Hasta siempre

Hasta siempre

En primer plano, un cartel escrito sobre una pizarra dice “hasta siempre”. Detrás, un vidrio deja ver una fábrica vacía y máquinas en desuso que resisten al paso del tiempo. Un polvillo muy fino se posó sobre ellas. Hace dos semanas, Extreme Gear cerró la última planta que le quedaba. La empresa que producía calzado para Adidas no pudo hacer frente a la apertura comercial implementada por el gobierno de Cambiemos. Hoy está siendo desarmada. Su ex dueño, Emmanuel Fernández, narra la caída, y entre nostalgia y tristeza advierte que “la situación de las pymes es caótica”. “Extreme Gear surge en el 2006 y fue creciendo por la alta demanda del calzado. En 2008 se pone a trabajar con Adidas por el aumento de la demanda y un plan fuerte de sustitución de importaciones impulsado por el gobierno anterior. De esa manera fuimos creciendo año a año, duplicando producción y gente. En 2015 llegamos a contar con 660 empleados entre las dos fábricas, la de Lanús y la más grande, de Esteban Echeverría, que cerró ahora”, cuenta Fernández.

Sin embargo, ese año la multinacional comenzó a discontinuar los pedidos. “A fines del 2015, Adidas nos bajó la producción con la excusa de la disminución de la demanda. Ese fue el primer golpe: como el trabajo del calzado es muy mano de obra dependiente, tuvimos que comenzar a bajar personal. Los siguientes semestres Adidas siguió bajando la producción, hasta que en junio de 2017 la canceló totalmente y dejó de enviarnos los insumos que venían de Asia. En ese momento tuvimos que dar de baja la mayor cantidad de personal. Casi 500 empleados, contando las dos fábricas, se quedaron sin trabajo entre junio y diciembre de ese año. En la planta de Esteban Echeverría hasta hace dos semanas quedaban 47 empleados que estaban terminando la poca producción que había. Después de eso, cerramos definitivamente”.

Según denuncia Fernández, la empresa alemana prefirió apostar a la importación de pares terminados en Asia, dinamizada por la política económica de la gestión Macri. “Desde el cambio de Gobierno se veía venir que todas las medidas iban a ser contra el consumo y la industria nacional. Y así fue: abrieron las importaciones y no hay ningún tipo de protección para el sector. Siento frustración e impotencia por haber dedicado tanto a la empresa y que por una decisión política y comercial se tenga que cerrar de un día para el otro. Se hizo una inversión muy grande, de más de 15 millones de dólares. Pero se ve que al Gobierno no le interesa las inversiones de los empresarios locales y sólo quieren las divisas extranjeras de modo especulativo, nada de inversión en la economía real”, agrega.

Emmanuel Fernández, su ex dueño, narra la caída entre la nostalgia y la tristeza.

Fernández señala además que el cierre de Extreme Gear es sólo un ejemplo de la situación que viven hoy las pequeñas y medianas empresas. “La actualidad de las pymes es caótica, casi terminal. Están sufriendo mucho la baja de demanda y el freno de la economía. Específicamente, el sector del calzado está en caída y el consumo no levanta. Nos enteramos de un nuevo cierre cada semana”, se lamenta.

A título personal, el empresario dice haberse visto sensiblemente afectado por despedir a sus trabajadores. “Dolió mucho. Por más que teníamos más de 600 empleados, nunca dejamos de ser una pyme. Sabíamos que estábamos dejando en la calle a gente que era el sostén económico de sus familias”.

Gladis Arce se quedó sin trabajo en diciembre del 2017. Hasta ese momento fue delegada de la comisión interna de Extreme Gear. Hoy le cuesta ser optimista y califica la situación económica del país como un “desastre”.

“Esto fue de golpe, en tres meses se fue todo a la mierda. Cuando Adidas decidió que no produzcamos más, la empresa fundió y nos quedamos todos en la calle. Hasta entonces, no sufrimos ni bajas de salarios ”, explica.

En el mismo sentido que Fernández, Arce también se queja de la actitud del Gobierno: “A Adidas le conviene traer las zapatillas ya armadas, le sale mucho mas barato, y el Gobierno no los frena. Nosotros como delegados pensamos que el Ministerio de Trabajo (ahora devenido en Secretaría) y el sindicato iban hacer algo para evitar los despidos, pero lo único que hicieron fue ver cómo se nos iba a indemnizar, nada más”. A su vez, Arce comenta que luego de enterarse de la decisión de Adidas no tuvieron demasiado margen de maniobra. Terminaron agarrando lo que les ofrecían.

“A Adidas le conviene traer las zapatillas ya armadas, le sale mucho mas barato, y el Gobierno no los frena», relata Fernandez.

Los números del cambio de rumbo

La planta de Esteban Echeverría fue inaugurada el 20 de octubre de 2011, en un contexto de protección y desarrollo de la fabricación local. En ese momento, más del 50% de las ventas de Adidas Argentina eran productos nacionales.

Según datos de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (FAICA),  entre 2010 y 2011 la producción de calzados aumentó un 8,5%, pasando de 106 a 115 millones de pares. Lo mismo ocurrió con el consumo, que subió un 5,8%, de 126,7 a 134,12 millones de pares.

Los siguientes años siguieron la senda del desarrollo. 2012, 2013 y 2014 coincidieron en una producción de 120 millones de pares de calzados, mientras que 2015 registró un récord de 125 millones de pares.

El consumo tuvo una leve merma, pero se mantuvo siempre en niveles superiores  a los de 2011: 138,6 millones de pares en 2012; 137,2 en 2013; 136,6 en 2014; y el récord de 147 millones de pares en 2015.

El 10 de diciembre de ese año asumió como presidente Mauricio Macri. Ni bien pisó Casa Rosada anunció la modificación del sistema de importaciones, dando de baja las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), creadas por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en 2012, y reemplazándolas por el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, un régimen que se volvió cada vez más flexible a la llegada de artículos extranjeros con el pasar de los años.

El viraje se registró de manera notable en los datos. De producir 125 millones de pares en 2015, la industria del calzado pasó a 111 millones de pares en 2016, cayendo un 11,2%. La merma se acentuó en 2017, año en el cual se registró una producción de apenas 100 millones de pares, un 9,9% menos en relación al año anterior, y un 20% menos si se lo compara con el 2015.

Las importaciones crecieron de manera considerable. En 2015 fueron de 21,6 millones de pares, mientras que en 2016, llegaron a 27,3 millones. En 2017 la cifra trepó a 33 millones de pares, según datos de FAICA. Entre 2015 y 2017, el incremento fue de un 52,7%.

La receta de la Organización Mundial de Comercio (OMC) derivó en un viraje económico cuyo costo fue alto. Como mínimo, al día de hoy se contabilizan 6.000 despidos en el sector, como así también suspensiones, vacaciones anticipadas y cierres de fábricas.

La política económica del gobierno de Mauricio Macri tampoco tuvo los resultados esperados: las inversiones no llegaron, y no sólo no se generó confianza, sino que hoy el país sufre una crisis cambiaria producto de la inestabilidad económica y financiera.

Emmanuel Fernández reconoce que aún está golpeado por el cierre de su empresa. Lo cuenta mientras intenta salvar de la ruina a un montón de máquinas que ya no usa nadie: “Van a quedar esperando un mejor momento”, afirma. Apagadas, se pueden ver a través de un vidrio que enmarca una fábrica desierta bajo luz tenue. Una verdadera ciudad fantasma.

 

De los derechos a la caridad

De los derechos a la caridad

Tras cuatro meses de inactividad, el gobierno decidió poner fin a los contratos que mantenía con la Red Textil Cooperativa (RTC). La medida afectó a 74 cooperativas textiles que funcionaban como proveedores del Estado a nivel nacional. “Nos informaron telefónicamente que el programa no iba a continuar por cuestiones presupuestarias. Desde diciembre no teníamos órdenes de compra ni encargos, cuando nos pedían paciencia lo hacían para evitar conflictos, porque la decisión la tenían tomada hace tiempo”, relató Joaquín Fernández, presidente de la organización.

   Unos 3.000 trabajadores que se desempeñaban en la confección de guardapolvos, chalecos antibalas y uniformes varios, quedaron sin empleo. Las cooperativas trabajaban con encargos realizados por los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Seguridad. Los afectados informaron que desde el Poder Ejecutivo les reconocieron que reemplazarían las prendas producidas con productos importados más económicos. El Ministerio dirigido por Patricia Bullrich, por ejemplo, comenzó a importar -desde enero- chalecos antibalas provenientes de Israel.

Bajo la consigna «Sí a la industria nacional y el trabajo cooperativo, no a las importaciones y la desocupación», las cooperativas textiles de todo el país se movilizaron en defensa de la industria nacional y en contra de las importaciones indiscriminadas.

El fin del programa se encuadra dentro del cambio de enfoque ideológico que se produjo en el Ministerio de Desarrollo Social. Antes, las políticas eran impulsadas desde la lógica de tomar al otro como “titular de derechos” y desde ese lugar se pensaban las políticas; ahora se piensa en términos de cómo “evitar un conflicto social”.

El jueves 21 de abril de 2016 la RTC organizo la jornada "Cocer en la Calle" como forma de protesta por la finalización del programa "proveedores del Estado".

El jueves 21 de abril de 2016 la RTC organizo la jornada «Cocer en la Calle» como forma de protesta por la finalización del programa «proveedores del Estado».

 

¿Herencia pesada?

    Desde 2003, por una decisión gubernamental, las cooperativas textiles y el Estado nacional establecieron una relación comercial. Los distintos ministerios comenzaron a comprar productos fabricados en ellas. El proyecto buscaba generar trabajo genuino, capacitar a los trabajadores y lograr su posterior inserción en el mercado formal. También se pretendía potenciar el crecimiento y desarrollo de la industria nacional. Este proceso fue acompañado por la creación del registro Nacional de Efectores Sociales y Economía Social (REDLES), creado en el 2004 desde el Ministerio de Desarrollo. Su función fue facilitar, a aquellas personas que realizaban una actividad productiva y que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, el desarrollo de su actividad. Acompañada por el Estado, la lógica de producción en cooperativas proliferó y muchas pudieron registrarse y comenzar a producir, lo que les permitió a los emprendedores incorporarse al sistema previsional, recibir los servicios de una obra social y trabajar como proveedores del Estado.

Fernández explicó que “año tras año el nivel productivo de las cooperativas fue creciendo a través de incentivos para incorporar maquinaria, capacitaciones y cursos de formación” y agregó: “Ahora todo ese crecimiento se paró, el gobierno actual no ve a las cooperativas como empresas, sino como gestos de caridad. Ellos eligen la multinacional a lo nacional, cada rollo de tela que entra de afuera es un laburo que se pierde acá”.

La RTC forma parte de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), donde Andrés Quintana trabaja como coordinador. Desde su posición denunció que la situación actual de las cooperativas es crítica: “Con la importación de productos, las cooperativas quiebran, porque nuestro mercado de consumo es el interno. Hace meses que venimos sin encargos y los que pudimos conseguir son del ámbito privado que suelen ser mal pagos. Todo parece indicar que el gobierno quiere terminar con la producción en cooperativas”.

Daniel Arroyo, actual dirigente del Frente Renovador, fue ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Néstor Kirchner y opinó que lo peor que puede hacer la nueva gestión es pensar una política social fundacional, lo que significa desarmar y empezar de nuevo. “Si se produce una descontrolada apertura de las importaciones, habrá menos producción nacional y más pobreza. Es claro que el gobierno gobierna con un solo ojo y que se ha complicado la situación social, en su agenda no es prioridad cuidar el empleo”.

“Los guardapolvos más caros del mundo”

  Uno de los primeros contratos afectados fue el del Ministerio de Desarrollo Social, que todos los años compraba un millón de guardapolvos a las cooperativas textiles, para luego distribuirlos en escuelas públicas y sindicatos. “La confección de guardapolvos implicaba una política directa del Ministerio orientada a las cooperativas textiles, las cuales capacitaban a su gente y contaban con supervisión del INTI.  Terminar con los contratos no sólo significa el fin del trabajo en sí, sino también todo lo que eso generaba” aclaró Judith Barchetta, ex Directora Nacional de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y añadió: “Ellos no piensan en el gasto social como inversión. Yo escuché a las nuevas autoridades decir que eran los guardapolvos más caros del mundo y preguntarse para qué se gastaba tanta plata, cuando era más fácil comprarle a privados.”

El “cambio” de mirada

El Ministerio de Desarrollo Social, a diferencia de otros ministerios, no sufrió pérdida de personal, a excepción hecha de los recientes despidos en la Dirección Nacional de Juventud. “De esto se pueden hacer distintas lecturas, una podría decir que fue producto de la dura pelea que dio la junta interna partir del mismo 10 de diciembre, o porque los trabajadores organizados de Desarrollo Social lo impidieron”, opinó Barchetta. Y añadió: “Otro dato objetivo es que desde los circuitos administrativos del Ministerio, al día de hoy,  no se han puesto en funcionamiento ninguna de las líneas de políticas públicas que se venían desarrollando. Las que son de rutina, como el pago a los cooperativistas de Argentina Trabaja, sí, pero todo lo que tiene que ver con poder gestionar recursos que tengan que ver con el presupuesto 2016 no está funcionando”.

Para Daniel Arroyo, el gobierno cree en la teoría del derrame, ecuación que no sería aplicable en la Argentina, porque “lo que produce actividad económica no produce trabajo. Los sectores pobres del país trabajan en lo textil y en la construcción. Sin la presencia del Estado no se crea trabajo para esos sectores.”

Las cooperativas como proveedores del Estado estaban enmarcadas dentro de los lineamientos del Ministerio de Desarrollo Social que buscaba generar la inclusión del individuo mediante el trabajo. “Para que alguien que no está dentro del mercado pueda ingresar, tiene que existir inversión pero también una política de intervención estatal. Y es esa inversión del Estado la que no comprenden los nuevos funcionarios. Tienen una mirada empresarial de lo público, para ellos sobra gente y hay un montón de empleados que son innecesarios”, remarcó Barchetta.

Actualizada 11/05/2016