Sep 2, 2020 | Comunidad, Novedades
La postal del monte envuelto en llamas se repite todos los años en distintos puntos del país. En cuestión de horas, el fuego reduce el bosque a cenizas, arrasando con todo a su paso. Córdoba vivió los peores incendios de los últimos doce años, y sus consecuencias perdurarán mucho más que los focos que los provocaron. El impacto es múltiple: en la pérdida de fauna y flora, en el agua, el suelo y claro está, también en las comunidades de la zona. Desde allí no se cansan de remarcar que el fuego no aparece por generación espontánea sino que detrás de cada foco hay un interés que crece en detrimento del monte.
“La situación es apocalíptica”, afirmó Guillermo Galliano, presidente de la Fundación Mil Aves, y explicitó un dato contundente: “En Córdoba, en 120 años se desmontó el 97% de bosque nativo de la provincia. Nos queda un 3% que se quema todos los años, es catastrófico”.
Desde Villa Parque Siquiman, en Punilla, Martín García relató que, antes que el fuego, “llegó el humo y tapó las sierras, como preámbulo de lo que vendría después. Luego vino el incendio. La sierra se quemó completamente hasta que el fuego no tuvo más lugar a donde expandirse”. El integrante de la Coordinadora Ambiental y Cultural Punilla Sur señaló que si bien “todos los años hay incendios, esta vez no sólo se descontroló sino que hubo varios focos en simultáneo en distintos lugares, quedando expuesta la intencionalidad y que hay intereses económicos detrás”. Y agregó: “En la zona de Punilla, donde vivimos, la presión es a nivel inmobiliario”.
“En Córdoba, se desmontó el 97% de bosque nativo. Queda un 3% que se quema todos los años”, dice Galliano.
¿A quién puede llegar a beneficiar un incendio forestal? Investigadores del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) -centro de investigación y desarrollo de doble dependencia entre la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET dedicado a la botánica y fitoquímica- señalaron recientemente en un comunicado que “ciertos grupos con intereses económicos relacionados a la minería, la producción de ganado, pero sobre todo a emprendimientos inmobiliarios, son los que inician fuegos en lugares estratégicos del territorio provincial, donde luego avanzarán con dichas actividades”.
“Pirómanos hay en todo el planeta, pero acá hay intereses”, sostuvo Galliano. “Hay regiones donde son los propietarios quienes, para eliminar el bosque nativo protegido, en lugar de desplegar topadoras o pedir una autorización que no les darán, prenden fuego. Y ahí hay impunidad”. El también fotógrafo de naturaleza señala que “si se entra a los mapas de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), se ve qué había años atrás, se chequea luego donde hubo incendios y se compara con qué hay hoy en esos lugares: lo que hay son desarrollos inmobiliarios y de expansión ganadera”.
“Córdoba es una región que tiene regímenes de fuegos naturales (como los generados por un rayo) en los cuales luego la vegetación rebrota. Paralelamente, hay fuegos causados por el ser humano, antrópicos, que pueden ser parte del manejo agropecuario, que debería realizarse de manera planificada porque si no es un desastre anunciado. Y los malintencionados, que buscan que la zona pierda valor y sea puesta en venta para hacer negocios: se sabe que hay especulación inmobiliaria y productiva. Y se tiene que gestionar sabiendo que eso ocurre”, explicó Natalia Alonso, integrante del grupo de profesionales de ciencias ambientales La Vuelta al Mundo. Si bien señaló que “entre mayo y noviembre son los meses más secos en el centro y norte del país y hay que tener en cuenta que este año es muy seco -lo cual está relacionado con el fenómeno de El Niño- y además sumarle el factor del cambio climático, que aumenta la frecuencia e intensidad de eventos extremos”, los incendios intencionales no sólo son la mayoría sino que además sus consecuencias son mucho más severas.
“El aprovisionamiento de agua en las ciudades depende de la presencia de vegetación nativa en las cuencas”, señala IMVIB.
Los peores incendios en más de una década, que además se suman a los producidos cada año, dejarán una huella mucho más profunda que sus cenizas. Además de la pérdida de miles de hectáreas de bosque nativo, biodiversidad, extinción de especies, de suelo, daño en el aire, incide en algo tan fundamental como el agua. “El aprovisionamiento de agua en las ciudades como Córdoba depende, principalmente, de la presencia de vegetación nativa en las cuencas”, señaló el IMVIB (CONICET-UNC). En ese sentido García, docente de profesión, explicó que en su provincia hay “muchos meses de sequía y la montaña guarda el agua de la época de lluvias en los bosques, largándola de a poco, lo cual permite que Córdoba tenga los ríos activos aunque no llueva”. Luego de un incendio, el suelo queda sin cobertura vegetal y se expone a un proceso de erosión. Galliano agregó que “con la lluvia, el suelo erosionado desciende por las vertientes, queda en el fondo de lagos y lagunas, llenando los diques de barro y perdiendo su capacidad de almacenar agua”. En síntesis: los recursos hídricos que proveen agua a la comunidad se ven profundamente afectados.
Ante este panorama, muchos dijeron basta. Organizaciones ambientalistas se manifestaron el sábado en distintos puntos de Córdoba reclamando medidas urgentes, como la declaración de la emergencia ambiental y que se investiguen las verdaderas causas de los incendios, destinando todos los recursos necesarios al manejo del fuego y para atender a los damnificados, según difundió Red Eco Alternativo. También exigen, entre otros puntos, como tareas de recuperación del bosque y más brigadas forestales, la actualización del mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, el cual establece zonas verdes, amarillas y rojas. Estas últimas, en teoría las más protegidas, están severamente afectadas por los incendios. El mapa debería haberse actualizado en Córdoba en 2015 pero no se hace desde 2010. “Estamos pidiendo el ordenamiento territorial de bosque nativo de manera participativa”, remarcó García. De la Coordinadora Ambiental y Cultural Punilla Sur grafican que en lo que va del año ya hay “más de 45.000 hectáreas perdidas por incendios, esto equivale a 90.000 canchas de fútbol o a las 3/4 partes de la ciudad de Córdoba”. La Coordinadora por la Defensa del Bosque Nativo añade también el “no más excepciones (autorizaciones) gubernamentales para intervenciones de desmonte en zonas rojas y amarillas”.
Son muchas las herramientas cuya implementación se reclama fuertemente desde las organizaciones. Alonso enumeró algunas de ellas: “La Ley 27.353 introduce en la normativa de manejo de fuego que cuando un territorio que era bosque nativo sufre un incendio, posteriormente tiene que mantener el mismo uso que antes, y es una bandera a levantar para que no haya negociados. También la Ley de Bosques, por la que cada provincia establece tres jerarquías para el ordenamiento territorial de bosques nativos. Y es algo que no se está respetando. Es necesario un sistema de monitoreo, que se establezcan penas por el incumplimiento de la ley, actualmente hay multas pero no alcanza. Las herramientas están pero no se ejecutan como se debería. También sería un paso muy grande que se cumpla la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Y la sanción de una ley de humedales. La gestión de los territorios se tiene que reconfigurar hacia la prevención, en base al conocimiento de las particularidades ecológicas y los fenómenos biofísicos, de los saberes locales, para determinar los usos justos e inteligentes del territorio en todo el país”, destacó.
La cuestión de los incendios va mucho más allá de las llamas. Una vez que se apaga el fuego, los problemas continúan.
Jun 20, 2019 | Comunidad, Novedades
De los 12 millones de hectáreas de bosques que hace un siglo había en Córdoba, hoy queda solo un 3% en perfecto estado.
“Quiero remarcar que la reducción del monte nativo es una gravísima reducción a la biodiversidad. Tenemos una hegemonía de cómo debe usarse el territorio, que redunda en la imposición de un único modo de vida. La destrucción del monte promueve la forma de vida de ciudad, el cemento; promueve una relación deshumanizada con la naturaleza, una reducción de la vida”, explica con vehemencia a ANCCOM Juan Nicastro, miembro de la Asamblea de Vecinos de Valle Giardino, vinculada a la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo en Córdoba. Su testimonio ilustra la pobre aplicación de la Ley 26331, conocida mediáticamente como Ley de Bosques, y coincide con la opinión de los especialistas.
En aquella región cordobesa, se ha declarado un estado de emergencia socioambiental. De las 16 millones de hectáreas que componen el territorio provincial, 12 eran bosques hace un siglo. De esa cantidad queda actualmente menos de un 3% en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi 2 millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial para volver a ser bosques en muchos años, en tanto no se las altere.
Sin embargo, la situación de gravedad no alcanza solamente a Córdoba. Ignacio Gasparri, ingeniero forestal, Doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CONICET, se encarga de entender el proceso de deforestación en la región chaqueña y los efectos del fenómeno en el balance de carbono. “Si consideramos las últimas dos décadas -señala-, la región chaqueña es la zona del país que está sufriendo una deforestación de magnitud con grandes superficies. En particular las provincias de Chaco, Santiago y Salta son las que presentan mayores superficies deforestadas en ese periodo y más recientemente la provincia de Formosa.”
En las últimas dos décadas, las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Salta fueron las más deforestadas.
El 21 de septiembre de 2007, fue promulgada por el Poder Legislativo a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, más conocida como Ley de Bosques. Dicha legislación tenía como objetivo pautar el cuidado, uso y aprovechamiento de los territorios como la selva misionera, las yungas, el bosque chaqueño, el espinal y los bosques patagónicos, además de promover la gestión forestal sustentable. Entre este tipo de usos, se destacan actividades como la apicultura, el turismo, la ganadería con pocas cabezas de ganado o el aprovechamiento de madera seleccionada, con el fin de la conservación.
En el año 2009, la ley fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, frente al reclamo de más de 70 organizaciones sociales, entre ellas Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Coordinadora en Defensa de los Bosques Nativos. La normativa establece, entre otras cuestiones, el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), que categoriza los usos de las tierras boscosas en tres zonas: roja, que incluye sectores de muy alto valor de conservación como reservas naturales y parques nacionales, que no deben desmontarse ni utilizarse para la extracción de madera y que deben mantenerse como bosque para siempre; amarilla, referida a sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación; y por último zona verde, conformada por los sectores de bajo valor de conservación, que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, con la previa realización de una evaluación de impacto ambiental.
El OTBN instituye que cada provincia debe conocer el real estado de sus bosques y determinar qué se puede hacer con ellos a través de procesos participativos. Mientras que algunas jurisdicciones sancionaron una ley provincial, como Córdoba, otras aprobaron el ordenamiento por decreto o resolución.
Entre 2010 y 2015, el Fondo de Conservación de Bosques Nativos recibió 1.239 millones de pesos en vez de los 14.750 millones que le correspondían según la ley.
La novedad de la Ley 26331 residía en la constitución de un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos «con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan». Un fondo que está mutilado, puesto que, según la Fundación Vida Silvestre, apenas se le asignó a la conservación de los bosques nativos el 8,5% de lo estipulado por la norma, ya que recibió entre 2010 y 2015 1.239 millones de pesos (según el «Informe de estado de implementación 2010 – 2015» del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación –MAyDS–) en vez de los 14.750 millones que le correspondían. Ese fondo tenía que representar el 0, 3 por ciento del total del Presupuesto nacional.
Gonzalo Strano, vocero de la organización ecologista internacional Greenpeace, sostiene que las zonas más afectadas por la deforestación se encuentran al norte del país, en Chaco, Santiago del Estero y Salta. “Pasaron los años desde la aprobación de la ley y empezamos a notar que algunas provincias habían encontrado como una trampa; si bien la tasa anual de desmontes había bajado, continuaban habiendo desmontes y ahora existían de dos tipos: legales, es decir, que el gobierno autorizaba en zonas verdes, e ilegales, en zonas rojas o amarillas. Y aclaro que cuando hablamos de desmontes estamos hablando de la transformación absoluta del terreno; se van a ver afectados árboles, animales y las comunidades aborígenes y campesinas que viven de lo que sacan de ese bosque”.
“Se empezaron a dar lo que se llamaba pedidos de recategorización -agrega-. Un estanciero que tenía una finca de 10000 hectáreas en Salta y en el reordenamiento territorial le había quedado de color rojo presentaba un pedido de recategorización. ¿Qué significaba esto? Que pedía que se cambien el color”.
Las organizaciones ambientalistas exigen que el demonte sea considerado un delito penal.
Entre las recategorizaciones, se destacan los casos de las fincas Cuchuy, en Salta, o Monterrey, en Chaco, en donde, mediante seguimientos territoriales, Greenpeace se movilizó para impedir los desmontes ilegales, exigir la reforestación y frenar topadoras.
Por su parte, Fernando Miñarro, director de Conservación de Vida Silvestre, explica que se necesita “que la Nación y las provincias pongan a la Ley de Bosques en el lugar que debe estar: una política de Estado prioritaria”, para que la sociedad comprenda que es necesaria la implementación de la ley.
Strano, de Greenpeace, concluye que el reclamo de la organización está basado en tres ejes: primero, el cumplimiento absoluto de la ley de bosques; segundo, que realmente se cumplan los monitoreos que deben hacerse y el tratamiento cada cinco años de ese mapa de ordenamiento territorial; y tercero, que el desmonte sea considerado un delito penal. “Para nosotros, aquél que destruye montes es un criminal, por lo tanto, queremos que se pague por ese crimen”. En tanto no se aplique correctamente la Ley, nos quedaremos sin bosques, sin recursos naturales, sin biodiversidad. Estas son otras víctimas del ajuste.
Feb 5, 2019 | Comunidad, Novedades
Inundación en Luján, Provincia de Buenos Aires. Sábado 15 de agosto 2015.
A partir del 8 de enero en el Chaco llovió en un par de semanas lo que debería llover en un año. El fenómeno climático provocó inundaciones no sólo en localidades del interior provincial sino también en el conurbano de Resistencia. Una vez producido el desastre, organizaciones vecinales y religiosas trataron de proveer asistencia a los afectados, pero además distintas ONG denunciaron el desmonte en la región como uno de los principales factores del desborde de las aguas que afectaron a más de 7500 personas. ANCCOM recorrió las zonas afectadas y dialogó con vecinos, especialistas y con el escritor chaqueño Mempo Giardinelli.
Liliana Rosa Pared, del Barrio Los Pinos, cuenta: “Nosotros tuvimos 30 centímetros de agua en la casa. Es una amargura ver todo revuelto y que tu sacrificio sea llevado a la destrucción, hasta las paredes se comenzaron a caer”.
Las experiencias se repiten en miles de hogares con agua hasta las rodillas en el interior de las casas, con agua hasta la cintura en las calles. Así lo describe Sonia Fernández, del Barrio San Pablo: “Nunca hicieron el zanjeo, entre tres y cuatro días sin que el agua salga de casa porque no bajaba en la calle; mi marido es albañil y estuvo dos semanas sin trabajar.”
Teresa Lucía Gómez, del Barrio Carpincho Macho sostiene: “No se podía salir si te pasaba algo porque el agua llegaba a la mitad de la puerta del auto. Los políticos dejaban la mercadería en la ruta porque no querían mojarse y hasta ahí tenías diez cuadras. Esa asistencia no resuelve nada, pero era necesaria porque la gente que vive al día no tenía para comer y no podía salir a trabajar, por eso fuimos a cortar la ruta y a pedir a los políticos que entren”.
Las capillas y parroquias repartieron donaciones y cocinaron guisos, panes, tortas fritas y mate cocido y los acercaron a los vecinos. Hubo mucho trabajo durante la tormenta pero también después, como explica Sofía Vispo Meloni coordinadora de la sede Resistencia de la “Fundación Sí”: “Una vez que la lluvia cesa la asistencia continúa sobre todo con repelentes y artículos de limpieza”. Porque otras consecuencias de las inundaciones, una vez terminadas, son la falta de recolección de residuos y la multiplicación de mosquitos, sanguijuelas y víboras, que convierten los barrios en focos de infección y otras enfermedades.
Muchas voces se levantaron adjudicando la responsabilidad de las inundaciones a los desmontes indiscriminados que se llevan a cabo, no solo en el Chaco sino también en otras provincias vecinas. Esas talas fomentan el cambio climático, produciendo ciclos con fenómenos tan extremos como sequías e inundaciones que asedian alternativamente la zona.
El escritor y periodista chaqueño Mempo Giardinelli, dice vía mail a ANCCOM: “Las responsabilidades son de dos tipos, y ambas confluentes: por un lado el gran responsable fáctico, en su irracional manejo de la tierra, es el latifundio, que sigue siendo negado; y que desde hace décadas tala bosques brutalmente con tal de expandir las fronteras productivas en forma irracional, descontrolada e irresponsable.” Por otra parte, el escritor agrega: “La desidia e incompetencia caracterizó a la mayoría de los gobiernos de los últimos 50 años, y todos –algunos más y algunos menos– y posiblemente por ignorancia pero seguramente por corrupción en los organismos de bosques y por la voracidad de los lobbies empresariales agropecuarios, han dejado y muchos siguen dejando hacer a las oligarquías terratenientes, sean familias o como ahora grandes empresas. Y ese descontrol gubernamental generalizado es ahora peor que nunca antes, gracias a que el gobierno nacional ahora es lisa y llanamente cómplice y actor de los desmontes. Nunca hemos visto algo igual.”
En tanto, el abogado Rolando Núñez, coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela explica: “La provincia del Chaco nació con una matriz forestal desde comienzos del siglo veinte y a lo largo de la historia esto se ha acentuado. No se respetan los tiempos que conlleva la recuperación de los bosques nativos por eso está cada vez más diezmado. Los suelos del Chaco son muy heterogéneos, y pocos son aptos para la agricultura. Los suelos de clase 4 por ejemplo, se tienen que explotar con mucha rotación y mucho descanso, no son aptos para la agricultura intensiva o industrial ya que son muy frágiles pero aun así son utilizados con este fin.” A través de permisos que no respetan la Ley de Bosques, los sucesivos gobiernos han otorgado miles de hectáreas a grandes empresarios y han dado permisos ilegales cambiando el uso de suelo.
El gobernador Domingo Peppo publicó en sus redes la firma del Decreto 298/19 el lunes 28 de enero, que derogó disposiciones que permitían el uso de suelos en categoría amarilla y suspendió el reordenamiento territorial. Al respecto dice Núñez: “El decreto no tiene estado jurídico aún, fue presentado como una buena noticia pero en realidad respondió a presiones que hacíamos desde acá y al escrache realizado por Greenpeace. También dice que van a poner en categoría amarilla a campos y chacras pero en realidad ya existían resoluciones que obligaban a lo mismo. Por otro lado, el decreto suspende el otorgamiento de permisos pero no dice que van a suspender los desmontes”. Finalmente el abogado señala: “Las máquinas están paradas porque el piso está blando pero en cuanto se seque, van a volver.”
Según los datos publicados por Greenpeace, Chaco es la provincia donde más bosques se destruyeron durante los últimos tres años. Más de la mitad de la deforestación se realizó en zonas protegidas por la Ley de Bosques: 54.327 de las 103.908 hectáreas desmontadas. Así es destruida la esponja natural y el mecanismo regulatorio que tiene la naturaleza para absorber el agua, lo que provoca los desbordes vividos recientemente y que se seguirán repitiendo si no se detiene el avance del desmonte y si no se repara el daño realizado a través de la reforestación de los bosques nativos. ¿El futuro? Una incógnita.
