Sep 20, 2017 | Trabajo
La dirección del Canal de la Ciudad desconoció un acuerdo firmado el 11 de julio con los trabajadores y la Dirección General de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad. El acuerdo buscaba generar un convenio colectivo que los equipare como trabajadores de televisión dentro de la planta. En protesta, los trabajadores desde hace dos semanas realizan ceses de actividades durante dos horas diarias y se reúnen en asamblea. El último día de agosto también realizaron un corte de calle frente al canal, para visibilizar el conflicto.
El reclamo de los trabajadores tiene dos cuestiones principales. La primera consiste en que se regularice el marco laboral, ya que en muchos casos realizan las mismas funciones pero tienen diferentes sueldos y diferente marco legal. La segunda es que se los considere trabajadores de televisión, ya que hasta el momento no perciben los derechos de su actividad específica, sino que están enmarcados bajo el Convenio de Trabajadores Administrativos.
El canal está conformado por 20 trabajadores de planta y por otros 130 trabajadores contratados, quienes brindan sus servicios como monotributistas, es decir que no perciben aguinaldo, jubilación o vacaciones. Los trabajadores de planta, a su vez, cuentan con estos derechos, pero su sueldo es muy inferior al de los contratados.
El canal está conformado por 20 trabajadores de planta y por otros 130 trabajadores contratados como monotributistas.
Mariana Gior, productora contratada en un programa del canal y delegada de la asamblea de los trabajadores, explicó a ANCCOM: «No se reconoce la relación de dependencia que hay entre un trabajador contratado y el Gobierno de la Ciudad. Si quieren pueden dar de baja el contrato, sin previo aviso y sin motivo porque no hay nada que diga lo contrario». Un ejemplo de esto es el caso de Fernanda Heredia, editora desde 2007 en el canal. Quedó embarazada en 2009 y la dirección del canal que estaba en ese momento le dijo que dejara de prestar sus servicios y que se volviera a presentar luego de su embarazo. Ella tuvo que hacer referencia a la Ley 3231 de 2009 que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aquellos que prestan locación de servicios para el Gobierno, en la que se le da el derecho a la mujer embarazada de la suspensión de sus servicios, con pago de la contraprestación convenida.
«No se reconoce la relación de dependencia que hay entre un trabajador contratado y el Gobierno de la Ciudad», explicó la delegada de la asamblea de los trabajadores.
Un trabajador de planta de hace muchos años, habló sobre la situación de los contratados: «Hay personas que hace años que trabajan para el canal, sin embargo siguen teniendo que facturar. El reclamo es regularizar la situación. Actualmente tenemos distintos derechos pero las mismas obligaciones. Un ejemplo: hay dos camarógrafos en un programa y uno cobra como planta y otro como contratado. Esta discusión viene desde hace años». El mismo trabajador también explica que la precarización no es sólo de ahora, viene desde varias direcciones anteriores y nunca se solucionó. «Nosotros a esta gestión del canal le reconocemos que lo puso en marcha. Con la dirección anterior estaba estancado, y hace muchos años, ni bien asumió (Mauricio) Macri, hasta se había pensado en cerrar. Hoy en cambio, el canal cada vez incorpora más gente y programación. Pero la precarización es la misma que con las direcciones anteriores, lo negativo es la regulación que se mantiene».
El segundo reclamo, que arrastran desde hace diez años, es que dentro de la estructura organizativa no se los considera trabajadores de televisión. Como el canal se enmarca dentro de la estructura gubernamental, se lo considera una administración más. «El canal figura dentro de una Dirección General. Es un último escalafón de la estructura, algo muy pequeño. No tenemos la categoría de un canal de televisión. No se consideran las tareas específicas que hacemos. Somos considerados trabajadores municipales. Pero acá hay cámaras, productores, asistentes de cámara, coordinación y tareas específicas de un canal de TV. No hay otra área del Gobierno donde se realicen estas tareas», expresó la delegada Mariana Gior. Esto además impide que reclamen derechos propios de trabajadores de televisión, como por ejemplo, poder afiliarse al Sindicato de Trabajadores de Televisión (SATSAID). Actualmente están en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Fernanda Heredia contó que una vez quiso presentar una ficha de asociación voluntaria al SATSAID y se la impugnaron. El delegado de base de SATSAID dijo que a lo largo del país la mayoría de los canales de las ciudades tienen criterio de canal de televisión, que la situación de la ciudad no puede darse como se presenta actualmente.
Los trabajadores reclaman que dentro de la estructura organizativa no se los considera trabajadores de televisión.
Otro punto que preocupa a los trabajadores es que el lugar asignado para el Canal de la Ciudad en la grilla de la Televisión Digital Abierta (TDA) todavía no se ha usado, y solo pueden mirar la señal los abonados al cable. Buscan que esta situación también se regularice, ya que el canal se paga con los impuestos de los porteños, por lo que no tendrían que tener televisión paga para poder verlo. Uno de los trabajadores más antiguos del canal, resume el reclamo: «Estamos luchando por tener un convenio televisivo».
Uno de los trabajadores más antiguos del canal resume el reclamo: «Estamos luchando por tener un convenio televisivo».
Actualizada 19/09/2017.
Oct 6, 2015 | inicio
Un parlante y un micrófono están dibujados en la pared de un pabellón donde reina el más desolador de los silencios. Los pacientes deambulan sin ir a ningún lado por escaleras sin barandas y pasillos tapizados de vidrios astillados, al alcance de cualquiera. Así está hoy el Hospital de Salud Mental J.T. Borda, el mismo en el que el 26 de abril del 2013 se produjo un hecho sin precedentes en la historia sanitaria argentina. Ese día, a contramano de una decisión judicial, se dispuso la demolición del Taller Protegido N°19 y miembros de la comunidad terapéutica intentaron protestar para impedirlo. La Policía Metropolitana avanzó contra ellos con una feroz represión que incluyó golpes, gases lacrimógenos y disparos a quemarropa con balas de goma. Como consecuencia del atropello, resultaron cincuenta heridos entre los que se encontraban pacientes internados, sus familiares, médicos, enfermeros, administrativos y periodistas que estaban cubriendo el hecho. A más de dos años de lo sucedido, a la falta de respuesta de las autoridades y de resarcimiento por lo acontecido, proliferan los reclamos de falta de materiales, infraestructura y ausencia de nombramientos necesarios para sostener los servicios.
Así está hoy el Hospital de Salud Mental J.T. Borda, el mismo en el que el 26 de abril del 2013 se produjo un hecho sin precedentes en la historia sanitaria argentina.
Daniel Taborda trabaja hace diez años en el Servicio 30 de Admisión y tiene a su cargo una decena de pacientes en riesgo. El enfermero califica la situación actual del hospital como en estado de desidia total y de abandono general de las instalaciones.
¿Cómo es trabajar hoy en día en el hospital?- le preguntó ANCCOM.
–Es muy complejo, la falta de enfermeros es letal. La ley dice que cada siete pacientes tiene que haber un enfermero; nosotros somos dos cuando tendríamos que ser cuatro. El predio cuenta con 16 hectáreas y, por ejemplo, hay un médico clínico para todo el hospital. Cuando lo llaman de un servicio a otro, tiene que evaluar la situación, según lo que le dicte el enfermero, para ver a quién atiende primero.
Si bien es de conocimiento público su especialización en psiquiatría, el Borda cuenta, además, con diversos servicios abiertos a la comunidad. Como en cualquier hospital, los usuarios podrían realizarse cirugías, sesiones de kinesiología, estudios en el laboratorio de análisis clínicos y prácticas odontológicas. Todos estos servicios serán cerrados en 2020, según el acuerdo realizado entre el oficialismo porteño y el nacional plasmado en la Ley 4.473, el 20 de diciembre de 2010, la cual prevé transformar el sistema de salud mental y prohibir la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes.
«El predio cuenta con 16 hectáreas y, por ejemplo, hay un médico clínico para todo el hospital. Cuando lo llaman de un servicio a otro, tiene que evaluar la situación, según lo que le dicte el enfermero, para ver a quién atiende primero» cuenta Daniel Taborda, enfermero del Hospital.
“Acá, como en cualquier hospital de la Ciudad, la gente puede atenderse con un médico clínico. Lo que pasa es que eso no se difunde. Están cerrando los servicios como maniobra de vaciamiento, para el posterior cierre en 2020. Los pacientes psiquiátricos también sufren descompensaciones de todo tipo, como padece cualquier persona en otro hospital. El abandono es total, no contamos con los elementos necesarios”, señala Taborda.
Con la Resolución 1657/13 el Gobierno porteño puso en marcha un plan de reducción de suplencias de guardias, afectando a 1.500 trabajadores y precarizando la atención primaria de salud. Manuel Galvalisi, médico psiquiatra del hospital, insiste sobre la política reduccionista que afecta el servicio y realza la precarización laboral. “Con este último Gobierno pasamos de depender de la Nación a la Ciudad. En ese momento empezaron a haber problemas en los nombramientos. Ya no somos la cantidad de personal necesaria por la estructura. No se repone el cargo de la persona que se jubila y los pocos que quedamos nos estamos repartiendo. Cuando pertenecíamos a la Nación, teníamos la libertad de formar profesionales de acuerdo a la necesidad del hospital; ahora, es cada vez más difícil. Para entrar a una concurrencia, por ejemplo, tenes que dar un examen, exigen una determinada cantidad de horas trabajadas, hay que sacar un seguro de mala praxis…. Se puede hacer un hospital más ágil con integración a la comunidad, pero lamentablemente el capital humano se está perdiendo. Muchos profesionales están siendo absorbidos por el sistema privado y hay gente que se encuentra dispuesta a trabajar en forma gratuita con tal de formarse en una institución que siempre fue mirada con orgullo.”
“Se puede hacer un hospital más ágil con integración a la comunidad, pero lamentablemente el capital humano se está perdiendo. Muchos profesionales están siendo absorbidos por el sistema privado y hay gente que se encuentra dispuesta a trabajar en forma gratuita con tal de formarse en una institución que siempre fue mirada con orgullo”, dice Galvalisi
El 28 de diciembre de 2014 los legisladores María Elena Naddeo y Aníbal Ibarra presentaron un amparo en la Cámara en lo Contencioso Administrativa solicitando la paralización de la construcción del Centro Cívico en el predio del Hospital Borda, impulsado por el Gobierno de la Ciudad. “El artículo 21 inciso 12 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires afirma: ´Las políticas de Salud Mental, reconocerán la singularidad de los asistidos por su malestar psíquico y su condición de sujetos de derecho, garantizando su atención en los establecimientos estatales´. Destruir el Taller Protegido N° 19 fue leído por la comunidad como un avasallamiento de los Derechos Humanos que dicha Ley consagra,” señala Naddeo.
El Gobierno de la Ciudad plantea la apertura de centros de día ambulatorios con el fin de fomentar la inclusión del paciente en sociedad, ¿Cuál es su opinión al respecto?- preguntó ANCCOM a Naddeo.
Durante ocho años de gestión, el Gobierno de la Ciudad solamente puso en funcionamiento un Centro de Medio Camino o Residencia Protegida y un espacio para niños o adolescentes con situación grave de salud mental para externarlos del Hospital Tobar García. Los centros ambulatorios y los hospitales de día, así como las salas en los hospitales generales, prometidos un año atrás por la Legislatura porteña no han sido concretados.
¿Qué expectativa tiene con el próximo gobierno?
El próximo gobierno avizora mantener los mismos principios privatistas y conservadores en la gestión de salud y educación. Tendremos que desarrollar una estrategia de unidad de los sectores gremiales académicos y profesionales comprometidos con el derecho a la salud como derecho social garantizado por el Estado para encarar acciones que generen la adhesión de la comunidad.
