Feb 19, 2020 | Comunidad, Novedades
Los usuarios de las villas se quejan de que deben acudir a servicios más caros ante las deficiencias de Telefónica.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandó a Telefónica por no brindar información sobre el servicio de telefonía e internet que brinda en villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido de la organización está motivado en la queja constante de los usuarios que no tienen un servicio de calidad en sus hogares.
“A partir de los reiterados reclamos de los habitantes que pudimos conocer por nuestro trabajo territorial en villas, en febrero de 2019 decidimos solicitar a la empresa Telefónica que brinde información sobre la forma en que presta servicios de telefonía y de internet en las villas”, dijo el abogado Marcelo Giullitti Oliva. Al no recibir una respuesta por parte de la empresa, ACIJ formuló un reclamo ante la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública (ANAIP). La institución avaló el reclamo y el 16 de septiembre se pronunció, exigiendo a Telefónica que en el plazo de diez días presente la información completa solicitada. Para este pedido, la Agencia se apoyó en la Ley de Acceso a la Información Pública y en la Ley Argentina Digital N° 27078.
Giullitti Oliva argumentó que si bien existe actualmente un debate sobre si la prestación del servicio de internet es de carácter público o no, lo cierto es que la información que presenta la empresa es de interés público. El abogado dijo a ANCCOM que “el carácter público de la información se sostiene en dos cuestiones distintas. Por un lado, la Ley de Acceso a la Información Pública (27275) reconoce en su artículo 7°, inciso “i” como sujetos obligados a brindar información pública por un lado a los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos y también a los concesionarios y permisionarios de uso del dominio público”. El letrado agregó: “Telefónica, por lo tanto, es sujeto obligado porque por un lado es concesionaria de servicios públicos -que es el servicio de telefonía básica- y por otro, es licenciataria de tecnología de la información. Por otro lado, la propia información del servicio reviste carácter público en tanto la Ley Argentina Digital declara de interés público el desarrollo de estas tecnologías de la información”.
La empresa respondió con información incompleta e imprecisa ante la exigencia de la ANAIP, según informaron desde ACIJ. Consecuentemente, la organización presentó el 3 de febrero una demanda a Telefónica S.A., que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de la jueza Macarena Marra.
ACIJ sostiene que Telefónica incumple con las leyes de Acceso a la Información Pública y Argentina Digital.
Mariela Baladrón, docente y graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la UBA y Magister en Industrias Culturales, Políticas y Gestión por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), expresó su interés por el caso: “Es un hecho que no tiene precedentes en la Argentina. Lo interesante son los motivos legales que permitieron a ACIJ hacer una demanda a Telefónica para que brinde información de relevancia social”. Baladrón realizó varios trabajos sobre el acceso a internet en Argentina. Sobre este punto, dijo que la desigualdad en acceder a la Red se encuentra vinculada también a otras inequidades preexistentes: sociales, etarias, de género. En un trabajo previo, la investigadora estudió el acceso a internet en Villa 20 y observó, al igual que ACIJ, que las quejas sobre el servicio eran una constante. La razón, según los usuarios, era que las empresas no poseían infraestructura en las zonas de sus hogares. Por esta razón, explica Baladrón, muchos terminan contratando planes a empresas independientes o microemprendimientos que son notoriamente más caros que los provistos por las firmas más grandes, aumentando de esta manera la desigualdad social.
La falta de acceso a telefonía e internet de calidad por parte de los habitantes de las villas habla de una discriminación social, aseguran tanto Baladrón como Giullitti Oliva. “Hay una negativa de las empresas a prestar el servicio en las mismas condiciones de igualdad que en el resto de la ciudad”, formuló la investigadora. A su vez añadió: “Considerando que existen más de 4 mil barrios populares en Argentina -según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP)- esto es de gran relevancia social y es necesario un tratamiento adecuado sobre la problemática”.
Mar 14, 2019 | Comunidad, Novedades
Vecinos de los barrios más postergados de la ciudad de Buenos Aires -en su mayoría
mujeres e inmigrantes- tomaron la decisión de organizarse. Hace unos meses,
conformaron la Coordinadora por la Urbanización Real de las Villas con el objetivo de
sumar todas las experiencias y elevar una sola voz, un reclamo conjunto, por una
vivienda digna y obras de infraestructura. A la vez, denunciaron “negocios inmobiliarios” a
costa de las viviendas de miles de vecinos.
Aunque durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al frente del Gobierno de la
Ciudad se desarrolló una política de urbanización en villas mediante planes de obras de
infraestructura y procesos de escrituración y relocalización de viviendas, los vecinos
denuncian un paulatino proceso de expulsión en los barrios.
Jonathan Baldiviezo -abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad- explicó que las
condiciones de escrituración de las casas en los barrios populares son “expulsivas”. En
diálogo con ANCCOM, señaló: “Al momento de la escrituración las familias van a sufrir un
shock económico, al costo del crédito de la casa se le suman los impuestos inmobiliarios,
expensas y las tarifas cada vez más costosas. Esto implica que una familia, cuyo ingreso
no supera los 10 mil pesos, deba pagar entre 6 y 8 mil pesos más por mes. El Gobierno
debe atender ese shock”.
A fines de 2018, la Legislatura porteña aprobó la Ley 6129 que, según los vecinos, abrió
un flanco específico para los habitantes del barrio Carlos Mujica (exVilla 31). A diferencia
de la ley nacional, argumentaron los vecinos, la nueva normativa no especifica que la
vivienda deba conservar su carácter social y familiar. Es decir, una familia puede venderla
a un emprendimiento inmobiliario. “El Estado debería urbanizar para que el suelo esté
afectado a aquellos sectores que no pueden acceder a la vivienda, no para incorporar el
suelo al mercado y la especulación inmobiliaria”, amplió Baldiviezo.
El abogado aseguró que “las familias se terminan yendo por los altos costos, las malas
condiciones de infraestructura, las inundaciones”. Y juzgó: “Se trata del intento de parte
del gobierno de erradicar las villas mediante artilugios legales”.
Grecia, vecina de la villa 20, manifestó a ANCCOM: “Vamos por la urbanización real de
todas los barrios, por el derecho a la vivienda digna de propietarios e inquilinos, basta de
hacinamiento, participación y control vecinal en los procesos de urbanización. Por el
derecho a trabajar y vivir en la Ciudad”.
Los vecinos también denunciaron ataques de parte de patotas. Nicolás, vecino de la Villa
31, sufrió agresiones por participar de las asambleas y resistir al desalojo: “Fui humillado y
sacado de mi casa. Soy el vivo ejemplo de que el PRO nos quiere callar así”.
Por su parte, Norma, de la Villa 1-11-14, denunció que el Instituto de la Vivienda de la
Ciudad (IVC) “organiza reuniones con los delegados, sin permitir la participación pública
de los vecinos”. Y amplió: “El lunes pasado organizaron una reunión y no dejaron ingresar
a ninguno. Necesitamos saber lo que se habla en esa reunión”.
De la coordinadora participan vecinos de la Villa 31 y 31 Bis, del Playón de Chacarita, de
la Villa 20, de La Carbonilla, de la 1-11-14, Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Ciudad
Oculta, Cildañez, 21-24 y Rodrigo Bueno, entre otros asentamientos. En febrero
organizaron la primera asamblea con más de mil vecinos, frente a la Jefatura de Gobierno
porteño. La masiva participación tuvo, sin embargo, escasa repercusión mediática. Tienen
previsto realizar una reunión en la villa Rodrigo Bueno para fin de mes. Hasta que los
escuchen.
Dic 6, 2016 | inicio
“Lanús se convertirá en el inodoro de la Ciudad de Buenos Aires”. Categórico, el presidente del Foro Hídrico del municipio del sur bonaerense, Sergio González, resume el rechazo vecinal a un proyecto que nace en la Ciudad de Buenos Aires pero genera preocupación en el Conurbano. Se trata del acuerdo entre el gobierno municipal -a cargo del macrista Néstor Grindetti- y de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) de permitirle a la Capital Federal descargar los desechos cloacales provenientes de la futura Villa Olímpica del distrito porteño.
El Foro Hídrico que encabeza la resistencia nuclea a especialistas, vecinos y a la Multisectorial de Lanús. Pedidos de informes a la administración municipal, amparos judiciales y un firme trabajo barrial con pintadas, murales y reuniones con habitantes de la zona no lograron, por ahora, cambiar el rumbo del proyecto.
La planta de tratamiento de efluentes cloacales se encuentra ubicada en la zona oeste del distrito, en el barrio de Villa Diamante, en un predio que perteneció a la curtiembre ACUBA y que posee la capacidad de procesar los residuos cloacales de 90 mil habitantes. Originalmente, esa instalación venía a cubrir la demanda de los barrios de Villa Caraza, Villa Diamante, Villa Jardín y parte de Valentín Alsina.
“Los equipos técnicos de las agrupaciones políticas estiman que se aumentará la descarga en 20 mil usuarios. Eso significa que 20 mil lanusenses no van a tener el servicio de cloaca”, explica González. El titular del Foro Hídrico advierte que esos vecinos se ven obligados a “tirar residuos en la calle porque el pozo ciego o el pozo séptico ya no tiene más capacidad, las napas están muy altas y hace que rebalse”. Y describe: “En cada lluvia, se desborda todo el barrio y se ven ve las aguas negras, como decían en la antigüedad, pero en la vía pública, donde los chicos pasan por ahí, gente grande, animales que conviven permanentemente, no hay un cuadro de situación más terrible”.
Planta de tratamiento de efluentes líquidos industriales y cloacales de AySA en el predio de ACUBA, Villa Diamante, Lanús.
ANCCOM intentó dialogar con el secretario de Desarrollo Urbano municipal, Carlos Silva, encargado de ejecutar la obra. Sin embargo, el municipio optó por dar su versión a través del responsable de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.
Fernández sostuvo que es “mentira” que los desechos cloacales de la Villa Olímpica vayan a ser tratados en Lanús, y subrayó que el proceso concluirá “en la planta de AySA de Berazategui” hasta que “se termine de hacer el conducto maestro de la Ciudad de Buenos Aires, que volcará hacia la mitad del Río de la Plata los residuos cloacales ya tratados”.
“Esto es una decisión nacional, no es una decisión de Lanús, no es que el intendente decide qué hacer con los efluentes cloacales de la Villa Olímpica, cuando se construya finalmente”, terció.
También asentó que “la planta de ACUBA tiene suficiente capacidad para poder albergar los efluentes cloacales que están comprometidos en la zona de Lanús oeste” y que le queda “un residual” para que pasen “los efluentes de la Villa Olímpica” y que en este caso, es de manera “provisoria”.
Entre otras cuestiones, afirmó que el intendente se comprometió con AySA a principios de este año, con un plan de cloacas para el 100% de su población en cuatro años para los habitantes de Lanús y que cuando ellos asumieron, encontraron que sólo “el 38% poseía acceso a la red de cloacas”.
Respecto a las críticas del Frente Renovador y el FpV, el responsable de la comunicación municipal advirtió que “hay claramente un aprovechamiento político”, y subrayó que esos sectores “tratan de inventarle a los vecinos” que “los desechos cloacales de la Ciudad se van a tratar en Lanús, cuando esto es falso, una mentira”.
El concejal por el FpV Héctor Montero sostuvo que “la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Lanús es para los lanusenses, fue creada, construida y financiada por AySA para responder a la necesidad de los vecinos de Lanús. AySA nos plantea que las obras no tienen límites geográficos, que están hechas sobre un concepto de cuencas”, indicó Montero. Y remarcó que el traslado de desechos “surgió a partir de la creación de la Villa Olímpica, ahí se tomó la decisión”.
A la preocupación que genera el proyecto de la Villa Olímpica, se le suma el futuro tratamiento de los residuos pertenecientes a la Villa 20 y la Comuna 8 que llegarían a la misma planta.
El concejal del FpV indicó que en una reunión que mantuvo con el presidente de AySA, José Luis Inglese, le mencionó que “los efluentes cloacales de la Comuna 8 van a utilizar sólo el 3,5% de la planta de tratamiento”, y detalló que “haciendo número” ese 3,5% “da alrededor de tres mil habitantes”.
No obstante, indicó que cuando le preguntó “qué iba a pasar en la Villa 20, en donde viven unos 60.000 habitantes” y por lo que “el ingreso de esos efluentes cloacales dificultarían enormemente a los vecinos de Lanús”, ya que utilizarían “la mayoría de esta planta”, remarcó que “no pudieron darle una respuesta”.
Con esos números, el FpV de Lanús pone en duda el carácter provisorio de la obra. “Muchas veces lo provisorio suele quedar definitivo”, diagnosticó Montero.
“Ellos dicen que cuando se haga el colector margen izquierdo los efluentes van a pasar para Capital Federal, pero esto es una obra que evidentemente puede demorarse en el tiempo, está calculada para el 2021”, sostuvo.
La construcción de la planta se inició en 2011 y fue puesta en funcionamiento en octubre del 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y bajo la gestión local del actual senador provincial por el Frente para la Victoria (FpV), Darío Díaz Pérez.
Fue reinaugurada y puesta en marcha por segunda vez, el 14 de noviembre pasado, en un acto encabezado por el presidente Mauricio Macri; la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y Grindetti.
El concejal del FpV, Héctor Montero, indicó que en una reunión que mantuvo con el presidente de AySA, José Luis Inglese, le mencionó que “los efluentes cloacales de la Comuna 8 van a utilizar sólo el 3,5% de la planta de tratamiento”, y detalló que “haciendo número” ese 3,5% “da alrededor de tres mil habitantes”.
El ex director de Proyectos del municipio en la gestión de Díaz Pérez y actual asesor ambiental en el Senado provincial, José Luis Corrochano, cuestiona la decisión del municipio. “La planta se instaló para que 60 mil vecinos no tuvieran que esperar a la ejecución del canal margen izquierdo, que desde la gestión actual, va a llegar en más de 10 años”, explica
El ex funcionario advierte que “posteriormente se hicieron las gestiones necesarias para que AySA ampliara la planta para que otros 30 mil vecinos se sumaran a la red cloacal”. Y se pregunta: “¿Por qué nosotros tenemos que relegar a estos 30.000 vecinos en primera instancia?”.
También indicó que recién en agosto de 2015, cuando habían concluido los trabajos para la actualización del plan director de obras que ejecuta la empresa estatal, el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, “solicitó una revisión del plan para incorporar a la Villa Olímpica. En la última reunión insistieron en que nosotros modificáramos el plan por la Villa Olímpica, cuando ellos la tenían desde el 2013” argumentó.
Según Corrochano, la Ciudad de Buenos Aires tiene contemplado el vuelco de “7.500 personas del lado de la Villa Olímpica”, pero una vez concluidos los juegos “esas unidades van a salir a la venta y se van a duplicar edificios de viviendas”.
Y completó: “A ese cuadro hay que sumarle la Villa 20, cuya urbanización ya comenzó. Esas viviendas tienen que volcar acá, no tienen otra alternativa, porque la Comuna 8 está colapsada, no pueden volcar en los conductos existentes”.
“No estamos en desacuerdo con que los vecinos de Villa 20 tengan cloacas, ni con la construcción de la Villa olímpica. Lo que nos moviliza es una cuestión de sensibilidad ciudadana para que los vecinos de Lanús tengan un beneficio, cosa que el intendente actual no contempla”, aseveró.
La obra que conectaría la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires con la planta de tratamiento en Lanús Oeste ya posee el estudio de factibilidad de AySA. El proceso de licitación ya quedó abierto y seis empresas ofertan por un costo que oscila entre los 90 y 120 millones de pesos.
Las organizaciones sociales y políticas que resisten el proyecto analizan realizar en las próximas semanas un abrazo simbólico a la planta de ACUBA. “Grindetti es el que debe aprobar el trazo de los caños que conecten el Riachuelo con la planta de tratamiento. Si él no lo autoriza, la obra no se hace. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el Concejo Deliberante no apruebe esa traza”, concluyó Montero.
Sergio González, referente del Foro Hídrico de Lanús, junto a la planta de tratamiento de efluentes líquidos industriales y cloacales de AySA en Villa Diamante, Lanús.
Actualizado 06/12/2016
Sep 22, 2016 | inicio
El pasado 8 de septiembre fue aprobado el proyecto de ley para comenzar la urbanización de la Villa 20 de Lugano. Con 55 votos a favor, la Legislatura porteña dio curso positivo al programa presentado por el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, y dejó sin efecto los concursos de anteproyectos de viviendas sociales realizados durante la gestión de Mauricio Macri, en 2015.
En su momento, aquellos concursos habían sido divididos en cuatro etapas para las que se dictaron partidas presupuestarias –correspondientes a los presupuestos del 2014 y 2015- por orden de un fallo de la justicia porteña. Pero en junio de este año, la nueva gestión de la Ciudad informó la suspensión de las etapas tres y cuatro y solo se limitó a pagar los premios de los ganadores de las dos primeras –el estudio Bares y los arquitectos Matías Beccar Varela y Miguel Altuna- que recibieron una suma de casi un millón de pesos. Un mes después, la legisladora porteña por la Coalición Cívica, Paula Oliveto, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo haga públicos los motivos de la suspensión de los concursos.
El Gobierno de la ciudad descartó así los proyectos ganadores y propuso encarar la urbanización desde cero. El nuevo proyecto urbanístico elegido está basado en un diseño presentado por los arquitectos Beatriz Pedro y Miguel Estrella y según trascendió costará unos 730 millones de pesos. Para financiarlo, el Gobierno pedirá créditos al Banco Interamericano de Desarrollo y realizará fideicomisos en el ex Parque de la Ciudad, donde también se está construyendo la Villa Olímpica para los Juegos de la Juventud, en 2018. Para ello, planea vender unas 36 hectáreas de tierras públicas al sector privados a través de la Corporación Buenos Aires Sur.
Pintando la fachada
El proyecto de ley diseñado por el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta no entrará en vigencia hasta tanto no se realice -este viernes- una Audiencia Pública con los vecinos y referentes villeros, instancia imprescindible para la aprobación definitiva. Tras el dictamen de la Legislatura vecinos del barrio, legisladores y diputados porteños expresaron sus dudas al respecto. “El macrismo utiliza la construcción de viviendas con un afán de exterioridad, pero urbanísticamente actuarán como pantalla. Ellos entienden que urbanizar es hacer pequeñas intervenciones periféricas y puntuales, como la construcción de canchitas de futbol o plazoletas. Acciones que mejoran el barrio, pero no cambian el problema de base, que es la calidad de vida y el acceso a la vivienda”, opinó Javier Gentilini, politólogo y diputado porteño por el Frente Renovador.
El programa propone la creación de una Mesa de Gestión Participativa (MPG), mediante la cual se busca garantizar la participación de los vecinos del barrio en las decisiones y etapas del proceso. El MPG estará integrado por representantes del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (SSHI), delegados barriales y vecinos.
Diosnel Pérez, vecino del barrio hace más de veinte años, dijo que la aprobación del proyecto en principio es positiva, pero que no quieren adelantarse hasta no ver hechos concretos: “Yo festejé hace once años la sanción de la ley 1.770 –que ordenaba al Gobierno porteño urbanizar la villa- y nunca se cumplió, los vecinos no estamos seguros de que los funcionarios cumplan lo acordado, las cosas que el Gobierno ha hecho siempre fueron a medias, como el caso de la pavimentación, lo que hicieron fue poner pequeños parches de hormigón en lugar de asfaltar en su totalidad el largo de la calle, por eso ahora vamos a estar atentos a los pasos que den.”
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Patricio del Corro expresó que su bloque votó el proyecto desde una posición crítica. “Con el proyecto se dan dos discusiones que van de la mano: la urbanización del barrio por un lado y la construcción de la Villa Olímpica, por el otro. Nosotros creemos que las viviendas y modificaciones que se harán serán sobre los márgenes del predio, como una suerte de pantalla para el afuera. Buscan mostrar una falsa realidad al mundo, pero en el interior del barrio las cosas no serán modificadas”.
¿Por qué ahora?
La urbanización de la villa 20 es ley desde hace once años. Fue sancionada el 11 de agosto del 2005 y en aquel entonces fijó un plazo de treinta días al IVC para la realización de un censo que determinará la cantidad necesaria de viviendas que debían ser construidas, plazo que no fue cumplido. En el año 2006 la ley tuvo una modificación que determinó un nuevo plazo de treinta días al IVC, pero tampoco se cumplió. En 2014, el Barrio Papa Francisco, predio ubicado en entre las calles Pola y Avenida Cruz, fue tomado por unas 700 familias. El desalojo fue brutal, efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Metropolitana arrasaron con topadoras las improvisadas construcciones. Frente a esto, la jueza del fuero Contencioso Administrativo y Tributario federal, Elena Liberatori, ordenó la inmediata urbanización del barrio, fijando la fecha límite para diciembre de 2015. A dos años del último fallo, el gobierno porteño promete urbanizar la villa para el 2020.
En junio de este año, funcionarios del IVC realizaron finalmente el censo poblacional en la Villa 20 y aunque todavía no fueron publicados los resultados definitivos, se habla de un estimativo de 60.000 personas residentes en el barrio. Frente a este número, el Gobierno propone realizar un total de 1.600 viviendas para el 2020. El proyecto se llevaría a cabo en dos etapas, la primera comenzaría en octubre de este año con el llamado a licitación para la construcción de 552 viviendas a realizarse en tres bloques de 184 casas cada uno, las mismas serían edificadas en los terrenos del barrio “Papa Francisco” que se encuentra en los márgenes de la Villa. Esta primera etapa se encontraría terminada para mediados del 2018, en cuanto a las 1048 viviendas restantes su construcción comenzaría en el 2019.
Otro de los ejes del proyecto radica en el trazado de calles y su integración al circuito formal de la ciudad. En este sentido, una de las primeras medidas sería la de extender el recorrido de las calles Chilaver y Araujo y Corvalán para que desemboquen sobre la Avenida Fernández de la Cruz. Sobre este punto existen denuncias y dudas en los vecinos del barrio, dado que para realizar la prolongación de las mencionadas calles es necesario demoler más de 70 viviendas de dos o tres pisos cada una. “A aquellas familias afectadas por el trazado de calles, les dijeron que se les otorgarían nuevas viviendas en otra parte del barrio, pero por el momento no brindaron información acerca de cuándo ni dónde sería esa reubicación. Algunos vecinos denunciaron que funcionarios del Gobierno les ofrecieron una especie de “subsidio” por un tiempo para poder mudarse a otro lugar. A muchas compañeras bolivianas y peruanas les han dicho que si no aceptan irse de sus casas, podrían deportarlas”, denunciaron Susana Atahuchi y Victoria Vacaflor, vecinas y referentes de la corriente Villera y del colectivo La Dignidad.
Eric Campuzango, responsable del área de la Secretaría de Tierra y Vivienda de la Junta Vecinal y militante del PRO, niega las denuncias y dice que las familias afectadas por el trazado de calles serán reubicadas en nuevas viviendas que se harán en una construcción paralela que ya cuenta con presupuesto aprobado. “Lo que sucede es que en su mayoría los vecinos no quieren acceder al cambio de su vivienda por un departamento porque en algunos casos son dueños de tres o más pisos que subalquilan a otros y no quieren perder ese negocio, como tampoco resignar metros cuadrados. Hay mucho egoísmo entre los vecinos. Lo cierto es que es fundamental empezar con las obras lo más rápido posible, para no perder el presupuesto de este año”, dijo Campuzango.
Julia Mamani y Armando Champi, vecinos del barrio cuentan que fueron muchas las promesas de urbanización y muchos los funcionarios que las hicieron, pero que ahora es distinto porque hay otros intereses detrás: “Esto empezó hace unos meses cuando representantes de la IVC vinieron a la villa a decirnos que se iba a urbanizar el barrio, que era necesario hacerlo para poder construir la Villa Olímpica. Nosotros queremos que se urbanice la villa, por el futuro de nuestros hijos, para que puedan conseguir trabajo cuando salen a buscarlo y que no se los discrimine más por su lugar de origen. Queremos pagar los servicios como cualquier persona y tener los mismos derechos que las personas que viven afuera de la villa”.
Actualizada 22/09/2016
Sep 9, 2015 | inicio
La Villa 20 forma parte de la Comuna 8, en el barrio de Villa Lugano. Bordeada por las avenidas Escalada y General Fernández de la Cruz linda, por un lado, con la Escuela Federal de Policía y, por otro, con el recientemente construido Polo Farmacéutico. Delante de la Villa está el estacionamiento de la Policía y al lado un predio vacío, que solía ser un cementerio de autos. Desde hace diez años, los vecinos esperan que se cumpla la Ley de urbanización para acceder al derecho de tener una vivienda digna. “Queremos que realmente se cumpla la urbanización, porque esto causa la desigualdad”, reclama Marisa Llanos, vecina del lugar.
Predio recuperado y el paredón, vista desde arriba.
El 11 de agosto de 2005, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, la Legislatura Porteña sancionó la ley 1.770 que en su artículo 3º dice: “El Poder Ejecutivo deberá realizar, en el término de noventa días de promulgada la ley, una audiencia pública con los vecinos y vecinas a fin de establecer conjuntamente las obras a realizar en lo relativo a tipología edilicia, emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de servicios y toda otra inquietud que consideren importante”, el texto finaliza con la exigencia: “El Poder Ejecutivo debe realizar antes de comenzar las obras mencionadas en el párrafo anterior, el saneamiento del suelo”. Sin embargo, recién hoy, diez años después, y tras la toma del predio y su posterior desalojo forzado, comienzan las tareas de análisis y saneamiento.
Según un informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en 2007, el predio vecino a la Villa era utilizado por la Policía Federal “como depósito de vehículos afectados a causas judiciales o abandonados en la vía pública” y esa acumulación y abandono de chatarra tóxica producía “un grave daño ambiental, que pone en riesgo la vida y la salud de los miles de habitantes de la Villa 20”. A fines de ese mismo año, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional firmaron un convenio para recuperar las tierras con el fin de construir viviendas. Todo se empezó a concretar en 2009, cuando un juez ordenó vaciar el predio para comenzar su limpieza y desinfección. Marta Lado, encargada de la secretaría Ad Hoc para el trámite de los expedientes colectivos en materia de derechos económicos sociales y culturales, bajo la órbita de la jueza Elena Liberatori, contó sobre el problema: “Fue un proceso largo para poder sacar los automóviles de ese predio. Porque el expediente tiene muchos años, y dicen que hace muchos años que no se hace nada, pero primero había que conseguir que esos autos destruidos fueran a alguna parte”. Finalmente, la última etapa del vaciamiento terminó a fines del 2013, cuando debió comenzar el saneamiento del suelo contaminado.
Marcha por la urbanización de la Villa 20. 25 de agosto de 2015
Barrio Papa Francisco
Luego de retirar la totalidad de los autos abandonados, la tierra contaminada permaneció a la espera del análisis. Pero algunos vecinos, ante la demora, decidieron hacer visible su demanda y se asentaron allí. El 5 de febrero de 2014 se produjo la toma de los terrenos, a los que sus habitantes llamaron Barrio Papa Francisco. “A principios de marzo logramos hacer una audiencia enorme con vecinos y legisladores. Ahí se fijaron líneas muy claras de trabajo, y yo les dije desde el primer momento que no me pidieran baños químicos, ni nada para la toma, porque la toma es un modo inapropiado de reclamar algo legítimo. Lo que podíamos hacer frente a esa situación, y yo para eso me comprometía, era trabajar la desocupación pacífica. Desocupación en función de obtener del Gobierno el compromiso de ver cómo íbamos al tema de fondo, que era el reclamo de la vivienda”, contó la jueza Elena Liberatori, titular del juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Liberatori fue quien estuvo presente en el diálogo con los vecinos de Villa 20, y quien luego actuó como mediadora ante el Estado: “Habíamos avanzado bastante, porque para agosto estaba fijada la audiencia pública de la Ley 1.770, en el Parque Roca. Nos costó pero el Gobierno finalmente accedió. Teníamos una agenda, había gente de la Facultad de Arquitectura, con anteproyectos para la tipología urbana del barrio. Fuimos al barrio, nos reunimos en una escuela para hablar con los vecinos y explicarles que íbamos hacer la audiencia y que era una oportunidad”, agregó.
Para Liberatori la toma provocó una “contaminación política” dentro de aquella situación de negociación: “Ese desparramo que hicieron algunos no dejó participar a los vecinos que venían a enterarse de cómo era una audiencia pública. Entonces vino el desalojo, y después todos lloramos, y ahí se terminó todo”. Seis meses después de la negativa de los vecinos a retirarse voluntariamente del predio, el 23 de agosto de 2014, la jueza Gabriela López Iñiguez, titular del juzgado N° 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, decidió el desalojo que llevaron a cabo la Policía Metropolitana y la Gendarmería. Según Liberatori, el desalojo también era la última medida para la jueza Iñiguez, por eso se realizó en el mes de agosto y no al comienzo de la toma: “Estoy convencida de que el abordaje de los conflictos no tiene que acudir en primera medida a lo punitivo y a lo represivo. Nos hubiera dado muchísima más fuerza, confiar en el camino legal que estábamos haciendo y poniendo en pie. Después de una audiencia, inclusive para los legisladores, hubiéramos llegado de otra forma”, dijo la jueza. Luego del desalojo, Liberatori exigió al Gobierno de la Ciudad el cumplimiento efectivo del plan de urbanización y estableció este año, 2015, como plazo límite.
“Si no se producía la toma, eso no se iba a visibilizar nunca. Iban a pasar los gobiernos, los mandatos, e íbamos a seguir siempre igual. Y la toma se produjo porque hubo muchos años de ausencia, de abandono, entonces los vecinos se cansaron y se asentaron ahí para tener su propia vivienda. Si ya el Gobierno no hace las casas, entonces las hacemos nosotros. Ahí se visibilizó el problema”, Marcelo Urquiza.
Por otro lado, algunos vecinos reivindicaron la medida como un modo de hacer valer sus derechos. Marcelo Urquiza, delegado de la Junta Vecinal de Villa 20, dijo: “Si no se producía la toma, eso no se iba a visibilizar nunca. Iban a pasar los gobiernos, los mandatos, e íbamos a seguir siempre igual. Y la toma se produjo porque hubo muchos años de ausencia, de abandono, entonces los vecinos se cansaron y se asentaron ahí para tener su propia vivienda. Si el Gobierno no hace las casas, entonces las hacemos nosotros. Ahí se visibilizó el problema”. Urquiza tiene 40 años y se crió en el barrio. En la Villa 20 vivieron sus abuelos, sus padres, y ahora sus hijos y nieto. Marisa Llanos también vive en el barrio. Su mamá vino de Bolivia hace 26 años y ella nació y creció en Lugano. Ahora es militante del Frente de Organización en Lucha y estudia para ser maestra de primaria. Llanos comentó: “Yo no estoy en contra, pero creo que había que buscar otra solución. La solución no es tomar un terreno, sino un plan de urbanización. Pienso que deberían hacer departamentos, y que los vecinos, la gente que necesita, que lo pague en cuotas a la medida de sus posibilidades”.
Situación actual
El 25 de agosto pasado, distintas agrupaciones junto con habitantes de la Villa 20, y en compañía de vecinos de otras villas de la Ciudad, se movilizaron desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno para recordar los diez años de la sanción de la Ley 1.770, su incumplimiento, y el primer año transcurrido desde el desalojo del predio. El pedido general era de una solución a la crisis habitacional: “Así como nosotros estamos desamparados por el Gobierno de la Ciudad, están también las otras villas, muchos barrios humildes que tienen la misma problemática que nosotros, que les falta urbanización, no tienen luz, no hay agua ni cloacas. Y todo le compete hoy al Gobierno que está conduciendo la Ciudad. ¿A quién le vamos a reclamar?”, se preguntaba Marcelo Urquiza. Mientras que Marisa Llanos hacía hincapié en la igualdad de derechos y obligaciones: “Si se corta la luz, nosotros no podemos reclamar porque no pagamos nada. Pero queremos pagar, queremos tener los mismos derechos que cualquier persona, así podemos reclamar. Pero no, nos tenemos que quedar como estamos y aguantar a que ellos quieran arreglarlo. Esa es la situación de todas las villas, todas sufren lo mismo”, aseguró la militante.
Chicos jugando al lado del paredón que divide el predio de la villa.
Durante este año, los habitantes de la Villa 20 no vieron que se realizaran mejoras en los terrenos. Urquiza comentó que lo único que se hizo fue “un paredón de dos metros y medio que rodea al barrio y esconde a la Villa del resto de la sociedad. Lamentablemente hay una falta de voluntad política en la Ciudad de Buenos Aires, donde los derechos de los ciudadanos los guardan en un cajón”. Virginia Gutiérrez vive en la Villa desde el 2001 y desde la terraza de su casa se puede ver el muro y el predio. Gutiérrez contó que durante la toma se vivieron momentos tensos de violencia y tiroteos y que aún recuerda a las personas que corrían llorando cuando las topadoras aplastaron sus casas y pertenencias. Ella alojó algunos vecinos en su casa por un tiempo, pero después muchos se fueron del barrio: “Algunos los llevaron a hogares pero se quedaron sin nada. Otros se fueron con familiares, y algunos se volvieron a sus países”. En cuanto a la movilización, opinó: “No sé qué va a pasar pero para mí hay que seguir. Por lo menos conseguir que se construyan las calles, que pongan el agua y la luz. No hay que dejarlo y acordarnos solamente una vez por año”. De la misma manera, la jueza Liberatori subrayó: “Lo que falta es la voluntad política. ¿Dónde está la voluntad política?: En la urna. No sale de mi firma, ni nos compete a los jueces forzar la voluntad política. Por eso las cosas no salen, andan de a tumbos, porque contra eso no podemos. La voluntad política es inexistente para ciertas cosas. Porque donde hay voluntad política las cosas caminan, y salen”. Por último, la jueza confirmó que el proceso de saneamiento ya comenzó, y adelantó que durante el mes de julio recibieron en el juzgado un avance: “Nos llegó un informe en donde se recategorizó el predio de la toma y dice que se van a construir 800 viviendas, que va haber comercios minoristas y distintos núcleos que llaman “nido” en donde darán talleres. Eso fue lo último que hemos recibido, y para nosotros fue una sorpresa. Con lo cual ahora, estaremos trabajando sobre esta segunda parte”, finalizó.
