Topadoras contra la cultura

Topadoras contra la cultura

El Corralón de Floresta, ubicado en Avenida Gaona  4660, es un espacio recuperado por los vecinos en 2005, en el cual se desarrollan distintas iniciativas artísticas. El Gobierno porteño pretende avanzar con una serie de obras  que alterarían el predio e implicarían el cese de varias de las iniciativas puestas en marcha por los vecinos.  Las autoridades de la ciudad amenazan con el desalojo del predio durante esta semana.

El 23 de mayo pasado, los vecinos recibieron la orden de desalojo y cierre, y desde ese momento recurrieron a varias instancias en defensa del Corralón. En un principio, el Poder Judicial porteño dio lugar a un amparo colectivo impulsado por varias agrupaciones en contra de “la puesta en valor” del Corralón de Floresta. Pero posteriormente, la jueza Andrea Danas falló a favor de las autoridades. “Nos  intimaron a abandonar el predio el 6 de octubre, sin horario fijo, tras lo cual decidimos convocar a un festivales de resistencia  los  días 5 y 6 de octubre. Por lo cual convocamos a la comunidad a dar apoyo”, señaló Catriel Varone, integrante de la huerta, muralista y miembro del grupo que brinda un taller de cerámica.

Mariano Cáceres, integrante de la Huerteca -el grupo que gestiona la huerta y la biblioteca del Corralón- explicó: “El primer proyecto de Plaza Cultural se realizó en 2005, que preveía que en el predio haya una plaza y un espacio para  grupos culturales. Pasó el tiempo y los grupos culturales crecieron exponencialmente”. Hoy, en el Corralón hay teatro para chicos, música, canto e improvisación, cine, huerta comunitaria, biblioteca, cerámica, escultura, entre otras actividades.  El fin de semana del 17 y 18 de septiembre organizaron en el lugar un encuentro nacional de copleros, con grupos venidos del norte argentino y de Bolivia y la huerta posee más de 30 variedades de especies frutales.

Según Cáceres, “el Gobierno porteño se acercó al espacio con la excusa de retomar el proyecto de Plaza Cultural, antes sacó a ocupas de la Barra de All Boys y a empresas que estaban ocupando el predio de manera ilegal, donde dejaron escombros. Nos invitaron a dialogar en la Comuna 10 por el proyecto que ellos tenían y cada vez que pedíamos que algo se concrete, las respuestas eran con evasivas”.  Ante esa situación, los vecinos formaron la asociación civil Grupos Culturales del Corralón de Floresta, que reúne a todas las iniciativas autogestivas que usan el predio.

En 2012 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el proyecto del diputado Juan Cabandié, nombró al Corralón como sitio histórico en reconocimiento a su valor urbanístico, social e histórico. Cáceres agregó: “Es un espacio público que primero se dedicó a la recolección de residuos, fue utilizado por varias empresas, luego quedó abandonado y fue recuperado y limpiado con el trabajo de los vecinos”.

Varone detalla la argumentación que dan las autoridades para cerrar el predio: “Dicen que hay placas de fibrocemento que son cancerígenas y tanques de combustible enterrados donde funcionaron las empresas de transporte, hace mucho tiempo. Tienen que sacarlos, hacer un estudio ambiental y luego el proyecto de Plaza Cultural. La excusa para desalojar el predio es una cuestión de salud y ambiental. Lo cierto es que esta realidad contaminante está hace más de veinte años. Pero de esa manera, el predio estaría cerrado por un año y medio”.

Actualizado 6/10/2016

Parque sí, shopping no

Parque sí, shopping no

Sesenta sillas instaladas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Acoyte, en el porteño barrio de Caballito, trazan una metáfora viviente. Buscan emular las sesenta bancas que componen el recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sillas de plástico color negro, más austeras que aquellas sobre  las que reposan los legisladores durante las sesiones. En la calle, los ocupantes de los asientos son los vecinos  del barrio que, por quinta vez, resisten la instalación del “shopping más grande de la Capital” que auguran los adalides del negocio inmobiliario.

La cita fue convocada para conformar un “Parlamento de Vecinos” desde el que se llamó a participar a los habitantes de Caballito y barrios aledaños como Almagro, Boedo, Villa Crespo, y Flores. Algunos de los organizadores no están agrupados, mientras que otros pertenecen a Encuentro en Defensa del Espacio Público, Corredor Verde del Oeste, SOS Caballito, Asociación de Comerciantes de Gaona y Adyacencias, y partidos políticos. El objetivo de conjunto es rechazar proyecto de ley enviado el 15 de septiembre por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura para permitir la instalación de un shopping del Grupo Irsa en los terrenos aledaños a las vías del tren y laterales al Club Ferrocarril Oeste.  Por quinta vez, el gobierno porteño intenta aprobar la “deszonificación”  de los terrenos ubicados sobre la Av. Avellaneda entre Fragata Sarmiento y Olegario Andrade, para que puedan ser destinados a la construcción de un megacentro comercial.

Corte de calles Acoyte y Rivadavia, en rechazo al nuevo intento de construir un shopping.

Corte de calles Acoyte y Rivadavia, en rechazo al nuevo intento de construir un shopping.

La acción del martes por la tarde no escapa a ciertas normas de civilidad: se corta medio carril de cada avenida y, cuando el semáforo se pone en rojo, los vecinos se despliegan sobre los otros carriles. Todos se repliegan cuando llega el verde.

Algunos vecinos funcionan como capas tectónicas; vienen organizados “desde la asamblea conformada en 2001”. Otros fueron parte de la resistencia a los anteriores intentos por parte de  un gobierno del PRO de instalar el shopping. Hay banderas y pancartas ya gastadas, otras hechas para la ocasión. “S.O.S Caballito, barrio de casas bajas”, “Ningún shopping vende oxígeno”, “Basta de priorizar el negocio inmobiliario sobre nuestra calidad de vida” y la que más se repite: “Sí al Parque Caballito, No al shopping de Irsa”.

Las contrapropuestas al shopping no son ajenas a los impulsores del Parlamento de Vecinos que proponen que los terrenos en cuestión sean destinados a la creación de un parque. “Estamos cortando la calle porque desde 2013 se vienen presentado proyectos en la Ciudad, también hubo en Congreso, para que esos terrenos se destinen a un parque. Creemos que tiene que haber un proyecto alternativo al del Ejecutivo que garantice más espacios verdes, públicos. Ahora se está consensuando un nuevo proyecto y aspiramos que se consiga la firma de todos los integrantes de la Legislatura. Sabemos que no vamos a contar con las del PRO que tiene 28 votos y necesita 31 para su shopping. Y nosotros debemos reunir 31 para el parque”, dice el ex comunero y actual integrante de Proyecto Parque Caballito – Encuentro en Defensa del Espacio Público, Martín Iommi.

El objetivo de conjunto es rechazar proyecto de ley enviado el 15 de septiembre por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura para permitir la instalación de un shopping del Grupo Irsa en los terrenos aledaños a las vías del tren y laterales al Club Ferrocarril Oeste.

Al proyecto inmobiliario de Irsa, se suma el caso de un colegio que podría ser  demolido para la edificación de emprendimientos inmobiliarios. “También estamos sufriendo muchos cortes (de servicios) frente a tanta construcción, y en particular porque en el ex Colegio Santa Rosa se pretenden construir torres donde nosotros queremos que haya una escuela y un jardín público”, agrega Iommi. Y concluye: “Estamos pensando que no solo es un momento de resistir, sino que estamos en condiciones de soñar con un parque, una escuela y un jardín, para empezar a construir, desde los barrios, la Ciudad que queremos y no que lo haga el Jefe de Gobierno con las corporaciones”

“Para construir el shopping se debe rezonificar la parcela, si lo hacen están en condiciones de levantar un edificio de 75 mil metros cuadrados, con un estacionamiento de 50 mil metros cuadrados. Estamos hablando de un barrio en donde, por ejemplo, este verano, de madrugada, los vecinos no conseguían llenar el tanque de agua ni siquiera en viviendo en un PH. Va a ser un colapso y el único interés que se está contemplando es el de IRSA. La ley dice que debe haber una audiencia pública previa a la presentación del proyecto y todavía no hubo nada, además de que no son vinculantes. Los vecinos no queremos más cemento, queremos parques”, apunta Estela mientras sostiene una pancarta.

Juan Carlos vivía en Caballito y se mudó a unas cuadras hacia Flores pero igual participa en el reclamo. “Hay una invasión tremenda de edificios por la especulación inmobiliaria, después vienen los cortes de luz, la baja presión de agua, se tuvieron que cambiar las líneas de gas. Otro problema son las torres que están sobre la Avenida Lorca, al lado de Ferrocarril Oeste, que consumen el equivalente a 16 manzanas de casas bajas. Por eso, ya sabemos lo que pasa. Y los días en que hay partido se llena de autos, imaginate lo que va a pasar con más torres o con el shopping”, explica.

“Sí al Parque Caballito, No al shopping de Irsa”, una de las consignas de la protesta.

Algunos vecinos concurren después de buscar a los chicos del colegio, hay quienes visten camisa, caras de señoras maquilladas y con perlas, y jóvenes con el termo y el mate. Tres patrulleros custodian el corte.

Con 26 años, Daniela piensa en las actividades culturales que hacen con su agrupación Felipe Vallese en el playón que está detrás de los terrenos en cuestión, y en las “cerca de 40 familias que están asentadas ahí y que pueden verse afectadas por este proyecto”. Mientras tanto, algunos pasan y preguntan por qué el alboroto, los vecinos de este lado –de la organización de la protesta- exhiben en detalle y con calma los argumentos que empiezan, finalizan y se sintetizan en  #SiAlParqueNoAlShopping

Todos los consultados repiten el mismo dato: la Organización Mundial de la Salud recomienda cerca de 10m2 de espacios verdes por habitantes. La Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, sobre la base de datos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, indica que la Capital Federal no llega a los seis metros cuadrados por habitantes. “Esta es la comuna con el menor promedio, tenemos menos de un metro cuadrado de espacios verdes por persona. Entonces no necesitamos más torres, ni más negocios, necesitamos verde. Acá los parques están colmados.  La alternativa no es shopping o baldío, nosotros decimos sí al parque, que esté urbanizado y donde puedas cruzar desde la avenida Avellaneda a Rivadavia sin dar vueltas”, dice Carlos, de 60 años, mientras alienta a que la gente ocupe las “bancas”.

Rodríguez Larreta aparece en la máscara de un comediante. “Sobran alumnos y sobran escuelas”, dice. Y sigue: “Estaría buena la Ciudad de Irsapolis”. La tribuna grita y chifla. Después de la alegoría, desfilan actuales y ex legisladores: Gustavo Vera (Bien Común), Javier Andrade (Frente para la Victoria), Claudio Heredia (Bloque Peronista), los radicales Hernán Rossi y Marcelo Guouman (Suma +), Alejandro Bodart (MST), y María José Lubertino (FpV). También comuneros, y referentes de partidos y organizaciones sociales.

Además de banderas y pancartas, hay una mesa que colecta firmas para el petitorio de apoyo. Mientras algún orador lanza consignas o críticas a la gestión actual se escuchan aplausos, arengas y abucheos, según corresponda. Un vecino pasa y grita: “Acá a tres cuadras, no hay luz”.

Actualizado 28/09/2016

Atreverse a escuchar

Atreverse a escuchar

Los músicos que tocan en las calles de la Ciudad de Buenos Aires reclaman que sea tratado el proyecto de ley que presentaron en la Legislatura en 2012. Defienden su actividad frente a un vacío legal que no se adapta a la nueva realidad histórica. Aquí cuentan su historia y el reclamo que los une.

Se nuclearon en el Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) y presentaron en 2012 un proyecto para preservar la actividad musical en la ciudad. Ahora esperan que la Legislatura aborde y discuta el proyecto. Lo que conecta las experiencias de estos artistas es la necesidad de un marco legal renovado. Ellos defienden la geografía urbana como un escenario de expresiones comunes. Y en todos los casos, la elección de tocar en las calles responde a la misma necesidad: sostenerse en la voz que dice acá estoy, esto soy, esto sé hacer.

Cuando una ley no se expresa con claridad sobre un tema, le sobrevienen interpretaciones de toda índole. Cuando una norma no se adapta a una nueva realidad histórica, la norma -o la realidad- quedan obsoletas. En el caso de la música en las calles, se da un juego de la norma donde no hay ley, y al artículo que dice la música sí, se le contrapone la norma que dice el ruido no. La ausencia de una ley específica que regule esta práctica, habilita a múltiples interpretaciones que se superponen. Y ahí empieza el problema.

Los elementos legales con los que hasta ahora se ha abordado el tema de la música callejera, son variados y se usan a favor o en contra de la misma, según el caso. Sin embargo, los músicos que reclaman, concuerdan en la ambigüedad de la normativa actual.

Por un lado la ley 4.121 asegura que “no constituye contravención (…) la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria”. Pero en muchos casos, esta normativa es anulada con otros artículos de otras leyes que prohíben los “ruidos molestos”. Y la lectura, en cada caso, se adapta al lector.

En el caso del artículo 82 del Código Contravencional, el mismo expresa que será sancionado “quien perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia”. Sin embargo, unos párrafos más adelante, se agrega que “no constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso siempre que se utilicen dispositivos de amortiguación del sonido de los instrumentos o equipos, cuando ello fuera necesario”.

Lo que sucede es que los músicos callejeros, en ocasiones son censurados bajo denuncias por “ruidos molestos”, sin la correspondiente medición de decibeles.

Andrea es saxofonista en Pollera Pantalón y contó: “Trabajo hace diez años de esto y en la calle tuvimos varios problemas con la policía por denuncias de ruidos molestos. Años antes, con la Urbanda (ya éramos 7 músicos con un sonido importante) cada tanto recibíamos denuncias por ruidos molestos, y nos metían una contravención. Nos confiscaron los instrumentos varias veces (cosa que nos dejaba sin laburo por varias semanas)  y lo que pasaba era que cuando nos citaban del juzgado, el juez decía que lo que hacíamos no era una contravención, que el procedimiento policial estaba mal hecho, y que nos devolvieran los equipos”.

En el caso del subte, Oscar toca allí desde el 2001 y dijo que “nunca, un instrumento con amplificador puede superar el ruido que hace el subte sobre los rieles”. En las calles, para poder prohibir la amplificación, debería previamente medirse el sonido y establecer si supera o no el límite permitido. Pero esa medición no se suele hacer.

En junio de 2014 el gobierno porteño asumió el control de la red de subterráneos. Alejandro Cabrera Britos –saxofonista de Jamaicaderos y miembro fundador del FAAO- dijo que “en solo dos meses se registraron 42 casos de violencia institucional de parte de la policía metropolitana, que iban desde el pedido elegante de salir de vagones y andenes, hasta la amenaza de labrar un acta contravencional o secuestrar instrumentos y equipos”.

Una de las encargadas del área de Prensa y Comunicación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Inés Barbitta Benítez, dijo que “en la medida que se autoricen en lugares adecuados, abiertos (normalmente parques y plazas), alejados de las viviendas residenciales y siempre que no se superen los decibeles máximos admitidos por las normas legales, se los considera una expresión cultural que debe ser promovida por la autoridad de aplicación”.

En relación a las denuncias hechas por varios músicos callejeros que sufrieron censuras por parte de la Policía Metropolitana, el diputado porteño Alejandro Bodart dijo que “no sólo hubo operativos policiales, sino también persecución por parte de inspectores del área de Espacio Público con la excusa de los ‘ruidos molestos’ y el régimen de faltas. Desde ya, ninguno de esos inspectores tenía un decibelímetro para comprobar si los músicos excedían o no el tope permitido. Una ley de regulación le pondría fin a estas injustas persecuciones”.

A su vez, la saxofonista de Pollera Pantalón agregó que se “deberían medir los decibeles para ver si se supera el máximo tolerado, pero jamás vi en la Argentina un decibelímetro. En la ciudad de Buenos Aires hay un hueco legislativo al respecto, porque no existe la prohibición, pero tampoco el permiso, entonces quedamos a merced del humor del fiscal de turno”.

Hay otra norma que, según los músicos, suele ser utilizada por las autoridades policiales para extraerles los equipos amplificadores. Se trata del decreto 1.239 del año 1993 que no permite la amplificación del sonido con medios electrónicos. Sin embargo, los músicos dicen que este decreto queda sin efecto si se cumple la ley 1540 del control de la contaminación acústica, que establece los parámetros permitidos en la emisión de ruidos y vibraciones en el espacio público.

Alejandro de Jamaicaderos dijo que en todos estos años tuvieron “infinidad de problemas, que van desde una colección de más de 60 contravenciones por supuestos ruidos molestos (donde usan subjetivamente el artículo 82), por supuesta usurpación del espacio público (donde usan autoritaria y arbitrariamente la ley 451) y por vender mercadería ilegal, o sea nuestros cd´s”. En cuanto a la prohibición  de tocar en transportes urbanos, el saxofonista aclaró: “Estuvimos reunidos con autoridades de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y nos confirmaron que no existe ninguna resolución ni normativa alguna de ese carácter, que es una estrategia que utilizan internamente las empresas de transporte”. El diputado Bodart también se expresó al respecto y dijo que “no existe tal norma o resolución prohibitiva. Es sólo una versión falsa e interesada que hacen circular empresarios o inspectores de colectivos con el objetivo de restringir a los artistas”.

Por todos estos motivos, varios músicos agrupados en el FAAO, reclaman que la Legislatura analice el proyecto de ley que presentaron hace tres años. Esperan la sanción de una ley que regule su trabajo, y les permita defenderse de avances, censuras o atropellos. Una ley que instaure parámetros. Que establezca las reglas de un juego más justo.

Los diputados Alejandro Bodart, Gabriela Alegre, María Rachid y Edgardo Form, fueron los encargados de presentar formalmente el proyecto de ley en la Legislatura. En cuanto a la norma vigente, Bodart critica el decreto 1.239 porque “obliga a solicitar un permiso en la Dirección de Acción y Promoción Cultural. En realidad funciona como traba, ya que no renuevan los permisos. Por eso la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una actividad cultural tan variada y reconocida, necesita una ley para regular y proteger una de esas expresiones populares como lo son los músicos y otros artistas de la vía pública”.

Pero el proyecto de ley todavía no fue tratado. Con respecto a esto, Bodart dijo que “como la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña lamentablemente no trató nuestro proyecto de ley en tiempo y forma, este año lo hemos vuelto a presentar. Es el Expediente 660-D-2014 y visto que la Ciudad tiene una deuda con los artistas haremos fuerza para que se inicie su debate a partir de marzo próximo”.

En cuanto al contenido del proyecto, el diputado Bodart expresó que “la ley que proponemos define a los artistas callejeros en forma amplia, establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Cultura, no requiere de permisos previos, en el caso de los músicos dispone la obligación de cumplir los decibeles permitidos y propone incluir la información sobre los diferentes artistas en el sitio electrónico oficial de la Ciudad para ayudar a su difusión y promoción”.

Alejandro de Jamaicaderos agregó que “lo que busca el proyecto de ley es despenalizar el arte ambulante, exigir el fin de acciones de la policía hacia los músicos y la prohibición del secuestro de instrumentos por parte de la fuerza pública”.

Todos ellos son artistas que defienden lo que hacen y dicen que, después de todo, hay algo que no ha cambiado: la cercanía del púbico que disfruta con las canciones. Los que pasan caminando, los que se detienen para escuchar, tal vez intuyan que detrás de una melodía puede haber un reclamo, un gesto, la intransigencia frente a un hecho hostil. Conocer la situación de estos artistas, puede ser una forma de atreverse a escuchar la música callejera como algo que también le es propio: una forma de resistir. Esas voces que se sostienen y dicen: acá estoy, esto soy, hay algo que quiero decir.