Jun 10, 2016 | inicio
El oficialismo macrista en la ciudad de Buenos Aires consiguió ayer aprobar en la Legislatura la ley de creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, que establece el traspaso al nuevo ente de los terrenos de dominio público para el impulso de obras de infraestructura, que se descuenta serán llevadas a cabo por empresas privadas. El proyecto fue sancionado con 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones. Como se preveía, teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el debate sobre el tema en los últimos meses, el Frente para la Victoria (FpV) se mostró dividido en el recinto y tres de los doce legisladores que conforman el bloque acompañaron el proyecto, mientras que siete lo rechazaron y los dos restantes votaron en abstención. Aún así, con el apoyo decisivo del espacio SUMA + -que en las elecciones de 2015 apoyó la candidatura a jefe de Gobierno del economista Martín Lousteau-, el PRO logró cumplir con la voluntad de su jefe en la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, y sancionar la ley. “Se trata de la confirmación de que está en marcha un modelo de planeamiento de la ciudad similar al de otros grandes centros urbanos del mundo, basado en la enajenación de patrimonio público para dar rienda suelta a la especulación inmobiliaria», afirmó Patricio Del Corro, legislador del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que votó en contra de la ley. Este paso legal se suma a otras iniciativas del macrismo para concretar la transferencia al capital privado de patrimonio de la ciudad, entre ellas la cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla al club Boca Juniors, tal como informó este medio en anteriores ocasiones.
La de ayer fue la segunda vez que fue votado el proyecto, que había sido aprobado en una primera instancia el 3 de diciembre de 2015; pero al tratarse de asuntos referidos a la desafectación de inmuebles de dominio público y proyectos de edificación, la Constitución de la Capital Federal exige su discusión a través de un procedimiento de Doble Lectura, que consiste en una segunda votación, previa realización de una Audiencia Pública no vinculante, en la que participen los sectores con intereses legítimos alrededor de la propuesta legal. Esa audiencia se realizó el 29 de marzo y más allá de que el tratamiento del proyecto era independiente de su resultado, la misma parecía en aquel momento favorecer un cambio en el curso del destino, porque al no reunir los votos mínimos para superar la instancia de la Doble Lectura, el PRO decidió retirar el tema de la agenda de la sesión del jueves 7 de abril. «El proyecto había quedado ‘reservado en secretaría’ para en cualquier momento ser tratado en el recinto y eso fue lo que pasó ayer. Nosotros pedíamos el ‘pase a archivo’, lo cual hubiera significado que la ley se caía», detalló Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y miembro de la organización Observatorio del Derecho a la Ciudad. Sorpresivamente, la iniciativa fue reflotada ayer y esta vez no fue posible postergar su sanción.
Si bien en el Anexo del texto legal sólo figuran dos inmuebles que pasarán a ser administrados por la Agencia de Bienes SE –el predio del Tiro Federal, ubicado en el barrio de Núñez, y el centro ferial “El Dorrego”, situado en Colegiales-, las organizaciones que resisten la normativa advierten que en realidad alcanza a todos los lotes de propiedad estatal. “Los legisladores que trataron este proyecto ni siquiera sabían cuántos terrenos de dominio público existían realmente en la Capital Federal. No había un inventario. El único relevamiento que existe lo hicimos nosotros”, advirtió Fabio Oliva, integrante del colectivo Buenos Aires No Se Vende, formado por varias agrupaciones que militan en defensa del espacio público de la ciudad. El listado en cuestión, al que accedió ANCCOM, incluye un total de más de 2.500 inmuebles organizados en las categorías “Edificios industriales”, “Galpones o tinglados”, “Locales (comerciales u oficinas)”, Propiedad Horizontal”, “Teatros”, “Terrenos”, “Viviendas con comercio” y “Viviendas unifamiliares”.
La letra de la ley reconoce entre las “funciones” de la flamante Agencia de Bienes SE la de “coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada” y detalla los planes que tiene reservados para los dos terrenos mencionados en el Anexo: el Tiro Federal se convertirá en el “Parque de la Innovación”, que, como define la norma, consistirá en un “centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología” en la ciudad de Buenos Aires; mientras que en “El Dorrego” el gobierno de Rodríguez Larreta pretende crear el “Centro Metropolitano Audiovisual”, para albergar a “los distintos sectores involucrados en la comunicación audiovisual: cámaras de productores; medios comunitarios; universidades y trabajadores de la comunicación audiovisual”.
Para concretar esos emprendimientos, la normativa admite que ambos predios serán licitados a través de un concurso público, del que surgirán las empresas adjudicatarias de la obra su construcción. Como ocurre cada vez que el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones decide desprenderse de parte de su patrimonio, la ley de Agencia de Bienes SE declara “innecesarios para la gestión” del gobierno de la Capital a los terrenos antes indicados. Sin embargo, desde Buenos Aires No Se Vende aseguran que el supuesto “carácter innecesario” de los terrenos fue definido por unos pocos actores, que representan intereses minoritarios. “Aunque se decidiera que una tierra pública fuera concedida para una inversión inmobiliaria de una empresa, lo correcto sería que esa decisión la tomaran las comunas, y en este caso, la iniciativa provino lisa y llanamente del Poder Ejecutivo”, insistió Oliva.
La cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla fue de las primeras iniciativas del macrismo para transferir el patrimonio de la ciudad a privados .
Una Audiencia histórica, pero que no alcanzó
“Esto se sabía desde el lunes pasado y se hizo toda la presión que se pudo para frenarlo”, se lamentó Oliva, arquitecto de profesión, pero comprometido de cuerpo y alma en la preservación de los espacios verdes de la ciudad, cada día más amenazados de extinción. Su actividad lleva ya más de 25 años, cuando comenzó con la lucha para proteger cada uno de los metros cuadrados que dan vida al Parque Avellaneda. Junto con varias agrupaciones vecinales que se especializan en problemáticas similares -Queremos BA, Los Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler, el Observatorio de Derecho de la Ciudad, el Movimiento Comunero, entre otros- formaron colectivo Buenos Aires No Se Vende, con el objetivo de articular la oposición desde la sociedad civil al proyecto de ley de Agencia de Bienes Sociedad del Estado.
“Nos unió el espanto contra esta ley”, confiesa, aunque se muestra satisfecho por el funcionamiento exhibido hasta ahora por la comunión de las organizaciones barriales. El 29 de marzo último, en el marco de la Audiencia Pública exigida por la Constitución de la Capital Federal, se produjo lo que Oliva definió como “un gran triunfo”, que luego se traduciría en la decisión del oficialismo de postergar el tratamiento en Doble Lectura del proyecto de ley, que estaba previsto para diez días más tarde. “Fue una Audiencia Pública con una inscripción de 200 personas, lo que no es común en este tipo de acontecimientos. Las exposiciones fueron organizadas previamente por BA No Se Vende, hubo más de 100 y ni una sola a favor del proyecto”, describió Oliva, quien definió el evento como “un acto político contundente”.
Por su parte, Baldiviezo recordó que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se presentó un recurso legal para evitar que la audiencia se realizara porque, según argumentó, “no había suficiente información para las partes” sobre los alcances reales de la norma, pero la respuesta fue negativa. También alertó acerca de que nunca se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, a la hora de llevar adelante obras de desarrollo de infraestructura en terrenos de amplia extensión. De hecho, tal como consta en la Ley N° 123 de la Ciudad de Buenos Aires, debe cumplirse con las diferentes etapas del procedimiento técnico correspondiente hasta llegar al Certificado de Aptitud Ambiental, que autoriza la puesta en marcha de las obras. No obstante, Baldiviezo cree que existe un inconveniente con la reglamentación: “La ley dice que los informes deben hacerse siempre antes de la ejecución de las obras, no antes del proceso de legislación lo cual produce un desfasaje, porque mientras se llevan adelante el proceso legislativo y la Audiencia Pública, hay un tiempo valioso que se pierde, ya que si se practicaran los informes de impacto ambiental desde el momento inicial quedaría claro inmediatamente si el proyecto es viable o no”.
Para Del Corro, la ley no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la ampliación de los derechos de la ciudadanía. “La población de la ciudad hace sesenta años se mantiene estable, pero cada vez son más las que terminan siendo expulsadas hacia las villas y menos las que viven en una casa propia”, señaló el legislador, haciendo referencia a que la nueva ley se desentiende por completo del problema del déficit habitacional y la urgencia de urbanizar los asentamientos precarios. Las prioridades del gobierno porteño, alineado a nivel nacional con el presidente Mauricio Macri, parecen ser otras: “Será una especie de Silicon Valley», resumen los funcionarios del oficialismo cuando hablan de lo que le espera al Tiro Federal, refiriendo a la región californiana que hospeda a buena parte de las compañías líderes a nivel mundial en desarrollo tecnológico. Una confirmación de que desde la llegada del macrismo al poder, el 10 de diciembre pasado, los ojos de la clase política argentina miran hacia el Norte.
Actualizada 10/06
Sep 9, 2015 | inicio
La Villa 20 forma parte de la Comuna 8, en el barrio de Villa Lugano. Bordeada por las avenidas Escalada y General Fernández de la Cruz linda, por un lado, con la Escuela Federal de Policía y, por otro, con el recientemente construido Polo Farmacéutico. Delante de la Villa está el estacionamiento de la Policía y al lado un predio vacío, que solía ser un cementerio de autos. Desde hace diez años, los vecinos esperan que se cumpla la Ley de urbanización para acceder al derecho de tener una vivienda digna. “Queremos que realmente se cumpla la urbanización, porque esto causa la desigualdad”, reclama Marisa Llanos, vecina del lugar.
Predio recuperado y el paredón, vista desde arriba.
El 11 de agosto de 2005, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, la Legislatura Porteña sancionó la ley 1.770 que en su artículo 3º dice: “El Poder Ejecutivo deberá realizar, en el término de noventa días de promulgada la ley, una audiencia pública con los vecinos y vecinas a fin de establecer conjuntamente las obras a realizar en lo relativo a tipología edilicia, emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de servicios y toda otra inquietud que consideren importante”, el texto finaliza con la exigencia: “El Poder Ejecutivo debe realizar antes de comenzar las obras mencionadas en el párrafo anterior, el saneamiento del suelo”. Sin embargo, recién hoy, diez años después, y tras la toma del predio y su posterior desalojo forzado, comienzan las tareas de análisis y saneamiento.
Según un informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en 2007, el predio vecino a la Villa era utilizado por la Policía Federal “como depósito de vehículos afectados a causas judiciales o abandonados en la vía pública” y esa acumulación y abandono de chatarra tóxica producía “un grave daño ambiental, que pone en riesgo la vida y la salud de los miles de habitantes de la Villa 20”. A fines de ese mismo año, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional firmaron un convenio para recuperar las tierras con el fin de construir viviendas. Todo se empezó a concretar en 2009, cuando un juez ordenó vaciar el predio para comenzar su limpieza y desinfección. Marta Lado, encargada de la secretaría Ad Hoc para el trámite de los expedientes colectivos en materia de derechos económicos sociales y culturales, bajo la órbita de la jueza Elena Liberatori, contó sobre el problema: “Fue un proceso largo para poder sacar los automóviles de ese predio. Porque el expediente tiene muchos años, y dicen que hace muchos años que no se hace nada, pero primero había que conseguir que esos autos destruidos fueran a alguna parte”. Finalmente, la última etapa del vaciamiento terminó a fines del 2013, cuando debió comenzar el saneamiento del suelo contaminado.
Marcha por la urbanización de la Villa 20. 25 de agosto de 2015
Barrio Papa Francisco
Luego de retirar la totalidad de los autos abandonados, la tierra contaminada permaneció a la espera del análisis. Pero algunos vecinos, ante la demora, decidieron hacer visible su demanda y se asentaron allí. El 5 de febrero de 2014 se produjo la toma de los terrenos, a los que sus habitantes llamaron Barrio Papa Francisco. “A principios de marzo logramos hacer una audiencia enorme con vecinos y legisladores. Ahí se fijaron líneas muy claras de trabajo, y yo les dije desde el primer momento que no me pidieran baños químicos, ni nada para la toma, porque la toma es un modo inapropiado de reclamar algo legítimo. Lo que podíamos hacer frente a esa situación, y yo para eso me comprometía, era trabajar la desocupación pacífica. Desocupación en función de obtener del Gobierno el compromiso de ver cómo íbamos al tema de fondo, que era el reclamo de la vivienda”, contó la jueza Elena Liberatori, titular del juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Liberatori fue quien estuvo presente en el diálogo con los vecinos de Villa 20, y quien luego actuó como mediadora ante el Estado: “Habíamos avanzado bastante, porque para agosto estaba fijada la audiencia pública de la Ley 1.770, en el Parque Roca. Nos costó pero el Gobierno finalmente accedió. Teníamos una agenda, había gente de la Facultad de Arquitectura, con anteproyectos para la tipología urbana del barrio. Fuimos al barrio, nos reunimos en una escuela para hablar con los vecinos y explicarles que íbamos hacer la audiencia y que era una oportunidad”, agregó.
Para Liberatori la toma provocó una “contaminación política” dentro de aquella situación de negociación: “Ese desparramo que hicieron algunos no dejó participar a los vecinos que venían a enterarse de cómo era una audiencia pública. Entonces vino el desalojo, y después todos lloramos, y ahí se terminó todo”. Seis meses después de la negativa de los vecinos a retirarse voluntariamente del predio, el 23 de agosto de 2014, la jueza Gabriela López Iñiguez, titular del juzgado N° 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, decidió el desalojo que llevaron a cabo la Policía Metropolitana y la Gendarmería. Según Liberatori, el desalojo también era la última medida para la jueza Iñiguez, por eso se realizó en el mes de agosto y no al comienzo de la toma: “Estoy convencida de que el abordaje de los conflictos no tiene que acudir en primera medida a lo punitivo y a lo represivo. Nos hubiera dado muchísima más fuerza, confiar en el camino legal que estábamos haciendo y poniendo en pie. Después de una audiencia, inclusive para los legisladores, hubiéramos llegado de otra forma”, dijo la jueza. Luego del desalojo, Liberatori exigió al Gobierno de la Ciudad el cumplimiento efectivo del plan de urbanización y estableció este año, 2015, como plazo límite.
“Si no se producía la toma, eso no se iba a visibilizar nunca. Iban a pasar los gobiernos, los mandatos, e íbamos a seguir siempre igual. Y la toma se produjo porque hubo muchos años de ausencia, de abandono, entonces los vecinos se cansaron y se asentaron ahí para tener su propia vivienda. Si ya el Gobierno no hace las casas, entonces las hacemos nosotros. Ahí se visibilizó el problema”, Marcelo Urquiza.
Por otro lado, algunos vecinos reivindicaron la medida como un modo de hacer valer sus derechos. Marcelo Urquiza, delegado de la Junta Vecinal de Villa 20, dijo: “Si no se producía la toma, eso no se iba a visibilizar nunca. Iban a pasar los gobiernos, los mandatos, e íbamos a seguir siempre igual. Y la toma se produjo porque hubo muchos años de ausencia, de abandono, entonces los vecinos se cansaron y se asentaron ahí para tener su propia vivienda. Si el Gobierno no hace las casas, entonces las hacemos nosotros. Ahí se visibilizó el problema”. Urquiza tiene 40 años y se crió en el barrio. En la Villa 20 vivieron sus abuelos, sus padres, y ahora sus hijos y nieto. Marisa Llanos también vive en el barrio. Su mamá vino de Bolivia hace 26 años y ella nació y creció en Lugano. Ahora es militante del Frente de Organización en Lucha y estudia para ser maestra de primaria. Llanos comentó: “Yo no estoy en contra, pero creo que había que buscar otra solución. La solución no es tomar un terreno, sino un plan de urbanización. Pienso que deberían hacer departamentos, y que los vecinos, la gente que necesita, que lo pague en cuotas a la medida de sus posibilidades”.
Situación actual
El 25 de agosto pasado, distintas agrupaciones junto con habitantes de la Villa 20, y en compañía de vecinos de otras villas de la Ciudad, se movilizaron desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno para recordar los diez años de la sanción de la Ley 1.770, su incumplimiento, y el primer año transcurrido desde el desalojo del predio. El pedido general era de una solución a la crisis habitacional: “Así como nosotros estamos desamparados por el Gobierno de la Ciudad, están también las otras villas, muchos barrios humildes que tienen la misma problemática que nosotros, que les falta urbanización, no tienen luz, no hay agua ni cloacas. Y todo le compete hoy al Gobierno que está conduciendo la Ciudad. ¿A quién le vamos a reclamar?”, se preguntaba Marcelo Urquiza. Mientras que Marisa Llanos hacía hincapié en la igualdad de derechos y obligaciones: “Si se corta la luz, nosotros no podemos reclamar porque no pagamos nada. Pero queremos pagar, queremos tener los mismos derechos que cualquier persona, así podemos reclamar. Pero no, nos tenemos que quedar como estamos y aguantar a que ellos quieran arreglarlo. Esa es la situación de todas las villas, todas sufren lo mismo”, aseguró la militante.
Chicos jugando al lado del paredón que divide el predio de la villa.
Durante este año, los habitantes de la Villa 20 no vieron que se realizaran mejoras en los terrenos. Urquiza comentó que lo único que se hizo fue “un paredón de dos metros y medio que rodea al barrio y esconde a la Villa del resto de la sociedad. Lamentablemente hay una falta de voluntad política en la Ciudad de Buenos Aires, donde los derechos de los ciudadanos los guardan en un cajón”. Virginia Gutiérrez vive en la Villa desde el 2001 y desde la terraza de su casa se puede ver el muro y el predio. Gutiérrez contó que durante la toma se vivieron momentos tensos de violencia y tiroteos y que aún recuerda a las personas que corrían llorando cuando las topadoras aplastaron sus casas y pertenencias. Ella alojó algunos vecinos en su casa por un tiempo, pero después muchos se fueron del barrio: “Algunos los llevaron a hogares pero se quedaron sin nada. Otros se fueron con familiares, y algunos se volvieron a sus países”. En cuanto a la movilización, opinó: “No sé qué va a pasar pero para mí hay que seguir. Por lo menos conseguir que se construyan las calles, que pongan el agua y la luz. No hay que dejarlo y acordarnos solamente una vez por año”. De la misma manera, la jueza Liberatori subrayó: “Lo que falta es la voluntad política. ¿Dónde está la voluntad política?: En la urna. No sale de mi firma, ni nos compete a los jueces forzar la voluntad política. Por eso las cosas no salen, andan de a tumbos, porque contra eso no podemos. La voluntad política es inexistente para ciertas cosas. Porque donde hay voluntad política las cosas caminan, y salen”. Por último, la jueza confirmó que el proceso de saneamiento ya comenzó, y adelantó que durante el mes de julio recibieron en el juzgado un avance: “Nos llegó un informe en donde se recategorizó el predio de la toma y dice que se van a construir 800 viviendas, que va haber comercios minoristas y distintos núcleos que llaman “nido” en donde darán talleres. Eso fue lo último que hemos recibido, y para nosotros fue una sorpresa. Con lo cual ahora, estaremos trabajando sobre esta segunda parte”, finalizó.
