May 4, 2021 | Comunidad, Novedades
El 5 de mayo se celebra el día internacional de la celiaquía, enfermedad que se estima que afecta a un 1.6% de la población mundial. Según la Asociación Argentina de Celiaquía la padecen más mujeres que hombres y tanto niños como adultos.
“La celiaquía es una enfermedad autoinmune que se da generalmente en pacientes que ya tienen una predisposición genética y desarrollan una reacción inflamatoria en proteínas que están presentes en el trigo, avena, centeno y cebada (TACC)», explica María Laura Moreno, gastroenteróloga experta en celiaquía. «Esto genera una atrofia en el intestino delgado”, resume la médica del Hospital Carlos B. Udaondo de CABA.
Los pacientes pueden tener síntomas «relacionados al aparato digestivo pero también, al afectarse la absorción de nutrientes, es posible que aparezcan síntomas como falta de calcio, anemia, osteoporosis, lesiones en la piel u otras enfermedades autoinmunes como hipo o hipertiroidismo” detalla Moreno.
Carolina Rocha es celíaca y creadora del sitio web Aglutenados, en el cual difunde una guía de productos libres de gluten, además de notas y entrevistas para la comunidad celíaca: “A los 40 años me diagnosticaron, yo venía con una anemia grave, con inyecciones de hierro. Una vez que dejé de comer gluten mi salud mejoró contundentemente, fue casi magia”, recuerda y agrega: “Siempre fui muy agradecida por no tener que tomar pastillas y que sólo una dieta pueda mejorar mi salud”.
En los últimos 20 años, las herramientas médicas para el diagnóstico han evolucionado, como así también el conocimiento sobre esta enfermedad. “Hay más diagnósticos porque hay más información, hoy ya se sabe que la enfermedad puede aparecer en la primera infancia o desarrollarse en la edad adulta, y que no sólo hay que indagar en síntomas digestivos para relacionarlos con la celiaquía”, sintetiza la gastroenteróloga experta.
La Asociación Argentina de Celiaquía (ACA) nació en 1978 en la ciudad de La Plata, y desde ese entonces trabaja para brindar atención, información y capacitación a la comunidad. Mariana Holgado, miembro de ACA, comenta que el objetivo principal es “la asistencia al celíaco y a su familia a partir del diagnóstico”. Además, realiza talleres y charlas que, a raíz de la pandemia, tuvieron que adaptarse para continuar en formato virtual. “Si bien ya teníamos una plataforma digital, desde que comenzó la pandemia triplicamos la actividad, y lo positivo es que pudimos llegar a un montón de personas y lugares tanto del interior como del exterior del país” comenta Holgado.
«No sabe la diferencia entre comida para celíacos y comida ´gluten free´. No es seguro sólo quitar el gluten del plato».
De las actividades que brinda ACA de manera virtual, las más concurridas son las clases de cocina y el taller de recién diagnosticados, con más de tres mil personas conectadas en el canal de Youtube o Facebook. “La gente está muy activa en las redes sociales”, reconoce Holgado. También, ella cuenta que, entre mails y mensajes de redes sociales, reciben aproximadamente, contestas cerca de cien inquietudes por día.
La Ley Celíaca en Argentina
En el 2009 se sancionó la Ley Celíaca 26588 que se reglamentó en el 2011. Entre otros puntos, propone que se declare de interés nacional la atención médica y capacitación profesional en la detección temprana del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad como así también su difusión y acceso a los alimentos libres de gluten.
En el 2015 esta ley se modificó por la 27196, la cual todavía no está reglamentada. Lo que agrega es la obligatoriedad del sector gastronómico a ofrecer al menos un menú libre de gluten y también la rotulación con el logo «Sin tacc» en los alimentos. Mariana Holgado nos explica que, “es complejo reglamentar y obligar a todo el sector gastronómico a tener un menú, especialmente porque hay lugares que no tienen la infraestructura ni el dinero para ofrecer un plato seguro, además hay que dar capacitaciones y controlar”. Para que un menú sin gluten sea seguro, durante la preparación del mismo no debe haber contaminación cruzada con ningún alimento con gluten, y además se debe tener especial cuidado con utensilios, bandejas de hornos, tostadoras, etc.
“La pandemia dejó todo en pausa, porque quien tiene que reglamentar la ley es el Ministerio de Salud y ahora está en emergencia sanitaria. Además, creo que esto va a llevar más tiempo porque el sector gastronómico está muy golpeado y no sé si podemos exigirle más protocolos y obligaciones”, reflexiona Holgado, aunque también considera como opinión personal, que los protocolos utilizados para la pandemia, pueden ayudar a pensar el menú para celíacos, por algunos cuidados como el lavado de manos o utensilios.
«Con la pandemia, el sector gastronómico quedó muy golpeado, no sé si podemos exigirle más obligaciones”, dice Holgado.
La moda gluten free
La doctora especialista en enfermedad sin gluten cuenta que “hay muchas personas que sin saber si son celíacos, adoptan una dieta libre de gluten porque creen que eso va a mejorar los síntomas digestivos, bajar de peso o mejorar el rendimiento deportivo: se convirtió en una moda”. Hay quienes asocian al gluten un malestar digestivo, pero en verdad las causas pueden ser otras. “El intestino es un órgano que cada vez es más estudiado, como así su digestión, flora intestinal y las bacterias. Entonces, puede haber múltiples causas por las cuales el ecosistema se altera”, aclara Moreno y remarca la importancia de consultar con los médicos especialistas para descartar enfermedades y dar con el diagnóstico indicado.
Rocha considera que la moda «gluten free» no ayuda al celíaco. “Confunde al personal de gastronomía con los cuidados sobre la contaminación cruzada, porque no sabe la diferencia entre comida para celíacos y comida gluten free. No es seguro para nosotros si sólo se quita el gluten del plato, entonces, por un lado, visibiliza la situación, pero por otro lado confunde. Es un arma de doble filo”, explica la creadora de Aglutenados.
La Asociación Celíaca Argentina junto con la ANMAT trabajaron en una guía de recomendaciones para el sector gastronómico, allí plantean todos los escenarios para ofrecer un menú apto celíaco. “Hay que estandarizar lo que implica un menú seguro, porque hoy hay muchos que ofrecen un plato ‘sin tacc’, pero no sabemos de dónde sacan la información”, considera Holgado y agrega que “la reglamentación de la ley va a ayudar a esto y se les va a pedir a los restaurantes que utilicen esta guía”.
Precios cuidados celíacos:
La cuestión de los precios y el acceso a los alimentos libres de gluten es otra temática problemática para los celíacos. “Nos cuesta encontrarle la vuelta al tema”, explica Holgado, y agrega que, “es notorio que los productos celíacos son más caros con respecto a aquellos que no lo son, pero el otro problema es la disparidad de precios entre los mismos productos celíacos en todo el país”.
Por eso, el programa de precios cuidados celíacos ayuda a que se estandaricen los precios en todos los supermercados a nivel nacional. Sin embargo, desde la Asociación advierten que algunos de los productos que están dentro del plan son los más caros entre los productos celíacos: “No son los productos que necesitamos que estén en los precios cuidados. Hay una harina sin gluten dentro del programa que el kilo está 580 pesos, cuando en dietéticas hay de otras marcas que cuestan 200 pesos”, resume Holgado.
«El harina sin gluten, en Precios Cuidados, cuesta 580 pesos el kilo, en dietéticas hay otras marcas a 200”, señala Holgado.
Todos los años la Asociación Celíaca Argentina hace un relevamiento de precios: “No hay una diferencia uniforme de los valores de los alimentos celíacos con respecto a los no celíacos”, cuenta Holgado. El último relevamiento realizado en mayo del 2020 dice que, con respecto al precio de un kilogramo de harina, la celíaca está un 400% más elevada que la de trigo; en pastas o fideos secos hay una diferencia del 100%, pero en relación a premezclas para bizcochuelo existe un valor de 15% arriba.
Marina Holgado explica: “Nunca va a salir lo mismo una harina de trigo que una premezcla de harinas sin gluten, porque los costos de producción son más caros, pero lo que sí podemos discutir es que la diferencia sea de un 400%”.
Para intentar dar un respiro a los celíacos con respecto al acceso de sus productos aptos, hay beneficios de asistencia a celíacos en situación de vulnerabilidad en los ministerios de Desarrollo Social de cada distrito. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, existe la tarjeta verde que consta de la entrega mensual de 2.000 pesos para aquellos celíacos sin obra social. Desde la Asociación Celíaca Argentina, también entregaron bolsones de alimentos durante el 2020 para 135 familias y 16 comedores y merenderos.
“Falta mucho por hacer: mayor información en algunos médicos, despertar el interés en la patología, quizás en las autoridades para controlar los productos libres de gluten; también poder crear grupos interdisciplinarios para atender a los pacientes de esta enfermedad, como nutricionistas o psicólogos, en todo el sistema de salud”, reflexiona la gastroenteróloga del Udaondo. Rocha adhiere y agrega: “Yo siempre digo que la comida es importante pero también el encuentro con amigos, la familia, los celíacos tenemos que estar alerta con la comida y encontrarle la vuelta. Somos una comunidad muy solidaria y dispuesta a compartir información”.
Jun 4, 2019 | Comunidad, Novedades
«Si vos mismo no te la estás creyendo, ¿cómo vas a convencer a alguien de que esto es válido y de que tiene algún efecto?», dice la economista Mariana Fernández Massi.
Una lista de 64 productos considerados “esenciales” para la mesa de los argentinos con precios congelados por seis meses. De esta manera se presentó el plan que propuso el actual gobierno para atemperar la inflación. La lista incluye lácteos, bebidas con y sin alcohol y productos de almacén como galletitas, fideos, azúcar, arroz, entre otros. Ya a los pocos días de su lanzamiento, surgieron muchas dudas acerca de la eficacia de su implementación y de cómo funciona esta medida en el contexto de una crisis de dimensiones. ANCCOM dialogó con diferentes economistas para que brinden su mirada, como también con algunos clientes que se acercan a los supermercados en búsqueda (a veces infructuosa) de esos artículos.
Al recorrer varios comercios adheridos a este plan, se observó que, por el momento, los precios de los productos (si es que se encuentran) coinciden con la lista publicada en el sitio del Ministerio de Producción y Trabajo. Alejandro Robba, economista y vicedecano de la Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Moreno, advierte que «un congelamiento de precios puede ser útil en el corto plazo, no puede pasar más de uno o dos meses.
Una de las principales dificultades que presenta el programa “Precios Esenciales” es el faltante de stock. Por caso, durante la recorrida realizada en el supermercado Coto de Moreno, ANCCOM pudo rastrear, por ejemplo, la falta de productos descremados en las góndolas de los lácteos. O la mermelada La Campagnola, entre otras marcas, fue otra de las mercaderías que no se encontraba en ningún supermercado de la zona, entre ellos Chango Más y Día, también de Moreno y Carrefour, de General Rodríguez.
Romina tiene 35 años y vive en la localidad de Francisco Álvarez. Cuenta que para ella “Precios Esenciales” no hay. “Yo prefiero ir a los chinos porque los precios son más baratos. En mi opinión, el impacto del plan no se ve ni tampoco sirve”. Por su parte Margarita, de 73 años y jubilada que cobra el haber mínimo, dice: «No pongo mayor atención a los ‘Precios Esenciales’, todo está muy caro y cada día peor».
«No pongo mayor atención a los ‘Precios Esenciales’, todo está muy caro y cada día peor», advierte Margarita, de 73 años.
La fiscalización del programa es una herramienta fundamental. Sin embargo, no funciona correctamente. Mariana Fernández Massi, economista e investigadora en Sociología y Economía del trabajo, afirma: “Yo estoy muy a favor de los controles de precios, me parece que son un instrumento súper válido en una política económica. Pero para que tengan fuerza como tales, requiere que haya una política pública en serio detrás de esos planes y eso significa un esquema un poco más parecido a lo que era tradicionalmente Precios Cuidados”. En este punto también coincide el economista Robba, quien cree que “Precios Esenciales sería una política interesante aunque sea por una canasta muy pequeña de alimentos. El problema es que no están bien publicitados ni sabemos dónde están. Me parece que si uno habla de ‘Precios Cuidados’, algo similar pero con una cobertura mucho mayor, este no era un congelamiento sino que se analizaron los costos de esos precios y se los iba aumentando lentamente. Era un precio de referencia”.
De acuerdo con un informe reciente elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el 49% de los artículos no estaba en las góndolas de 30 ciudades de la provincia, mientras que de los registrados, había poco stock.
En cuanto a la señalización, el 67% de los productos no estaba indicado con el correspondiente cartel “Precios Esenciales”, como tampoco estaban a la vista de los clientes. Pablo Tavilla, economista y director del Departamento de Economía y Administración de la UNM, sostiene que “esto tiene muchos visos de algo que este gobierno ha puesto mucho énfasis y que ha tenido mucho éxito que es trabajar los medios, la información pública, el debate público y habilidad para desviar la atención. Esto de ‘Precios Esenciales’ se parece mucho a eso”.
Esta medida fue lanzada en el momento donde se habían comunicado los datos de inflación. No obstante, la poca convicción del gobierno en este tipo de herramientas condiciona al plan. “Hay una cuestión muy básica con las políticas públicas: si vos mismo no te la estás creyendo, ¿cómo vas a convencer a alguien de que esto es válido y de que tiene algún efecto? El gobierno mismo cuando anunció esto, lo hizo diciendo que no cree en el control de precios”, concluye Massi.
«Este fue otro anuncio para ganar tiempo», subraya el economista Alejandro Robba.
Otra objeción importante es que entre los productos de la canasta “Precios Esenciales” no existe una verdadera diversificación de marcas y bienes como sí había cuando se implementó “Precios Cuidados”. No hay pañales, artículos de limpieza o de higiene personal, como tampoco incluye pollo, verduras, frutas ni pescado fresco. Además, los supermercados chinos y los comercios de barrios no se encuentran adheridos al programa. Entre las empresas proveedoras de los productos seleccionados podemos citar a Ledesma, Arcor, Molinos Río de la Plata, Bunge Argentina, Bodegas Norton, Morixe y Bagley entre otras, las cuales evidencian que el mentado «acuerdo de caballeros» fue, en verdad, un mero convenio con empresarios oligopólicos que no están dispuestos a sacrificar rentabilidad.
“Este fue un anuncio para ganar tiempo, pero en la realidad, el programa Precios Esenciales, no existe” afirma Robba. La falta de control, el limitado stock de productos y su escasa visibilización son los grandes problemas de esta medida. Entonces, ¿estamos realmente frente a un “plan de alivio” o acaso se acerca más a una estrategia solamente comunicacional?
Abr 5, 2016 | inicio
Entre el mito del arma sobre la mesa de la gestión de Guillermo Moreno y la confianza en la buena voluntad de los empresarios que proclama el gobierno de Cambiemos, la Secretaría de Comercio desarrolló desde 2013 hasta finales de 2015 diferentes programas para el control de precios y la protección de los consumidores que, en las últimas semanas, fueron desmantelados con despidos masivos en el área.
Por estos días circulan por las redes sociales videos que retratan la reducción de personal que ya afectó a 400 trabajadores. El modelo se repitió en dos oportunidades, en diciembre y marzo: un supuesto gerente de elegante sport sale de su oficina a encontrarse con la multitud de trabajadores, a punto de ser despedidos algunos, con la noticia confirmada otros. Al principio silencio y brazos cruzados, hasta que los primeros se animan con voces entrecortadas que desafían al poder. Una de las chicas sale del grupo y la cámara gira hacia ella:
– Desde el 10 de diciembre en esta Secretaría no se homologó un sólo acuerdo, no se pagó una sola…
– No se pagó ni una sola multa –la interrumpe otra, completando la idea- porque vienen las empresas y dicen ‘informen un CBU, quiero pagar la multa, ¿dónde deposito la plata?’ ¿Y qué se le contesta? Que en el proceso de cambio de cambio de Ministerio responsable, de Economía a Producción, no tuvieron en cuenta las cajas. No hay una caja donde depositar la plata, por eso no se cobran las multas…
https://www.youtube.com/watch?v=nnAAKGEujkQ&feature=youtu.be&t=3m28s
Las multas del diálogo son los cargos que las empresas deben -o debían- pagar cuando la Justicia falla en contra de una compañía en una mediación por incumplimiento en acuerdos de precios. Esas multas se enmarcan en el programa de consumo protegido, uno de los planes cuyo equipo de trabajo fue desarticulado por la gestión macrista. Y tienen historia.
“El gran avance en materia de defensa de los derechos de los consumidores fue la sanción de la Ley que crea el Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo, que dio lugar al programa Consumo Protegido”, explica el ex secretario de Comercio Interior Augusto Costa, en diálogo con ANCCOM.
El programa creó un mecanismo rápido y eficaz de conciliaciones obligatorias ante conflictos relacionados con actos de compra-venta de bienes y servicios.
“El principal objetivo de nuestra gestión fue dotar de mayores herramientas a los consumidores para que puedan ejercer plenamente sus derechos. Hay que tener en cuenta que durante la década del ´90 millones de argentinos fueron marginados de los circuitos de producción y consumo y vieron disminuida su capacidad de hacer valer sus derechos ante los abusos empresarios”, completa el ex funcionario.
Las denuncias en la Secretaría del Comercio por incumplimiento de los empresas habían pasado de 1000 a 50 mil en menos de un año.
A cargo del área desde noviembre de 2013 hasta el final de la gestión kirchnerista, Costa asegura que “en menos de un año, las denuncias en la Secretaría de Comercio respecto a incumplimientos por parte de las empresas pasaron de 1000 a más de 50 mil, lo que muestra el gran éxito que tuvo el sistema.” Y subraya: “Los consumidores comenzaron a discutir cara a cara con las empresas”.
El programa “Precios Cuidados” fue una de las grandes víctimas de la nueva política de vaciamiento en el área. El plan contemplaba un acuerdo tripartito entre proveedores, cadenas de supermercados y Secretaría de Comercio para garantizar el abastecimiento de ciertos productos a un precio determinado y con una renovación trimestral. “Con los diferentes programas de Precios Cuidados (supermercados, almacenes y comercios de barrios, motos, construcción, telefonía celular) los consumidores recuperaron referencias de precios para poder tomar sus decisiones de consumo”, resume Costa a esta agencia.
En su inicio, el 6 de enero de 2014, el programa contaba con 194 productos pertenecientes a 60 empresas. Para diciembre de 2015, la canasta llegaba a 512 productos de 112 compañías proveedoras. Hoy, el convenio bajó a 300 productos, pero no tiene relevadores ni inspectores que controlen que el acuerdo se cumpla.
También se reemplazaron algunas primeras marcas por segundas. Es el caso de la leche: hasta diciembre la marca que participaba del convenio era ‘La Serenísima’, con un precio de $10,50 el sachet. Una segunda marca (‘Santa Brígida’), fuera del programa, tenía un precio de $8,50.
En la última actualización y primera de la gestión de Miguel Braun, tras reemplazar la primera marca por la segunda que ingresó con un precio de $11,20 (+32%), se liberó el camino para que la primera marca (ahora fuera del programa) defina libremente su precio, hoy en $15,50, 55% por encima de su precio en diciembre.
Falsas promesas, empresas ganadoras
“En la transición entre una gestión y la otra se habló de la necesidad de mantener y extender estas herramientas, que ya se habían incorporado a la vida cotidiana de los consumidores”, recuerda Costa.
Sin embargo, la realidad posterior desmintió los acuerdos y promesas políticas. “Lamentablemente, las nuevas autoridades vinieron con otra idea y desarticularon o le restaron impacto a la mayoría de los programas, respondiendo más a la agenda empresaria y de las grandes corporaciones que a las necesidades y derechos de los consumidores”, subraya.
En los primeros 60 días del gobierno de PRO-Cambiemos, la Secretaría autorizó subas, sacó productos y marcas de convenio y despidió en dos etapas al personal, desde aquellos que se sentaban a negociar un precio con las empresas, hasta los que iban supermercado por supermercado a controlar la presencia de los productos en las góndolas y de los carteles que indican el “precio cuidado”.
El desmembramiento de la Secretaría de Comercio, incluido el programa de Precios Cuidados, se hizo en tres etapas. La primera fue, tras la renuncia de Augusto Costa y los directores nacionales, con el pedido de renuncia a subdirectores y directores de áreas.
Luego hubo dos etapas de despidos masivos. La primera fue el 15 de diciembre con la desvinculación de 150 empleados. La segunda se produjo el el miércoles 2 de marzo. Ese día -cuando fue grabado el video que rescata esta crónica- fueron despedidos otros 250 trabajadores. Algunos no estaban en el listado original, pero fueron despedidos días después por haber filmado o discutido con directores nacionales por el ajuste en la planta.
Uno de los despedidos de la segunda etapa es Guillermo Rabinovich. Es economista, tiene 32 años y trabajaba en la Secretaría de Comercio desde hacía cinco. A partir del nombramiento de Costa, tuvo a su cargo la negociación con algunas de las empresas que trimestralmente firmaban el acuerdo de un listado de precios. “En enero de 2014 se creó toda una estructura para gestionar y administrar el programa. Yo participaba de la negociación con empresas pero al mismo tiempo tenía otras tareas”, reflexiona.
Las funciones del equipo que trabajaba en Precios Cuidados eran múltiples: la negociación con las empresas, actualización del listado de productos y precios, la relación con las cadenas de supermercados y de un sistema llamado “Alerta temprana” que permitía a los supermercados poner un sustituto cuidando el precio de convenio, ante una falta de abastecimiento. El equipo de relevadores e inspectores era otra pieza fundamental: tenía poder de policía para multar fallas en la señalética, desabastecimientos no informados o cualquier incumplimiento del convenio.
En los primeros 60 días del gobierno de PRO-Cambiemos, la Secretaría autorizó subas, sacó productos y marcas de convenio y despidió en dos etapas al personal.
“Hoy casi no existe ‘Precios Cuidados’ en todas sus variantes y el cumplimiento del limitado esquema vigente es muy pobre”, reflexiona Costa.
Y completa: “No existen inspectores ni relevadores de precios en las calles que puedan garantizar el cumplimiento de los acuerdos, eliminaron las normativas que obligaban a las empresas a informar los cambios en los precios; y se frenó el programa Consumo Protegido, que pasó de atender 300 casos diarios a menos de 20”.
Más allá del programa por el control de precios, las nuevas autoridades también discontinuaron otros planes clave como el de “Fiscalización de rótulos” que apuntaba a evitar que los consumidores sean engañados por pequeños cambios en las etiquetas y que obligaba a que un producto tenga por lo menos un 20 por ciento de la superficie de la etiqueta distinto al anterior.
También quedó sin aplicación el conocido como “SUBEneficio”, un convenio entre la Secretaría de Comercio y algunas empresas (comida rápida, cines, heladerías, indumentaria) para que ofrecieran descuento a los usuarios de la tarjeta SUBE (sistema único de boleto electrónico). Y tampoco sobrevivió el “Sistema Informático del Régimen Informativo de Precios” (SIRIP), un esquema de monitoreo de la cadena de valor de los productos de consumo masivo que permitía saber de forma aproximada cuál era el costo de producción de algunos productos y, en la comparación entre ese costo y el precio de venta al consumidor, evitar los márgenes abusivos. La Dirección Nacional de Precios, a cargo de este programa, también fue desintegrada.
El nuevo gobierno también desmanteló el denominado “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo” (COPREC) que buscaba articular un sistema de resolución de conflictos entre consumidores y empresas por compra de productos defectuosos o con fallas. El equipo fue desarticulado y los 12 mil reclamos acumulados y pendientes de mediación quedaron archivados.
Actualizado 05/04/2015
