Volvió la carpa blanca de los docentes. A 19 años de aquella que se erigiera frente al Congreso, emblemática durante los ’90 en defensa de la educación estatal, el sitio elegido esta vez para montar el reclamo es el Palacio Pizzurno. Después de más de diez años las federaciones de los docentes universitarios, CONADU y la CONADU histórica, confluyeron en un paro nacional en defensa de la universidad pública y para exigir, entre otros reclamos, un aumento salarial cercano al 40 por ciento frente a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores docentes producto de la progresiva inflación, de la devaluación y el costo de la quita de los subsidios a los servicios.
La movilización frente al Ministerio de Educación contó con la presencia de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Asociación Docentes Universidad Nacional de Salta (ADIUNSA), la Federación Docente de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), la Federación Universitaria de La Plata (FULP), la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNCuyo (FADIUNC), ADU San Luis (ADUNLu), la Asociación de Docentes Artistas e Investigadores de la UNA (ADAI), la Agremiación Docente Universitaria marplatense (a.d.u.m. Mar del Plata) y la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE).
Los gremios de la CONADU concentraron a las 14 en la esquina de Callao y Paraguay y marcharon desde allí hasta el Ministerio de Educación donde coincidieron con los sindicatos de la CONADU histórica que acababa de finalizar el plenario de secretarios generales.
“Estamos reclamando el inicio de la paritaria desde hace tres meses y todavía no tenemos ninguna oferta salarial del gobierno nacional”, manifestó a ANCCOM el secretario general de la CONADU Pedro Sanllorenti, y explicitó, además de éste, otros reclamos de la Federación, como la recomposición salarial del 40 por ciento con retroactividad y una cláusula de revisión y reajuste en julio dada la incertidumbre de los valores que alcanzará la inflación. Sanllorenti comentó que la reunión de negociación con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) “fue un fiasco, sólo se limitaron a escuchar nuestras demandas”, y que por lo tanto se determinó este paro nacional y la instalación de la carpa junto con la CONADU histórica. “Hace diez años que no hacíamos una acción gremial en conjunto, esta vez creemos que era necesario –explicó-. La demanda por abajo se siente cuando hacemos asambleas en cada universidad, en las que los docentes reclaman que necesitan un aumento de salario urgente. Esa demanda hay que atenderla y por eso estamos acá».
Sanllorenti dijo que el gobierno nacional tiene una visión de la universidad pública bastante particular, ya que posee una impronta muy marcada de la universidad privada. “Hay un trabajo del centro CIFRA (Centro de Investigación y Formación e la República Argentina) que analiza todo el currículum de quienes hoy están ocupando los puestos principales del actual gobierno y se ve que no sólo provienen de la universidad privada sino también de universidades extranjeras –indicó-. Y eso tiene que ver con esta presencia de los CEOs de distintas empresas que hoy son funcionarios públicos y provienen de dos grandes sectores económicos: la banca extranjera y las empresas energéticas. Por lo tanto creo que no les simpatiza mucho la idea general de la universidad pública”.
“En su propio discurso el Presidente dijo que le preocupaba la politización de las universidades, cuando la política es algo inherente a la universidad pública –continuó Sanllorenti-. La universidad pública no podría dar su contribución al desarrollo nacional sin discutir políticamente lo que significa ese aporte: en qué hay que investigar, en promover desarrollo de transferencias, en programas de extensión, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de toda la población. Eso es parte de la universidad pública y nosotros rechazamos que no sea un ámbito de discusión política porque es parte de la formación que queremos impartir a los estudiantes. Y nos trae recuerdos muy feos a quienes tenemos edad para hacerlo: las propagandas durante la dictadura militar, por ejemplo, en las que se veía a un estudiante rechazando panfletos que le entregaban en la entrada de la facultad diciendo ‘yo vengo a estudiar’. Esa idea de despolitización de la universidad es la misma que están utilizando ahora. Pero sin política no se podría haber hecho la reforma universitaria. Sin política, la contribución de la universidad pública, no sólo en Argentina sino también a nivel continental, habría sido otra».
Con respecto al plan de acción en adelante, Sanllorenti informó a ANCCOM que el lunes 4 de abril habrá un plenario de secretarios generales que resolverá cómo continuar. “En principio, lo que estamos discutiendo es que si no tenemos una oferta razonable en la segunda semana de abril deberíamos continuar con medidas de fuerza –analizó-. Esto lo vamos a discutir internamente y además se supone que en la primera semana de abril podría haber una reunión oficial con el gobierno en la que presente su primera oferta. Veremos si es así”.
Federico Montero, secretario gremial de FEDUBA y secretario de prensa de CONADU, también expresó a ANCCOM la necesidad de conseguir una recomposición salarial, calificó a la reunión con CIN-SPU como “muy poco seria, sin ninguna propuesta”, y analizó que el paro nacional fue contundente, con un acatamiento del orden del 80% en todo el país. “Esta movilización tiene que ver con la universidad y con cuestiones más generales que están sucediendo en nuestro país –dijo-. Se está votando una ley para pagarle a los buitres más de 12 mil millones de dólares, y a la vez se está despidiendo gente en todo el Estado nacional, está tomado el Ministerio de Trabajo por los compañeros de ATE, no hay dinero para la salud y educación pública”.
“Nosotros entendemos que además de nuestro problema salarial está la necesidad de defender la universidad pública, tenemos que defender a la educación pública como un derecho -sostuvo Montero-. El secretario gremial de FEDUBA agregó que “para este gobierno la universidad está después de las mineras, de los sojeros, de los Fondos Buitres, y de los grandes grupos económicos. Si no hay respuesta vamos a profundizar las medidas de lucha, con nuevas jornadas de paro nacional y con otro tipo de movilizaciones. Para nosotros no es ninguna gracia tener que hacer esto, somos docentes y sostenemos día a día la universidad pública desde un gran compromiso y la verdad que es muy triste que el gobierno no escuche nuestro reclamo”.
Por su parte, el secretario general de la Conadu histórica Luis Tiscornia explicó a ANCCOM que era la segunda jornada de un paro nacional de 48 horas que tuvo su primera fecha el 16 y 17 de marzo y puntualizó que los reclamos de la federación son “45% de aumento salarial, aplicación plena del convenio colectivo de trabajo en todas las universidades nacionales, eliminación del impuesto a las ganancias y aumento de presupuesto para las universidades públicas”. Sobre la reunión de negociación, Tiscornia manifestó que “el gobierno no hizo ninguna propuesta salarial ni dio precisiones que permitan decir que estamos negociando en serio”. Ante esta falta de respuesta, anunció que el plenario de secretarios generales había resuelto un paro nacional el 4 de abril en coincidencia con el paro nacional de Ctera, y un paro de 72 horas el 13, 14, y 15 de abril para profundizar el reclamo de la docencia universitaria.
Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, señaló como reclamo fundamental la apertura de las paritarias. “Nosotros tenemos las paritarias congeladas hasta junio, el último aumento lo recibimos en noviembre, en un cuadro inflacionario que todos los trabajadores argentinos lo sentimos –expresó a ANCCOM-. Se acaba de anunciar un nuevo tarifazo en agua, gas, colectivos, trenes, teléfono para todos los del área metropolitana: es un golpe que no podemos soportar con los bolsillos así, como los tenemos”, Celotto dijo que es necesario que el aumento salarial sea inmediato y que se vaya revalorizando de acuerdo a la inflación. “La respuesta negativa del gobierno tiene que ver con un ajuste que se está implementando a nivel nacional y en todas las provincias, que consiste en intentar que la crisis económica la paguemos los trabajadores, y en reprimirnos para que no podamos luchar, como está pasando en Santiago del Estero y en Tierra del Fuego”, sostuvo Celotto, que apuesta a que el paro nacional en las universidades, la movilización y la difusión van a ayudar a conseguir los objetivos.
Por su parte la secretaria adjunta de Conadu Verónica Bethencourt explicó a ANCCOM que si bien no es la primera vez que se demora una paritaria, el problema está en el contexto en el cual eso acontece, un contexto no sólo inflacionario o devaluatorio. “Esto se embarca en una política de Estado que está desguazando áreas sensibles que tienen que ver con el control, vinculadas a los DDHH –especificó-. Hay un vaciamiento de espacios en los que el Estado había crecido, a través del despido de muchísimos compañeros. Entonces sabemos que lo que pasa con la universidad no es una cuestión esporádica ni de caja, sino una definición política. Por eso nuestra movilización y la necesidad de visibilizar este conflicto que es salarial y sectorial pero que quiere decir mucho más. Entendemos que la universidad es una herramienta de transformación de lo social, por eso cuando vemos que hay problemas presupuestarios para cortar programas, achicar salarios, investigaciones, sabemos de qué se trata”.
“Esto es parte de una concepción política neoliberal, con un Estado chico, que esté presente para facilitar el negocio de unos pocos y para generar una transferencia de recursos para los sectores de capital más concentrados –agregó Bethencourt-. En ese modelo de Estado, la universidad pública no tiene lugar. Cuando se deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores, se deteriora la calidad de trabajo. Se van relajando las condiciones, porque no se pueden sostener; eso va a generar un desprestigio de la universidad, que es lo que este gobierno quiere para después cuestionar por qué es gratuita la universidad, para decir que es necesario modernizarla y poner nuevos controles. La universidad pública que nosotros queremos ha sido, y sigue siendo, el resultado de luchas populares. Queremos seguir construyendo a la universidad como un actor en la transformación social y en la mejora de calidad de vida de nuestro pueblo”.
Actualizado 31/03/2016