May 16, 2019 | DDHH, Novedades
Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora emitió un comunicado rechazando la instalación de las ecobicis frente a la Iglesia San Patricio.
El domingo 4 de julio de 1976 la parroquia San Patricio del barrio Villa Urquiza no abrió como era costumbre. La misa no comenzó y los feligreses agolpados en la puerta empezaron a impacientarse. Uno de ellos fue a la casa sacerdotal y encontró cinco cuerpos acribillados por la espalda con decenas de disparos en la cabeza y el tórax. Los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden, y Pedro Dufau y los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito fueron asesinados esa madrugada por una patota a los servicios de la última dictadura cívico-militar. El colectivo Palotinos por la Memoria y la Coordinadora Barrios por la Memoria y la Justicia lideraron el año pasado, en el cuadragésimo segundo aniversario de la masacre, el emplazamiento de tres baldosas para recordar a las víctimas. “La colocación tuvo una repercusión muy grande porque se hizo con Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y Madres de Plaza de Mayo. Los organismos de derechos humanos estuvieron todos representados”, rememora Ramiro Varela, miembro de Palotinos por la Memoria y uno de los organizadores del homenaje. Desde hace dos semanas una estación de bicicletas colocada por el Gobierno porteño, sin consultar con la comunidad, espera a ser inaugurada en el mismo sector en donde están esos símbolos y otros que homenajean a las víctimas de ese quíntuple crimen.
“Es prácticamente imposible que esto lo desconocieran”, subraya Varela. Además de las baldosas, en este lugar histórico se encuentran cinco monolitos, un altar recordatorio y un cinerario donde descansan las cenizas de muchos miembros de la comunidad. “Hay una obstaculización deliberada de la visual de ese espacio de la memoria, como parte de una política sistemática. Esa refundación del espacio público que ellos (por el Gobierno de la ciudad) pretenden tiene que ver con censurar una producción simbólica obrada para reivindicar la memoria”, afirma.
La estación, con lugar para 20 bicicletas, que está sobre la calle Estomba, entre Echeverria y Sucre, todavía no ha entrado en funcionamiento y se desconoce cuándo está planificada su inauguración. “Fueron a un lugar donde se sabe qué pasó y se sabe las cosas que se hicieron para mantener viva la memoria, por lo cual no podemos interpretar esto como un error. Lo entendemos como algo deliberado, una provocación y un atropello”, amplia Varela.
Baldosas por la Memoria había instalado los recordatorios el año pasado en un acto multitudinario.
La colocación de esta estación naranja y con patrocinadores bancarios levantó la solidaridad de Madres de Plaza de Mayo. Línea Fundadora que emitió un comunicado el pasado lunes titulado “Larreta no respeta la memoria de los mártires palotinos” y en el que ‘repudian y acompañan el pedido de retiro urgente de las instalaciones (estación de bicicletas)”.
Además, desde la legislatura porteña también se han elevado voces por el hecho. La legisladora por Unidad Ciudadana, Paula Penacca, realizó un proyecto de declaración en el que ‘manifiesta su preocupación por la instalación de una estación de EcoBici en la Iglesia de San Patricio, ofendiendo un lugar de memoria y respeto para la comunidad religiosa”.
Por su parte, la legisladora Andrea Conde (Unidad Ciudadana) presentó un pedido de informes exigiendo explicaciones al Gobierno de la Ciudad. En dicho documento se le pide al Poder Ejecutivo que “indique si se consultó o si se dio aviso a las autoridades de la Parroquia San Patricio, a la Junta Comunal Nº 12 y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la colocación de la estación de bicicletas” y “qué criterio se utiliza para definir los lugares donde se colocan las estaciones”.
Jun 20, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar
El terrorismo de Estado ejecutado por la última dictadura se desplegó no solo en cuarteles y comisarías. Sus tentáculos también llegaron hasta los institutos de menores. Así, por el Instituto Mercedes de Lasala y Riglos pasaron hijos de detenidos desaparecidos luego del secuestro de sus padres. En ese mismo lugar, hoy funciona la Universidad Nacional de Moreno, y fue señalizado como sitio de memoria, en cumplimiento de las leyes que ordenan indicar aquellos lugares en donde se violaron los derechos humanos.
El hogar de menores funcionó dependiendo del Estado nacional, pero con autoridades eclesiásticas, desde 1944 hasta la década del 90. Durante ese período se ocupó de la asistencia de miles de chicos huérfanos. A partir del regreso de la democracia, por sus pasillos circulaba el rumor de que éste sitio había sido uno de los lugares donde se ocultaba a hijos de desaparecidos, que quedaban desamparados tras el accionar de la represión.
Héctor Brachi, interno del Instituto entre 1980 y 1982, recorre después de muchos años el lugar: “Por lo poco que más o menos recuerdo, el patio de juegos estaba apenas entrás. A veces venían los familiares y nos encontrábamos ahí. Después, los comedores estaban para el lado de la derecha. En el primer y segundo piso había dormitorios y la cocina estaba en el fondo de los pasillos largos”, cuenta. Y agrega que él no conocía la historia real detrás de esas paredes, pero el rumor estaba siempre presente: “En su momento, mi mamá (adoptiva) tenía miedo de que yo hubiera sido hijo de desaparecidos, no tenía bien mi legajo”, explica.
Héctor Brachi fue interno del Instituto entre 1980 y 1982.
Andrea Herrera, docente de la escuela N°35, junto a Martha Ibarra, representante de Moreno por la Memoria y algunos estudiantes, llevaron a cabo la investigación que derivó en la señalización como sitio de la memoria, realizada el año pasado. Martha cuenta cuáles fueron los primeros pasos: “Partimos de la hipótesis de que acá habían pasado hijos de desaparecidos, y lo comprobamos desde testimonios que hay en Internet sobre los juicios de la ex ESMA, estaban las declaraciones de Yamila Zavala Rodriguez, Nicolás Koncurat Urondo”. Andrea agrega: “Ellos tenían conocimiento de que después de que sus padres desaparecieran, habían pasado por acá.”
ANCCOM se contactó con Yamila, quien vive actualmente en Mar del Plata. Agradecida sobre la iniciativa de señalizar como sitio de memoria al ex Instituto Lasala de Riglos, dice: “Estos jóvenes, que hicieron un maravilloso trabajo de investigación, transformaron realidades, porque hicieron que yo, y tantos otros hijos de desaparecidos volviéramos ahí, a lo que fue el instituto Riglos de Moreno, que siempre fue una cosa pendiente.” Yamila recuerda su historia, aunque solo tenía 3 años: “Ese día, el 22 de diciembre de 1976, en Lambaré y Corrientes, nos quedamos con mi hermana, nos dejaron en la calle, llevándose a nuestra madre y asesinando a nuestro padre. A partir de ese día nos llevaron a una comisaría, y de ahí al instituto Riglos en la localidad de Moreno, estuvimos hasta mediados de marzo del 77, alrededor de 3 meses, detenidas desaparecidas, porque nadie sabía dónde estábamos. Finalmente nos encontraron por un dato que se dio en anonimato”.
Yamila agrega: “Por los legajos que después me entregaron de la Dirección de Niñez, ahí decía que estábamos a disposición del Ejército, que incluso no se podían recibir visitas”.
«Los hijos apropiados tenían conocimiento de que después del secuestro de sus padres, habían pasado por acá», dice Martha Ibarra, de Moreno por la Memoria.
La señalización oficial la realizó en septiembre pasado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y, antes, desde el proyecto “Jóvenes y memoria” llevaron a cabo una señalización artística. A ambas asistieron algunos de los hijos de desaparecidos que pasaron por el lugar, como Camilo Ríos, Nicolás Koncurat Urondo y, la misma Yamila. “Estuvimos, participamos y fue muy emocionante”, recuerda ella.
Gabriela Díaz, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno se enteró de la historia del edificio al momento de la señalización: “Me dio mucha tristeza saber que estoy pisando un lugar donde ocurrió algo ilegal. Que este lugar se haya convertido en universidad, en un edificio histórico y reconocido, es fuerte”, afirma.
Marta Ibarra cree que la tarea de concientización no termina con señalizar la vieja sede del Riglos: “En realidad estas investigaciones deberían hacerse en todos los institutos de menores, este es el primero en el que se hace, pero en todos deben de haber pasado hijos de desaparecidos”, explica. En la misma línea, Víctor Caro, interno del Riglos en la década del 50, relata: “Estoy muy conforme con el hecho de que haya sido señalizado como un espacio de la Memoria, creo que habrá muchos colegios, institutos, internados para señalizar”. Y, por último, Yamila Zabala Rodríguez señala, que la señalización de estos espacios es “una batalla cultural que hemos ganado”.
Ene 9, 2018 | DDHH, Noticias en imágenes
Si no hay justicia, hay escrache. Sábado y domingo millares de personas se movilizaron al Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, para repudiar al genocida Miguel Etchecolatz en el mismo lugar en donde cumple la prisión domiciliaria. Los manifestantes colocaron siluetas de cartón en medio de las arboledas, en homenaje a los 30.000 desaparecidos. Los organismos de derechos humanos y vecinos que se movilizaron desafiaron otro importante e intimidatorio operativo policial.
Ene 2, 2018 | DDHH, Novedades
“No hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico”, reflexiona el sacerdote Domingo Bresci, ex Secretario histórico del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y ex asesor de la Secretaría de Culto durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El proyecto de reconciliación impulsado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) -dice- tiene que ver con una postura clara sobre lo que ha ocurrido durante la última dictadura cívico militar en ese sector de la Iglesia. “No se trata de que no supieran, sino que estaban política e ideológicamente convencidos de que eso que hacían estaba bien, era la manera de frenar la subversión”, asegura. Pero advierte que la memoria no sirve sólo para no repetir, sino para conocernos y entender qué pasó: “No solo la Iglesia estuvo de acuerdo con lo que se hizo, sino también los medios de comunicación, periodistas, empresarios y civiles”, reflexiona.
¿Cómo lee usted el proyecto de reconciliación de la CEA?
Lo que plantea el Episcopado no es algo que ocurre ahora, a raíz del fallo (de la Corte a favor del 2×1), sino que los miembros tienen un lineamiento acerca de la reconciliación que se confunde mucho con la impunidad. Si bien salieron a decir que no hay que entenderlo de esa manera, a través de las actitudes y de los gestos que tuvieron, la charla se presta para eso. No es que ellos no sepan cómo explicarlo, sino que tienen una postura clara. Están a favor de que se alivien, de la mayor manera posible, las penas a los que participaron del terrorismo de Estado. Esa es una intencionalidad que se les nota. Los militares que participaron del terrorismo de Estado lo hicieron convencidos de que eso era lo mejor para salvar a la patria y contaron con el apoyo de grandes sectores de la Iglesia. Entonces en nombre de Dios había que aniquilar a la subversión de cualquier manera, incluso muchos obispos avalaron eso.
¿Cómo es la lucha al interior de la CEA?
No sé si llamarla lucha, pero si hay una discrepancia dentro del Episcopado. Por ejemplo, tenemos a Santiago Olivera -obispo castrense- y a Víctor Fernández -obispo y rector de la UCA- en la misma línea planteando que el fallo de la Corte Suprema fue inoportuno e inconveniente y que tanto la ley como la pena deben ser cumplidas. Mientras que en el otro extremo tenemos a Héctor Aguer -titular del Arzobispado de La Plata- que sostuvo públicamente su acuerdo con el 2 x1 y dijo que los miembros de la Corte actuaron según el derecho. Hay una problemática interna que saltó, siempre estuvo pero nadie decía nada hasta ahora que todos salieron a opinar. Era una barbaridad lo que estaban haciendo algunos miembros de la CEA, parecía que estaban respaldando el 2×1. Y después dicen no, eso no lo quisimos hacer.
El obispo Santiago Olivera dijo en declaraciones a la prensa que la reconciliación no implicaba el olvido, sino que supone verdad, justicia, reconocimiento de los actos graves y la reparación. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Lo que dijo el obispo Olivera se acerca mucho a lo que planteo, no es una cuestión individual. Es una expresión de sacerdotes y laicos que hace tiempo estamos detrás de este tema, desde que hubo terrorismo de Estado siempre estuvimos defendiendo a las víctimas y proponiendo que los victimarios tenían que reconocer lo que habían hecho, declarar y pedir perdón. Esas son las características de una auténtica reconciliación, pero ellos nunca lo hicieron. Los militares no han reconocido nada, entonces que ahora vengan a presionar porque tienen un gobierno afín para que les reduzcan las penas me parece una gran injusticia.
¿Por qué en la carta que escribió y circuló hasta llegar a los medios describió a la Iglesia Argentina como un problema más que como una solución a la violación de los derechos humanos?
La iglesia como institución no. La Iglesia no son los obispos y la jerarquía, sino que somos todos los bautizados. El Episcopado no representa al conjunto de la Iglesia, tiene una opinión que pesa e importa, pero esto no quiere decir que todos tienen que estar de acuerdo con lo que propone. En Argentina, la Iglesia se presenta como que no tiene nada que ver con lo que pasa en la sociedad. Es buena gente que mira hacia todos lados y va por ahí tratando de arreglar las cosas que no funcionan. Es una estructura muy paternalista esa, creerse que está por encima de todos, y que puede decidir lo que hay que hacer. Mientras que, en realidad, es parte del problema, porque ellos intervinieron en la dictadura, participaron y fueron cómplices. Primero tienen que arreglar su situación, ellos son parte del problema de por qué no hay memoria, verdad y justicia hasta hoy. Ellos presionan para que se les disminuya la pena a los militares o bien el gobierno los consulta y ellos dicen: “Sí, es verdad, están viejitos, corresponde”. Pero nunca dijeron nada de los que torturaron y desaparecieron. Nunca sacaron la cara para decirle a los militares pónganlos presos y que cumplan sus condenas en las condiciones que correspondan. Ellos son co-responsables de lo que sucedió, no están al margen.
En el sitio Abuelas de Plaza de Mayo se publicó un comunicado que definió como restringido al protocolo para el acceso a los archivos relacionados con la dictadura presentado por la CEA. ¿Cuál es su postura?
Estoy totalmente en desacuerdo con el protocolo, porque después de tanto tiempo lo que corresponde es que se abran todos los archivos que se puedan. No sólo de los que se habla ahí, hay muchos otros archivos que no se mencionan, provenientes de distintos organismos de la Iglesia que ayudarían a entender y comprender lo que pasó y cómo pasó. Creo que la palabra que usaron las Madres está bien, puesto que es muy restringido el acceso. Estos papeles no van a decir prácticamente nada nuevo, porque en general son cartas y reclamos que mandaron los organismos al Vaticano. Eso ya lo saben los organismos. Lo que se trata de saber es lo que no se sabe. Hay mucha gente que intervino y eso no está en el Vaticano sino en otros lados: diócesis o nunciaturas. Hay muchas otras denuncias y documentos que quedan fuera del protocolo y que aclararían lo que pasó en tal cárcel, en tal centro clandestino y con esto que propone la CEA no se llega. Entonces están restringiendo y ocultando archivos. En eso estoy de acuerdo con las Abuelas de Plaza de Mayo.
“No hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico”, reflexiona el sacerdote Domingo Bresci.
¿Qué postura cree que tiene el gobierno con respecto a los derechos humanos?
La posición es la de (Mauricio) Macri, que cuando todavía era candidato a la presidencia de la Nación, aseguró que de acceder al Gobierno con él se acabaría “el curro de los derechos humanos”, ahí está todo dicho. El gobierno quiere desmerecer, despreciar y banalizar todo lo que pasó y la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Quiere anular todo y de la mejor manera posible. Y estos tres de la Corte Suprema reforzaron esa posición aunque posteriormente se dio un debate en el Congreso y el PRO votó por la limitación al máximo del 2×1. Después del repudio de la sociedad y de que todos fuimos a Plaza de Mayo. La postura oficial frente a los derechos humanos es que es una mentira exagerada que no da cuenta de lo que pasó.
¿Cree que el Papa podría intervenir más en el asunto?
No creo que pueda hacer algo y tampoco creo que corresponda. Después de 40 años el Papa recibió a Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini y les prometió lo de los archivos. En medio de esta polémica hubo un intercambio de cartas entre el Papa y Hebe. Si bien, no dice intervengo, pero deja ver su opinión de esa manera. Siempre le dice a Hebe «a una madre que le mataron dos hijos no se les puede reclamar nada». Bueno ahí le está diciendo que él no le puede exigir a Hebe perdoná a los que mataron a tus hijos. Al enviar esas cartas no está diciendo que comparte todo lo que hicieron los hijos, ni todo lo que hizo ella. Sí comparte su preocupación, su dolor y su lucha. Para estos tiempos creo que es bastante y no hace falta que haga nada más. Estos del Episcopado son tan buenitos con los militares, pero nunca recibieron a las Madres que fueron a pedir y a rogar por sus hijos. Eso desde el punto de vista cristiano es muy embromado, porque significa no tener compasión ni misericordia. Los obispos no la tuvieron, no era darles la razón solo escucharlas. Recibir o no a alguien, contestar o no cartas o comunicados, son gestos. Así es como se manejan en El Vaticano; no sólo con Argentina, sino con todos los países. En ese sentido creo que ha tenido gestos positivos con los organismos y eso deja trascender que la Iglesia Argentina tiene que cambiar su actitud. El Papa tampoco le puede decir al Episcopado qué hacer o qué pensar, porque cada Episcopado tiene autonomía. No obstante, sí tiene cierta influencia, porque los que están en nuestro país lo consultan, pero no puede dar la voz oficial. Los que tienen que enfrentar la situación son los obispos que participaron del terrorismo de Estado, no el Papa.
La Nación publicó un editorial en el que denuncia una supuesta “asimetría entre el ´ni olvido ni perdón´ a quienes cometieron delitos con la fuerza del Estado y el olvido y el perdón de los guerrilleros que hoy no gozan del ´2×1´, sino de una infinita impunidad”. ¿Qué puede decir al respecto?
No es así como lo cuenta La Nación. Metieron preso a muchos y a los que no metieron preso fue porque los mataron y desaparecieron. ¿Qué más quieren que le hagan? Hay presos 800 y los que murieron, según ellos son 7.000. Aunque no crean en los 30.000, igualmente son un montón. Los que murieron no tuvieron un juicio, no se pudieron defender y tampoco los pusieron en cárceles. A estos -los genocidas- les respetaron todas las leyes que hay frente a un acusado. Así que han sido los privilegiados. En La Nación siempre vinieron sosteniendo lo mismo, es demasiado lo que hicieron con los militares y poco lo que hicieron con los subversivos.
¿Qué pueden hacer los movimientos como el de los Curas de Opción Por los Pobres (OPP) frente a los obispos que aún siguen promoviendo la Teoría de los Dos Demonios?
Pueden hacer lo que venimos haciendo hace un montón, decir lo contrario. Ahora yo escribí una carta interna, no la mandé a publicar. La hice sintetizando muchas cosas y se la envié a mis amigos y a los curas OPP. Un periodista de Página 12 se enteró y me llamó para preguntarme si podía publicarla, le contesté que sí. Los obispos ya la conocen mi opinión, ni me llamaron la atención. Con los curas pasa lo mismo,con movimientos ecuménicos y muchos organismos laicos que sacaron declaraciones. Todos venimos sosteniendo lo mismo hace 40 años, no hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico. Nadie nos va a contradecir, porque saben que la nuestra es una postura coherente y seria. No buscamos convencer a nadie, puesto que es muy difícil. Se tienen que convencer ellos mismos ante la realidad. Si no quieren ver la cantidad de gente que fue a las distintas plazas de argentina a reclamar es imposible cualquier intento. El retroceso del 2×1 fue una batalla que perdieron frente a la movilización.
¿Cree que es posible el perdón a los genocidas?
Cuando hay una pelea entre dos personas se pide perdón a nivel personal. Como lo que sucedió, en este caso, afectó a toda la sociedad no basta el perdón de uno. No sirve que los que fueron a la reunión del Episcopado digan yo los perdoné. El conjunto de las víctimas no tiene ninguna obligación de perdonarlos. Desde el punto de vista cristiano tienen la obligación de no tener rencor, ni odio, ni sentimientos de venganza. Los militares hicieron algo que ofendió a las familias y a la gente que ellos secuestraron y desaparecieron. El perdón es un gesto personal, por eso nadie te puede obligar a que perdones a esa persona que te hizo daño.
¿Qué aspectos positivos puede destacar del debate que se abrió a raíz del pedido de reconciliación?
Hay que reconocer más que lo que dijeron algunos obispos, los logros de la sociedad y la organización que está teniendo para defender sus derechos. Dentro de la Iglesia ha habido cambios importantes. Actualmente hay distintas posiciones, antes había una sola postura y si no acatabas lo que decían los obispos estabas fuera de la Iglesia. Eso es un avance enorme para la institución y para los cristianos en general. El peso que tenía el obispado lo perdió porque se posicionó mal. En Campo de Mayo había una maternidad improvisada, había monjas y capellanes, no pueden decir que ellas y los obispos no sabían lo que hacían con las madres de los chicos después de que nacían sus hijos. En la E.S.M.A también había capellanes y no pueden decir que no sospechaban cuando veían entrar y salir camiones lo que allí sucedía. ¿No escuchaban los gritos que salían de los sótanos? No se trata de que no supieran, sino que estaban política e ideológicamente convencidos de que eso que hacían estaba bien, era la manera de frenar la subversión, y que los chicos debían ser criados por familias más honorables, lo cual es un aberración.
¿De qué sirve la memoria?
Algunos se escudan en que no hay que echar más leña al fuego para que la gente no se pelee y por eso hay que dejar de recordar el pasado. Recordar no es solo una forma de no repetir los errores. Dejar pasar lo que ocurrió es lo más grave que se puede hacer, porque es parte de nuestra historia. ¿Por qué los militares se pusieron en esa posición? ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Cómo fuimos capaces de hacer semejante barbaridad? Porque no solo la Iglesia estuvo de acuerdo con lo que se hizo, sino también los medios de comunicación, periodistas, empresarios y civiles. Para entendernos a nosotros mismos es necesario saber lo que fuimos, lo que somos y por qué actuamos de la forma en que lo hicimos. La verdad y la memoria siempre ayudan en este sentido. La justicia es fundamental, no podemos dejarlos si un castigo. Hay una ley que dice que tienen que pagar sus culpas, los militares nunca lo hicieron. Ahora que están detenidos y están pagando, de acuerdo a la ley que ellos no aplicaron para los subversivos, se quejan.
Actualizado 23/05/2017
Dic 14, 2017 | DDHH, Novedades
El colectivo Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía reúne a hijas, hijos y familiares represores por la memoria, verdad y justicia. “Liliana Furió (hija de un militar) me contactó por las redes sociales en mayo del año pasado y empezamos con esto juntas”, recordó Analía Kalinec, la hija del condenado a prisión perpetua Eduardo Emilio Kalinec, conocido como el Doctor K. “Pensamos que nadie más estaba pasando esa situación”, señaló.
“Si el Estado en su normativa interna tiene normas que prohíben y nulifican medios o fuentes de prueba debe cambiarlo”, dijo Pablo Verna.
Junto con Liliana, Analía comenzó a buscar a otros hijos e hijas de militares en las redes sociales. “Laura Delgadillo comentó en la nota de la hija de Etchecolatz, de la revista Anfibia, y es ahí donde la contacté”, recordó.
El 7 de noviembre pasado, el colectivo presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de reforma a los artículos 178 y 242 del Código Penal Procesal de la Nación “para que las prohibiciones, de esos artículos, de declarar y denunciar en contra de nuestros familiares, no corran para los crímenes de lesa humanidad”, explicó Pablo Verna, hijo de Julio Alejandro Verna, médico y ex capitán del Ejército. “Esas prohibiciones entran en conflicto con la obligación internacional que dice que en los crímenes contra la humanidad los Estados partes están obligados a investigar, juzgar y sancionar”, expone Verna y aclaró: “Si el Estado en su normativa interna tiene normas que prohíben y nulifican medios o fuentes de prueba debe cambiarlo, en esa medida se está incumpliendo”.
“Vemos que hay una intencionalidad política y un cambio de dirección en lo que se venía haciendo y en los logros que se fueron consiguiendo”, dijo Analía Kelinec sobre la política de DDHH actual.
El padre de Analía fue oficial ayudante de la Policía Federal. En 2015 quedó firme la condena a perpetua por participar en interrogatorios y torturas en los centros Atlético, El Banco y El Olimpo. “Crecí en una ignorancia total”, confesó la hija del Doctor K. La primera vez que el padre de Analía quedó detenido fue en 2005. “Hasta ese momento jamás lo había relacionado con la dictadura, estuve dos años diciendo que era todo mentira”, resaltó y agregó: “La última vez que lo vi, en Devoto, lo increpé, fue en 2008. Le dije que leí la causa y los testimonios y le pregunté si fue parte. Él me respondió: No, bueno fue una guerra y no es así como dicen, fueron siete mil. ¿Qué me estás diciendo?, le dije. No bueno, pero vos imaginate, nosotros sabíamos que alguien había puesto una bomba en un lugar y le teníamos que sacar información para salvar más vidas, dijo, intentando justificar las torturas. A partir de ahí no lo vi nunca más”.
En mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de aplicar lo que se conoce como “ley del dos por uno” a condenados por delitos de lesa humanidad. Otros en la misma condición, como Luis Patti, con doble condena a perpetua o Antonio Musa Azar, ex jefe de Inteligencia de la policía de Santiago del Estero, cuatro veces condenado, recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria. “Nos convocó el cambió de sentido en materia de derechos humanos que se viene impulsado desde el Gobierno”, enfatizó Analía Kalinec. “Nosotros vemos que hay una intencionalidad política y un cambio de dirección en lo que se venía haciendo y en los logros que se fueron consiguiendo”, opinó. Kalinec definió el fallo del dos por uno como un “intento fallido de una amnistía encubierta”. Pablo Verna define la situación como “el Happy Hour del horror”.
“A mi familia no le interesa escuchar lo que yo pienso sobre la última dictadura”, remarcó Kalinec. Y expresó que el mandato familiar es “aceptar lo que hizo su papá, que estuvo bien y defendió a la patria” o negar y “hacerte la tonta” y ratificó que ella no podía seguir ninguna de esas dos opciones.
“Me fui oponiendo a él a medida que pasaban los años y sucedían circunstancias muy dolorosas”, cuenta Bibiana Reibaldi.
Distinta es la historia de Bibiana Reibaldi. La dictadura-cívico militar comenzó cuando ella tenía 20 años y estudiaba Psicología en la Universidad de Buenos Aires. “Ya tenía un criterio formado, que no se parecía al de mi papá”, recuerda. Su padre, Julio Reibaldi, fue oficial de Inteligencia y analista. “Era el que ubicaba a las personas que después iban a secuestrar y organizaba los grupos que hacían esos trabajos”, detalló Reibaldi. En 1978 ella comenzó a estudiar psicopedagogía en la Universidad del Salvador. “Ya para esos años me daba mucha vergüenza explicar a qué se dedicaba mi padre”, agrega. “Me fui oponiendo a él a medida que pasaban los años y sucedían circunstancias muy dolorosas que ameritaban que yo tomara una posición contraria a su accionar”. Julio Reibaldi murió en 2002 sin ser juzgado penalmente.
Desde el colectivo luchan contra el mandato de silencio que sufrieron en la dictadura, y ahora en democracia continúa con la imposibilidad de denunciar penalmente a sus padres. “Era muy fuerte, no se hablaba en la familia de lo que pasaba”, señala Reibaldi. Para dejar de lado ese mandato, buscan reformar los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal de la Nación para poder aportar, judicialmente, a la memoria, la verdad y la justicia.
Actualizado 12/12/2017
