Despiden a los agentes de tránsito que reclaman contra la precarización laboral
El 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito despedidos.
Una larga planilla contiene la lista de 82 nombres. Son los agentes despedidos. Junto a ellos, las razones por las que ya no pertenecen al Cuerpo de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. En una sala de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Lucas Dávolos y Silvio Piera leen por primera vez los motivos que, aparentemente, justifican sus desvinculaciones y la violación de la medida cautelar emitida por la jueza Patricia López Vergara, de noviembre pasado, que impedía al Gobierno de la Ciudad despedir a cualquier trabajador de es repartición. “Tuvo cuatro suspensiones, fue informado en tres ocasiones, debe destacar que desde el día 8/9/19 el agente no labró acta alguna”, lee Dávolos con incredulidad y una sonrisa que enuncia sorpresa: el enojo y la impotencia ya se superaron. Su trabajo consistía en ser chofer. “Tengo una sola suspensión, que me la hicieron en estos casi cuatro meses de lucha. Me la hizo un coordinador que, además, es delegado del gremio. Cuando empezó el conflicto, aprovecharon a los que tienen nivel jerárquico dentro del Cuerpo y que también pertenecen al sindicato para justificar medidas disciplinarias y poder rescindir el contrato, darnos de baja o echarnos.”
Los despidos comenzaron poco antes del 1 de enero y fueron notificados como no renovación de contratos. Llegadas tarde, ausentes injustificados y falsificación de certificados médicos fueron los motivos que el Gobierno alega para violar la cautelar. Sin embargo, los trabajadores niegan que estos argumentos sean las verdaderas razones: “De los 82, más o menos 55 fuimos los que impulsamos los reclamos y tratamos de asesorarnos con otro gremio, ya que el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) siempre se comportó bastante funcional al Ejecutivo y de una manera violenta y agresiva hacia con los trabajadores. Y en ese grupo estamos los referentes, delegados normalizadores de ATE, y nuestros amigos y personas cercanas”, sostiene Dávolos, quien llevaba cuatro años en el Cuerpo.
El caso de Silvio Piera es similar: con seis años de monotributista para el Gobierno de la Ciudad y realizando los estudios para su pase a planta permanente fue notificado por teléfono que su vínculo con Tránsito había cesado. El motivo: no haber realizado multas, incluso cuando esa no era su función. El verdadero motivo: político, tal como se lo confesó su supervisor. Los despidos fueron la última represalia para los que decidieron organizarse por sus derechos, y un mensaje para los agentes que quedaban dentro de la Dirección de Tránsito.
Frente a esto, Rodolfo Arrechea, secretario gremial y parte del Consejo Directivo de ATE, aseguró que acudirán al INADI: “Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral, y porque una patota que agredió a las mujeres, mandada por una organización sindical empresarial que es la que sostiene al Gobierno de Larreta. Presentamos la denuncia en la comisaría y acá la respuesta fue ‘los echamos a todos’
Por otra parte, el pasado 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito desvinculados del Cuerpo con posterioridad a la cautelar de López Vergara, en un nuevo capítulo de esta saga.
“Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral», dice Arrechea.
La situación que atraviesan los agentes del Cuerpo de Tránsito dista mucho de ser la ideal desde hace mucho tiempo. Su precaria situación laboral se conoció luego de que en la madrugada del 8 de septiembre de 2019, Cinthia Choque muriera durante su horario laboral tras ser atropellada por Eugenio Veppo, quien también hirió de gravedad a otro agente, Santiago Siciliano. “Esa noche, Cinthia y Santiago ya no estaban parando autos porque se habían cortado los controles desde supervisión: ya no había lugar en las playas de acarreo”, cuenta Dávolos, quien también era amigo de las víctimas. “Pero los chicos quedan ahí parados en la calle, no los dejan ni subirse al móvil ni subirse a la vereda. Se tienen que quedar ahí como una especie de campaña de márketing”, agrega. Una exposición que es doblemente peligrosa cuando los trabajadores no cuenta con ningún tipo de cobertura por parte de la Dirección de Tránsito: ni ART, ni obra social, ni posibilidad de licencias médicas debido a su condición de monotributistas, es decir, de trabajadores sypuestamente“independientes”.
A partir de ese momento, lo que antes fueron quejas aisladas y puntuales se convirtió en un reclamo organizado. Comenzaron las movilizaciones, las asambleas y la unidad para denunciar las condiciones en las que trabajan. Sin embargo, en medio de una campaña electoral y con bastante presencia de los medio de comunicación, la respuesta del “Ejecutivo” -las autoridades de la Dirección de Tránsito- no se hizo esperar: “Primero nos sacan de la calle con la excusa de que durante una negociación no se podía cortar la calle”, relata Piera. “En la primera mesa de trabajo nos prometieron un montón de cosas, estábamos todos felices. Pero antes de que se lleve a cabo la segunda mesa, renuncia el director y asume el que hasta entonces era jefe de Operativos, que también es delegado de SUTECBA. Ahí hacen un negocio para ellos y a nosotros nos dejan afuera.” Lo que sigue, cuentan, es una serie de persecuciones y aprietes tanto en el ámbito laboral -suspensiones, cambio de horarios y funciones, acoso- como por fuera de éste e incluye amenazas de muerte, patotas y golpizas.
Verónica Báez, trabajadora en planta permanente que también forma parte de la lucha en contra de la precarización laboral, recuerda que anteriormente “otros compañeros intentaron organizarse en un sindicato distinto, pero fueron amenazados violentamente.” La frase “SUTECBA o muerte” logró disuadir a los demás agentes por un tiempo. “Nosotros teníamos muy en claro que no podíamos organizarnos. Pero todo tiene un límite, y la muerte es un límite. Cuando te dicen ‘SUTECBA o muerte’ era literal, nuestra compañera murió. Eso fue el detonante para querer organizarnos”, sostiene Báez. La afiliación en ATE no fue una opción hasta que, agotados todos los recursos propios y habiendo hablado con todas las personas posibles, el asesoramiento legal y laboral que ya recibían del gremio se convirtió en su base de resguardo.
La presión siguió en aumento, al punto que supervisores y coordinadores acudieron durante su horario laboral -como si estuvieran cumpliendo sus funciones- a una reunión de los trabajadores en Parque Chacabuco, en la que sacaron fotos y filmaron. “Se lo dije al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, porque esta cuestión es gravísima en el marco de la democracia, y dijo que iban a averiguar”, dice Arrechea. Pero esa averiguación prometida culminó en una lista de despedidos en la que se encuentran todos los fotografiados aquella tarde. “Ahí te das cuenta que en esa lista no está el justificativo. El justificativo es todo lo que venimos aguantando y que expusimos”, argumenta Dávolos. Los despidos fueron tan solo el paso final.
La lucha por la reincorporación no es menor, pero los trabajadores no quieren que esta situación corra del eje central la cuestión más importante: la precarización laboral. “Estamos en el año 2020 y estamos pidiendo derechos del 1900. ¿Cómo puede ser que a esta altura en la Ciudad de Buenos Aires -no un lugar perdido en el mundo-, un trabajador no tenga obra social, y no tenga una ART o el derecho a pasarse un médico?,” sostiene Báez.
Piera sostiene que “ya de por sí la condición de contratado es violencia pura porque la gente no sabe si al otro día va a tener trabajo o no, hay dependencia total de la persona que te contrata y así no se puede proyectar nada.” Por otra parte, y si bien el Cuerpo de Tránsito aporta el mayor caudal de ingresos al gobierno después de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), los trabajadores de esta dirección son los peores pagos entre los trabajadores municipales de la Ciudad, tal como sostiene Arrechea. A esto se le suma que pueden llegar a no cobrar durante enero, febrero, marzo y, en ocasiones, abril. “Interrumpen la facturación, que es por una cuestión fiscal para que no salte la relación de dependencia encubierta”, explica Dávolos y añade: “Si facturás los doce meses durante cuatro años, como es mi caso, claramente hay una relación de dependencia. Estás completando el ciclo anual de facturación al mismo ente una y otra vez y seguís siendo monotributista.”
Según Báez, también “hay que ver lo político y lo económico en cómo está armado el Cuerpo de Tránsito para que las cosas no cambien”. Desde lo político, “algo importante es qué hace el gobierno de la Ciudad, por qué decide contratar”. “No es solo una cuestión burocrática, es una manera de presionarte, diciéndote y amenazándote con que no te van a renovar el contrato. Entonces, si a vos te piden hacer mil multas, lo vas a hacer por el miedo de quedarte sin trabajo. Es una pistola en la cabeza”, expresa la agente.
Otra cuestión de gravedad que denuncian es la utilización de los agentes de Tránsito como militantes políticos por parte del gobierno y del PRO. “Si superabas los 45 días por médico que tienen los monotributistas y, por alguna razón, tenías que faltar, te daban los días a cambio de que fueras a timbrear. Una persona que hacía política para el PRO o que es afín al gremio y al poder tiene franco”, cuenta también Báez, y Dávolos agrega: “Hay gente que se jacta de que recibió la planta permanente por estar siempre presente en el timbreo y de que ‘vos sos un boludo’, te lo dicen así.” Es de este modo que “una persona que va a timbrear los fines de semana y que entró hace dos años tiene más derechos que Cinthia, que falleció estando seis años y medio como monotributista.” “Hicieron clientelismo con los recursos que nosotros habíamos conseguido en nuestra lucha. Hay clientelismo y corrupción”, resume Piera.
Respecto de los motivos económicos, la recaudación supone el objetivo principal y la contracara de la presión sobre los trabajadores en términos de productividad. “Ellos no quieren funcionarios públicos, no solo por el tipo de contratación y la plata, sino porque no quieren personas que estén a favor del ciudadano y que ayude en lugar de recaudar”, sostiene Báez, una de las pocas agentes en planta permanente que no es administrativa, sino que trabaja en la calle.
Es por esto que, a pesar de que entre las funciones del trabajador de Tránsito esté el “aportar para cesar la falta y prevención de la falta”, es decir, participar en la educación vial más allá de lo meramente punitivo, desde el Gobierno y la Dirección están lejos de promover este tipo de acciones. “La política de los jefes es esconderte porque ellos lo que quieren es la multa, la plata”, sostiene Piera.
“Eso es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos llenó de luces la avenida Corrientes pero resulta que genera una ciudad profundamente injusta. Por afuera muchas luces y mucha sonrisa, y por dentro están los trabajadores en esta situación,” expresa Arrechea, para quien la situación está lejos de resolverse debido al cerco mediático: “A todo tipo de medios le aporta Larreta para poder sostener un gobierno como este.”
Por su parte, los trabajadores despedidos y los agremiados a ATE continúan en lucha, a la espera de que se cumpla del fallo de Liberatori. “Nosotros creemos que es prioridad el puesto de trabajo, más en un momento tan difícil como el que está atravesando el país, y aún más después de una relación de dependencia durante tanto tiempo, de manera encubierta, y con una limitación de derechos básicos que asquea”, sostiene Dávolos. También convocaron a una concentración el lunes 3 de febrero para exigir la inmediata reincorporación de los despedidos y continuar con los reclamos por mejora en los derechos laborales.
