Jul 18, 2018 | Comunidad, Novedades
El pasado viernes 29 de junio se conoció el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que determinó la legalidad de la fusión entre la operadora de cable Cablevisión, perteneciente casi en su totalidad al Grupo Clarín, y la empresa multinacional de telefonía Telecom. ANCCOM dialogó con expertos en política comunicacional para dilucidar las consecuencias de esta operación.
“Esta megafusión consolida a la tercera empresa más importante del país en volumen de facturación, y la primera en su rubro, que además tiene posiciones dominantes en cuatro servicios: televisión por cable, telefonía fija, telefonía móvil y conexión a banda ancha de Internet”, explica Diego Rossi, profesor adjunto de la cátedra Políticas y Planificación de la Comunicación de la UBA y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Así, “Cablevisión Holding controlará el 42% del mercado de telefonía fija en el país, 34% de telefonía móvil, 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija, 35% de la conectividad móvil (con posiciones monopólicas en muchas ciudades del centro y norte del país) y el 45% de la TV de pago”, precisa Luis Lazzaro, docente de Derecho de la Comunicación y la Información de la Universidad Nacional de Moreno y de la UNDAV.
Si bien el fallo de la CNDC establece limitaciones a la operación de fusión para que se «garantice el cuidado de los derechos del consumidor» y se «promuevan las inversiones y el desarrollo tecnológico del sector”, para Lazzaro “no es cierto que la medida fomente la competencia, como pretendió justificar el presidente Mauricio Macri”. La posibilidad que tiene la empresa fusionada de ofrecer una modalidad de servicio cuádruple play “desalienta a nuevos competidores que encontrarán un prestador concentrado y con ventajas competitivas, y perjudica más a quienes no tienen espectro para prestar telefonía móvil, o tienen unidades de negocios más pequeñas que no les permite acceder a crédito o invertir de la misma manera”, asegura Rossi.
Para la docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y secretaria del Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia, Mónica Baeza, una de las conductas de que implica la concentración mediática se manifiesta en materia de costos y tarifas: “Al ser un solo grupo el que controla todo, también va a controlar los costos que se van a trasladar a los usuarios del servicio». Al respecto, Rossi detalla que la falta de regulación del valor de los abonos lleva a una distorsión de precios: “Fibertel, en abril de 2018 para el mismo servicio de TV por cable más Internet cobraba precios que oscilaban entre $684 en Santa Rosa y Toay (La Pampa) y $1666 en Villa María o Río Cuarto, Córdoba”. Además, agrega que estas prácticas son contrarias a la Ley 27078, conocida como Argentina Digital, que en su Artículo 48 establece que “los precios deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.
Los efectos de la concentración empresarial son múltiples pero los especialistas coinciden en que la fusión por absorción de las dos compañías pone en riesgo la diversidad de información. Claudia Villamayor, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, sostiene que esta fusión «habla de un nuevo mapa de la comunicación en Argentina que claramente es una afrenta al derecho a la comunicación y a la democracia de las comunicaciones porque deja concentrada en manos de los sectores privados la administración de la palabra en el país. En este caso, el negocio está concentrado en el Grupo Clarín”. Para Lazzaro, la primera víctima de la concentración es la información: “A mayor concentración de los dispositivos convergentes menor será la circulación de voces y opiniones diversas. Por lo tanto, la previsible manipulación de contenidos en las redes audiovisuales y digitales afectarán en primer lugar a los ciudadanos y a la democracia misma como sistema político en que las ideas deben circular con libertad y confrontarse”.
En la misma línea, Baeza añade que esta fusión afecta las condiciones laborales de los trabajadores de prensa. Por eso hay que leerla a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo en el país: “En los últimos dos años tuvimos muchos cierres de medios comunicación en las provincias del interior, y por lo tanto pérdidas de fuentes de trabajo”. De acuerdo con la dirigente comodorense, esto no es casual, “sino que es parte de este proceso de concentración en el que solamente se van a escuchar algunas voces y en el que se elimina la responsabilidad del Estado, en materia de regulación de esos negocios y en torno a garantizar el derecho a la comunicación de todos”. En este sentido, para Rossi “está claro que los cambios en las grillas de programación y el incumplimiento de cuotas de pantalla y producción de películas y series nacionales, avaladas por el actual Gobierno, también ponen en riesgo la diversidad cultural y el pluralismo informativo”.
Por otra parte, Villamayor asevera que, en materia de comunicación, “el rol del Estado según el gobierno de Mauricio Macri y de la alianza Cambiemos es un rol ‘gendarme’, un rol que garantiza la potencia de la concentración mediática. ‘Gendarme’ porque dispone todas las políticas y el marco jurídico para favorecer el crecimiento económico solo del sector privado y reduce al Estado a velar porque esto sea así”. De igual modo, Baeza considera que “nos están debiendo a la sociedad un debate con respecto a este tema, un marco regulatorio y sobre todo acciones de control, ausentes en las políticas de medios desarrolladas en estos dos últimos años”.
Jul 29, 2016 | inicio
A pocos días de haber iniciado el período presidencial de Cambiemos, liderado por Mauricio Macri, el decreto de necesidad y urgencia 267/15 disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), para crear el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). De esta manera, se intervinieron dos elementos centrales en materia de comunicación: Argentina Digital y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
El artículo 97 de esta última establecía que el 10% de los fondos que recaudara la AFSCA serían destinados a proyectos especiales de comunicación comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. Así, la ampliación de voces y la democratización de la palabra quedarían garantizadas, aunque con un largo camino por delante. El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) fue el mecanismo ideado para implementar en el plano de lo real la redistribución de los ingresos generados por gravámenes y multas. La finalidad era multiplicar los procesos de actualización tecnológica y de producción de contenido por parte de actores sociales sin fines de lucro, mediante convocatorias abiertas a concursos públicos. Entre 2013 y 2015, el fondo redistribuyó más de $166 millones que, en su mayoría, fueron invertidos por organizaciones en la compra de equipamiento para la producción radial y audiovisual.
El artículo 97 de esta última establecía que el 10% de los fondos que recaudara la AFSCA serían destinados a proyectos especiales de comunicación comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.
El proceso constaba de un primer momento de concurso, que tenía exigencias específicas según la característica particular del concurso; luego, se llevaba a cabo el pago de la primera parte y su respectiva rendición, para acceder al segundo pago. Sin embargo, desde fines de 2015 el FOMECA se encuentra suspendido, lo que significa que aquellos que ganaron el concurso durante dicho año todavía no reciben el pago que les corresponde: se trata de, aproximadamente, 300 ganadores que ven complicada la posibilidad de llevar a cabo su proyecto original. Por otro lado, el ENACOM todavía no ejecutó su presupuesto 2016, razón por la cual tampoco llamó a nuevos concursos. Esta decisión política en materia de comunicación trae aparejada una deuda hacia aquellos sectores que se comprometieron con una planificación planteada que no puede ser llevada adelante, justamente por falta de pago. De esta manera, se vulnera simultáneamente otra indicación de la LSCA, que contempla que 33% del espectro radioeléctrico se destinará exclusivamente a medios de la esfera social y comunitaria.
El miércoles, en las puertas del ENACOM (Perú 106, ex sede de AFTIC), cientos de oyentes, televidentes e integrantes de medios comunitarios se reunieron con carteles y banderas para hacer escuchar estos reclamos. La convocatoria se dio desde Pares TV, Urbana TV, Barricada TV, Arecia, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias (Red PAC), Red Colmena, Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), AMARC y RedCom. Mariana Pugliese, presidenta de FARCO, dijo: “Queremos que se abran las líneas de FOMECA con la totalidad del presupuesto que la ley dispone. Que se pague la totalidad de lo adeudado. Que participemos (si es que hay un debate de una ley de medios convergente, como se estaba planteando) con la misma intensidad democrática con que participamos en la ley que hoy está vigente. No se trata sólo del cumplimiento, sino de la forma de ese cumplimiento. Dicen que quieren fomentar el sector comunitario y nosotros entendemos ese fomento como el crecimiento real del 33%”.
Desde fines de 2015 el FOMECA se encuentra suspendido, lo que significa que aquellos que ganaron el concurso durante dicho año todavía no reciben el pago que les corresponde.
Los manifestantes sostenían carteles que expresaban los reclamos: “Respeten 33% para los medios sin fines de lucro. No a la concentración” o “¿Sabías que hay sólo tres canales comunitarios legalizados y dos de ellos son interferidos por Canal 13?”. Este último caso da cuenta de la situación en la que se encuentra Barricada TV, que ganó un concurso y obtuvo una licencia en televisión digital abierta de baja potencia en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el canal de prueba de Canal 13 interfiere con su señal. Otro de los pedidos incluidos en la concentración era, justamente, que se habilite a los canales que ganaron concursos en televisión digital y terminar con la concentración mediática.
Aunque las autoridades tardaron en dar una respuesta, finalmente un integrante del directorio del ENACOM, Heber Martínez, se acercó y dejó asentado el compromiso de que Miguel De Godoy se reúna con los representantes de los medios comunitarios el jueves de la próxima semana, aunque no confirmó ningún horario puntual. Santiago Vivacqua, de Red PAC, dijo al respecto: “Fue muy importante el acompañamiento de los oyentes, los televidentes, de los que todos los días hacemos comunicación comunitaria, popular y autogestiva. Sigamos organizándonos para que, en algún momento, algo de todo lo que nos están prometiendo, se cumpla”.
Actualizada 29/07/2016
May 18, 2016 | inicio
Con la finalidad de nutrir la discusión sobre una nueva ley de comunicaciones que contemple la convergencia mediática para reformar las leyes 26522 y 27078 se realizó un debate abierto el 17 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue un primer encuentro que pretende multiplicarse en diferentes universidades del país durante el resto del año y tuvo como oradores a Damián Loreti, Martín Becerra, Alejandro Fargosi y Diego Petrecolla. Quien presidió el encuentro de la Comisión Redactora de una nueva ley de comunicaciones fue uno de sus miembros, Andrés Gil Domínguez, y profesor de es esa casa de estudios, mientras que Silvana Giúdici, coordinadora de la Comisión y directora del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), se encargó de dar inicio a la jornada.
La propuesta consistió en plantear lineamientos generales frente a un posible proyecto de ley de convergencia en la comunicación. Becerra, profesor de la UBA e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), centró su discurso en cuatro ejes: cuáles son los objetivos y definiciones; qué sucede con el interés público; qué desafíos plantean la concentración de mercados convergentes y la competencia; quién aplica la regulación y quién controla el ítem anterior. Respecto del primer eje, mencionó la necesidad primigenia de definiciones conceptuales: “Diferentes definiciones de convergencia operan como percutoras de distintos posicionamientos legales y regulatorios, además de comerciales y productivos. Es necesario acordar qué tipo o tipos de convergencia se quieren regular con la política pública”.
Para el investigador, es fundamental conocer qué se regula y para qué, dado que una futura ley debería reconocer las consecuencias de una comprensión amplia y social de la libertad de expresión: “Comprende tanto a la libertad para emitir por distintos medios y soportes como para buscar y acceder a una diversa gama de contenidos y perspectivas. La libertad de expresión en su doble faceta, la diversidad cultural y el acceso a contenidos, medios y tecnologías diversas y sin discriminación, conforman el trípode de objetivos estratégicos para una normativa para la convergencia. Estos objetivos concretos aparecen tensionados por un proceso que incorpora dimensiones políticas, sociales, económicas y tecnológicas”. De todos modos, no dejó de aclarar que lo anterior impacta en la movilidad continua de intereses de actores que no son necesariamente conciliables.
Petrecolla, economista y ex presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, llevó la discusión a su área de especialidad: “Hay mercados, en los cuales pensábamos que la competencia no era posible, donde la convergencia ha mostrado que sí es posible”. Si bien sus argumentos reconocían la presencia de actores de posición dominante, la prioridad siempre debía ser la defensa de la competencia.
A pocos días del inicio de su mandato presidencial, Mauricio Macri firmó el DNU N° 267 que dio paso a la creación del ENACOM, y modificó de hecho a las leyes 26.522 y 27.078. En marzo de 2016, la Resolución N° 9 del Ministerio de Comunicaciones asentaba los principios y los objetivos de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes N° 26522 y n° 27078, creada por el decreto mencionado. Becerra sostuvo: “La tecnología es un vínculo social y no sólo el artificio técnico. Cuando hablamos de interés público, hablamos de cómo la ciudadanía es sujeto de derechos por los que el Estado debe velar. El interés público reclama al Estado la promoción de políticas que estimulen la diversidad de actores, de perspectivas, de puntos de vista, cultura, geográfica, de servicios y aplicaciones”.
Loreti, abogado y especialista en política y derecho de la comunicación, aprovechó para realizar una observación al respecto: “En la Resolución 9 no aparecen los temas culturales. Sí aparece la libertad de expresión, pero no hay un énfasis en los derechos culturales, como tampoco está presente la palabra ‘trabajo’. Dentro de la Convención de la Diversidad Cultural, aparecen obligaciones del Estado, tales como medidas destinadas a promover la diversidad en los medios de comunicación”.
El artículo 3 de la Resolución, señala: “La Comisión tendrá a su cargo el estudio de las reformas necesarias a las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 a fin de producir un texto homogéneo de esos cuerpos normativos y que estén en condiciones de garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a la información, fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, avanzar hacia la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles, garantizar la seguridad jurídica para fomentar las inversiones en las infraestructuras, evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos y garantizar los derechos de los usuarios y consumidores”. Dada la complejidad que implica todo lo anterior, Loreti propuso encontrar un espíritu fundacional que funcione como base para la futura regulación, de manera tal que los diversos intereses, potencialidades y derechos sean contemplados.
De todas maneras, por el momento, el gobierno de la alianza Cambiemos no cuenta con un proyecto de ley convergente. Becerra expresó el deseo de que se vuelva a convocar una mesa consultiva, una vez que se haya avanzado en materia concreta.
Actualizado 19/05/2016
May 18, 2016 | destacadas
DeporTV comenzó sus transmisiones de prueba el 13 de abril del 2012, con el objetivo de ser el primer canal estatal dedicado exclusivamente al deporte y con su eje central en el fenómeno más masivo y popular del país, el fútbol. Al año siguiente, en el predio de Tecnópolis, se llevó a cabo la inauguración oficial de las transmisiones por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 21 de febrero. Llegó a desarrollar una programación diversa en la que se transmitían casi doce horas de transmisiones en vivo por día. Sin embargo, desde fines del año pasado, entró en un lento proceso de desarmado hasta la actualidad, en donde la mayoría de su grilla la constituyen enlatados. “La decisión interna del canal fue no lanzar nuevas licitaciones en el intercambio de autoridades. Esos procesos duran varios meses y es un factor para que la programación se vea disminuida ahora”, dijo un empleado de la gestión anterior, que prefirió preservar su identidad.
La misma fuente opinó que el estado actual del canal respondería a que dentro del sistema de medios se le dio prioridad a otros elementos, lo que produjo que todas las licitaciones se caigan, hecho que además dejó sin trabajo a alrededor de 120 personas por el vencimiento de sus contratos. Asegura que las autoridades nuevas trabajan hace algo más de un mes y que, si bien no tienen planes definidos, DXTV va a tener un perfil más bajo. “Nosotros intentamos tener un perfil alto, programación en vivo. Los nuevos tienen un perfil más bajo, on demand, lo van a hacer casi de nicho, ya que los presupuestos para los canales son menores”.
La señal llegó a incluir competencias nacionales e internacionales de diversas disciplinas como automovilismo, boxeo, básquet, handball, atletismo y hasta se realizaron coberturas de las eliminatorias y el mundial de fútbol de Brasil. Además, desde sus comienzos, se manifestó la magnitud técnica de su despliegue, que marcó el inicio de una nueva etapa no sólo para el país sino para toda América Latina, la de la implementación y aplicación de la Televisión Digital Abierta.
El ex funcionario también se refirió al sistema de elaboración de contenido que utilizaban, la modalidad conocida como de producción delegada. “Es la misma que usa el Channel 4 de Inglaterra. En lugar de una producción propia, interna, lo que hacen las autoridades del canal es elegir las temáticas que se quieren tener y se licita con productoras privadas. De modo que todo se hacía a través de terceros”, explicó.
De este procedimiento también podían participar otro tipo de instituciones. “Las universidades ponían departamentos audiovisuales y se convertían en productoras. Además, tenían la ventaja de ser más baratas porque no tenían que pagar IVA”, comentó. Precisamente en esa situación se hallaba la licitación más cara de Educ.ar, la del noticiero de DeporTV, que fue ganada en dos ocasiones por la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Imagenes del canal de television DXTV que esta sufriendo el vaciamiento de la señal.
Desde el principio, el canal se instaló para que funcionara bajo la órbita de Educ.ar S.A., enmarcada dentro del Ministerio de Educación. La misma modalidad establecida previamente para Encuentro y Paka Paka, también emisoras públicas. Para el periodista especializado Emanuel Respighi, todas fueron diseñadas como una expresión autóctona. “DeporTV no sólo transmite valores deportivos sino también elementos propios de nuestra cultura”, expresó.
Respighi opina que en más de cinco meses de gestión desde el recambio de autoridades nacionales, no se han definido políticas concretas al respecto de los medios públicos. “Hay una suerte de parálisis administrativa y artística. También hay incertidumbre ante la falta de alineamientos claros porque se está en un período de transición y, por lo que noto, se está lejos de la continuidad de las políticas de la gestión anterior. Con esto se producen deterioros para los canales, para las pantallas y para todo aquello que hoy son los canales de televisión”.
En este contexto, el periodista y docente Gustavo Veiga ve una problemática aún más amplia. La relaciona directamente con la defensa de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y con los aparentes “perjuicios” que trajo a las entidades privadas propietarias de medios de comunicación. “Lo que me parece más grave es que se puede perder mucho de lo que ganamos con la Ley de Medios, pese a que no se aplicó en su totalidad. Hay que recuperar lo que ganamos y que estamos perdiendo en beneficio de grandes empresas privadas con Clarín a la cabeza y Torneos y Competencias por extensión”, dijo.
También opinó que políticas como la reprivatización de las transmisiones deportivas impedirían a públicos masivos y populares tener acceso a acontecimientos de gran interés popular como el fútbol y el automovilismo. Respighi en cambio, no ve con malos ojos que el canal adopte un perfil que dé lugar a otras prácticas deportivas menos populares: “El canal deportivo estatal debería enfocarse en mostrar eventos en los que el sector privado no hace foco, por ejemplo en el atletismo o deportes amateurs y semiprofesionales. Pero más allá de eso, hay otras actividades a gran escala, transmisiones de audiencia alta a nivel nacional, que deberían ser el eje. Entiendo que el fútbol representa para la Argentina algo mucho más allá que una competencia deportiva”.
Desde las entrañas del canal aún no se han expresado públicamente sobre cuáles serán los caminos a transitar pero sí se ha asegurado la continuidad del proyecto. Las autoridades actuales además manifestaron que los empleados no están autorizados a atender a particulares ni a periodistas, mientras que representantes de la gestión anterior optaron por no realizar declaraciones para “evitarse problemas” ante una situación a la que calificaron como “muy delicada”.
Actualizada 18/05/2016
Mar 3, 2016 | Entrevistas
La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) realiza este jueves un encuentro, para debatir y presentar los nuevos 21 puntos por una Comunicación Democrática. Convoca a organizaciones políticas, sociales, sindicales, cooperativas, pueblos originarios, e universidades. El periodista Néstor Piccone contó a ANCCOM cómo está circulando por el país este borrador para fortalecer ideas y propuestas.
¿Qué acciones están proponiendo para defender la democratización de la palabra?
Empezamos a reunirnos antes de que asumiera Mauricio Macri, cuando escuchamos que Oscar Aguad, quien sería luego el Ministro de Comunicación, dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) no servía para nada y que iba a derogarla. Desde los primeros días de diciembre hasta hoy, nos hemos reunidos semanalmente. La Coalición es una organización de organizaciones, una coincidencia de posiciones respecto de la democratización de la comunicación. Desde ese lugar, coordinamos con distintas organizaciones la denuncia de los DNU y la presentación de medidas cautelares cuando estos decretos quisieron eliminar AFSCA y AFTIC. Utilizamos también las herramientas que propone la Defensoría del Público, que fue generada para que los públicos y los comunicadores puedan denunciar cualquier atropello contra la comunicación desde los distintos poderes. Vimos la situación inédita de que un DNU volteaba no sólo la Ley 26522, sino todo lo que habíamos hecho con participación de las provincias, organizaciones sociales y pueblos originarios. El Congreso por una Comunicación Democrática se hace para difundir las acciones y ver, en forma conjunta, qué otras podemos plantear. Se hicieron encuentros en Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, Buenos Aires, entre otros lugares, para coordinar las denuncias pero también para plantear los nuevos 21 puntos. Los comparamos simbólicamente con aquellos del año 2003 y estamos contentos porque tienen que ver con todo lo que falta para la aplicación de la ley y también para incidir en los debates que se den en las cámaras de Diputados y Senadores. Hay una ley existente que hay que defender y hay que habilitar otro tipo de discusiones. Hemos tenido una buena recepción por distintos bloques de diputados y senadores (no sólo del FpV) que están dispuestos a discutir y a apoyar estas iniciativas.
¿Cuáles fueron las limitaciones a la implementación de la Ley 26522 en relación a los medios comunitarios?
La ley era bien compleja y no se consiguió la legalidad para todos los medios cooperativos y de pueblos originarios. Eso es una deuda pendiente que tenemos, porque hay varias cuestiones que la ley habilitó y que tenían que aplicarse: algunas tenían que ver con el Poder Ejecutivo, otras con quiénes manejaban AFSCA y otra con las organizaciones universitarias, comunitarias, cooperativas o de pueblos originarios que tuvieron que inventarse a sí mismas para ser incluidas. Este tema no se resuelve de la noche a la mañana y es una tarea que queremos seguir apoyando, fundamentalmente tratando de que la población entienda que la comunicación es un derecho humano. Hay quienes creen que la comunicación y los medios no son parte de la política, sino de un sector aparte al que uno tiene que acceder, pedir o pagar. Todos estos cambios culturales no se dan por ley, sino por debate de ideas y profundización.
¿Cómo se piensa la comunicación dentro del nuevo contexto político?
Cuando las dictaduras militares derrocaban a los gobiernos, se terminaba la democracia rápidamente mediante la intervención de los medios de comunicación. Con la etapa neoliberal de los 90, lo primero que se privatizó fueron los medios. Salvamos Canal 7 y Radio Nacional por la lucha de los trabajadores, pero también porque se entendió que el Estado tiene que tener medios de comunicación propios. Ahora, que viene un gobierno neoliberal, conservador y de derecha, lo primero que hace es tirar un DNU que pone en zozobra lo que se había construido con la LSCA, con todos los avances conceptuales que se hicieron en cuanto al derecho a la comunicación y la libertad de expresión. Sabemos que la derecha, que además tiene un gobierno que trabaja para los grupos económicos, busca que la comunicación sea manejada por CEOs y tecnócratas. Sabemos que tenemos un gobierno que va a estar en contra de la participación y sabemos lo que es un gobierno adverso a la democratización de los medios, pero creemos que mucho de lo logrado en lo conceptual va a poder ser defendido.
¿Estos avances promovieron la aparición de nuevos actores que ahora van a intervenir en el debate?
Eso es lo fundamental. Antes, las cooperativas, los sindicatos y las organizaciones sociales tenían prohibido tener medios de comunicación, porque no perseguían fines comerciales. Lo mismo sucedía con las universidades, por ejemplo, que no podían tener canales de televisión y de radio. Más allá de que no pudieron resolver internamente de dónde sacar los fondos para financiarse, se hicieron concursos y ahora tienen canales de televisión digital. En eso no se retrocede. La creación de contenido financiada por los Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), por ejemplo, permitió que se conociera que había más de tres o cuatro productoras de contenido. Con eso no hay marcha atrás, aunque no haya una ley o un ministerio que esté respaldando. Seguramente no tendremos el apoyo del Estado y del gobierno, pero ya hay una articulación que vemos como un resultado positivo. Son derechos que no se van a perder, muchos sectores de la política proponen defenderlos y profundizarlos.
¿Cómo se da la reorganización de los medios comunitarios en este contexto?
El tema sostenibilidad no estaba previsto en la LSCA y es un debate que se abrió en el año 2009. Inmediatamente después de que se aprobara la ley, muchos medios alternativos, pueblos originarios, plantearon la problemática. Yo apuesto a que estamos en un escalón más alto del que teníamos hace doce años, cuando no había FOMECA y cuando nadie había tenido la experiencia de estos fondos. Siempre tenemos que construir con el Estado, aunque sea un Estado adverso, porque siempre hay fisuras y hay diferentes modelos gobernantes en todas las provincias. El que tuvo la experiencia del FOMECA quizás no vuelva a recibir ayuda de AFSCA, pero vamos a reclamar para que la institucionalidad sostenga la realidad de los nuevos medios de comunicación, que también los haga sostenibles. Desde la Coalición estuvimos trabajando en la creación de un ente para la financiación de los fondos de los medios alternativos, comunitarios, cooperativos, donde también discutíamos la pauta publicitaria no sólo estatal, sino también privada. Defendemos que los medios públicos no estatales también puedan sostenerse y esa lucha se da manteniendo los medios como podemos, pero también ganando gente: se necesita que sectores populares, sindicales y sociales apoyen este proyecto.
En relación a la democratización de la palabra y el acceso a la información, ¿cuál es el rol de las redes sociales?
Una red social no organiza pero sirve para difundir. Si se articula organización político-comunicacional con redes, creo que se puede lograr muchísimo. La Coalición, por ejemplo, nunca tuvo una conducción ni un sistema de comunicación. Internet nos permitió (y permite) estar comunicados para hacer conocer lo que cada uno realiza. Creo que las redes sociales sin articulación ni organización, no sirven para una construcción. Puede servir para un rechazo, unan resistencia o una denuncia. Pero utilizadas correctamente, son fantásticas.
¿Cuáles son las expectativas para este Congreso?
Lo importante es que todos conozcamos todo. Participan abogados, universitarios, radios comunitarias, sectores sociales que quizás no tienen sus propios medios y sindicatos que defienden la fuerza de trabajo. La expectativa es que tomemos conciencia, podamos discutir y continuemos sumando personas a la pelea por la democratización de la información. La gente no va a pelear por un derecho que no sabe que tiene. Nosotros logramos modificar totalmente la realidad que se vivía en el país con respecto a los medios de comunicación. Creo que hemos avanzado muchísimo, pero que falta mucho más y que hay que crecer en la lucha por la comunicación como un derecho humano, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Fundamentalmente por la democratización de la comunicación. La coalición es un ejemplo de eso: es una coordinación que nos damos en cada una de las provincias y los diferentes sectores se van sumando en forma individual para discutir el tema de la comunicación. Tener un lugar de referencia que sirva y que sea reconocido por el Poder Legislativo, por diputados, senadores y organizaciones. Desde 1983 a 2009 pasaron muchos años, que coronamos con una ley revolucionaria. Pasaron gobierno neoliberales, de derecha y, sin embargo, terminamos con una reglamentación ejemplar en el mundo. No por nosotros solamente, sino por un gobierno y por dirigentes que se atrevieron. Pero no es el único camino hacerlo desde el gobierno, sino también construir desde abajo, como lo hicimos en las épocas más difíciles del neoliberalismo.
