libertad, y la excepción es la prisión preventiva. Para que esta se dé lo más importante es que haya una fundamentación, que haya motivos que hablen de un peligro de fuga, o que la persona estando en libertad entorpezca la investigación. Esto no se acreditó nunca.
En la visita de Mauricio Macri a España, el diputado de Podemos Íñigo Errejón consideró que la detención de Milagro Sala forma parte de una política del gobierno: combatir a los pobres. ¿Qué opina al respecto?
Es difícil pensar en eso porque afortunadamente la única detenida en estos términos es Milagro Sala. La situación de Sala es extremadamente grave pero a su vez es única. Yo creo que en el caso de ella se inserta en otra cuestión claramente interna, en la cual era manifiesto que el gobernador Gerardo Morales tenía una decisión tomada respecto a qué es lo que iba a hacer con ella. Pero sí nos parece muy importante el apoyo internacional y sí es un ejemplo de las consecuencias que tiene el Estado por no cumplir con una decisión de un Grupo de Trabajo de la ONU. Esta no es la primera vez. Ya vino el primer Ministro de Canadá, distintas organizaciones del mundo se han manifestado en ese sentido, hay un montón de cartas que llegan a los distintos consulados y embajadas de Argentina en el mundo preguntando qué pasa, por qué Argentina no cumple. Estas son las consecuencias que hay cuando no se cumple con una decisión de un tribunal internacional.
¿Hay alguna otra vulneración de derechos en la provincia de Jujuy?
Hay una situación bastante compleja en todo lo relacionado a la protesta. Hay muchas organizaciones sociales que han estado protestando por distintas cuestiones sociales –respecto al trabajo, a las cooperativas- y están sufriendo no solo situaciones de represión, sino también de criminalización. Hay un hostigamiento de parte del Poder Ejecutivo jujeño que no es exclusivo hacia la Túpac, sino hacia muchas otras organizaciones en Jujuy.
¿Alguna otra provincia argentina se encuentra en una situación similar?
Sí, hay distintas situaciones. Una de las más graves es la de Chubut. El gobernador Mario Das Neves tiene un discurso muy claro, tratando de terroristas a los mapuches. Eso ha llevado a que en los últimos meses se hayan dado situaciones extremadamente violentas, y no es la forma de responder a los reclamos legítimos de las comunidades indígenas. Actualizado 28/02/2017
El sindicato de los bancarios logró obtener el aumento salarial de 24, 3% la semana pasada luego de programar un paro de 72 horas que se levantó una vez obtenido el arreglo. La medida sindical surgió porque el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había decidido no homologar el acuerdo entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias realizado en noviembre pasado, porque el Gobierno planteaba un máximo del 18% de aumento para las paritarias. El acuerdo inicial había sido entre las cámaras que nuclean el 80% del sector financiero, pero no habían participado de este las bancas internacionales, nucleadas en la Asociación de Bancos de la Argentina.
La Asociación Bancaria, previo a tomar la medida de paro, accedió a la Justicia, que en enero pasado había resuelto por medio de una medida cautelar que se realizara el pago y estableció que el poder ejecutivo nacional no debía interferir en el acuerdo. El martes se difundió que el Gobierno busca realizar juicio político a los dos jueces que falllaron a favor de los bancarios.
Sergio Palazzo es el titular de la Asociación Bancaria, la preside desde 2013 y lideró la solución del conflicto. En entrevista con ANCCOM analiza la escena actual.
El gobierno decidió hacer juicio político a los dos jueces que tomaron la cautelar para que no se pusiera límite a la negociación las paritarias. ¿Cómo se posiciona el sindicato frente esto?
En realidad la decisión del Gobierno es una insensatez jurídica. La cautelar fue una medida preventiva, no era la cuestión de fondo. Más aún cuando luego el arreglo termina siendo superior a la cautelar. Pero si esto se realizara, vamos a acompañar junto a otros sindicatos a los jueces cuando declaren. También si fuese necesario haremos una denuncia internacional. La medida del gobierno es temeraria. Implica un desconocimiento de la división de poderes, y obliga a pensar que es un gobierno autoritario.
¿Cómo considera que esto puede influir en negociaciones de otros sectores?
El gobierno busca amedrentar este tipo de medidas. Es un mensaje cuasi mafioso. Yo creo que luego de la lucha de bancarias ya no hay techo de 18% en cuatro cuotas como estableció la gobernadora Vidal en el caso de los estatales en Buenos Aires. Habrán acuerdos variables, pero por lo menos se logró sortear lo que se pretendía que fuera una pauta uniforme y que obviaba el sistema de paritarias argentino. El gran mérito de bancarias fue haber sostenido el sistema de paritarias como un sistema de negociación, y no como la imposición de una de ellas.
Se conoció que Cristina Kirchner le realizó una llamada telefónica luego del acuerdo para felicitar al sindicato. ¿Tiene alguna lectura política?
En los medios sólo trascendió la llamada de la expresidenta, pero también llamó el Socialismo, Sergio Massa, el triunvirato, Pablo Moyano y Carlos Melconian. Hay una intencionalidad en ciertos sectores de poder, entre ellos cierta parte del periodismo, de querer instalarnos en esa discusión política. Quienes ahora intentan ubicarme como un «radical cristinista» porque me llama Cristina, son los mismos que antes de decían que era un «radical cobista» cuando hacía paro en su gobierno, por ejemplo con los despidos en la Caja Popular de Tucumán por problemas de paritarias, o por el tema del impuesto a las ganancias, entre otros. Uno siempre está en el mismo lugar. Los políticos se arriman más o se separan de acuerdo a la posición que tengan en relación con las funciones del estado.
¿Cómo hace en su rol de dirigente de los trabajadores para salir las interpretaciones partidarias?
Tengo claro que mientras más cerca de mis compañeros estoy, más lejos del error. Eso ayuda a posicionarme y que los afiliados entiendan cuando hay una operación política. Podrán ponerme en un lugar o en otro, pero mis compañeros saben que fui por lo que me pidieron y que logré lo máximo que podía lograr.
¿Cómo es hoy la relación de la expresidenta con el sindicato?
Tengo un profundo respeto por ella como lo tengo por otros líderes de Estado. Sin duda es una referente política en la Argentina para un vasto sector de la sociedad. La he conocido más después de que dejó de ser presidenta. Antes criticaba más nuestra postura, una vez nos dirigió una cadena nacional para hablar de los bancarios y el impuesto a las ganancias. Bienvenido sea que hoy nos comprenda, al igual que otros dirigentes políticos que llamaron. Yo sigo estando donde siempre estuve, con el anterior gobierno y con el actual.
A lo largo de la historia se analizaron factores que han cumplido la función de columna vertebral para el ejercicio del poder de cada gobierno. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos peronistas, el sindicalismo. En el caso de un gobierno como el de Mauricio Macri, ¿cuál es la columna vertebral?
Sin duda es el establishment. El Estado argentino parece ser una gran empresa manejada por CEOs que administran lo público. Por eso tantos intereses encontrados entre lo público y lo privado, como el caso del correo que se conoció recientemente y muchas otras medidas. Un gobierno que le pone techo a las paritarias, pero no a la suba de los precios de los supermercados es un modelo que tiende a favorecer a los sectores concentrados. Es un gobierno de ricos que gobierna y legisla para ricos.
¿Cómo afecta entonces en el gobierno el desacuerdo con los sindicatos?
Yo creo que son todos efectos negativos. La sociedad va interpretando cada vez más su forma de gobernar. Habían generado cierta esperanza en algún momento, en algún sector de la sociedad como la clase media, y por eso llegó a ser presidente. Hoy en día es la clase más afectada.
Hay un desacuerdo latente todavía, el proyecto de que las farmacias y supermercados tengan funciones bancarias, como abrir cuentas, entre otras cosas. ¿Cómo los afecta? ¿En qué situación se encuentra el proyecto?
El proyecto no se termina de cerrar porque hay una fuerte resistencia nuestra. No sólo por la flexibilización laboral que implica para el sector, sino también porque se pierden determinados controles que sirven para evitar el lavado de dinero. Un trabajador que está en la farmacia o el supermercado no está especializado en controles, y además no puede estar abriendo una caja de ahorro mientras está cobrando un carrito de supermercado, porque algo se le va a pasar de su atención. Es un riesgo muy alto.
¿Cuál es la postura del sindicato frente a la plataforma digital que permite la venta y compra de billetes de un banco a otro, sin la intervención del Banco Central (BCRA)?
Es una operación entre privados que genera pérdida de puestos de trabajo y mayores costos a los clientes. La plataforma funciona de la siguiente manera: si alguien tiene dinero ahorrado en billetes de 10 pesos y los quiere cambiar, otro banco se los cambia, pero considerando cada billete a 9,95 pesos, por ejemplo. Están comprando y vendiendo plata entre privados. Antes si había excedentes o faltantes se recurría al BCRA. La nueva operación genera pérdida de valor en la moneda.
¿Cómo es que el sindicato bancario se convirtió en uno de los más combativos, considerando que se compone en su mayoría de la clase media?
La resistencia sindical en la historia del sindicalismo siempre vino por los sindicatos que estuvieran en mejores condiciones. Por un lado, es una responsabilidad social. Por el otro, hay más probabilidades de éxito en la lucha. A un trabajador de un sindicato pequeño se le hace más difícil. No porque las convicciones sean distintas, sino porque al ser chico el sindicato no tiene el poder de fuerza. Además, un día de descuento por paro hace que quizás no pueda llevar un plato de comida a su casa. Para dar un ejemplo, el Cordobazo en 1969 surgió del sindicato de Luz y Fuerza. Julio Anguita, el presidente del Partido Comunista español ha dicho una vez que la revolución siempre se hace con la panza llena, porque el que no la tiene piensa en otras necesidades. Por eso generalmente los sindicatos con mayor poder adquisitivo y mayor poder tienen una responsabilidad mayor.
¿Cómo se genera consenso dentro de un sindicato donde muchos votaron al gobierno de Mauricio Macri?
Con un discurso transparente y mucho debate. Este sindicato es la más acabada expresión de la clase media argentina, por la variedad y crisol ideológica de cada uno de sus afiliados. La clase media argentina suele ser bastante espasmódica, reacciona cuando ve afectados sus intereses, y muchas veces no lo hace cuando le sucede al resto de la gente en el país. El bancario está cambiando mucho. Mira lo que le pasa a los demás trabajadores. Eso tiene que ver mucho con el discurso del sindicato, que es muy amplio, que busca no sólo cuidar los puestos dentro del sistema financiero, sino también afuera. Porque cuando caen afuera hay consecuencias adentro. Si hay menos trabajadores, hay menos cuentas sueldos, se entregan menos préstamos, va a haber problemas en las tarifas de créditos, etc. La caída tarde o temprano termina afectando. Por eso hemos logrado que el trabajador bancario se haga solidario de las luchas.
Desde su postura radical, ¿cómo ve el accionar de su partido dentro del gobierno actual?
No comparto que estén formando parte de una propuesta de derecha que no respeta las instituciones, cómo es el claro ejemplo de la decisión de hacer juicio político hacia los jueces. El Gobierno está avanzando en una flexibilización laboral que es muy parecida a los años noventa. En esos años las pasantías, programas de primeros empleos, las quitas de cargas sociales a las empresas crearon la tasa de desocupación más alta de la Argentina y la precarización laboral de quienes ya tenían empleo. Ni yo, ni el sindicato compartimos el proceso de flexibilización laboral que pretende llevar el Gobierno actual.
¿Cómo vislumbra el escenario político para las elecciones de octubre?
La tarea del sector político argentino tiene que ser construir un espacio político donde converja, independientemente del origen partidario, una propuesta que contravenga con la actual, a través de un referente que genere esperanza. Porque sino, el descontento a Macri termina en el «que se vayan todos» del año 2001. Se debe volcar esto a la política misma, para generar cambios a través de esta.
