Los vecinos de la Villa 21-24 levantaron la toma

Los vecinos de la Villa 21-24 levantaron la toma

Luego de 14 días de ocupación, los vecinos y vecinas de la villa 21-24 levantaron la toma de los terrenos ferroviarios, en el barrio de Barracas, luego de un acuerdo, tras participar de una mesa de negociación con representantes de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación.

“Tras una hostil oferta que proponía solamente el desalojo y algunos pocos materiales de construcción, pudimos negociar y plantear las necesidades que tenemos en el barrio. Conseguimos 135 subsidios habitacionales de parte de Ciudad y 135 subsidios de ayuda urgente de parte de Nación, ambos de $50.000 y por única vez”, detalló Nahuel Arrieta uno de los vecinos autoconvocados que participó de la mesa de diálogo convocada por el juez que interviene en la causa por la ocupación de los terrenos, Daniel Rafecas, que terminó con la toma.

De la mesa participaron además de Rafecas, representantes del Ministerio de Desarrollo de la Nación y del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires; y por de los vecinos autoconvocados, tres delegados de la toma, Héctor y Nahuel Arrieta y Eliana Gramajo, acompañados por el cura Lorenzo “Toto” de Vedia, de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé. 

Luego de recibida la propuesta, los referentes debatieron en asamblea con todas las familias autoconvocadas y resolvieron aceptar el ofrecimiento, a cambio de desalojar el predio de forma pacífica. “Esto no resuelve el verdadero problema, ni siquiera resuelve los problemas de alquiler, porque terminás gastando todo muy rápido -agregó Arrieta-. Lo que mejor pudimos conseguir, que para mí es lo verdaderamente importante, es una segunda mesa de diálogo, pero con los verdaderos actores que pueden llegar a solucionar el problema de fondo que tenemos: el déficit habitacional”.

El martes 14 de septiembre, los delegados mantendrán una reunión con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. “Vamos a plantear nuestras necesidades, pero también vamos a ampliar el reclamo para poder llegar a pelear la urgente urbanización e integración urbana de la villa 21-24 y Zabaleta”, sentenció el referente. 

Hasta la vivienda, siempre

Hasta la vivienda, siempre

Desde hace más de dos años, un grupo de familias con graves problemas habitacionales decidió ocupar las tierras pertenecientes al Barrio Ferroviario, que existe hace más de 50 años en la localidad de San Fernando. De esta manera, se formó un nuevo barrio denominado La Victoria, y desde un primer momento sus nuevos pobladores se organizaron y empezaron a hacer jornadas de limpieza, fumigación y ollas populares. Además, el mismo año en que llegaron al lugar (2019) se registraron en el RENABAP (Registro Nacional De Barrios Populares), amparado por la ley 27.453 aprobada en el Congreso Nacional en octubre de 2018; que dictamina que los barrios registrados no pueden ser desalojados. A pesar de esto, el 19 de septiembre del año pasado se produjo el desalojo de 20 familias que estaban allí desde mayo de 2020.

Los habitantes del lugar se ven afectados en diversas situaciones, como las deficiencias en el servicio eléctrico, dado que no cuentan con medidores propios y además el poste que los abastece servicio se encuentra muy lejos del lugar, lo que provoca que tengan inconvenientes por la baja tensión. A su vez, la red de agua no es potable por lo que deben trasladarse varias cuadras para abastecerse para poder cocinar y demás cuestiones cotidianas.

La solidaridad está fuertemente arraigada en el barrio: hace dos años se encuentra el merendero La Victoria. Milagros Castillo, su coordinadora, dice: “Arrancamos justamente por el tema de la necesidad, dado que al barrio llegaron varias familias que la estaban pasando mal, no tenían luz ni agua y para aliviar un poco ese dolor arrancamos con el merendero y ollas populares. Respecto a la situación actual sanitaria comenta: “Ahora vienen mucho más los nenes, antes faltaban, ahora no faltan nunca”

Desde el año pasado, los vecinos crearon una mesa de urbanización en donde participan más de diez personas y articulan diversas actividades con ONG, organizaciones sociales e instituciones religiosas. Todas estas instancias de participación conocen el territorio desde antes y coinciden en la importancia de llevar adelante esta instancia para que los vecinos tengan una mejor calidad de vida para ellos y las próximas generaciones.

La victoria forma parte del Registro Nacional De Barrios Populares, lo que -al menos en teoría- la deja a salvo de desalojos.

Nahuel es militante de una de las organizaciones que participan activamente de dicha mesa y sobre su trabajo comenta:“Junto a mis compañeros comenzamos a ir al barrio ya que vimos una necesidad grande y empezamos a colaborar con los vecinos, le llevábamos alimentos no perecederos para que poder hacer las ollas populares y también ropa”.

Respecto a la idea de urbanizar el barrio, Milagros dice que fue idea de los vecinos. Se contactaron con un abogado para pedirles asesoramiento y él mismo los contactó con la ONG Habitar, que articula diversas actividades relacionadas al tema. Según Gabriela Torrents (una de las participantes de esta ONG): “El proyecto Habitar consiste en el encuentro de distintas personas a las que nos reúne principalmente la necesidad de transformar las injusticias y la desigualdad urbana”. La mayoría de los integrantes de esta iniciativa son arquitectos y urbanistas que trabajan el problema del hábitat a través de la arquitectura y su transformación. La profesional plantea: “Esta cuestión de trabajar la transformación de la desigualdad por la arquitectura y el urbanismo nos hizo recorrer distintos ámbitos de formación”

Eugenia Jaime, otra de las participantes, comenta que el primer contacto que tuvieron con el barrio fue por los vecinos, dado que le trasladaron la demanda de la falta de agua y el problema que les traía esto ante la situación sanitaria vigente. “Hicimos una primera visita en la ASPO y nos encontramos con un grupo organizado con interés de hacer algo que transforme el hábitat en el que estaban viviendo. Que además era muy sentido para ellos la necesidad de cambiar el tema del agua, sino que también le preocupaba la situación de la vivienda en las que estaban sus vecinos, la situación de los residuos, los caminos y el estado de la calle” .

El aprovisionamiento de agua y luz son solo dos de los problemas de los habitantes de La Victoria.

Con encuestas realizadas por los propios vecinos del barrio, las arquitectas pudieron elaborar un informe en donde se describen las características de las viviendas y las diversas vulneraciones a sus derechos básicos. Eugenia dice: “Es importante resaltar que el primer grupo que nos contactó tenía en claro que tenían derecho a acceder al agua, a las cloacas y a una vivienda digna.

La ONG llevó varias actividades a cabo junto a los vecinos como censos, identificación y mejora de las calles y una plaza para los niños del barrio. Actualmente se encuentra desarrollando diversas actividades de capacitación respecto a urbanización para seguir avanzando en el tema junto con los vecinos.

“La desocupación de hoy es inaceptable como modelo social”

“La desocupación de hoy es inaceptable como modelo social”

“Es importante dinamizar la producción popular porque cumple un doble rol: desconcentra la economía y también nos acerca a la posibilidad de tener trabajo pleno, que no es una meta absurda”. El planteo es de Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular: la situación actual, tan inédita como lo es que un virus marque los designios del país y del mundo, y de tanta incertidumbre como la que puede generarse en una sociedad que vio drásticamente modificada su vida cotidiana, exige pensar profundamente el día después de la pandemia. Puede ser una oportunidad de impulsar otros paradigmas, más inclusivos.

El Instituto para la Producción Popular (IPP) trabaja en propuestas que hacen a la vivienda, la alimentación, la generación de energía sustentable. Su coordinador, Enrique Martínez, quien fuera presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por casi una década, reflexiona sobre el escenario que toca atravesar hoy al país y cómo sería una salida desde la economía popular.

¿Qué lectura hace del escenario político económico actual, en el marco de la pandemia?

Es bastante habitual suponer que hay un modelo neoliberal que tenemos que dejar atrás y un modelo popular que debería reemplazarlo. En este momento me parece que estamos en una situación nueva, que el neoliberalismo ya ha demostrado su fracaso más absoluto, pero en el campo popular se plantea una disyuntiva: o volver a poner el país en marcha como antes de la cuarentena, volviendo a poner las piezas del tablero en su lugar, o admitir que esa no era una situación ideal, que hay que modificar algunas relaciones estructurales, y sobre todo que hay que poner en el campo de la producción a millones de argentinos que antes de la cuarentena ya estaban con dificultades muy serias. No hay que ayudar solamente a los que ahora se cayeron, sino también colocar en un plano de actividad a quienes ya no estaban trabajando de manera adecuada. Esa es una discusión que me parece que no se está dando todavía pero que se va a desarrollar en los próximos meses.

Sobre las relaciones estructurales que menciona, viene planteando el tema de la concentración económica que hay en el país. ¿Por qué camino se podría empezar a revertir?

Una mala costumbre que tenemos en el campo popular es discutir estas cuestiones solamente a nivel teórico, en el calor de una batalla intelectual pero sin modificar las cosas. Hay que desconcentrar lo que se pueda desconcentrar. Es difícil desconcentrar producciones como las del aluminio o el acero en la Argentina, o el pequeño grupo de productores de autos, pero no es nada difícil avanzar en cambiar la matriz energética, incorporando la energía renovable donde se pueda, y que los productores sean miles de pequeños grupos generando energía cerca de donde se consume, con lo cual las grandes redes de distribución de las que todos dependemos deberían ir perdiendo valor progresivamente. Es mucho más fácil hacerlo en la industria alimenticia, donde la concentración se da no por razones técnicas sino de poder económico, y promover pequeñas lecherías o pequeñas producciones de pollos está al alcance de cualquier gobierno, el tema es ver la necesidad de eso y hacerlo.

El caso de la industria alimenticia se puso de relieve con Vicentin. ¿Por qué considera que no se dio la expropiación luego de haberla anunciado? Y a nivel económico, ¿cuál sería el potencial de que el Estado controle una empresa de ese calibre?

Es una pena que eso se haya debatido así. Antes de hacerlo, el Estado tendría que haber hecho uso de toda la fortaleza jurídica que da el hecho de que evidentemente el grupo que conduce Vicentin vació la empresa; ahí hay una actitud delictiva que, acelerando un poco los pasos, puede llevar a que ese grupo no tenga ningún derecho a seguirla conduciendo. La discusión es qué Vicentin queremos, si la misma que antes, que siga exportando productos con poco valor agregado, o una Vicentin que con la fortaleza que tiene una empresa que maneja miles de millones de dólares en un territorio empobrecido como es el norte del país, pueda diseminar la tecnología de producción de biodiesel, generar producción de pollos en el Chaco o mejorar la producción porcina en determinada región. Hay una cantidad de cosas que puede hacer una empresa con vocación nacional, ganando lo que corresponde dignamente, con un poder multiplicador muy superior a la Vicentin anterior a la quiebra.

Y también en relación al ingreso de divisas. Y en ese sentido, viene planteando la importancia de la soberanía monetaria.

He estudiado mucho la teoría monetaria moderna, que ahora tiene una fortaleza muy importante, teniendo en cuenta el abandono al temor al déficit fiscal que se ha dado en todo el mundo desarrollado a consecuencia de la pandemia. Lo que creo que hay que hacer es avanzar en la dirección de generar trabajo para todos, pero teniendo soberanía monetaria: hay que eliminar totalmente la dependencia del dólar que hemos construido culturalmente y con maniobras de dependencia expresa en el último medio siglo.

«Hay necesidades sociales insatisfechas que si se atienden con programas nacionales, se resuelve problema del trabajo».

¿Cuál es su postura con respecto al impuesto a las grandes fortunas, otro tema que se debatió mucho pero por ahora no llegó a concretarse?

Hay muchos economistas que lo plantean como una condición necesaria para financiar al Estado, y creo que eso es equivocado. El Estado no necesita el impuesto a las grandes fortunas para financiarse, como lo demuestra el hecho de que está trabajando sin ese impuesto. Se necesita ese impuesto para introducir equidad en la economía, es elemental y básico que una de las maneras de “castigar” la concentración es con un impuesto a las grandes fortunas. No pensarlo para financiar al Estado, sino para poner equidad en el escenario social.

Se viene discutiendo también la posibilidad de implementar un ingreso ciudadano universal, que usted ha manifestado que debería ser transitorio; ¿por dónde debería ir una respuesta a largo plazo?

Un país que llega a tener un 50% de pobreza, como vamos a tener en poco tiempo, no puede imaginar reducir sustancialmente la pobreza con un ingreso extraordinario que ponga en el bolsillo de la gente la capacidad de consumo que no genera el trabajo; me parece inviable. Un país con soberanía monetaria tiene que tener grandes programas de generación de trabajo popular con importancia social y de efectiva realización, admitiendo los ingresos de emergencia justamente como emergencia, con un plazo acotado y definido.

Desde el IPP se propone un programa de trabajo para todos. ¿De qué manera podría instrumentarse?

Si efectivamente se lleva adelante el programa del Ministerio de Desarrollo Social de urbanización de villas con la energía correspondiente, la urbanización de los cuatro mil barrios populares generaría una cantidad de trabajo muy importante. Nosotros sostenemos la posibilidad de que se avance en un programa de millones de lotes urbanizados, eliminando la especulación sobre el suelo para que se fortalezca la autoconstrucción y las cooperativas de vivienda. Creemos que hay que hacer una transformación masiva de la generación de energía hacia la energía renovable pensada en pequeñas comunidades, lo cual se ha demostrado en el mundo que genera miles de trabajos, y además otros programas, como la forestación, o el desarrollo de cinturones alimenticios en todos los pueblos de la Argentina. Hay una cantidad de necesidades sociales insatisfechas que si se tienen programas de dimensión nacional que busque atenderlas, se resuelve problema del trabajo.

-Se estaría abordando la cuestión no sólo laboral, sino también habitacional, energética, ambiental. ¿Cómo se trabaja desde el IPP en relación a estas propuestas?

Un organismo como el IPP no tiene elementos concretos para hacerlo efectivo a gran escala, nos alegra que la ministra (de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia) Bielsa anuncie que se va a lanzar una nueva etapa del plan Procrear vinculado a la disponibilidad de lotes con servicios, idea que venimos batallando hace mucho tiempo, porque en el plan original se daba el crédito para la vivienda, y cuando la gente iba a comprar el suelo se encarecía por la especulación inmobiliaria. Lo que nosotros intentamos, como organización fuera del gobierno, es encontrar ámbitos donde la comunidad organizada pueda llevar adelante los conceptos que estamos proclamando. Somos difusores de ideas de transformación y colaboradores con la comunidad para llevar adelante situaciones en el camino correcto. Sobre todo estamos avanzando en el plano de la producción y distribución de alimentos, la energía renovable.

En relación a estas iniciativas, ¿cuál es el rol que podría ocupar la producción popular en la pospandemia?

Muy importante. Hay una definición un tanto viciada de economía popular, se tiende a pensar que la economía popular es la economía de los pobres o incluso la economía no productiva. Pero la economía popular es la producción que pone el lucro en segundo lugar, que intenta asumirse como servicio, que tiene como prioridad la atención de las necesidades comunitarias. La UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), los campesinos del norte de Mendoza, muchas pequeñas industrias alimenticias o alguna industria textil cooperativa, son ejemplos de economía popular. El gobierno necesita apoyar esta producción popular.

La producción popular, concluye Martínez, también puede jugar un papel vital contra el desempleo: “Desde hace más de 40 años que no tenemos una situación de trabajo pleno –plantea-. Tener una desocupación de 2 o 3 por ciento no es una meta absurda: la Argentina tuvo muchos períodos con ese nivel de desocupación. Y sin embargo en estos momentos cualquier gobierno popular estaría feliz con un desempleo de 7 por ciento, que además sería disimulado por la gran cantidad de planes sociales. La desocupación real hoy, a nuestro juicio, supera el 20 por ciento, y eso es inaceptable como modelo social”.

 

La Villa 31 contra el despojo

La Villa 31 contra el despojo

“Se votó vender dos hectáreas de la Villa 31 con el argumento de pagar la deuda del Paseo del Bajo», denuncia Barry.

“La Villa 31 no se vende”. La pancarta, que estuvo presente en la sesión de la Legislatura porteña el 4 de julio pasado -cuando por 41 votos los bloques de Cambiemos, Evolución, Partido Socialista y Mejor Ciudad aprobaron la ley de venta de dos hectáreas de la villa- sigue presente en el espíritu del barrio: los vecinos rechazan la “entrega”. 

La ley habilita la enajenación de 12 predios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seis de ellos ubicados dentro del Barrio Padre Carlos Mugica. “El jueves 4 de julio se votó vender dos hectáreas de la Villa 31 con el argumento de pagar deuda, en especial la deuda del Paseo del Bajo. Como fue denunciado por las propias vecinas y por nosotros en el recinto, desde el bloque del Frente de Izquierda, esto tiene que ver con un gran negociado donde el principal beneficiario es el primo del presidente Mauricio Macri, el empresario Ángelo Calcaterra”, explica Alejandrina Barry, directora de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura. “Es una política expulsiva de los sectores más humildes de la Ciudad. El día de la votación fue muy fuerte, porque se dio en un marco en el que todos estábamos muy sensibilizados por la muerte de gente en situación de calle, como Sergio Zacaríaz. Hubo siete muertos en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires, que es la más rica del país, la única medida que tomó el gobierno es vender sus tierras y sus casas a los sectores más humildes”, continúa Barry.

Las idas y vueltas con respecto al Barrio Padre Carlos Mugica se remontan hasta más de diez años. La infinidad de reclamos por parte de los vecinos se había terminadode materializar en la Ley 3334 del año 2009, donde se dispone “la urbanización del polígono correspondiente a las Villas 31 y 31 bis” para destinarlo a “viviendas, desarrollo productivo y equipamiento comunitario”. Desde entonces los gobiernos de Mauricio Macri y su sucesor, Horacio Rodríguez Larreta, se vanaglorian de ser los primeros en comenzar la urbanización de un asentamiento con más de 80 años de historia. No obstante, el devenir de los hechos iría resquebrajando las promesas del oficialismo.

Las habitantes de la villa señalan que las casas en las que el Gobierno quiere relocalizarlas son de chapa.

Pasaron nueve años hasta la promulgación de una nueva normativa. El 13 de diciembre de 2018 se sancionó la Ley 6129, donde se establecen los diferentes mecanismos para llevar a cabo la “solución habitacional” de los vecinos del barrio. Pero los vecinos se opusieron rotundamente a la norma. El artículo 47 establece el cargo de que “el destino y/o uso de la unidad sea siempre de vivienda única y definitiva”, pero es en los artículos subsiguientes donde se develan las verdaderas intenciones del Ejecutivo. Según el artículo 53, aquel posible comprador del inmueble (que puede ser tanto una persona física como una persona jurídica) que no acredite residencia en el barrio por más de dos años deberá abonar, para acceder al mismo, “tres veces el valor de la hipoteca establecido al momento de la primera escrituración y valuada en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA)”. En cambio, un residente puede adquirir las propiedades sin pagar impuesto alguno. No se establece, en ambos casos, un límite de viviendas que puedan ser compradas . En otras palabras: se habilita de esta forma la compra de los terrenos por parte de terceros, quienes podrán disponer de su uso para otro tipo de actividades y así arrojar estas tierras al libre flujo del mercado inmobiliario. Ahora, el reciente proyecto de Ley 671 viene a reforzar este panorama con la posibilidad de la venta por parte del Gobierno de la Ciudad de aquellas tierras que ya se encuentren deshabitadas y otras tantas que no lo están pero cuyo destino es más que incierto. 

“Tiene que ver con hacer un corredor que siga a Puerto Madero -explica Berry-. Son tierras muy caras. Myriam Bregman había comentado sobre una entrevista que le hizo Mirtha Legrand a Gabriela Michetti donde, así como charlando entre amigas, le preguntó: ‘¿Por qué tanto con los terrenos de la Villa 31?’. Y Michetti le contestó: ‘Porque son tierras realmente muy costosas y queremos que se transforme en un barrio de clase media’. En verdad, es un lugar muy bueno para los sectores financieros. Tiene que ver con una política de expulsión de los sectores más humildes de la Ciudad. Es una política clara del macrismo”.

Por detrás de la cartelería amarilla y los ríos de discursos optimistas empieza lentamente a oírse el sonido de las topadoras. Los vecinos se agrupan para resistir.

En el plan de pago que propone el Gobierno, si un vecino se atrasa en tres cuotas puede perder su casa.

 

Las guardianas del Bajo Autopista

Lesli Rojas tiene 28 años y hace 16 que reside en la villa. De chica vivió en un departamento alquilado en Villa Crespo, pero la muerte de quien les salía de garante los obligó a irse. Sin garantía ni dinero para la cuota inicial, alquilar en otro lugar era imposible. “Teníamos un familiar en el barrio al que veníamos a visitar ocasionalmente”, cuenta Lesli. “Veíamos que la villa era linda, dentro de todo. Antes no había tantas construcciones, era más espacioso y no había tantos pasillos. Tampoco había tanto peligro. Nosotros veníamos a la mañana, nos íbamos muy de noche y salíamos tranquilamente por acá”. La conclusión fue evidente: “Estaba dentro de lo que mis papás podían pagar”. Y así es como llegaron a la Villa 31. Luego Lesli se pondrá en pareja y decidirá irse a Formosa. Como allá no había muchas posibilidades de progreso laboral ni profesional, se volvieron a la 31. Ahora estudia enfermería y su pareja, electricidad. “Y, de pronto, viene todo este proceso de que nos tenemos que ir. Hicimos mucho esfuerzo en construir nuestra casa, invertimos un montón. Irnos sin que nos lo reconozcan no nos cabe en la cabeza. Por eso que llevamos a cabo esta lucha”, afirma Lesli, quien es una de las referentes entre los vecinos organizados del sector que reside debajo de la Autopista Dr. Arturo Umberto Illia, a la vez uno de los terrenos próximos a relocalizarse para cumplir con el proyecto de ley de enajenación.

En noviembre del año pasado Lesli y una vecina suya, Mirta, comenzaron a asistir a las reuniones de la Mesa de Urbanización Rotativa y Participativa, un espacio de discusión abierto entre los vecinos del barrio. Allí se enteraron de que el desalojo del sector Bajo Autopista era inminente. “Le dije a Mirta ‘¿qué hacemos? Hagamos algo. Tenemos que decirle a los vecinos que nos van a sacar de acá, que a donde nos van a llevar no nos conviene’. Así empezamos a tocar puerta por puerta y se fueron sumando de a poco dos, tres, cuatro vecinos, hasta llegar a ser bastantes” recuerda Lesli. Sin embargo, muchos desconfiaban de ellas. “Nos decían que nosotras estábamos mintiendo, que esas casas eran todas de material, que eran re grandes”. El Gobierno de la Ciudad, en efecto, invierte mucho dinero en propaganda hacia adentro del barrio a través de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana (SECISyU), conducida por el ex CEO de Sushi Bar Restó, Diego Fernández. “Todo eso es lo que les venían diciendo los de la Secretaría. El día en que los vecinos fueron a visitar las viviendas se llevaron una gran decepción. Se encontraron con que era tal cual como nosotras decíamos. Y ahí es donde nos empiezan a acompañar”.

Según un estimativo hecho por los propios vecinos, en el sector residen aproximadamente 1.300 familias. Su relocalización está prevista en el “sector YPF”, que se encuentra detrás de la sede del Ministerio de Educación que se está construyendo dentro del barrio. Es un edificio imponente, con una vereda idéntica a aquellas que suelen encontrarse en el resto de los barrios porteños: baldosas brillantes con pequeños canteros de cemento donde sentarse y el cordón de la vereda delimitado por unas pequeñas “balas” de acero que demarcan la circulación de los vehículos. 

Pero las viviendas que les ofrece el Gobierno son completamente distintas. “La parte externa de las paredes es de chapa. Después hay madera y fibra de vidrio, unos metales cada un metro y luego el durlock. El piso es cemento liso” describe Lesli. “Les ponen un zócalo de madera que tiene una diferencia con el piso de 0,6 milímetros, por que lo que tampoco podés baldear porque el agua entraría por ahí y se pudre toda la madera y el durlock”.  Por otra parte, la canalización de los cables de luz son externos (a diferencia de las actuales viviendas de los vecinos, que instalaron los cables por dentro de la pared) con el riesgo que conlleva respecto a roturas. Las habitaciones son de 2,6 por 2,8 metros. Por el tipo de construcción, no podrán contar con instalación de gas natural ni podrán utilizar garrafas ya que, sencillamente, se podría incendiar todo el complejo. Y, como remate, no se garantiza que las familias con chicos puedan tener una habitación por hijo. “Volvemos al tema del hacinamiento pero en condiciones peores, porque estas casas no van a durar”, se lamenta. 

Se están construyendo 500 viviendas menos que la cantidad de familias relocalizadas. Nadie sabe qué pasará con ellas.

El artículo 36 de la Ley 6129 es claro al respecto: se garantiza la entrega de “unidades de iguales o superiores características respecto de la original”. Evidentemente se trata de un asunto pasado por alto de una forma no muy elegante.

“Yo estoy acá desde el 2008. Y esto lo hemos construido trabajando mi marido y yo. He sido la primera mujer en esta calle en ayudar a trabajar a su marido. Yo le ayudaba a subir arena, los ladrillos…yo trabajé a la par de él” cuenta Sonia, de 55 años, otra de las vecinas organizadas en defensa del Bajo Autopista y quien brindó un espacio de su propia casa para organizar las reuniones semanales donde discuten los objetivos a seguir. Su caso se repite por miles a lo largo y ancho del Barrio Padre Carlos Mugica. Otro vecino, Nicolás, recuerda: “Tres años estuve para hacer mi casa, sin poder dormir casi. Y ahora que está toda linda, que la estaba disfrutando, me dicen que me tengo que ir. Haber gastado tanta guita y tanto tiempo de mi vida, y que lo hubiese podido disfrutar yéndome de vacaciones o algo así no es justo. Encima es una mierda la casa que nos dan. Yo hice la mía a mi gusto, como debe ser. Con albañiles amigos que me recomendaron los mejores materiales para que los caños y las instalaciones eléctricas sean las mejores”. Recorriendo las calles y los pasillos del barrio se encuentran miles de rostros y de historias de las más variadas, pero todas coinciden en un punto: son personas que llegaron hasta la Villa 31 buscando un hogar donde vivir de forma digna, construyéndolo lentamente con sus propias manos,

También son numerosos aquellos que acechan esos terrenos y muchísimos los artilugios que van apareciendo para lograr quearse con ellos. Quizás el más grotesco sea el modelo de escritura que empezó a circular por el barrio, y que fue acercado a este medio por mano de los vecinos. Incluso ellos mismos crearon un pequeño documento comentando este contrato, con el fin de concientizar sobre las cláusulas leoninas de las que está plagado. “No sabemos ni cuánto vamos a pagar. Nos tiran precios, pero no está en la escritura” se lamenta Sonia. Lesli agrega: “Nos cobrarían $8.400 aproximadamente de suelo y $11.300 de construcción por metro cuadrado. O sea, pagaríamos once mil pesos por la chapa y el durlock. Te da un total de casi veinte mil pesos por metro cuadrado”. Esas son algunas de las cifras arrojadas desde “la secretaría” y que no dejan de ser rumores que deambulan por el barrio. El reclamo de las vecinas y vecinos de Bajo Autopista es claro: que el valor del metro cuadrado no supere los $3.037, precio tasado en 2018 por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para esos terrenos. 

Las aberraciones se amontonan en esas casi diez hojas que ocupa la escritura. Se puede leer que, al firmar, se establece un “pacto de preferencia” que le da prioridad a “la Secretaría” durante 5 años para comprar las viviendas entregadas en caso de que su nuevo propietario quiera (o se vea en la necesidad al no poder afrontar los gastos) venderla, sin la obligación de que su uso posterior sea para vivienda social. El plan de pagos es a 360 meses, pero en la segunda cláusula de la sección “Hipoteca por saldo de precio” figura que “la parte deudora” (o sea, el vecino o vecina) puede perder esa facilidad de pago al adeudar tan sólo tres cuotas. La cláusula tercera, por su parte, autoriza la ejecución de la vivienda por falta de pago, mientras que la décima establece la posibilidad de remate de la propiedad. Todo esto en detrimento del punto 6 del artículo 2° de la ya mencionada Ley 6129, que claramente dice: “Se brindará a la totalidad de las/os habitantes del barrio seguridad en la tenencia de las viviendas que ocupen. En ningún caso la incapacidad de pago será un obstáculo para garantizar este derecho”.

¿Es realmente necesario relocalizar a las familias de Bajo Autopista? Según Lesli, “una de las condiciones por las cuales nos quieren reubicar es porque dicen que no está garantizada la entrada de aireación e iluminación en las viviendas. Quizás hay muchas casas en las que es verdad. Pero, por ejemplo, las casas frentistas sí tienen garantías de luz y de aire. ¿Por qué relocalizarlas entonces? Si arriba va a desaparecer la autopista y van a poner un corredor verde”. Puede vislumbrarse el camino trazado desde el Gobierno de la Ciudad para los vecinos del barrio: del desplazamiento al endeudamiento; del endeudamiento a la expulsión.

El corolario de las irregularidades, finalmente, se encuentra en el número de viviendas construidas en el “sector YPF” para recibir a las 1.300 familias. Nadie sabe qué sucederá con las 500 familias restantes. 

Quizás el último reclamo de las vecinas y vecinos no sea tanto con respecto al Gobierno sino más bien a quienes habitan en el resto de la Ciudad de Buenos Aires. “Necesitamos sensibilizar un poco a la gente también”, reflexiona Rojas. “Porque dicen ‘encima que les dan una casa nueva y no van a pagar nada, no se quieren ir’. Queremos transmitir que no nos están dando nada gratis. Al contrario, se trata de pagar por algo por lo que nadie pagaría. Nadie pagaría por una casa de chapa o con una escritura como la que nos ofrecen”.

 

Ciudadanas y ciudadanos 

“La 31 tiene una característica única. Nuestros hijos pueden caminar tranquilamente por el barrio. No sé si allá por Palermo o Recoleta pueden hacer lo mismo. Por otro lado, yo a la vecina la conozco pero no nos hablamos, e igual nos respetamos. Acá conviven diversas nacionalidades y respetamos eso también. O hay gente que viene de las provincias: tucumanos, jujeños, entrerrianos…convivimos acá todas las nacionalidades y todas las provincias. No es que todo el tiempo suceden hechos de violencia. En el barrio hay códigos de convivencia y cada uno respeta eso”. 

De esta manera presenta a la Villa 31 Marta Mamani, una de las mujeres que lleva adelante lo que ella misma describe como “la resistencia”. “Llegué hace 20 años al barrio. Vine más que nada a cuidar a las sobrinas de mis hermanas mayores. Y después me quedé acá”. Luego se pondrá en pareja y tendrá cuatro hijos. Como casi todos en el barrio, construyó su vivienda junto a su familia: “Somos nosotras las que hemos edificado nuestra casa. Así, literalmente cargando ladrillos. Yo y mi hijo de 17 años preparábamos el material para poder levantar las paredes”, recuerda Marta.  

Silvana Olivera, por su parte, nació en la Villa 31. Su madre llegó cuando tenía tan sólo 17 años y el barrio era prácticamente campo. Vivieron con su abuelo hasta que juntaron el dinero suficiente para comprarse otra casa en la zona de Güemes. “Yo nací acá y me crié acá”, cuenta Silvana. “Tengo a mis hijos acá, hice mi familia. Y ahora veo que todas estas modificaciones que se están haciendo nos están cambiando la forma de vida. Este es un barrio muy tranquilo. Nuestros hijos juegan en la calle, cosa que no pasa en la Ciudad. Allá si no van a la plaza no pueden jugar. Bueno, esas cosas son las que estamos perdiendo de a poco. Se están metiendo en el barrio y están modificando nuestra vida” se lamenta. 

La batería de cambios que se van imponiendo a partir de la “reurbanización” (como gusta decir al actual Jefe de Gobierno) no traerían aparejados aquellos beneficios que tanto suelen publicitar los spots oficiales. “Nosotros sabemos, porque hemos ido varias veces a la Legislatura, que la idea de aca a unos años es construir la continuación de Puerto Madero” explica Marta. De a poco, el barrio empieza a ser rodeado por imágenes vivas de lo que el Gobierno pretende para todos estos terrenos. “Ya terminaron el Paseo del Bajo y la nueva Autopista Illia. Nos metieron un banco (el Santander) y nos van a meter un Mc Donald’s. Y cuando esté la estación nueva del San Martín, cuando remodelen la terminal, que hasta va a tener un hotel de pasajeros, cuando hagan el relleno costero y sigan así con todas las modificaciones, van a cambiar nuestra forma de vivir” enumera Silvana. 

No son los únicos proyectos que la inteligentzia inmobiliaria tiene planificados. El más sugestivo es la bestia modernista bautizada “Distrito Quartier”. “Emplazado en una ubicación excepcional, sobre el nuevo Paseo del Bajo y conformando la proa de Puerto Madero, se conecta directamente con la Autopista Illia, la Costanera Norte, la Estación Retiro y la Plaza San Martín” anuncia con pompa su sitio web. Será un complejo de tres edificios (uno de ellos sobre la estructura del antiguo Hospital Ferroviario) para viviendas y oficinas, sumado a un gran paseo comercial. Si se presta atención, en algunas de las maquetas del proyecto se puede ver, al fondo y algo fuera de foco, las viviendas del Barrio Padre Carlos Mugica. 

“Además está el Polo Gastronómico. Ahí solamente van a vender empresarios y cinco familias del barrio” agrega Silvana. “Primero nos dijeron que iba a ser para las familias, para la gente de la feria. Y resulta que no va a ser así, que eligieron sólo a cinco familias por sorteo”. Lo perverso aparece cuando se recuerda que uno de los principales sustentos de quienes habitan el barrio es justamente la venta de comida. Continúa Silvana: “Ese Polo Gastronómico y el Mc Donald’s le van a quitar el ingreso a la gente que vive de preparar comida acá. ¿Cómo van a hacer para subsistir? Si viene un empresario y te lo vende más barato, todos van a ir a comprar ahí. Aparte, yo no le puedo decir a mi hijo ‘no te vayas al Mc Donald’s’, porque ellos quieren ir. Así están jugando con nosotros”.

La estrategia del Gobierno (como rostro visible de los intereses privados) se asemeja a un movimiento de pinza donde los vecinos del barrio se ven atacados por todos los frentes. “Esto no fue una decisión de un año, sino de mucho tiempo atrás” reflexiona Marta. “Todo está armado para que, de una manera u otra, no podamos sostener el pago por nuestra vivienda. La ley de urbanización, por ejemplo, no dice qué tarifa vamos a pagar. Acá las tarifas de luz y agua son altas. Y las familias tienen un ingreso de 10 mil, 20 mil pesos, ponele. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que pagar la tierra y no sabemos cuánto va a costar. No sabemos si vamos a tener una tarifa social. Vamos a pagar ABL e impuestos. Yo misma no voy a poder conservar mi casa y voy a ser expulsada económicamente de acá. Está todo armado de una manera monstruosa para garantizar que estas tierras sean de la clase alta, y no nuestras”.

Sin embargo, la aparente omnipotencia del gobierno y sus aliados económicos no acobarda a quienes habitan el barrio. “Cuando empezamos a ver todas estas modificaciones, comenzamos a juntarnos. De a poquito nos fuimos enterando. Nos metimos en el tema. Somos personas comunes. Vecinos, la mayoría mujeres. Muchas no tenemos estudios terminados y aún así empezamos a investigar lo que son las leyes y a darnos cuenta lo que estaban haciendo. Hablamos con abogados para que nos asesoren y nos expliquen, porque hay cosas muy técnicas que por ahí no entendemos”, rememora Silvana. 

En las marchas, en las conferencias de prensa, las asambleas, las entrevistas con distintos medios, en Bajo Autopista y en cualquier sector; en la Mesa Rotativa y Participativa,  salta a la vista aquello señalado por Silvana: quienes se movilizan constantemente en defensa del barrio son en su mayoría mujeres. Es Marta quien explica las razones con sencillez: “Como los hombres se van a trabajar temprano y vuelven a eso de las 19 o 20 horas, somos nosotras las que nos hacemos cargo en los tiempos que nos quedan libres”. 

Más de 80 años de historia carga este barrio que supo recibir innumerables nombres: “Barrio de los Inmigrantes”, “Villa 31”, “Barrio 31” (el predilecto del Jefe de Gobierno) o, como le pusieron sus propios habitantes, “Barrio Padre Carlos Mugica”. “La 31 resistió a [Osvaldo] Cacciatore (intentente de facto de la Capital Federal durante la última dictadura cívico-militar). Vinieron con topadoras acá. Incluso tenemos una vecina que estuvo ahí. Se llama Eulogia y tiene 78 años. Cuando ella lo cuenta se pone a llorar y dice ‘a mí me llevaron en un tren y me tiraron en la provincia’. Se la llevaron con sus hijos y todas sus cosas. Acá se quedaron alrededor de 50 familias. Presentaron documentos, la pelearon legalmente y lograron quedarse. Al enterarse de esto, Eulogia volvió al barrio. Ella resistió. Y sigue resistiendo. Es más, va a la Legislatura con nosotros. Y dice: ‘Yo he resistido tanto y ahora tengo que seguir resistiendo. Pensé que me iba a morir en paz y tranquila. Yo pensé que les iba a dejar la casa a mis hijos, pero ahora siento que no va a ser así’” cuenta emocionada Marta. 

Ignoradas por los medios de comunicación, despreciadas por la política y miradas de reojo por una parte de la sociedad, ellas no conciben otro camino que el de la lucha. Contra los estereotipos, contra la miseria, contra las picardías de los inversionistas, contra la injusticia. “Esta es una villa donde murió un Padre, Carlos Mugica dio su vida por esta villa. Él lloraría al ver que aprobaron una ley que no garantiza la radicación definitiva, porque él peleaba por eso. Peleaba por los derechos de los que menos tienen y nosotros somos los que menos tienen. Pero no renegamos de lo que somos”, enfatiza Marta y subraya: “Yo no quiero ir por la calle con mi letrerito de ‘yo vivo en una villa pero trabajo’. Queremos que dejen de mirarnos de esa manera tan horrible. Somos parte de la Ciudad. Somos ciudadanos de la Capital Federal”.

El poder de la organización 

El poder de la organización 

Vecinos de los barrios más postergados de la ciudad de Buenos Aires -en su mayoría
mujeres e inmigrantes- tomaron la decisión de organizarse. Hace unos meses,
conformaron la Coordinadora por la Urbanización Real de las Villas con el objetivo de
sumar todas las experiencias y elevar una sola voz, un reclamo conjunto, por una
vivienda digna y obras de infraestructura. A la vez, denunciaron “negocios inmobiliarios” a
costa de las viviendas de miles de vecinos.
 
Aunque durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al frente del Gobierno de la
Ciudad se desarrolló una política de urbanización en villas mediante planes de obras de
infraestructura y procesos de escrituración y relocalización de viviendas, los vecinos
denuncian un paulatino proceso de expulsión en los barrios.
 
Jonathan Baldiviezo -abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad- explicó que las
condiciones de escrituración de las casas en los barrios populares son “expulsivas”. En
diálogo con ANCCOM, señaló: “Al momento de la escrituración las familias van a sufrir un
shock económico, al costo del crédito de la casa se le suman los impuestos inmobiliarios,
expensas y las tarifas cada vez más costosas. Esto implica que una familia, cuyo ingreso
no supera los 10 mil pesos, deba pagar entre 6 y 8 mil pesos más por mes. El Gobierno
debe atender ese shock”.

A fines de 2018, la Legislatura porteña aprobó la Ley 6129 que, según los vecinos, abrió
un flanco específico para los habitantes del barrio Carlos Mujica (exVilla 31). A diferencia
de la ley nacional, argumentaron los vecinos, la nueva normativa no especifica que la
vivienda deba conservar su carácter social y familiar. Es decir, una familia puede venderla
a un emprendimiento inmobiliario. “El Estado debería urbanizar para que el suelo esté
afectado a aquellos sectores que no pueden acceder a la vivienda, no para incorporar el
suelo al mercado y la especulación inmobiliaria”, amplió Baldiviezo.
 
El abogado aseguró que “las familias se terminan yendo por los altos costos, las malas
condiciones de infraestructura, las inundaciones”. Y juzgó: “Se trata del intento de parte
del gobierno de erradicar las villas mediante artilugios legales”.
 
Grecia, vecina de la villa 20, manifestó a ANCCOM: “Vamos por la urbanización real de
todas los barrios, por el derecho a la vivienda digna de propietarios e inquilinos, basta de
hacinamiento, participación y control vecinal en los procesos de urbanización. Por el
derecho a trabajar y vivir en la Ciudad”.
 
Los vecinos también denunciaron ataques de parte de patotas. Nicolás, vecino de la Villa
31, sufrió agresiones por participar de las asambleas y resistir al desalojo: “Fui humillado y
sacado de mi casa. Soy el vivo ejemplo de que el PRO nos quiere callar así”.

Por su parte, Norma, de la Villa 1-11-14, denunció que el Instituto de la Vivienda de la
Ciudad (IVC)  “organiza reuniones con los delegados, sin permitir la participación pública
de los vecinos”. Y amplió: “El lunes pasado organizaron una reunión y no dejaron ingresar
a ninguno. Necesitamos saber lo que se habla en esa reunión”.
 
De la coordinadora participan vecinos de la Villa 31 y 31 Bis, del Playón de Chacarita, de
la Villa 20, de La Carbonilla, de la 1-11-14, Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Ciudad
Oculta, Cildañez, 21-24 y Rodrigo Bueno, entre otros asentamientos. En febrero
organizaron la primera asamblea con más de mil vecinos, frente a la Jefatura de Gobierno
porteño. La masiva participación tuvo, sin embargo, escasa repercusión mediática. Tienen
previsto realizar una reunión en la villa Rodrigo Bueno para fin de mes. Hasta que los
escuchen.