Las huellas del infierno

Las huellas del infierno

El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura.

La bandera argentina flamea en lo alto del mástil. Los plátanos, con sus hojas anaranjadas por el otoño, flanquean la larguísima Avenida Ideoate, poblada a uno y otro lado de edificios castrenses. Ubicado en el partido de San Miguel, a 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Campo de Mayo abarca cinco mil hectáreas de terreno abierto. Aquí funcionaron, entre 1975 y 1983, cuatro centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: El Campito, La Casita, la Cárcel y el Hospital Militar, en cuya maternidad clandestina dieron a luz unas 30 desaparecidas y sus hijos fueron robados. Algunos han recuperado su identidad pero la mayoría –hoy mujeres y hombres de cerca de 40 años– continúan siendo buscados por sus familias biológicas a través de Abuelas de Plaza de Mayo.

El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura. Sus estructuras lindaban con un pequeño aeropuerto de donde despegaban los “vuelos de la muerte”. Entre las miles de víctimas que pasaron por allí se cuentan sindicalistas ferroviarios, miembros de las comisiones internas de Ford y Mercedes Benz, dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como Mario Santucho, de Montoneros como Miguel Lizaso y el escritor Héctor Oesterheld. Varios de estos casos forman parte del juicio oral y público por la megacausa Campo de Mayo. Sólo sobrevivieron 43 personas.

No es un día común en la base. La rutina de los militares se ve interrumpida por un grupito de civiles se agrupa bajo la luz de un radiante mediodía en las puertas del Polígono de Tiro, a unos 500 metros de lo que fue El Campito. Dos soldados, parados como estacas, miran de reojo a la gente reunida: sobrevivientes y familiares de las víctimas que quieren homenajear a sus seres queridos y un contingente de chicos de la Escuela Técnica Nº 2 de José C. Paz que se sumó a la visita.

Oscar Comba, sobreviviente del Campito. recordó sus días en el lugar ante la atenta mirada de un grupo de estudiantes secundarios.

Griselda Fernández es sobreviviente de El Campito. Vive en Uruguay. Nunca había vuelto a entrar a Campo de Mayo, donde también perdió a José, su compañero de vida. “Estoy movilizada y no puedo evitar pensar: ¿Por qué puerta habré entrado? O, ¿dónde me habrán hecho dormir?”, dice. A unos metros, Iris Pereyra de Avellaneda contempla el sitio donde estuvo desaparecida 15 días. La secuestraron junto a su hijo, Floreal “El Negrito” Avellaneda, de 14 años, que fue torturado y asesinado. “El lugar es tétrico, frío y horrible pero sirve para rememorar y homenajear a quienes ya no están. Son muchos años de lucha, nos costaron lágrimas de sangre llegar a donde estamos ahora”, reflexiona Iris. “Queremos que acá haya un espacio de memoria intangible”, afirma Alfredo Castro, detenido en El Campito entre abril y mayo de 1977.

Sin embargo, la preocupación principal de familiares y sobrevivientes es que no se pierdan las pruebas contra los represores. El 60 por ciento del predio todavía no ha sido explorado, un detalle que al Gobierno nacional le importa poco. El 16 de noviembre de 2018 el presidente Macri firmó el decreto que convierte el terreno en una “Reserva Natural”, la máscara para un meganegocio inmobiliario, ganándose el rechazo de los organismos de derechos humanos. El Ejecutivo volvió a la carga el 22 de mayo de este año con un nuevo decreto que facilita “la aprobación de construcciones en Parques Nacionales”. “Me genera mucha indignación e impotencia”, sostiene Griselda Fernández, “es increíble que quieran construir un parque en un lugar donde no se han permitido excavaciones. No sabemos si nuestros compañeros están enterrados acá. Me parece un acto de inhumanidad impresionante”.

Seis días después del último decreto, en una audiencia del juicio “Contraofensiva Montonera”, el ex cabo primero Nelson González, citado como testigo, relató pormenorizadamente el fusilamiento y la cremación de cuatro detenidos en Campo de Mayo. Dos de ellos fueron identificados, Marcos “Pato” Zuker y Federico Frías. González aseguró que “cuatro mil personas fueron arrojadas al mar”. “Quedamos conmovidos por esta declaración. Es la puerta a que se abran nuevos testimonios”, expresa Iris Pereyra de Avellaneda mientras mira a la distancia.

Floreal «El Negrito» Avellaneda fue uno de los asesinados en El Campito. Tenía solo 15 años.

Miembros de la Comisión de Sobrevivientes y Familiares de Campo de Mayo dan inicio formal a la caminata hacia al centro de detención y exterminio y guían al resto bajo la sombra de casuarinas y eucaliptos. El terreno es blando y cruje a cada paso. A los costados del camino un par de uniformados con ametralladoras custodian la visita. La única construcción visible del Campito es un abandonado edificio de mampostería donde funcionaban oficinas administrativas, salas de tortura y la recepción de los detenidos. Antiguamente había otras estructuras en pie: en el Pabellón 3, las caballerizas, donde hubo secuestrados en condiciones muy precarias; y en el Pabellón 1, una edificación donde permanecían cautivos los enfermos, ancianos y embarazadas, quienes estaban obligados a realizar el trabajo de mantenimiento del centro clandestino. El lugar tenía capacidad para 200 detenidos al mismo tiempo.

Con el propósito de borrar los terribles actos cometidos, el Ejército destruyó en 1982 el grueso de las instalaciones. Pero gracias a la memoria del militante montonero Juan Carlos “Cacho” Scarpati, quien estuvo detenido allí seis meses en 1977 y logró escapar, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo hallar los cimientos, luego de múltiples excavaciones.

Durante la visita, el sobreviviente Oscar Vladimir Comba señala las fosas hechas por el EAAF y cuenta su experiencia ante la atenta escucha de los estudiantes de secundaria. El diputado y nieto restituido Horacio Pietragalla Corti, también presente, subraya: “Vamos a realizar distintas acciones judiciales para que permanezca intacto. Hay que recuperarlo como sitio de memoria y lograr que el EAAF haga un rastrillaje en toda la zona para reafirmar las pruebas bajo tierra de los cimientos y que se descarte que aquí están nuestros seres queridos”. Y agrega: “Acá tienen que venir los ingresantes del Ejército y las fuerzas de seguridad. El Campito no debe ser un lugar solo de las víctimas. Toda la sociedad debe conocer esta historia. Porque al desconocer lo sucedido, podríamos cometer el mismo error”.

Los familiares de las víctimas se oponen al emprendimiento inmobiliario que el gobierno quiere desarrollar en el lugar.

Hacia el final del recorrido, frente al único edificio del Campito, toman la palabra los sobrevivientes Alfredo Castro, Roberto Landaburu y Julio D’Alessandro. Landaburu, inspirándose en “Vidala de un nombrador” de Jaime Dávalos, dice: “Con la humildad de este entorno quiero nombrar a mis compañeros. Porque sé que si los nombro, los traigo. Y si los traigo, es algo que me hace bien”. Y recita los nombres de sus amigos desaparecidos, y ante cada uno se grita bien fuerte “¡Presente!” y sus ojos ceden a las lágrimas. “En el momento que los estoy nombrando, los estoy viendo acá, conmigo”, manifiesta conmovido. Los aplausos llenan el silencio y se arma un improvisado show musical con canciones de Mercedes Sosa y Carlos Puebla, mientras los asistentes se dispersan. Cada pisada queda marcada en las hojas como una huella de tristeza.

Campo de Mayo, el horror a juicio

Campo de Mayo, el horror a juicio

Más de 750 testigos declararán en el juicio oral y público que investiga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Campo de Mayo.

“Desde que se empezaron a desarrollar estos juicios sentimos una reparación. Más allá de las condenas, desnudan las verdades, y clarificar lo que pasó, Permite dejarle a las futuras generaciones nuestra verdadera historia”, afirmó conmovida María del Carmen Pérez, quien estuvo secuestrada en Campo de Mayo en 1977, tras la finalización de la primera audiencia.  Ella, como todo el público que llenó la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín, permaneció en completo silencio escuchando los requerimientos de elevación a la instancia oral que relataban situaciones aterradoras y escalofriantes.

El tribunal, que deberá presenciar la declaración de unos 750 testigos, está conformado por Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nadia Flores Vega. En la causa se investiga lo acontecido con 323 víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado Nacional entre 1976 y 1978. Se indagará en las desapariciones de trabajadores ferroviarios de las líneas Mitre y Belgrano; de miembros de las comisiones internas de la automotriz Mercedes Benz; de víctimas provenientes del Colegio Militar, y de agrupaciones como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Todas pasaron la Zona de Defensa IV, ubicada dentro del centro de detención y exterminio más grande del país, Campo de Mayo.

De los 22 imputados, 13 hasta ahora no fueron condenados por su participación en la última dictadura cívico-militar.

Son 22 imputados, todos ex integrantes del Ejército, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, y 13 de ellos no tienen condenas previas por delitos de lesa humanidad. Para que esto sea posible resultaron clave los testimonios de sobrevivientes de Campo de Mayo que recordaban los apodos de sus secuestradores, y luego de un largo trabajo de investigación se pudo identificar a cada uno de ellos.

Un ejemplo es Carlos Villanova, policía retirado que fue detenido en 2014. El alias de Villanova era  “Gordo 1”. El de otro acusado, Julio Fusco, detenido en 2015, era “Pajarito”. Benito Omaecheverría, ex jefe del Departamento Personal del Comando de Institutos Militares, Miguel Ángel Conde, Francisco Agostino, Luis Del Valle Arce y Mario Domínguez completan la lista de quienes por primera vez deben comparecer ante la justicia.

Lorena Battistiol, hija de Juana Colayago y el ferroviario Egidio Battistiol, ambos desaparecidos, y que aún busca a un hermano o hermana nacido en cautiverio, sostuvo: “Les vamos a reclamar [a los imputados] que nos digan dónde están y qué hicieron con nuestros familiares para poder seguir con el  camino de memoria, verdad y justicia que iniciaron las Madres y las Abuelas”. “Era impensado esperar tantos años para llegar a este juicio”, agregó, en referencia a las sucesivas postergaciones, la última hace seis meses.

Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo –una de las partes querellantes junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia y el abogado Pablo Llonto–, argumentó que esta demora se debió a cuestiones de la burocracia judicial: “Este tribunal tuvo dificultades para conformarse porque pasó mucho tiempo sin tener la cantidad de jueces necesarios para un juicio de estas características. Otro factor fue la complejidad de la etapa de investigación. A lo largo de la causa se iban haciendo elevaciones parciales que  quedaban en lista de espera, a la expectativa de acumular información hasta que sea factible la celebración de un juicio único”.

En el juicio se investigarán los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 323 víctimas.

En Campo de Mayo funcionaron, entre 1976 y 1983, cuatro centros clandestinos por donde pasaron más de cinco mil detenidos: El Campito, La Casita, el Hospital Militar y la Cárcel. Además, la maternidad clandestina fue central dentro del predio, donde aproximadamente treinta mujeres secuestradas dieron a luz a niños que posteriormente fueron apropiados y que hoy, la mayoría, siguen siendo buscados por sus familias biológicas. Y desde la base frecuentemente despegaban los “vuelos de la muerte”, una de las formas de exterminio practicadas por el terrorismo de Estado.

El 15 de noviembre del 2018, por un decreto presidencial firmado por Mauricio Macri, Campo de Mayo fue declarado “Reserva Natural”. Al respecto, Battistiol opinó: “El Estado Nacional hizo las cosas al revés, sin contemplar que tal vez, debajo de lo que quieren convertir en reserva, puedan estar los cuerpos de nuestros familiares. Varios testimonios hablan que allí hubo enterramientos. Por eso primero queremos que se resuelvan las investigaciones y después pensar qué se puede hacer con este espacio”.

Según Villella, la conversión de Campo de Mayo en un parque ecológico no cambia las investigaciones ya que rige una medida cautelar para la preservación de los sitios de memoria dentro del predio. No obstante, afirmó que hay que estar alerta “para que no haya ninguna modificación que perjudique la búsqueda de la verdad”.

Las audiencias se realizan todos los miércoles a las 9.30 en Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden presenciar el juicio presentando el DNI.