Prensa libre

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Este jueves absolvieron a los seis delegados gremiales de Editorial Perfil en el juicio oral llevado a cabo durante esta semana, en el que los trabajadores habían sido acusados de afectar la libertad de prensa en el marco de una medida de fuerza. La causa penal, que había comenzado en 2013, era para los procesados una represalia de la empresa para disciplinar a los trabajadores y debilitar la organización gremial colectiva.

El juez subrogante Walter Candela dictó la absolución luego de escuchar los alegatos y el testimonio de 19 testigos, de los cuales 16 fueron llevados por el fiscal. En el banquillo de los acusados esperaban Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Rodríguez, Héctor Velásquez, Jose Luis Quartana y Rubén Schofrin, quien además es secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Durante las cuatro jornadas del juicio, este sindicato, que es, según Schofrin, “uno de los sindicatos que Macri dice que sobran”, organizó una radio abierta y actividades de apoyo a los delegados. A ellos se sumaron otras organizaciones gremiales, diputados, legisladores y periodistas para pedir la absolución en las puertas del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12.

“Perfil dio un golpe de estado a nuestra comisión interna el 30 de octubre de 2013, día de elecciones. Echaron a trece compañeros, entre los cuales había miembros de la junta electoral, que tienen inmunidad gremial”, relata Schofrin. Y agrega: “El despido de un trabajador es legal, pero no el de un integrante de la junta electoral. La ley así lo considera. El paro fue masivo y entonces las publicaciones de la empresa, como el diario Perfil y la revista Caras, demoraron su salida unas horas. Frente a eso nos acusaron de violar la libertad de prensa”.

En el juicio oral llevado a cabo durante esta semana, los trabajadores habían sido acusados de afectar la libertad de prensa en el marco de una medida de fuerza.

Para Schofrin, la denuncia penal efectuada dos meses después de esos hechos fue una venganza de la empresa de Jorge Fontevecchia, ya que en el fuero laboral los trabajadores habían logrado grandes conquistas. “Perfil aplicó un revanchismo inédito. Nosotros sufrimos más de 800 despidos y revertimos cerca de 200. La acción punitiva busca quebrar una organización gremial colectiva e imponer un régimen de disciplinamiento a los trabajadores de prensa”, sostiene.

Iglesias, también acusado, cuenta algunos detalles de la noche de la denuncia: “Viene la Policía Federal, entra, mira y se va sin hacer nada. Más tarde vienen de Prefectura y pasa lo mismo. Cuando llega la Policía de la Ciudad, que en ese momento se llamaba Metropolitana, el fiscal de turno le dice al jefe del operativo que se vaya, que no había ningún delito. Eso figura en el expediente”. De hecho, durante el tercer día del juicio declararon algunos de los policías que participaron esa noche, ratificando que no había delito, tal como cuenta el delegado.  

Editorial Perfil, que en diciembre de 2013 hizo la denuncia penal contra sus trabajadores, no fue querellante en la causa. “Fontevecchia tiene sus mañas, y prefirió hacerle hacer el trabajo sucio al Poder Judicial, a un fiscal. Y como el Estado defiende los intereses de la empresa, esto a Perfil le sale gratis”, dijo Iglesias. Por su parte, el abogado de la defensa, Fernando Gómez, aclara este punto: “Perfil no fue querellante porque estaban muy flojos de papeles, ya que los hechos que denunciaron no existieron y no hubo ningún ataque a la libertad de prensa. Solo hubo una medida de fuerza para impedir despidos ilegales porque la empresa violó la Ley 23551 de Asociaciones Sindicales”.  El abogado, además, advierte: “Tendrán responsabilidades severas cuando se termine de comprobar la verdad que deriva de este juicio, y que es lo que motivó las medidas de fuerza. Esta empresa ha llevado adelante despidos masivos, ha violentado los recursos preventivos de crisis, ha desoído decisiones judiciales de reincorporación de trabajadores y ha desconocido la vigencia del Estatuto del Periodista”. Entre los testigos que declararon, hubo cinco gerentes de distintas áreas de Editorial Perfil.

Si bien el artículo 161 del Código Penal preveía una pena de uno a seis meses de prisión, detrás de este juicio se escondía un riesgo mucho mayor que la posible condena, y es la utilización de la justicia penal para criminalizar la actividad gremial. “Pegarle a la organización gremial es pegarnos a todos. Si nos llegaba a ir mal a nosotros, Clarín y La Nación iban a salir a hacer denuncias penales en vez de buscar abogados laboralistas. Estuvieron mirando este juicio de cerca”, se preocupa Iglesias. “Es una locura que los que producen los diarios y revistas sean acusados de coartar la libertad de prensa. En realidad, violar la libertad de prensa es echar periodistas y sembrar el terror para que no haya voces disonantes, que es lo que están haciendo algunos medios en este momento”, compara.

Para Schofrin, la denuncia penal efectuada dos meses después de esos hechos fue una venganza de la empresa de Jorge Fontevecchia, ya que en el fuero laboral los trabajadores habían logrado grandes conquistas.

El clima de época es otro factor que los protagonistas de esta causa toman muy en cuenta para entender por qué llegó a juicio oral un reclamo laboral. “Yo tengo 30 años en el gremio y nunca vi un caso así”, dice Fernando “Tato” Dondero, secretario general de Sipreba y testigo de concepto en la causa. “La preocupación central es el momento político en el que aparece esto. El gobierno viene por reformas en contra de los trabajadores, y este hubiera sido un precedente terrible. Cualquier paro puede terminar en denuncia por entorpecer la libertad de prensa”.

Iglesias también entiende que los nuevos vientos políticos han dado aire a este tipo de criminalización del conflicto gremial: “Fontevecchia es un hábil lector de la realidad, y leyó este cambio de época, porque es en este contexto que una causa así puede tener algún asidero. El fallo de Cámara salió en 2015, el día después del balotaje, y a partir de ahí la causa se aceleró y avanzó hasta este juicio”.

“Volvemos a Editorial Perfil a trabajar como todos los días, pero sin la espada de Damocles sobre la cabeza”, dijo Schofrin al salir del juzgado, absuelto al fin, pasada la una de la tarde del jueves.

Los aplausos después de la absolución.

Actualizado 02/11/2017

 

           

Procesar a diario

Procesar a diario

El 20 de diciembre de 2013, empleados de la empresa Perfil participaron de una asamblea para tratar de resistir una tanda de despidos y la salida del bisemanario homónimo se retrasó diez horas.  Meses después, les llegó una citación para prestar declaración ante la Justicia a cinco delegados y un miembro de la Junta Electoral de la publicación. Allí se enteraron de que la compañía, propiedad de Jorge Fontevecchia, los había denunciado, que estaban procesados penalmente, acusados de atentar contra la libertad de prensa, y con la amenaza de terminar en prisión de uno a seis meses. Aunque el juicio se suspendió momentáneamente, debido al conflicto por el traspaso de parte de la Justicia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, la causa no se cerró y una posible condena pende sobre los trabajadores.

El conflicto había empezado en octubre de 2013, cuando se conocieron los primeros despedidos. En el marco de las elecciones de renovación de la Comisión Interna donde se eligen delegados, la editorial decidió echar a trece trabajadores, entre ellos a integrantes de la Junta Electoral. “Estábamos en medio de elecciones y echaron a parte de la la Junta Electoral, porque a mí no me podían echar, porque tengo inmunidad gremial. Lo que ellos no sabían era que la Junta también la tiene, y ahí fue cuando estos tipos dijeron: `Bueno tenemos que hacer algo, y empezaron a avanzar con todo´”, recuerda Marcelo Iglesias, delegado de Perfil desde hace 17 años.

Luego de realizar una seguidilla de paros, medidas de fuerza y conciliaciones obligatorias, se logró la reincorporación de todos los trabajadores. Pero la empresa Perfil fue un paso más allá y mandó nuevos telegramas de despidos cerca de fin de año.“ Tenés todo el año para despedir, y elegís justo esa fecha. Fue una medida ejemplificadora, como diciendo: `Me importa un carajo vos, tu Comisión Interna y el día de elecciones. Yo soy el dueño, hago lo que quiero y se terminó”, dice Rubén Schofrin,  delegado de Perfil desde el cierre del viejo diario en 1998 y actualmente secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).  

Planta de la Empresa Perfil donde se produce el conflicto.

 A finales del año pasado, la causa – que se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 12- fue elevada a juicio. Las audiencias tenían fecha desde el 29 al 31 de marzo pasado, pero fueron suspendidas en el marco de una crisis entre la Justicia y el Gobierno por el traspaso de los fueros nacionales a Capital. Sin embargo,  entre los trabajadores de Perfil creen que pudo haber influido el contexto de conflictividad social, vivido durante el último marzo, con la lucha docente y la convocatoria del paro de la CGT. Además, se había llevado adelante una campaña de solidaridad con los delegados y estaba programada una movilización para el día del comienzo del juicio.

“Desde lo personal genera cierto alivio -dice Iglesias-, pero también cierta incertidumbre porque esto se estira. Desde la óptica político-sindical para nosotros es una victoria”. No obstante,  la abogada defensora, Claudia Ferraro, advierte: “El juicio está suspendido pero sigue siendo una espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores y en cualquier momento pueden notificarnos que se inicia”.

 Un dato que no pasó desapercibido entre los acusados fue que la empresa de Jorge Fontevecchia no se presentó como querellante en la causa y sólo se encargó de asentar la denuncia penal en primera instancia. “Se encontraron con que la Justicia actuaba por ellos, sin tener que presentarse ni ir al choque con la Comisión Interna. Es una forma de maquillar la responsabilidad que tienen, en esta persecución penal, porque ellos han sido quienes presentaron la denuncia, los apellidos y nombres de los trabajadores, y los que en sus declaraciones señalaron como autores de este supuesto delito a quienes están imputados”, afirma Ferraro.

Delegados y trabajadores de Perfil reclamando el derecho a huelga.

 En el momento del juicio, tendrá lugar una discusión entre la defensa del derecho a huelga y la libertad de empresa, en este caso, presentado como libertad de prensa. “Para el gremio de prensa un fallo adverso sería un golpe mortal al derecho de huelga, porque el objetivo del paro es que el producto periodístico no salga. Entonces, si no sale te acusan de violar la libertad de prensa, quiere decir que no hay derecho a huelga. Por lo tanto, se está a la merced de las patronales”, explica el secretario adjunto de SiPreBA.

“Si a nosotros nos encuentran culpables, yo estoy convencido que la empresa sale a pedir el desafuero de los delegados”, observa Iglesias sobre la posibilidad de que él y sus compañeros sean despedidos sin indemnización, tras quitarle la inmunidad gremial y continúa: “La causa no solo afecta a prensa, puede afectar a los gráficos, a los canillitas, a los camioneros. Generaría un antecedente importante y esto se puede aplicar tranquilamente a otros gremios. Es una caso, en algún punto, emblemático.”
Actualizado 18/04/2017