Mar 25, 2021 | Comunidad, Novedades
Lo acontecido alrededor del caso de M. mostró, con total crudeza, cómo lo más estremecedor de la pobreza existe -y resiste- en los rincones de la ciudad más rica de la Argentina. De repente, se puso sobre el tapete la realidad de este colectivo de personas absolutamente despojado de derechos. Y la ceguera que afecta a la sociedad en general parece cesar, al menos por unos días, al menos por unas horas.
Un censo realizado por distintas organizaciones e instituciones sociales en 2019 reveló que en ese momento había 7.251 personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las cuales 871 eran niños y 40, mujeres embarazadas. Son innumerables las problemáticas que confluyen en estos números: entre ellas, la falta de acceso a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la salud, la exposición extrema y constante a situaciones de violencia por razones de género, a consumos problemáticos y un tristísimo etcétera. La cifra, coinciden todos los actores involucrados, creció –aún sin relevamientos precisos- de manera exponencial tras la pandemia
En este contexto, Constanza Guillén, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en CABA, en diálogo con ANCCOM explicó que es urgente la creación de “Centros de Integración que puedan recibir, contener y acompañar a las personas. Alguien que está hace años en la calle, tiene que aprender todo de vuelta porque justamente es una persona que fue expulsada del sistema social, económico y laboral en el que vivimos”. A su vez, dado que ya hay segundas o terceras generaciones en la calle, en muchos casos se trata de personas que nunca tuvieron una primera instancia de integración social.
“Hoy lo que hay son lugares deficitarios y que encima son escasos. Techo y comida. Punto. Claramente va a volver a pasar, que vuelven a la calle y ahí aparecen los discursos -que ignoran la problemática- que dicen que hay personas que eligen vivir en la calle”, narró Guillén y agregó: “Es una barbaridad, ¿quién elige pasar frío, hambre, tener que llegar a hacer colas de una hora y media o dos horas para pedir un plato de comida? Esa humillación, nadie la quiere. No hay un mínimo de empatía en todo eso.”
En cualquiera de las dimensiones de la problemática, las respuestas del Gobierno de la Ciudad son escasas o, directamente, inexistentes, así lo remarcó la referente del MTE: “Por abordar solo uno de los ejes: al Instituto de la Vivienda de la Ciudad lo vaciaron, no hay presupuesto, entonces ¿cuál es la política de vivienda? ¿Cuál es el trabajo que se está dando para revertir la situación de los hoteles que son una mafia? No hay control, no hay regulación sobre eso y ni hablar de la cantidad de viviendas vacías que hay en Buenos Aires”. A su vez, cuestionó que “cuando Horacio Rodríguez Larreta inauguró las sesiones legislativas del Gobierno de la Ciudad este año dijo que hay que criminalizar a las personas que trabajan en la vía pública: ¿qué hacemos con esa gente a la que no están dejando trabajar?”.
El caso de M. puso en escena la emergencia habitacional en la ciudad más rica del país.
En este sentido, Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7, manifiestó que “el caso de M. debería ser un antes y un después pero a nivel nacional. Obviamente, el lugar donde hay más cantidad es en la Ciudad de Buenos Aires, no hay dudas. Pero nosotros siempre hemos insistido en esto de que la situación de calle no es solamente en CABA. Hemos viajado a otras provincias y hemos visto la situación de compañeros que es lamentable. Estamos cansados de la falta de respuesta a nivel nacional también”.
Un abordaje integral, nacional y colectivo
A partir de los acontecimientos, y en una urgencia repentina por querer resolver y aplacar la situación, se desató un sinfín de manuales paternalistas que intentan explicar e indicar qué es lo que se debería hacer. Instrucciones y dedos acusadores que ignoran absolutamente la realidad de calle y que lejos están de contemplar a las personas involucradas como actores activos y con capacidad de transformación.
“Lo que nosotros necesitamos es un acompañamiento, que nos apoyen en nuestra lucha, pero no necesitamos que sean nuestros voceros. Nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, lo venimos demostrando hace muchos años, pero necesitamos que nos den las herramientas y los recursos”, afirmó Ávila y agregó: “Vos me podes decir que te duele mucho el frío de las calles y yo te entiendo y lo respeto y lo valoro, pero yo te puedo decir cómo se siente el frío de la calle: hay una diferencia. Queremos que eso se respete. Todo lo que se armó estos días en relación a nosotros sin que fuéramos partícipes, fue malísimo”.
Con respecto a la cobertura en los medios de la problemática en las últimas semanas, Guillén aseguró que además “la discusión que hay que dar ahora es cómo se tratan estos casos. Porque no se puede decir ‘mala madre’ a una persona que tiene un problema serio de salud mental, un problema serio de adicción. Además, los vínculos y la maternidad en calle son completamente distintos a la idiosincrasia que podamos llegar a tener los de clase media. Entonces hay que acompañar eso desde todos los ejes y tiene que haber un abordaje más humano de lo que hay hoy”.
En este sentido, Nicolás Silva, referente de Red Puentes -organización que aborda casos de consumo problemático y problemas de salud mental-, agregó que “el consumo problemático casi que va de la mano con la situación de calle. No es estigmatizar a las personas pero vivir en la calle es una situación muy extrema, que deteriora la vida en todos los aspectos. Nos encontramos con muchos casos también de padecimiento de problemas de salud mental graves: tratamos de abordarlos pero también tenemos un límite. Hay casos que necesitan una intervención fuerte del Estado, desde los hospitales, desde la salud pública”.
El Centro de integración Monteagudo es parte de Proyecto 7. Fotografía de archivo.
Red Puentes, junto al MTE y Proyecto 7, una organización que cuenta con cuatro centros de integración, participaron en el diseño del proyecto de Ley Integral para Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo, presentado en septiembre de 2020 por el diputado nacional del Frente de Todos, Federico Fagioli. Si bien es evidente que una problemática con tantas aristas no se resuelve con una sola ley, “son varias las líneas de trabajo y acciones concretas que planteamos en el proyecto -sostuvo Fagioli-. Me atrevo a decir que es una ley muy pragmática. Está claro que hay una fundamentación basada en conceptos éticos y profundamente humanos pero, como siempre, avanzamos con lineamientos claros y concretos”.
El proyecto propone la creación de un registro anual para medir cuántas personas en situación de calle hay a nivel nacional, un Sistema Nacional de Atención Telefónica articulado con un Sistema Nacional de Atención Móvil y una red de Centros de Integración Social. El objetivo de estos Centros de Integración es romper “con la lógica del ‘parador’ al que entran a las 8 de la noche para a las 5 de la mañana y estar de nuevo en la calle. Estos espacios no brindan ninguna solución de fondo -desarrolla el legislador-, por eso lo que pretendemos es que sean lugares en donde las personas tengan un acompañamiento terapéutico, formación en oficios, contención psicológica, entre otros aspectos que cada realidad pueda necesitar”.
El proyecto de ley también propone el trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y una mesa conformada por el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, la Sedronar y las organizaciones sociales especializadas en los distintos aspectos que conforman la problemática. “Una de las cosas importantes que tiene es que se pensó con diferentes ministerios y junto a organizaciones y compañeros en situación de calle, que también saben cómo resolver el problema. Ese laburo, articulado con las organizaciones tiene que seguir estando, porque la problemática no se labura de otra manera que no sea articulando y de manera integral”, comentó Silva, de Red Puentes.
“Nosotros no podemos seguir cumpliendo el rol que tendría que estar cumpliendo el Estado -advirtió Guillén, del MTE-. Por eso también es necesario proponer políticas públicas, porque si no nos vamos a quedar siempre en la trinchera y no termina siendo transformador, que es lo que buscamos. Pero acá no hay que inventar ninguna rueda: el Estado tiene que poner los recursos para potenciar y mejorar lo que ya se viene haciendo”.
En este sentido, Fagioli expresó que “no es cierto que la realidad no se puede transformar, o que las cosas sólo pueden ser de una manera. Las organizaciones sociales vienen a destaparnos los ojos porque nos muestran con hechos concretos, específicos, que se pueden construir proyectos solidarios, colectivos y que realmente cambien el estado de las cosas”.
Con respecto al tratamiento del proyecto, el diputado aseguró que “hubo algo clave en estos días que fue la visibilización de la problemática, que nos tiene que ayudar para empujar esta ley y cambiar de una vez por todas esta realidad. Esperemos que la indignación y las ganas de transformar no se diluyan cuando el tema desaparezca de las pantallas”. Por su parte, Ávila mencionó que, en caso de ser aprobado, “necesitamos que nuestros compañeros sean protagonistas absolutos, si no otra vez va a haber un montón de gente, que no entiende nada, hablando por nosotros”.
Una problemática tan compleja, intrínseca y potenciada por las lógicas del neoliberalismo y enraizada, a su vez, a una historia de egoísmos de unos pocos que, como siempre, azotan las vidas de muchos, no puede menos que obligar a la Argentina toda a reflexionar, de una vez por todas, que no se trata de “empezar a mirar” algo que siempre estuvo pero que “nadie vio”, sino de dar lugar a quienes la viven, la padecen y, por ende, la comprenden en su total profundidad.
“Ojalá que en algún momento no existamos como organización: eso significaría que no hay más personas en situación de calle”, expresó Ávila y concluyó: “Mientras tanto, mejor es que seamos protagonistas y no actores o actrices secundarios. Queremos ser artífices de nuestras vidas y no que el resto nos diga lo que tenemos que hacer”.
Sep 18, 2020 | Comunidad, Novedades
Toma de tierras en Guernica, provincia de Buenos Aires.
Cinco millones de personas, 4.400 barrios populares desde la vuelta a la democracia, un promedio de creación 130 asentamientos por año, unos diez creados por mes. La crisis habitacional no es nueva en la Argentina ni surgió de un día para el otro.
Desde Moreno hasta Guernica, las tomas de terrenos crecieron durante el aislamiento. “El hacinamiento, la precariedad y el costo de los alquileres en las barriadas son insostenibles; además, vino la pandemia y recrudeció toda esta problemática”, afirma el diputado nacional por el Frente de Todos, Federico Fagioli, quien comenzó su militancia en el Movimiento Popular La Dignidad, llegó a su banca por su labor en Patria Grande y vive en el barrio Pueblo Unido, creado a partir de la toma de un terreno baldío.
Año tras año, la falta de respuesta por parte de los estados municipales, provinciales y nacional afecta a los millones de argentinos y argentinas que viven en la precariedad. Sin agua, luz, gas ni cloacas, a merced de desalojos y alquileres informales, miles de familias acceden a un techo en los barrios populares. “Las organizaciones sociales estamos trabajando y luchando hace años por la regularización dominial, el acceso a servicios básicos, entre otras cosas. Producto de este inmenso laburo, se realizó un censo que dio origen al RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares)”, señala Fagioli.
Desde 2014, el diputado reside en Pueblo Unido, en el partido de Glew, que crearon junto a otras familias. “Éramos vecinos y vecinas, trabajadores de la economía popular y también formales, sin posibilidad de seguir sosteniendo el pago de alquileres o viviendo en condiciones realmente indignas. Decidimos de manera planificada y organizada limpiar un basural que era una zona liberada, usado por grupos de personas que delinquían, y empezamos a concretar nuestro sueño y derecho negado a tener una vivienda digna”, cuenta.
Con un claro perfil colectivo, las familias de Pueblo Unido acordaron una serie de reglas: “Nadie puede utilizar la tierra recuperada con fines especulativos o de venta; las decisiones sobre la vida en el barrio son tomadas de manera colectiva; construir nuestros propios espacios recreativos y culturales, nuestra sala de salud; la violencia hacia mujeres e identidades disidentes no es tolerada; bajo ningún pretexto se permitirá el uso de viviendas y el barrio para actividades ilegales que perjudiquen la salud de nuestros jóvenes, vecinos y vecinas”, enumera Fagioli.
Alba, de 41 años, con sus hijos Tiziano, Benjamin, Kiara y Zaira en una de las parcelas del asentamiento de Güernica.
La toma de tierras para la construcción de barrios organizados no solo resuelve en parte la problemática habitacional, sino que busca producir una transformación real en otros aspectos. “Se trata de construir la vida que querés para tu familia, para tus pibes, para tus vecinos y vecinas. Con mucho esfuerzo generamos esta respuesta colectiva a una necesidad urgente y dimos claro ejemplo de cómo es posible, con decisión política, empezar a solucionar algunos de los más importantes problemas de los sectores populares”, remarca el diputado.
Según un informe realizado en 2016 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “en la gran mayoría de las tomas de tierra confluyen dos lógicas que, según el contexto, pueden funcionar de forma tanto contradictoria como complementaria: la de la necesidad de acceder a un lugar donde vivir y la del negocio inmobiliario”. La falta de regulación de estos procesos, que se desarrollan desde hace años, coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a los sectores empobrecidos. Loteos ilegales, alquileres informales, desalojos violentos y estafas son moneda corriente.
Derecho a la vivienda o derecho a la propiedad privada. El debate público a partir de la visibilización de la toma de terrenos situó la discusión desde una mirada punitivista. “Hablar de la toma de tierras como delito es como pretender tapar el sol con un dedo”, apunta Fagioli.
“Cada toma es diferente. Aprendí mucho de involucrarme con las personas”, sostiene Fernanda Moyano, vecina de Haras Trujui, partido de Moreno, desde hace 15 años. Fue coordinadora de Comunidad de la Fundación TECHO y hoy lleva adelante su propia ONG “Athenea”, donde asiste los problemas del barrio siendo un nexo entre los vecinos y el Estado.
Marcha vecinos que ocuparon las tierras de Guernica.
“Lo fundamental es la observación”, destaca. Moyano trabaja junto a diferentes autoridades y organismos municipales como el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), aportando datos y mapeos para comenzar cualquier acción. “Tratamos de sondear para ver si nos podemos meter a ayudar o no. Yo no estoy ni a favor ni en contra, lo que sí intento es que ningún derecho se vea vulnerado. Ayudo en lo que puedo, así sea alcanzar agua o trabajar junto con el municipio o IDUAR para encontrar una solución”, detalla.
Si bien los lazos que tejió durante estos años le fueron de utilidad, subraya que sus principales recursos son la observación y la escucha: “Sé lo que es tener que arreglársela para subsistir, entonces prestar atención a las historias, hablar y preguntar hace que vaya dándome cuenta también quienes son los que están tomando. Yo vivo acá, conozco a la gente, sé quiénes son del barrio y quiénes no”, afirma.
En este sentido, recuerda que, en 2016, en una de las tomas que se llevó a cabo en Moreno, había dos realidades marcadas: por un lado, familias que habían armado una casilla improvisada con lo que tenían, y por otro, personas que al inicio de la toma delimitaron diferentes porciones de tierra, pero no volvieron a aparecer después de varios días. Cuando llegó el momento de censar con IDUAR, asegura, muchos no podían demostrar una real falta de acceso a la vivienda. En este último caso, suele tratarse de lo que se denominan “loteadores” que localizan el terreno, lo dividen y lo comercializan. Para algunas familias esta es la única manera, aunque informal, de acceder a un lugar propio y dejar de alquilar.
Diputado nacional Federico Fagioli, residente del barrio popular Pueblo Unido, creado a partir de la toma de un baldío.
La informalidad de las tomas expone a las personas que necesitan un hogar a situaciones violentas. Moyano recuerda el primer desalojo que vivió tras la ocupación de un terreno al lado de su casa. “Fue brutal, vino Gendarmería y los sacó. Muchas veces se repitió la misma situación, porque la gente volvía a ocupar y los volvían a desalojar, cada vez era más violento. Llegaron a haber incendios y enfrentamientos armados. Cuando se tranquilizó todo, no los movieron más. En 2016 se hizo el censo y se quedaron”.
Como coordinadora de TECHO, rememora otras situaciones donde presenció violencia civil e institucional. “Fue en una propiedad privada. El dueño terminó haciendo un acuerdo con el Municipio y cediendo esa parte que le habían tomado. Pasó el tiempo y tomaron la otra porción que quedaba de ese terreno. Ahí no hubo acuerdo: los mismos hijos y conocidos del dueño empezaron a los tiros para desalojar”, relata.
Ante la presencia de civiles armados, la policía bonaerense decidió no hacer cumplir la ley. “En medio del desalojo, la policía arengaba contra los pibes que estaban ahí diciéndoles ‘Dale, negro de mierda, sacá esas chapas mugrosas’. Cuando uno de los chicos que estaba ahí les pidió que les muestren la orden judicial, le contestaron ‘dejá que la lea yo, que seguro vos no sabés leer’”, cuenta. Ya estaba vigente la Ley de Regularización Dominial y ese desalojo no estaba permitido. “La realidad es que nadie pudo ver siquiera si esa orden estaba firmada por un juez. Eran las cinco de la mañana, un día de lluvia”, señala.
Moyano lamenta la falta de propuestas gubernamentales para solucionar esta problemática. “Frente a mi casa, hay un predio que iba a estar destinado a un proyecto urbanístico que nunca se hizo. Estaba pensado que, una vez que hubiera luz y agua, cada familia iba a comprar su lote. Vamos por la cuarta intendencia y seguimos intentando que se haga. Ese fue un proyecto vecinal al que nunca le prestaron atención. Finalmente, la gente se cansó y tomó. Había intención y ganas de acceder a una casa pagando, pero nadie respondió”, se queja.
La histórica desidia estatal es patente en este caso que relata Moyano en el partido de Moreno. El proyecto vecinal de urbanización no fue activado. Sin embargo, ya hay quienes están loteando el terreno y vendiendolo. “Se dice que es la sobrina del dueño de ese lugar, pero eso no es cierto. La casualidad es que esta chica está trabajando con la intendenta de Moreno”, denuncia. “Estas cosas hacen que, cuando uno es transparente e intenta que la gente no haga tomas, se vaya todo por el caño. Hoy si viene la intendenta o IDUAR a decirme que van a reubicar o hacer algo, no les voy a creer porque nunca cumplen”, advierte.
Las personas quieren acceder a la vivienda digna pero las dificultades para acceder a la tierra son múltiples. “Todos los días recibo mensajes de gente que me pregunta si sé de terrenos que se vendan. La mayoría ahora cobraron el IFE y quieren, aunque sea, tener un lugar y montar una casilla. No hay un programa real que brinde una facilidad de pago”, se lamenta.
“Otra Argentina es posible”
“Si hay tomas de tierras, si hay gente dispuesta a pasar frío, a sufrir la represión policial, es porque hay una necesidad real y concreta de acceder a un espacio para construir su propia vivienda”, reflexiona el diputado Fagioli y agrega: “Entonces, ¿qué hacemos? ¿Reprimir y desalojar? ¿Y luego qué? Necesitamos que se avance con políticas públicas reales y concretas que den una respuesta efectiva, y te aseguro que nadie más va a querer ir a pasarla mal y exponer a su familia en una toma”.
Para Fagioli, las tierras fiscales ociosas se deberían poner a disposición de una política pública integral y realmente accesible para los sectores populares. “El derecho a la propiedad de las tierras ociosas es, al menos, cuestionable en un país donde hay millones de personas hacinadas o sin techo. Desde un punto de vista ético, no podemos permitir que haya tierras destinadas a la especulación mientras el pueblo vive de manera precaria e indigna. Esto es inaceptable”.
El gobierno del Frente de Todos reconoció la crisis habitacional y creó el Ministerio de Hábitat y Vivienda para cumplir con la Ley de Barrios Populares y la de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. “Vemos con mucha esperanza esto. Sin embargo, estamos pidiendo que el Estado y el Ministerio de Hábitat en este caso, activen respuestas efectivas y prontas. Se necesita ejecutar los recursos que ya están disponibles y planificados, pero se necesitan ya. No podemos permitir que nuestro pueblo siga padeciendo la miseria de un sistema excluyente”, sostiene Fagioli.
Además de las leyes vigentes –pero sin financiamiento–, los sectores populares cuentan con el Plan de Desarrollo Humano Integral, creado entre organizaciones sociales y sindicatos. “El plan traduce muchas de estas problemáticas estructurales en políticas concretas, reales e integrales. Es nuestro aporte hacia una estrategia nacional pospandemia”, sintetiza el diputado.
El Plan contempla un proyecto integral de urbanización, loteo, colocación de servicios básicos y finalización de viviendas sociales. “Los ejes son la promoción del trabajo como ordenador social y el repoblamiento de la Patria. Se complementa con una propuesta de salario universal para la inclusión de trabajadores y trabajadoras, y su financiamiento a través de una profunda reforma impositiva que grave las grandes fortunas, los capitales especulativos y las actividades extractivas”, explica. El Plan prevé la creación de 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo.
“Conjuntamente, desde el Congreso, ya empezamos a trabajar en este sentido y conseguimos que la problemática de la vivienda se incluya en el proyecto de ley ‘Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas’, disponiendo que un 15 por ciento de lo recaudado sea destinado a urbanizar los barrios populares”, indica Fagioli. La suma recaudada sería de aproximadamente 45 mil millones de pesos, que servirían para asistir a más de 5 millones de personas en las barriadas.
“La organización, la unidad, la planificación de diferentes estrategias de lucha nos permitió avanzar en muchos sentidos demostrando que otra Argentina, además de ser necesaria, es posible”, se esperanza Fagioli.
