Nov 20, 2020 | Comunidad, Novedades
La urgencia sanitaria, sumada a la ausencia de un tratamiento efectivo para combatir el virus, impulsó a las autoridades a elaborar un protocolo de prevención al contagio. Se incluyó a las personas con discapacidad dentro del grupo de riesgo, ya que en muchos casos tienen enfermedades de base y en otros, como los usuarios de sillas de ruedas o las personas con dificultades en la visión, el contacto con diferentes superficies o con terceros implican un mayor riesgo.
Pero, en un principio, no se consideraron las particularidades que requiere esta población a la hora de recibir atención médica. “Nos han llegado casos de personas con discapacidad intelectual a las que en aislamiento, por ejemplo, se les pide que se tomen la temperatura, que avisen por teléfono y les indican qué hacer. Y esas son ordenes que esas personas no pueden seguir”, explica Marcelo Betti, presidente de REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), y continúa: “Por otro lado, se complica la interacción con las personas sordas cuando no hay un intérprete de lenguaje de señas. No lo suele haber en los hospitales, ni en los lugares de aislamiento.”
Tras el reclamo de varias instituciones, en el mes de junio, el Ministerio de Salud publicó un protocolo de atención para las personas con discapacidad. “Se logró que haya una directiva a la cual recurrimos, para que en los hospitales se dé el trato correspondiente. Pero al mismo tiempo, nos encontramos con la dificultad de que son tantos los profesionales de la salud y tantas las instituciones, que es difícil que la normativa sea conocida e implementada”, afirma Betti.
Con el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), la virtualidad se volvió parte de la vida cotidiana. Desde la compra de alimentos hasta la obtención de los permisos de circulación, todo se realizó a través de la red. El problema es que la mayoría de los sitios e incluso la propia app circular, no estaban adaptadas para cierta parte de la población con discapacidad. “Las páginas no suelen ser accesibles para las personas ciegas, ya que no cuentan con lectores de pantalla. Si bien zoom es muy accesible, otras app y algunos de los portales que usan las universidades no lo son tanto”, señala el presidente de REDI.
Muchos tratamientos también debieron migrar hacia la virtualidad, pero no todos pueden adaptarse a esta modalidad. “Lo que más estamos viendo en este momento, es la necesidad de sostener algunas terapias de forma presencial. Por ejemplo, kinesiología o los casos de chicos con trastorno espectro autista, que necesitan al otro en presencia. Trabajar en la pantalla se puede sostener, pero es un planteo bidimensional, estas en una imagen y es muy difícil poder conectar. Trabajamos en condiciones complejas por el aislamiento y por la extensión. Vos podes sostener un formato en un tiempo, pero en siete meses y con pacientes tan severos en discapacidad es difícil”, dice Lucia Farías, docente especial y psicóloga, miembro del Centro de Parálisis Cerebral de la ciudad de Buenos Aires.
“En este momento estamos con una demanda de apertura de la institución. El Ministerio de Salud emitió protocolos, pero no abarcan a toda la diversidad que hay en la población con discapacidad. Enviamos una nota pidiendo que se aclaren ciertos ítems, ya que nos dicen abran las instituciones y al mismo tiempo, aclaran que no pueden asistir pacientes con riesgo respiratorio, cardiopatías, etc. Y todos nuestros pacientes tienen este tipo de problemas”, agrega.
Por otra parte, desde ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), afirman que la mayoría de su población se pudo adaptar bien a la virtualidad, y que si bien hubo algunos retrocesos fueron pocos. Además destacan las ventajas de esta modalidad para llevar adelante el trabajo de la asociación. “Hicimos nuestro encuentro de familias vía zoom, pudimos incorporar a otras provincias y salió muy bien. Si bien la virtualidad no es lo mismo, logramos acercarnos a mucha gente a la que no llegábamos. De hecho atendimos casos de familias en Colombia y Perú, que se fueron enterando de nuestro programa gracias a la virtualidad a la que nos impulsó la pandemia”, explica Alejandro Cytrynbaum, presidente de la asociación.
Las medidas de aislamiento tienen sus consecuencias a nivel general y en el caso de las personas con discapacidad los efectos son diversos. Hernán, papá de Joaquín, quien tiene una discapacidad motriz, comenta que a su hijo “no le afectó no salir, sino más que nada la perdida de los vínculos. Los primeros cuatro meses extrañó a su hermana y por supuesto a sus amigos. Si bien siguió conectado de manera virtual, extrañaba el vínculo en forma presencial. Lo afectó lo emocional, pero lo sobrellevó. Recién al cuarto mes lo sacamos un día que había sol”.
Lo mismo afirma Lina respecto de su hijo Julián, quien tiene Síndrome de Down. “Él es muy sociable y lo que le afectó, como a muchos niños, es el tema de la socialización con personas de su edad. Él aprende muchísimo más en el contexto de la escuela, porque están los compañeros que lo guían y ayudan. Él continuó con las clases y terapias grupales, pero si el contexto hubiera sido el cotidiano, su avance sería mejor”.
Por su parte, Farías dice que en general los pacientes con los que trabaja, no tienen la posibilidad de comprender por qué tienen que estar encerrados y algunos aceptan de mala gana el uso de barbijo. “Tengo una paciente a la que le ponen el barbijo y se lo arranca, sin embargo la mamá la saca un ratito y trata de cubrirla con la polera. Pero la saca, porque la chica mira la puerta y empieza a gritar como loca, quiere y necesita salir”, comenta la especialista.
La pandemia ha puesto sobre el tapete problemáticas por las que las instituciones vienen luchando hace mucho tiempo y siguen generando preocupación. Betti recalca que “es un contexto muy difícil, respecto al acceso a la salud para las personas con discapacidad. El Estado no reconoce la totalidad de prestaciones que debiera, no se actualizan los montos que le deben dar a los prestadores y, en consecuencia, estos no quieren cubrir los tratamientos. La situación económica es muy adversa y las finanzas del estado son muy endebles, por lo cual es una situación muy compleja. Ya veníamos mal en este aspecto y con la pandemia estamos aún peor.”
Según ASDRA, los temas de legales y obras sociales son los que más preocupan a los familiares que los consultan. “Hace años que estamos teniendo muchos problemas. Algunas obras sociales hacen lo que quieren y hay que hacerles recursos de amparo. Otras cuando reciben la primera carta documento, ya empiezan a pagar. No se cumple la ley. Es una desgracia que tengamos que estar ocupándonos de cosas que no se cumplen”, sentencia el presidente de la institución.
Otra demanda que para REDI no debe ignorarse, es el sistema de pensiones. En la actualidad su monto está fijado en 11.200 pesos. Para la institución, esto debe ser reemplazado por una asignación económica más respetuosa de lo que debería ser la seguridad social para estas personas. Además la población con discapacidad, no está incluida en la tarjeta alimentar. “Es un reclamo que muchas organizaciones venimos haciendo. No es una solución, pero en este momento tan adverso donde a mucha gente le han disminuido sus ingresos, y en un contexto en el que la población con discapacidad, históricamente, ha tenido muchas dificultades para acceder al empleo, nos parece una alternativa. Por ahora no obtuvimos respuesta”, explica Betti.
Oct 14, 2020 | Comunidad, Novedades
Según Libertate, una empresa social que trabaja por la inclusión económica de las personas con discapacidad, el 80 por ciento de esta población en edad económicamente activa está desempleada, siendo las mujeres, disidencias y personas en situación de vulnerabilidad social las más afectadas. También afirma que el cupo laboral del 4 por ciento para el sector público, establecido por la Ley 22.431, de Protección Integral de los Discapacitados, está muy lejos de ser cumplido a pesar de haber pasado 18 años de su sanción.
“A veces se cataloga a las personas como población inactiva dando a entender que no están buscando trabajo y es algo muy peligroso. No es que no estén buscando trabajo porque no quieran, sino que las barreras son enormes. Veníamos de pensar que la pensión por discapacidad era incompatible con cualquier remuneración laboral, pero aún así muchas personas ante la inseguridad y las barreras que hay en el ámbito laboral preferían quedarse con esa pensión a riesgo de perderla”, afirma Gabriela Ferreiro, co-directora de Libertate.
“Por otro lado, tenemos la ley de cupo para el sector público, que es del 4 por ciento y alcanza a todo el sector público nacional, incluyendo universidades y empresas prestatarias de servicios públicos; pero estamos lejos de alcanzarlo, llegamos a menos de la mitad desde el último informe que recibimos”, continúa Ferreiro.
De acuerdo al Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, realizado en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el grupo de edad de 30 a 49 años es el que presenta mayores tasas de actividad y empleo, pero la tasa de inactividad del grupo de 65 años en adelante alcanza al 86,7 por ciento. A nivel regional, Gran Buenos Aires exhibe la tasa de empleo más elevada, con el 35,4 por ciento. Por otro lado, el 17,7 por ciento de la población que no trabaja y no busca trabajo afirma que el principal motivo por el cual no lo hace es porque es jubilado o pensionado, mientras que el 13,6 afirma que no va a conseguirlo a causa de su discapacidad. Un 9,8 por ciento declara que se debe a que se dedica al cuidado del hogar. Este motivo presenta grandes diferencias por sexo, y representa el 15,7 por ciento de las mujeres y el 1,1 por ciento de los varones.
“También es importante que no sólo el sector público sea el que brinde trabajo porque siempre se trata de una oferta muy acotada y muy específica. En general, las búsquedas son para trabajo administrativo y brindan muy pocas oportunidades de crecimiento laboral, entonces pasa que las personas, aunque estén estudiando una carrera universitaria o tengan un título, terminan quedándose con la seguridad de tener el puesto de trabajo”, afirma Celeste Pavez, encargada del área de Contenidos y comunicación inclusiva de Libertate.
“Además, el último informe de (la consultora laboral) Adecco lanza que el 71 por ciento de las empresas no tiene contratación de personas con discapacidad y el 86 por ciento igual estarían interesados en incluir personas con discapacidad. En Argentina tenemos leyes de incentivo para empresas pero creemos que son bastantes ineficientes porque lleva un trabajo burocrático enorme a la empresa para reducir muy pocas cargas sociales”, agrega Gabriela Ferreiro.
Libertate es una organización que nació en 2015 con el desafío de asesorar a las compañías y organizaciones con las que trabaja para vencer las barreras culturales observadas desde el colectivo de discapacidad, abordando la temática desde una perspectiva social y desde los derechos humanos.
“Justamente ese es el gran desafío, correr el foco de las personas con discapacidad vinculado a un modelo rehabilitador”, enfatiza Ferreiro. En la organización trabaja un equipo interdisciplinario en donde también se desempeñan personas con discapacidad, que aportan su mirada desde sus propias experiencias. “Por lo general, en cuanto a la discapacidad lo que se escuchaba eran las voces de los «expertos», de los médicos y otros profesionales, pero nunca de la persona con discapacidad y eso está cambiando”, advierte Pavez.
Desde Libertate afirman la importancia de visibilizar y articular con el “activismo disca”, ya que entienden que es este colectivo el que releva de primera mano y conoce las barreras de forma concreta.
“Si bien me siguen en Instagram personas con discapacidad, siempre apunté a la concientización colectiva, sobretodo a que las personas que no tienen discapacidad puedan acercarse un poco más a la temática y vean cuestiones que vivimos las personas con discapacidad, que quizá no se dan cuenta, no por maldad sino por ignorancia, desconocimiento o por no tener alguien cercano”, sostiene Florencia Cambareri, referente del Activismo Disca Diverso, estudiante de Derecho y técnica en Recursos Humanos.
Desde la cuenta en Instagram @repensar.la.discapacidad, Florencia Cambareri difunde información relevante sobre la temática, incentiva reflexiones, invita a debates y comparte pensamientos. Actualmente, Florencia tiene más de 13 mil seguidores. “La verdad, me esperaba como mucho entre 200 y 500 seguidores pero nunca imaginé todo esto que está pasando. Mi idea era, «yo publico, y con que le sirva a una sola persona, ya soy feliz», pero sin demasiadas expectativas”, asegura.
Muchas de las problemáticas preexistentes a la pandemia por Covid-19 se acentuaron en este contexto de aislamiento obligatorio. La referente del activismo disca afirma que una de ellas tiene que ver con las dificultades administrativas o las trabas burocráticas que tienen que afrontar los pacientes con discapacidad a la hora de realizar tratamientos médicos virtuales. Más allá de esto, remarca que el mayor problema está asociado a la falta de trabajo.
De acuerdo al artículo 27 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se reconoce “el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”.
“Además de la no regulación por parte del Estado, lo que está latente también es la idea de qué cuerpo sí y qué cuerpo no. Se tiende a pensar en términos de «normal, productivo» o «defectuoso, improductivo» y, ante ese prejuicio, no contratan a nadie. Y aunque en el sector privado tengas beneficios en cuanto al no pago de algunos impuestos, todavía la hegemonía de los cuerpos triunfa frente a lo esperable de los cuerpos, lo socialmente normalizado. Persiste la idea de que nuestros cuerpos tienen que ser corregidos para que funcionen bien”, afirma Cambareri.
La importancia del activismo disca radica en la amplificación de los reclamos de las personas con discapacidad. “La visibilización es súper importante y lo primero. Hoy en los medios de comunicación no hay personas con discapacidad, conduciendo un noticiero o actuando en novelas reconocidas”, reflexiona Cambareri, mientras insiste que “hay que educar desde la diversidad. Hace falta una perspectiva en discapacidad o diversidad funcional, que es un término con el cual muchas personas con discapacidad también nos identificamos, los términos correctos serían personas con discapacidad o personas con discapacidad funcional, esto depende de la identificación que la persona elija para sí. Que se entienda a la discapacidad por dentro de la diversidad”.
“Creo que la perspectiva de discapacidad tiene que ser transversal a todo, que todas las políticas públicas tengan un enfoque de discapacidad. Cuestionarse que si voy a un lugar y no hay personas con discapacidad algo está mal, porque somos casi el 13% de la población del país. Dar lugar a esta lógica que trae el nuevo activismo disca sobre la diversidad funcional es algo muy importante. Romper esa barrera cultural y que se contemple a la discapacidad por dentro del paraguas de la diversidad”, complementa Celeste Pavez.
El trabajo colectivo del activismo disca, en conjunto con organizaciones como Libertate, es la clave para el impulso de muchas transformaciones que se experimentan en la sociedad y, principalmente, para la visibilización y exigencia de todas las demandas que aún no son cumplidas, tanto a nivel estatal como a nivel social y cultural. Repensar la discapacidad es parte de este desafío.
Dic 3, 2018 | Comunidad, Novedades
En el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Más de una década después, en el año 2006, la misma institución aprobó un documento en el cual se establecía, entre otras cosas, al término personas con discapacidad como el pertinente para denominar a quienes tengan “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que (…) puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”.
Estos antecedentes históricos, basados en un modelo social de inclusión con foco en los derechos humanos, fueron el punto de partida para que, a fines de 2017, el Gobierno firme el decreto 868/2017 que establecía la creación del Plan Nacional de Discapacidad. Pasado un año de ese hecho, ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo respecto de ese tema?
El documento garantizaba la implementación de políticas públicas reguladas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en conjunto con la participación activa de organizaciones no gubernamentales, permitieran la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad a la hora de insertarse en los diferentes sectores de la sociedad. No obstante, la actualidad muestra que la distancia entre el dicho y el hecho es cada vez más extensa.
“Después de un tiempo, nos fuimos dando cuenta que el plan era puro marketing, hay muy pocas iniciativas concretas por parte del Gobierno” afirma Marcelo Betti, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). En paralelo, Betti agrega que “el sector es uno de los más afectados por el ajuste, ya que hay una quita paulatina de pensiones no contributivas desde 2016. Las personas con discapacidad tienen un gasto mayor que el resto de la sociedad y su nivel de ingresos es muy bajo. Según un informe de la OIT, el 80 por ciento de quienes integran este colectivo son desempleados”.
“A la pobreza hay que agregarle la quita de las pensiones y la falta de respuesta gubernamental ante el pedido de pensiones nuevas», dijo Martín Passini.
Si bien la desocupación es una de las problemáticas más lacerantes en el país a nivel general, la cuestión se agrava ante el incumplimiento de pautas dentro del mismo aparato estatal. En diálogo con ANCCOM, Martín Passini, miembro de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, explica que “el Estado tanto a nivel nacional como provincial está obligado a tener un cuatro por ciento de trabajadores con discapacidad en cada organismo, sin embargo hoy en día el cupo no llega al uno por ciento”.
Passini, quien también forma parte del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de la misma provincia, asegura que “a la pobreza hay que agregarle la quita de las pensiones y la falta de respuesta gubernamental ante el pedido de pensiones nuevas. Además hubo una regresión ya que las pensiones se volvieron a regir de acuerdo a un decreto del año 1997 que se centra en los grados de invalidez de cada persona en particular y no en los problemas del entorno, oponiéndose a lo reglamentado por las Naciones Unidas en 2006”.
Otra de las premisas incluidas en el plan es el acceso a la educación, aunque lejos está de establecer prioridades o metodologías de aplicación específicas para los diferentes niveles. “La ANDIS no tiene relación con nosotros, nunca nos ha hecho participar. Las actividades que hacemos son junto a otras organizaciones y con el mínimo presupuesto posible” asegura Natalia Barroso, quien integra la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad (CIPeD) de la Universidad de Salta (UNSA). En la misma línea opina Daniela Pérez Rangeon, licenciada en Trabajo Social e integrante de la CIPeD, quien entiende que “el recorte presupuestario incide directamente en la accesibilidad de nuestros estudiantes e impide la inclusión plena, hay que entender que no todos parten del mismo lugar ni tienen los mismos recursos”.
“El recorte presupuestario incide directamente en la accesibilidad de nuestros estudiantes e impide la inclusión plena», dijo Daniela Pérez Rangeon.
La ausencia del Estado se pone de relieve en casos como los del Cottolengo Don Orione, institución centenaria abocada a la asistencia de personas con discapacidad que en la actualidad sufre el embate del brutal ajuste. “Hay una conjunción de atraso de pagos y desactualización de aranceles que nos genera una incertidumbre permanente”, sostiene Beatriz Pérez, coordinadora del organismo. En consonancia, Pérez agrega que “están mintiendo respecto a la supuesta cancelación de la deuda, el último pago que recibimos corresponde al mes de junio. Por la falta de regulación no se están recibiendo prótesis ni medicamentos, además los transportes dejan de brindar servicios y eso es algo esencial ya que no contamos con vehículos adaptados a nivel público, incluso hay lugares que no tienen transporte”.
Precisamente la falta de movilidad es el principal conflicto que afronta Cecilia Watkins, ciudadana de Corrientes capital y tutora de su hermana María Graciela, quien tiene síndrome de Down. “Ella tiene PAMI como obra social y es un desastre, deberían pagar el instituto y el transporte pero no se hacen cargo de nada”, aclara. En la misma línea, Julieta Blayer, vicepresidenta de la Federación de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual (FENDIM), entiende que la situación es cada vez más apremiante. “Como mamá de una persona con discapacidad de 40 años considero que día a día hay menos posibilidades de que accedan a una mejor calidad de vida”, sostiene.
Según la línea argumental del Plan, la participación multisectorial es un pilar fundamental a la hora de generar políticas de inclusión. Sin embargo, Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), asegura que “la medida fue anunciada sin consulta previa ni posterior a los organismos especializados”. Tanto Passini como Betti coinciden también en cuanto a la unilateralidad en el armado del proyecto. Pese a esto, el presidente de REDI subraya que “más allá de intereses contrapuestos, la gravedad de la situación genera una homogeneización de los grupos a la hora de marchar y reclamar por nuestros derechos”. En tiempos turbulentos, consideran, la unión emerge como uno de los escasos remedios contra la incapacidad de quienes gobiernan.
“El sector es uno de los más afectados por el ajuste, ya que hay una quita paulatina de pensiones no contributivas desde 2016″, dijo Marcelo Betti.
Oct 5, 2018 | Comunidad, Novedades
Organizaciones sociales y políticas, asociaciones y ONG que luchan por los derechos de las personas con discapacidad se concentraron en el Congreso para manifestarse en contra del recorte que el Gobierno nacional pretende realizar sobre las pensiones por discapacidad. Agitaban sus banderas y carteles bajo las consignas: “No a la quita de pensiones»; “Un derecho no es un gasto»; “No al ajuste en discapacidad».
Entre los manifestantes, Andrea, mamá de Leonel, un chico de 12 años que padece el síndrome TDAH (déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad), se reunió a otras madres que están en la misma situación y se organizaron para juntar firmas e impulsar una ley para que los niños puedan tener una cobertura de tratamientos que funcione en las escuelas. “El proyecto de ley está encajonado en el Congreso de la Nación desde marzo de 2017”, manifestó Andrea y aseguró que “lo que está haciendo el Gobierno es gravísimo. Vamos para atrás, en vez de avanzar. Exigimos la no quita de pensiones a discapacitados. Pedimos que nos escuchen”.
Pasadas las 17:00 se desplegó un escenario por el que pasaron voceros de distintas organizaciones. Héctor Filippa, representante del Observatorio del Área de Trabajo, hizo hincapié en una serie de inclumplimientos por parte del Gobierno nacional y aseguró que es fundamental “unirnos en contra de este sistema que vino a sacarnos las pensiones; que vino a sacarnos los derechos; que vino a quitarnos las prestaciones; este sistema que no nos quiere dar salud, que nos quiere exterminar. Este gobierno nos quiere sacar del medio a las personas vulnerables”. Acto seguido, la actriz Lola Berthet, integrante del Sindicato de Actores y Actrices expresó: “Lo que está haciendo el Gobierno con las pensiones y la salud pública es una masacre y no lo vamos a permitir, por eso estamos acá. La cultura está presente junto a ustedes. No vamos a permitir que nos saquen nuestros derechos”.
Pedro Ireneo Ávalos tuvo poliomielitis y actualmente padece sus secuelas. Es vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores. Sentado en su silla de ruedas denunció: “En el 2016 nos sacaron dos millones de dólares del fondo solidario de redistribución que es un fondo que financia las prestaciones de discapacidad de las obras sociales. Hoy, dos años después, vemos los efectos de ese despojo. Mil millones de dólares están puestos en la bicicleta financiera. Esto ha pasado desapercibido para la sociedad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Hace dos años que a las personas con discapacidad nos niegan o nos dilatan las prestaciones porque la Superintendencia no paga porque la plata está en la bicicleta financiera”. A continuación afirmó que, a pesar de todas las dificultades, “estamos contentos porque nos hemos reunido hoy acá para decir: ‘Acá estamos’” y lamentó: “En la vereda de enfrente (Congreso) se está vendiendo la patria. Eso lo tenemos claro”.
Parada sobre su bastón beige y con la mirada dirigida al Congreso, Rosa Liliana Almirón -presidenta de APPA (Asociación Polio-Postpolio Argentina) y, además, coordinadora del Observatorio Internacional por los Derechos de las personas con Discapacidad- habló sobre la necesidad de salir a las calles, mostrarse y hacerse escuchar. También agregó que “la gravedad existe hace bastante porque están cortando las prestaciones. Eso significa que aquellos chicos a los que no les llega la asistente que les enseña a respirar, se mueren. Ya hay chicos que se están muriendo”.
Mientras tanto, frente a la plaza, los diputados y diputadas discutían el presupuesto nacional del año 2019 con un enorme rechazo de la oposición. Hugo Yasky, luego de dar su intervención, se sumó a la lista de oradores en el escenario y exclamó: “Estamos terminando una sesión en la que el Jege de Gabinete Marcos Peña acaba de confirmar que forma parte de un gobierno que vive en otra galaxia y quiere hacer aprobar un presupuesto que se lo escribieron los tecnócratas del FMI”. El Secretario General de la CTA y diputado nacional de Unidad Ciudadana aseguró que “si hay algo que en un país que quiera ser digno no se puede discutir, son los derechos de los jubilados, los derechos de los niños, los derechos de las personas que tienen capacidades diferentes. Eso tiene que estar fuera de discusión y hoy tenemos que hacer este acto porque hay una decisión de recortar todo lo que tiene que ver con los derechos conquistados”.
Antes de finalizar y en memoria de los chicos y chicas muertas por la baja de pensiones, se prendieron velas y se cantó el Himno Nacional Argentino. Entre banderas, carteles, lágrimas y abrazos se escuchó: “Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud”.
Oct 5, 2018 | Comunidad, Novedades
Una resolución del Poder Ejecutivo dispone suspender beneficios a las personas que reciben pensiones por discapacidad que presenten “incompatibilidades” para percibirlas, basándose en un decreto 432/1997, firmado por Carlos Menem. La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 268/2018 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la que se oficializa un nuevo “circuito administrativo de notificación” ante presuntas incompatibilidades en el cobro de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Este protocolo de información establece que una vez detectada la irregularidad será comunicada al beneficiario para la toma de conocimiento y lo obliga a formular su descargo ante la autoridad pertinente en un plazo de diez días hábiles. Distintas voces representativas del sector rechazan de plano la medida.
“Lo que desde el Gobierno están buscando con esto es dar debida notificación a las personas, ya que el Estado acaba de de perder un juicio porque no notificaron las bajas que se dieron el año pasado, que se hicieron sin notificar a los pensionados. Eso se llama ‘violación del debido proceso’ en Derecho”, explica Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (REDI). Esa organización impulsó las presentaciones judiciales ante la masiva cancelación de pensiones cometida el año pasado por el gobierno. El Ejecutivo daría este nuevo paso para subsanar su anterior “error” que consistió en eliminar las pensiones sin avisar a los perjudicados.
Es que la resolución de ANDIS se dio como respuesta al fallo del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°8, a cargo de Adriana Cammarata, que el 18 de septiembre ordenó al Poder Ejecutivo restituir las 170 mil pensiones por invalidez que fueron suspendidas o interrumpidas desde enero de 2017. En el dictamen, la jueza Cammarata había considerado el recorte como un hecho “lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas de los derechos y garantías contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales”. Sin embargo, el actual Ministerio de Salud y Desarrollo Social comandado por Carolina Stanley apeló la sentencia y en simultáneo se estableció un nuevo “circuito administrativo” con el objetivo de complejizar el reintegro de dichas pensiones.
Como se mencionaba, la resolución 268/2018 se dicta para aplicar un decreto firmado por el entonces presidente Carlos Menem en 1997 que establece que los beneficiarios de pensiones no deben percibir (el cónyuge tampoco) jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Además, el solicitante debe acreditar una invalidez del 76 por ciento o más; no tiene que estar empleado bajo relación de dependencia ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.
Este criterio para otorgar las pensiones es cuestionado por las agrupaciones de personas con discapacitadad: “Supongamos que una persona tiene un auto y está en silla de ruedas, el auto lo utiliza para trabajar porque no tiene forma de llegar (no hay colectivo de piso bajo o porque el tren en hora pico no entra una silla de ruedas); o que una persona tenga una casa que heredó, entonces es como que el Estado le está diciendo ‘bueno primero vende tu casa y después vení a pedirme una pensión”, ilustra Suleiman.
Según Matías Ferreyra, Secretario de DDHH y Asuntos Legales de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, esta misma situación se da en el caso de que se comprobara la convivencia en el mismo hogar de más de una persona que percibiera el beneficio: “En esa circunstancia, uno de los beneficiarios debería renunciar a la pensión. Esto es muy grave ya que existen muchas personas con discapacidad visual cuyas patologías son derivadas de enfermedades genéticas y hereditarias, por ejemplo la retinosis pigmentaria, amaurosis congénita de Leber, neuropatía óptica hereditaria de Leber, enfermedad de Stargardt, entre otras”. También, de acuerdo a Remigia Cáceres, Secretaria de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores, si se emplea a rajatabla el Decreto que habla de pensiones por invalidez laboral, “solo es aplicable a las personas mayores de edad, y en ese sentido los menores ya no quedan en este cuadro, no van a percibir este beneficio con el supuesto de que esos niños no pueden trabajar».
En suma, “esos requisitos no tienen nada que ver con la posibilidad de sostener una vida independiente por parte de las personas con discapacidad. Existe un coste de vida mayor asociado al hecho de vivir con una discapacidad. En un estado ideal de las cosas, este costo extra debería ser sostenido por el Estado a través de garantizar derechos específicos. Pero esto no sucede”, indica Ferreyra y sostiene que la posibilidad de que una persona con discapacidad tenga una vida digna e independiente en Argentina es ínfima: “La desocupación entre las Personas con discapacidad alcanza el 80 por ciento, el Estado no garantiza derechos a los que él mismo se comprometió y ahora el Poder Ejecutivo quiere avanzar en revisar pensiones a través de una norma que tiene 21 años de antigüedad y que nada tiene que ver con el modelo social de la discapacidad”.
Asimismo, se plantea la inconstitucionalidad de esa normativa debido a que contradice los preceptos de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) a la que la Argentina suscribió en 2008 y con lo cual tomó carácter de Ley. La CDPD establece en su artículo primero que se considera personas con discapacidad a “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
“El decreto toma un concepto médico: tenés que tener un 76% de invalidez laboral y ese concepto médico es contrario a la CDPD que aplica un modelo social. Ese déficit que se puede detectar con estudios médicos no es suficiente para discapacitar sino que hay una barrera social, cultural y actitudinal”, dice Suleiman y ejemplifica: “Por ejemplo, en el caso de la silla de ruedas la discapacidad no es solo porque la persona, supongamos, tiene espina bífida sino porque hay una sociedad que construye todo en base a un binomio normal-anormal y entonces, hay universidades con escalinatas, ascensores pequeños donde no entra la silla de ruedas. Es decir, es una cuestión cultural la que crea la discapacidad y la CDPD llama a deconstruir las barreras culturales”, detalla Suleiman.
Conforme al INDEC, el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad y de acuerdo a datos de REDI, el sistema de pensiones no contributivas contiene a más de un millón de personas en todo el país que reciben 6.045 pesos por mes. Para los consultados por ANCCOM, las medidas en torno al colectivo de personas con discapacidad son un reflejo de las políticas liberales impulsadas por el Ejecutivo. “Este Gobierno vino con un marketing bastante bueno: una vicepresidenta en silla de ruedas, pero engañaron a todos los votantes. Las personas con discapacidad votaron pensando que su situación iba a cambiar pero lo están haciendo desde que asumieron es eliminar a todas las personas con discapacidad con esta quita de derechos”, asegura Cáceres y agrega que “el Fondo Monetario Internacional vino con ciertas direcciones, como esto de quitar las pensiones a las personas con discapacidad, las prestaciones con respecto a la salud”. Por su parte, Ferreyra cree que el Poder Ejecutivo “en esta ocasión avanza sobre el colectivo de personas con discapacidad por ser este relativamente más débil a nivel organizacional que otros colectivos. Al Gobierno no le interesa avanzar sobre corporaciones, y grupos de interés claramente más poderosos que las personas con discapacidad y con el argumento de transparentar situaciones existentes, avanza sobre aquellos más vulnerables”. Como suele suceder últimamente, el hilo se corta por lo más delgado.
En la misma línea, Suleiman afirma que “el Gobierno está buscando recortar derechos porque los derechos tienen un costo y como tiene un modelo de liberalismo salvaje lo que hace es recortar derechos en los más vulnerables”. Además señala que estas políticas demuestran “una falta de criterio de justicia social de parte de los que tienen facultades para gobernar: el Gobierno, los diputados y senadores podrían dictar leyes que distribuyeran la crisis en los sectores que sí ganaron, porque en todo este empobrecimiento hay tres sectores que ganaron de acuerdo a los índices: el campo, el sector de actividades extractivas y el sector financiero. Esos sectores podrían hacer un esfuerzo. Estamos cansados de que siempre se le pida el esfuerzo a los que ya lo vienen haciendo”, concluye.
