Dic 20, 2018 | DDHH, Novedades
Homenaje a Rosa Schonfeld de Bru. El Directorio de Organismos de Derechos Humanos de la ex ESMA entregará a Rosa Schonfeld de Bru el premio “Hacedores de la Memoria” por su compromiso inclaudicable en la lucha contra la violencia institucional y por los derechos humanos. Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo (Espacio Memoria) – 19-12-2019
“Nunca me hubiera imaginado que me iban a tener en cuenta en semejante lugar, con semejantes personalidades. Cuando descubrí a Estela de Carlotto lo primero que me dijo fue que si mi hijo hubiera hecho algo lo deberían haber detenido. Pensé lo mismo y si eso hubiera pasado habría ido hasta el último día de mi vida a donde él estuviese para apoyarlo”, expresó conmovida Rosa ayer, justo antes de que el auditorio del edificio “Cuatro Columnas” de la ex ESMA estallara en aplausos y ovaciones. No sólo se encargó de agradecer a su familia, sus compañeros y a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora por su inclaudicable apoyo, sino que también recordó que actualmente su asociación casi no tiene soporte por parte del Gobierno: “Tenemos un presidente que recibe y felicita a alguien como Chocobar. También una ministra que ahora está dando vía libre a la policía en el uso de sus armas. Lamentablemente se lo están tomando muy en serio, porque hay montones de asesinatos por violencia de género. Tenemos que unirnos más para que esto no siga pasando”, sentenció.
Esta ya es la tercera entrega del premio “Hacedores de la Memoria” por parte del Directorio de Organismos de Derechos Humanos perteneciente al ente público Espacio Memoria. Aquel se creó en 2015 con el objetivo de reconocer y agradecer las luchas por la memoria y los derechos humanos. Ese mismo año se realizó la primera entrega a Cristina Fernández de Kirchner, pocos días antes de terminar su segundo mandato. La segunda edición se efectuó en 2016, cuando se distinguió a León Gieco, Kevin Johansen, Cristina Banegas, Liliana Herrero, Liliana Felipe, Marcelo Carpita y Andy Riva por su constante colaboración en Espacio Memoria. En esta ocasión se decidió dar el premio a Rosa Schonfeld de Bru no sólo por su extensa labor en mantener viva la memoria de su hijo Miguel Bru, sino también por haber transformado esa lucha familiar en un movimiento colectivo. Miguel era el mayor de los cinco hijos de Rosa y Néstor Bru. Estudiaba periodismo en la Universidad Nacional de La Plata y desapareció en 1993, luego de denunciar a efectivos de la Comisaría Novena de esta ciudad por un allanamiento ilegal en su casa.
Recientemente declarada como Personalidad Destacada de la provincia de Buenos Aires por parte de la Cámara de Diputados, Rosa contó a ANCCOM cómo es el trabajo que brinda con su organización: “La Asociación Miguel Bru nació ofreciendo asesoramiento por casos de violación de derechos humanos, pero principalmente en materia judicial por los casos de violencia institucional en La Plata. Después nació la Casa de Cultura y Oficios Miguel Bru en Parque Patricios, donde se dan distintos talleres de periodismo, fotografía, música y serigrafía, entre otros. Hemos patrocinado y tenido buenas condenas como un caso de asesinato por parte de la policía en 2010 en el que se dictaron cuatro cadenas perpetuas. Ahora estamos en un momento muy difícil, pobres de asistencia jurídica. Pero estamos luchando y siempre esperando que alguien diga dónde está Miguel, que es el principal objetivo. Cada nieto que se recupera y cada desaparecido encontrado por sus familiares para cerrar una etapa me hacen pensar que nosotros también vamos a poder cerrarla”.
En el encuentro estuvieron presentes, entre otros, Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Daniel Tarnopolsky, representante del Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Espacio Memoria; Claudia Vásquez Haro, Presidenta de la Confederación Trans de Latinoamérica y el Caribe; María Eugenia Ludueña, escritora y periodista; y Marcos Weinstein, padre de Mauricio Weinstein, secuestrado en 1978 por la última dictadura cívico militar. Este último recordó a Miguel Bru: “Era un estudiante que pensaba y que podía pensar y transmitir a los demás, cuestión que al poder político-social prevalente de esa no democracia, que solemos sufrir en el país, le interesa borrar, de alguna forma, aunque sea individualmente como en este caso”.
Antes de pasar al brindis que cerró el histórico evento, Vera Jarach miró con alegría el trofeo que sostenía Rosa Schonfeld a su lado. Luego observó atentamente a la homenajeada y finalizó: “Somos compañeras y hermanas. Nos unimos en el dolor y en la forma de reaccionar al dolor, que tiene que ver con no tener miedo, saber luchar y buscar que nunca más tengan que pasar estas tragedias para ninguno, ni acá ni en el mundo”.
Jul 4, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar
Es el último sábado de junio y “La visita de las cinco” en el Museo Sitio de Memoria ESMA comienza a poblarse con gente de todas las edades. La humedad acentúa el frío. Cuatro personas guían el recorrido: los ex detenidos desaparecidos Ricardo Coquet y Alfredo Ayala, la pareja de otro, Cristina Muro, y el periodista deportivo Tití Fernández. Cada uno guarda memorias distintas del Mundial 78.
A pocas cuadras de la ESMA, la cancha de River fue escenario de varios partidos de la Copa del Mundo. Según la dirección del viento, los detenidos engrillados y esposados podían escuchar los gritos de gol. Cristina Muro, integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Politicas, viaja en el tiempo a febrero de 1977, un año antes de que comenzara el Mundial.
“Un grupo de tareas de la ESMA ingresó a mi casa. Yo estaba sola con mi bebé de cinco días y mi otro hijo de dos años y medio. Mientras unos allanaban mi casa, otros me pegaban patadas en el suelo que provocaron que los puntos del parto se me abrieran. Así me enteré que mi marido estaba detenido. Ese día me vino a buscar mi mamá y nos fuimos a su casa de La Boca. Coloqué todos los muebles en la puerta por miedo a que me hayan perseguido. Yo estaba destrozada física y mentalmente”, relata.
A 40 años del Mundial 78 sobrevivientes de la ESMA cuentan sus vivencias del horror en la exposición “El Mundial en la ESMA”.
Aquel domingo 27 de febrero de 1977 a la noche, Cristina se despertó con sirenas que rodeaban la manzana. “Entré en pánico y lo único que llegué a decirle a mi mamá cuando me asomé por el balcón, ya que era la única opción que me quedaba, es que si eran ellos, que por favor cuidara a los nenes. No iba a permitir que me lleven”. Pero en el momento en que se asomó vio una multitud que se dirigía hacia La Bombonera, donde la Selección Argentina iba a jugar un amistoso con Hungría.
“A seis meses de ese día, mi mamá me dijo unas sabias palabras: ‘Si hoy no le festejás el cumpleaños a tu hijo de tres, le vas a cagar la vida para siempre’. Y ahí entendí que una cosa no tenía que ver con la otra. Ya bastante los genocidas nos estaban cagando la vida para que encima yo le agregara más pesar sobre el tema”, expresa y añade: “Mi hijo más grande vivió el Mundial juntando las chapitas de Coca Cola que había que levantarles el plastiquito y ahí traían los países para coleccionar. Pero también se crió sabiendo la verdad”.
Cristina nunca dejó de buscar a su marido, Carlos Alberto Chiappolini, hasta hoy desaparecido. La información que pudo obtener fue por sobrevivientes de la ESMA que declararon que falleció por las torturas en los interrogatorios. No hay rastros de él, por lo que se sospecha que sus restos fueron cremados en el campo de deportes que da al río.
Cristina nunca dejó de buscar a su marido, Carlos Alberto Chiappolini, hasta hoy desaparecido.
Ricardo Coquet, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), estuvo secuestrado en la ESMA desde el 10 de marzo de 1977 hasta diciembre del año siguiente. Junto a otros compañeros, realizó trabajó esclavo durante su cautiverio y, además del horror vivido, lo pagó con varios dedos de una mano. Mientras transcurría el Mundial, en el sótano de la ESMA se había montado una imprenta, una sala de documentación, diagramación, comedor, una sala de enfermería, tres salas de tortura, todas comunicadas por un corredor que era llamado cínicamente “el pasillo de la felicidad”. Allí trabajó Ricardo
“El día que Argentina le ganó a Perú por 6 a 0, yo estaba con un compañero, Miguel Ángel Lauletta. Había un televisor muy chico y los dos éramos ultrafutboleros. Vimos el partido y por unos segundos pudimos abstraernos del terror que se vivía en este lugar”, cuenta Coquet mientras observa el sótano. En un momento del match, uno de los guardias cerró la puerta, algo recurrente cuando llegaba algún detenido y comenzaban las torturas. “Cuando salimos del comedor donde estaba el televisor, encontramos a un compañero, del otro lado, muerto en el suelo. Se lo veía cianótico, seguro que se había tomado la pastilla para que no lo agarren vivo. Al verlo, caímos otra vez en el lugar donde estábamos”, rememora.
Alfredo Ayala, militante y referente villero de Montoneros, estuvo secuestrado desde septiembre de 1977 hasta 1980. También fue obligado a realizar trabajo esclavo y todavía hoy recuerda las constantes amenazas de muerte: “Te amenazaban si te veían desganado o si no trabajabas mucho, te daban una dosis de pentotal y te mandaban a los vuelos”. Ayala recuerda que imprimían las calcomanías que decían “Los argentinos somos derechos y humanos” y que se repartían en la vía pública como campaña para contrarrestar a los medios extranjeros que informaban la verdad al exterior.
“Mi participación respecto al Mundial arrancó en enero del 78 cuando me sacan de ‘capucha’, el lugar donde estaba el grueso de los detenidos, y me mandan al sótano. Esto funcionaba como una suerte de ‘sala de prensa’. Acá se confeccionaban hasta los discursos que debían reproducir los medios de comunicación”, evoca.
A lo largo del recorrido se incluyen testimonios recogidos en la megacausa ESMA.
En el sótano funcionaba además un estudio fotográfico, una sala química de revelado y una isla de edición de video. “Tengo imágenes muy claras en mi memoria sobre la circulación de ciertas personalidades mediáticas y periodistas que eran de los grandes medios de entonces. El Poder Judicial todavía nos debe el juicio a los civiles. Los que están en el Gobierno ahora son los hijos y los nietos de los milicos de esa época. La lucha por la verdad de los cinco mil compañeros que pasaron por acá continúa”, afirma.
A lo largo del recorrido, se incluyen testimonios recogidos en la megacausa ESMA: “Me llamó la atención cuando los militares colocaron un televisor para que los compañeros vean los partidos –dice uno–. No sé si era para hacerlos sentirlos bien o peor aún. Pero la realidad es que mientras escuchábamos los gritos de los goles, también escuchábamos los gritos de los torturados”. En otra de las declaraciones, una sobreviviente recuerda que al ganar el Mundial muchos de ellos fueron subidos a varios autos para ver el festejo en las calles, la gente llorando emocionada, las banderas, y gritando por Argentina. La mujer pidió sacar la cabeza por la ventanilla para sentir el aire y, por un momento, se le cruzó gritar que estaba secuestrada, pero al segundo se dio cuenta que nadie iba a hacer nada.
El periodista deportivo invitado, Tití Fernández, toma el micrófono y cuenta que, con 27 años, él salió a festejar al Obelisco y lo volvió a hacer en 1979 cuando Diego Maradona y Ramón Díaz ganaron el Mundial juvenil en Japón: “Fui uno de los tantos idiotas que salimos a festejar diciendo que los argentinos éramos derechos y humanos. No nos habíamos enterado de esto y ahora me da vergüenza. Esta historia recién la empecé a vivir de grande”, confiesa y opina: “Los políticos utilizan la Copa del Mundo para ocultar la realidad, para su beneficio. Hoy la Argentina se quedó afuera del Mundial y lo único que espero es que en la tapa del lunes no vuelvan a hablar de Nisman”.
La exposición “El Mundial en la ESMA” estará abierta hasta el 31 de agosto, de martes a domingos de 10 a 17, con entrada libre y gratuita.
En el tercer piso, ‘la pecera’ fue otro espacio usado para trabajo esclavo: traducción de artículos periodísticos, análisis de bibliografía, redacción de libros. Allí, entre los cubículos, se encuentra la historia de Lisandro Raúl Cubas, militante de la Juventud Peronista (JP) que estuvo detenido entre octubre de 1976 y enero de 1979. Estudiante de Ciencias Económicas en la UBA, Raúl tuvo que oficiar de periodista y entrevistar al director técnico de la Selección, Cesar Luis Menotti. Con el carnet falsificado del Colegio Profesional de Periodistas y de la revista Confirmado, bajo amenaza de muerte, ingresó a la cita concertada y cumplió con la tarea que le encomendaron. No se animó a decirle a Menotti que era un desaparecido, pero sí salió en la foto oficial publicada a los pocos días en el diario La Nación: el objetivo era que su familia lo reconozca y supiera que estaba vivo.
La exposición “El Mundial en la ESMA” estará abierta hasta el 31 de agosto, de martes a domingos de 10 a 17, con entrada libre y gratuita.
Nov 22, 2017 | DDHH, destacadas
El sábado pasado se realizó el tercer acto en memoria por los desaparecidos de la Villa 21-24, y, como novedad, la Comisión de Derechos Humanos del barrio junto con organizaciones políticas, artísticas y culturales, y con el apoyo de los vecinos, nombraron a un pasillo del barrio “Pasaje Oscar Alfredo Zalazar y María Ester Peralta”, a pocos metros de donde vivió esta pareja, secuestrada por la dictadura junto a otras tres personas el 29 de abril de 1976. ANCCOM estuvo presente en el acto y reconstruyó las vidas de Zalazar y Peralta a través del testimonio de quienes los conocieron.
A Oscar Zalazar se lo conocía como “El Cabezón”. Había nacido el 16 de julio de 1954 en Buenos Aires, militaba en el Movimiento Villero Peronista (MVP) e integraba la Comisión Vecinal. Vivía en una ex unidad básica de la Villa, que funcionaba como vivienda de la pareja. Según su hermana, Gladys Zalazar, quien presenció el acto, “Oscar era una persona muy sensible, siempre preocupado por los demás, me hablaba del pueblo… siempre el pueblo. Les instalaba la luz a los vecinos y fue uno de los primeros en construir piletones para que la gente pudiera tener agua”.
María Ester Peralta era una joven de 23 años nacida en Guaymallén, Mendoza, que había escapado de la violencia machista de su ex pareja hacia Buenos Aires. Tenía dos hijos, Marcelo y María Cristina, con los que se instaló en el barrio y comenzó a colaborar en una salita de ayuda escolar. Militaba también en el MVP, en donde conoció a Oscar; juntos ayudaban a mejorar el acceso a los servicios esenciales para los vecinos. En el momento de su secuestro, contaba con cinco meses de embarazo.
El “Pasaje Oscar Alfredo Zalazar y María Ester Peralta” se ubica a pocos metros de donde vivió esta pareja, secuestrada por la dictadura junto a otras tres personas el 29 de abril de 1976.
Según Adriana Fazio, compañera de militancia de la pareja, “ellos se unieron a la Junta Vecinal y trabajaron día a día para mejorar el barrio, los mataron porque querían organizar a los vecinos. María Ester era una jovencita callada que hacía ayuda escolar y Oscar era un morochazo laburador, discutidor y entusiasta. Conectaba electricidad, hacia zanjas, piletones y peleaba con los funcionarios de turno para conseguir materiales”.
Las otras personas secuestradas con la pareja fueron dos ciudadanos paraguayos y militantes del MVP: Teodoro Urunaga, de 28 años, que había sido presidente de la Comisión Vecinal y Ricardo Gamarra Ortiz, de 24 años. También se llevaron a una vecina del barrio que todos la conocían como “Mary”.
Esa noche del 29 de abril de 1976, personal de la Policía Federal irrumpió en la casa de María y Oscar, secuestraron a la pareja, a Teodoro, a Ricardo y a “Mary”. Los tres hombres fueron ejecutados los primeros días de mayo, pero la versión oficial de la Policía hablaba de “muerte en enfrentamiento”. Sin embargo, sus cuerpos habían sido encontrados con signos visibles de torturas en manos y pies en Parque Centenario el día 5 de ese mes.
“Mary”, en tanto, fue liberada a los pocos días y relató las torturas que le realizaron a la joven embarazada María Ester, cuya madre realizó la denuncia en la comisaria 44 de Liniers. Y luego de varios intentos fallidos para ver a su hija, fue amenazada para que desistiera de la búsqueda. Los datos aportados por Mary fueron denunciados ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), mientras que otras informaciones de testigos de los secuestros fueron recolectados por Teresa Godoy, periodista paraguaya autora del libro La generación dispersa, quien en esa época fue militante del barrio. En la Villa 21 también había militado Diana Oesterheld, una de las hijas de Héctor Germán Oesterheld, secuestrada el 7 de agosto de ese 1976 en Tucumán.
El sábado pasado se realizó el tercer acto en memoria por los desaparecidos de la Villa 21-24. Asistieron varios vecinos.
Graciela Rosenblum, presidenta de Liga Argentina por los Derechos del Hombre, fue parte de esa generación y ya militaba en ese organismo en la época de los secuestros. Ella también estuvo presente en el acto y sostuvo: “Este tipo de actos no solo son un compromiso con la memoria sino con los valores de una generación que tienen que ver con la construcción de una sociedad digna de ser vivida; en momentos como el que vive el país, donde supimos construir el puño contra el dos por uno, por la justicia para Santiago Maldonado, debemos seguir luchando contra todas las políticas regresivas.”
Entre los organizadores del acto, Patricia Gómez, de la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 21, comentó que cada año se realizan actividades para conmemorar a los vecinos y el día de los nombramientos de los pasajes tiene que ver con las fechas de sus respectivos cumpleaños. Del acto participaron también espacios artísticos del barrio como “Orilleros”; su referente Laura Frattini, comentó que los chicos y chicas que participan de la iniciativa estrenaron una canción titulada “Con valor“, en homenaje a los desaparecidos.
Gladys Zalazar, con lágrimas en los ojos, recordó las palabras de su hermano: “Oscar siempre me decía: ‘Cuando te toque estudiar la historia desconfía de la que te cuenten, indagá, buscá, averiguá, porque hay otra historia y la tenés que conocer”. Y como cierre, en relación al embarazo de su cuñada desaparecida, afirmó: “Tanto ellos (otros familiares presentes ) como yo esperamos que algún día nos llame la gente de Abuelas de Plaza de Mayo y nos digan: ‘Familia Zalazar Peralta, hemos encontrado al hijo de María Ester y de Oscar. No descansaremos hasta que eso suceda.”
Actualizado 21/11/2017
Ago 24, 2016 | Entrevistas
El viernes pasado el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz por razones de salud. Sin embargo, no se hará efectiva porque actualmente está siendo juzgado en otras causas que están en etapa de instrucción. El represor, de 87 años, mano derecha del ex General Ramón Camps, fue Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 1976 y 1977, responsable de “La noche de los Lápices”, y tuvo a su cargo 21 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Además, es el principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López.
Esta semana, organismos de derechos humanos se reunieron en repudio de esta decisión. El argumento en el que se basó el Tribunal para otorgar la prisión domiciliaria al represor fue su estado de salud: hipertensión y riesgo de accidente cerebrovascular. Sin embargo, otras pericias médicas determinaron que estos síntomas son parte de una huelga de hambre que llevó a cabo y consideraron que sus dolencias pueden ser tratadas en un hospital.
En este marco ANCCOM conversó con Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal I de la Plata, y reconocido por su trayectoria y dedicación en los juicios por delitos de lesa humanidad. Con el permanente objetivo de velar por los derechos humanos, el magistrado fue el primero en condenar a Etchecolatz. En 2004 lo sentenció por apropiación de bebes y, en 2006 –luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final–, lo juzgó por su participación en el genocidio llevado a cabo durante la última dictadura argentina condenándolo a cadena perpetua. Como es parte de las causas en las que actualmente está siendo juzgado el ex policía, no dio su opinión sobre la prisión domiciliaria que fue otorgada al represor. Sin embargo, aclaró los alcances de la ley que la regula; reflexionó sobre el poder reparador de los juicios; denunció las presiones de medios de comunicación como Clarín y La Nación; y recordó la herida abierta y la falta de verdad y justicia en la desaparición de Jorge Julio López.
Si una persona estuvo en prisión domiciliaria y se la revocaron por haberle encontrado un arma de fuego, como a Miguel Osvaldo Etchecolatz, o por algún otro motivo que lo justifique ¿cuenta con un precedente para que no se la puedan volver a otorgar?
Sí, debería ser así. Habría que analizar cada caso. Sobre el caso de Etchecolatz no puedo opinar porque intervengo en la causa. Pero en abstracto, a quien incumple de alguna manera se le revoca y nunca más se le da, sobre todo en delitos comunes. Pero bueno, hay que analizar cada caso porque, ese tipo de decisiones, como cualquier otra de los seres humanos, pasa por el pensamiento, la ideología y el sistema de creencias de esa persona que está decidiendo.
Se cumplieron diez años del juicio a Miguel Etchecolatz en 2006, ¿cuál fue su importancia?
Ese juicio fue posterior a los que se hicieron a las Juntas, donde Etchecolatz y Camps –entre otros– ya habían sido juzgados, y luego beneficiados por los indultos que dejaron sin efectos las sentencias. Yo ya había condenado a Etchecolatz y a otros represores en el año 2004, porque aunque estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no se aplicaban a la apropiación de criaturas. Y el juicio que yo hice en aquel momento, en 2004, fue por la apropiación de un niño de padres uruguayos. En el 2006 se hizo el primer juicio después de la declaración de inconstitucionalidad de esas dos leyes. La importancia que tuvo fue ser el primero, y ser un desafío en todo sentido. Además, se produjo la tragedia de la desaparición de Jorge Julio López sobre el final del juicio. De modo que también tiene una importancia trágica.
Fue la primera sentencia en el país que incorporó la figura de genocidio, ¿en qué sentido la última dictadura argentina merece ese calificativo?
La utilización del concepto de genocidio para aplicarlo al proceso que vivió la Argentina deriva de la necesidad de llamar a las cosas por su nombre. Es decir, de poder aplicar el nombre adecuado a los fenómenos que se producen, y muy especialmente cuando se trata de crímenes masivos de lesa humanidad como es un genocidio. Utilicé esa noción en el sentido más amplio y abarcativo. Por un lado, está el concepto de la Convención sobre Genocidio, que yo considero aplicable porque las víctimas del proceso que se vivió en Argentina estarían incluidas en lo que la Convención llama “grupo nacional”. Más allá de eso, hay un antecedente histórico interesante: previo a la Convención había un proyecto, y previo al proyecto había una declaración de Naciones Unidas, y en los dos casos se incluía el concepto de “perseguidos políticos”. Que la Convención haya sacado esa categoría, en realidad tuvo que ver con una coyuntura: Stalin estaba matando millones de personas y, por lo tanto, fue uno de los que se impusieron para que se quitara ese ítem de “perseguidos políticos”. Pero se conservó el de “grupo nacional”. La caracterización de ese proceso como un genocidio venía siendo, también, un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos. Después, este punto de vista se fue enriqueciendo con el trabajo de Daniel Feierstein, que agregó el concepto de “genocidio reorganizacional”: la finalidad de la dictadura argentina era reorganizar la sociedad, pero en base a las categorías que ella misma establecía, fundamentalmente para poder aplicar un proyecto económico que fue el origen del terrorismo de Estado.
También se están por cumplir diez años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, ¿qué cree que pasó con él?
Desconozco qué es lo que sucedió puntualmente. Lo que sí sé es que desapareció, literalmente. De modo que entiendo que fue víctima de una desaparición forzada, que no se investigó hasta el día de hoy con la intensidad suficiente. O, por lo menos, no se observaron resultados de ninguna especie, no hay ningún tipo de información, lo cual es alarmante. Y, además, es la confirmación de la truculencia que tuvo esa desaparición, el mensaje mafioso que pudo implicar en aquel momento y el esfuerzo que hubo que hacer a partir de ahí para poder reanudar todo el proceso de juzgamiento.
¿Afectó el desarrollo de los juicios?
Sí, lo hizo. Lo que tuvimos que trabajar fue la medida de ese impacto, para que no se vieran perjudicados los procesos de verdad y justicia como el que se inició en aquel momento, después de 30 años de impunidad. El siguiente juicio en la Plata fue el del sacerdote Christian Von Wernich. Había que hacerlo después de la desaparición de López y lograr que los testigos asistieran, declararan y se sintieran contenidos. Por suerte, esto se pudo lograr porque establecí un sistema de convenio con dos organismos: el Centro de Protección a las Víctimas de la provincia de Buenos Aires y el Comité para la Defensa de Derechos Humanos. Ellos proveen, hasta el día de hoy, de psicólogos y psicólogas con los cuales se da contención a los testigos para que el trauma que significa volver a declarar sea el mínimo posible, para que se sientan en condiciones de hacerlo y que el que no esté condiciones, no lo haga. La protección material física se hace a través del programa nacional de Protección de Testigos y el programa Verdad y Justicia, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Son distintos ámbitos pero todos apuestan a lo mismo, es decir, a que se puedan hacer los juicios con la mayor normalidad posible y sobre todo con el respeto que a las víctimas y los testigos se les debe por la ley y por cuestiones éticas elementales.
¿Cómo cree que esta herida sigue afectando hoy?
Sigue afectando de una manera muy específica, que tiene que ver con lo que en su momento escribió en una obra de teatro Tato Pavlovsky –El señor Galindez–, en donde él le hizo decir al represor: «Por cada uno que tocamos, mil paralizados de miedo. Nosotros actuamos por irradiación». Si pensamos que hubo 30.000 desaparecidos, son 30 millones de personas las atravesadas por ese aparato de terror de los años 70. Esa irradiación a la que aludía Pavlovsky sigue hasta hoy, producto de la etapa de terrorismo de Estado y, luego de tres décadas, de la desaparición de un importante testigo, de un hombre que hizo un aporte muy fuerte en ese juicio, una figura especial, porque él fue testigo presencial de los hechos que relató. De modo que la desaparición, además de la tragedia personal que esto representa para su familia, significó una tragedia social. Pero como toda tragedia social, es un desafío para la comunidad: reponerse, no olvidar, seguir adelante en un proceso que busca investigar la verdad de lo que pasó, poder condenar como corresponde y cultivar la memoria para que no vuelva a pasar.
¿Considera que los juicios son una instancia reparadora para víctimas y familiares?
Sí, estoy completamente convencido. Cuando finalizó el juicio a Etchecolatz, al terminar de leer el veredicto se me acercó una señora, una madre de Plaza de Mayo, que había estado presente, aunque no se estaba juzgando el caso de su hijo desaparecido. Me dijo, tocándose el pecho, que había tenido durante 30 años una opresión que se le había ido. Y la verdad es que además de lo conmovedor de la frase, creo que es la prueba más elocuente de lo que significa la reparación. Difícilmente se puede explicar de una manera más gráfica que con esta señora, que se llamaba Edna (Coparón de Ricetti).
¿Actualmente existen presiones para limitar los juicios de lesa humanidad?
Presiones hubo siempre, y amenazas también. Las presiones son ilegales, pero son lógicas y entendibles si se tiene en cuenta que este proceso de juzgamiento afecta intereses muy concretos: económicos y de los otros. Eso ha existido desde el primer juicio. Por ahí lo que está sucediendo es un cambio de clima. A mi entender, desde el año 2003 el contexto fue distinto, ya que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y, a partir de ahí, se pudieron iniciar los juicios. Ese contexto siguió siendo favorable durante toda esta década: el apoyo del Ministerio de Justicia y el programa de los testigos, sin ninguna duda, colaboraron con el avance de los juicios. Hoy se está percibiendo un cambio de clima en ese sentido. En lo personal, no recibí ningún tipo de presión de parte del gobierno. Sí noto la presión de algunos medios periodísticos importantes, que son los que vienen haciéndolo hace tiempo: La Nación y Clarín. Entiendo que tiene que ver con intereses económicos e ideológicos.
¿Qué tipo de presión ejercen estos medios?
En el caso de La Nación, por ejemplo, los editoriales que hace años vienen produciendo. Unos días antes de finalizar un juicio por delitos de lesa humanidad muy importante, publicaron editoriales a favor de uno de los imputados que luego fue condenado a prisión perpetua. Eso fue explícito, fue y es una presión concreta que después mantuvo a partir de otros editoriales, algunos más fuertes y otros menos, pero todos dirigidos a lo mismo: a desalentar el proceso y desacreditar a algunas personas –incluyéndome, por supuesto– en operaciones de prensa absurdas, pero no por absurdas menos graves.
¿La Teoría de los Dos Demonios sigue presente en el imaginario social?
La teoría de los dos demonios se fue abandonando con los primeros juicios. Comenzó hace 35 años. En el juicio a las Juntas se hablaba de los dos demonios. Pero, cuando en esta etapa se comenzaron los juicios de Etchecolatz y todos los que se vienen haciendo en el resto del país, claramente quedó descartada por completo. Primero, porque es una teoría interesada: no es neutra. Cuando se habla de dos demonios lo que se busca es confrontar, por un lado, la represión genocida y, por el otro, la actividad –o la supuesta actividad– de las víctimas. Si tenemos en cuenta que en todos los juicios ha quedado demostrado el secuestro y desaparición de bebés, de niños, la violación sexual, el homicidio, la tortura y desaparición de miles de personas, suena extraño que alguien pueda elaborar una teoría en la cual se confronten dos demonios. Sin embargo, está presente en algunas personas que tienen interés en mantenerlo circulando. Lo cual no significa que se ajuste a la realidad. En la Argentina de esa época no hubo dos demonios, sino que hubo un genocidio pensado, elaborado y puesto en marcha, de secuestro, tortura, desaparición y muerte. Y esto está probado, con sentencias firmes. Y si hay gente que todavía está elaborando esa teoría o la repite, es porque tiene intereses en hacerlo: económicos e ideológicos.
Mauricio Macri relativizó el número de los desaparecidos en la última dictadura y calificó como «guerra sucia» lo sucedido en esos años. En el mismo sentido, Lopérfido también cuestionó la cantidad de víctimas ¿Cómo afectan estos dichos a la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas y sus familiares?
Depende de lo que cada juez haga cada día con las causas que lleva. No solo por la opinión que pudo haber dado el Presidente de la Nación, sino en general. También puede ser por las intimidaciones de los medios y sus presiones, que van a tener eco o no en jueces y fiscales y lo vamos a saber en cada actuación de ellos. Lo que pasa es que si tenemos en cuenta que estos juicios se están llevando a cabo porque durante treinta años los organismos de derechos humanos, las Madres, Abuelas e Hijos, resistieron y exigieron, vemos que eso es la prueba más elocuente de que cualquier persona puede decir lo que quiera, pero cuando dice cosas de esa envergadura, que descalifican un proceso genocida como el que hubo, la respuesta social es muy fuerte. Esa es la parte rescatable, la parte llena del vaso. Porque del mismo modo que treinta años de reclamar, sin descanso alguno, generó un proceso único en el mundo –que es el de juzgamiento de genocidas–, con el mismo criterio cualquiera puede decir lo que quiera, pero eso no significará ni que esté bien ni que no va a tener una respuesta social. Y nuestra sociedad va a ir eligiendo en cada caso qué respuesta elige. En el caso de los jueces, la respuesta es hacer los juicios que tienen que hacer y aplicar la ley como corresponde.
¿Qué establece la ley de Prisión Domiciliaria?
La 24.660 es una ley penitenciaria que luego fue modificada por la ley 26.472. Lo que establece es la posibilidad de prisión domiciliaria bajo determinadas condiciones: ser mayor de 70 años, tener enfermedades graves o incurables, etcétera. Pero todos esos requisitos que esa ley establece están encabezados por la palabra “Podrá”, “El juez podrá”. De modo que claramente lo que el legislador hizo fue otorgarles a los jueces la posibilidad de determinar o no, en cada caso, un beneficio de esa naturaleza, que de ningún modo es obligatorio ni automático.
Cuando la sociedad denuncia la injusticia de algún caso de prisión domiciliaria y exige rever esa decisión ¿quién es el responsable de intervenir en la discusión?
En el caso de la prisión domiciliaria solamente los fiscales pueden efectuar algún tipo de recurso. Y depende la interpretación podrán los querellantes o no. Pero la realidad es que los fiscales tienen la responsabilidad de decidir. Cuando se les da una vista a los fiscales antes de decidir, hay fiscales que aconsejan dar una prisión domiciliaria. No solo en casos de lesa humanidad, sino en delitos comunes también. Lo que pasa es que ahí cada uno interpreta, y eso es lo que la ley le otorga a los jueces: la posibilidad de interpretar si va a decidir o no una prisión domiciliaria. Y la va a otorgar o no el juez en función de su propia visión de los hechos, de la gravedad de los mismos, de la situación de la persona que fue condenada.
¿Qué tipo de custodia reciben los que tienen prisión domiciliaria?
Lo que pasa es que históricamente la prisión domiciliaria no preveía custodia física. Después existieron casos en los cuales se aconsejó eso. Imaginate que si hablamos de miles de personas que están en esa condición, sería imposible destinar decenas de miles de guardias para custodiarlos. Existen las pulseras electrónicas que se utilizan en casos de prisión domiciliaria, pero de delitos comunes. El caso de delitos de lesa humanidad es mucho más complicado, la mayoría no tiene custodia.
¿Y entonces cómo se garantiza que cumplan la prisión domiciliaria?
Por eso es complicado… la responsabilidad de los jueces que las otorgan es ver cómo se verifican. Puede ser a través de una visita del Patronato de Liberados, o de distintas maneras. Hace poco se dio un caso muy fuerte con un hombre de 87 años que estaba procesado por delito de lesa humanidad y estaba con prisión domiciliaria por razones de salud. Estaba arriba de un limonero podándolo y se cayó adentro de una pileta y se murió. Uno tiene que analizar esta escena, porque si lo que se argumenta es que es beneficioso para su salud estar en su casa, y se cae de un limonero y se mata en una pileta de natación, no puede ser beneficioso. En segundo lugar, si se mata en una pileta de natación es porque la tiene, lo cual demuestra un estándar de vida importante que tal vez a más de uno haga pensar que se dan condiciones inequitativas con respecto a otros detenidos de una situación económica menor que a lo mejor ni siquiera obtienen la prisión domiciliaria.
Actualizado 24/08/2016
Ago 10, 2016 | inicio
«La verdad es que estos tipos eran muy pesados. Para encontrar justicia, nosotros estamos tardando 38 años. Todavía no sabemos qué paso con nuestros padres, así de efectivos fueron», afirmó Guillermo Pérez Roisinblit luego de la primera audiencia de alegatos del juicio por la desaparición de sus padres en 1978, que duró diez horas. En la causa se juzga la intervención que le cupo a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) en el secuestro y tormentos de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, por los cuales se encuentran imputados Omar Rubens Graffigna -quien se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en 1978 y fue absuelto en 1985 en el juicio a los dictadores que integraron las juntas militares-, Luis Trillo -titular de la RIBA -, y Francisco Gómez, que trabajaba en el lugar y se apropió del hijo menor de la pareja.
«Nosotros solicitamos un pedido de pena de 25 años para Omar Graffigna y Luis Trillo, y 20 años para Francisco Gómez, por privación ilegal de la libertad y tormentos -afirmó Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo-. Da para más, pero el Código de la época permitía esa pena máxima para esos delitos. La fiscalía planteó que ya por la forma en que estaba detenida Patricia constituía de por sí un tormento psíquico, y eso abrió la imputación hacia esos hechos. No fue una privación ilegal lisa y llana». Las tres querellas que alegaron el lunes coincidieron en reclamar que las condenas se cumplan en establecimientos carcelarios, y no en arresto domiciliario.
Durante su alegato, Pablo Llonto –representante de Mariana Eva Pérez, la hija mayor del matrimonio- solicitó cambiar la carátula y que en vez de privación ilegítima de la libertad se condene a los imputados por desaparición forzada de personas, un delito de lesa humanidad con pena de cadena perpetua. «Eso sería lo correcto -coincide Guillermo Pérez Roisinblit- porque mis padres no están secuestrados todavía. En un secuestro se estima que la persona que está privada de su libertad todavía tiene vida. Este 10 de agosto mi papá cumpliría 63 años. En lugar de ver qué le regalaríamos, que fiesta le organizamos, todavía estamos sin saber qué pasó con ellos, quiénes fueron los responsables de su destino y dónde están sus restos”.
El cambio de carátula conlleva el riesgo de que se declare la nulidad del proceso judicial debido al principio de congruencia (que implica que los imputados deben saber exactamente de qué se los acusa), dado que en un inicio se los responsabilizó solo por privación ilegítima de la libertad. Por eso, el abogado de Mariana Pérez aclaró que formulaba su pedido de manera subsidiaria, es decir que en caso de que el Tribunal no tuviera en cuenta su solicitud se suma al requerimiento de condena original de la Fiscalía. A su vez, solicitó que en el frente del inmueble de la RIBA se agregue una placa con los nombres de ambas víctimas, y que el lugar -que hoy se encuentra en estado de abandono- se mantenga como un sitio de memoria.
En cuanto a la calificación del delito, en su alegato el fiscal Martín Niklison aclaró los agravantes por ser los autores funcionarios públicos, que secuestraron y torturaron a las víctimas quienes a su vez eran perseguidos políticos, y no solo sufrieron violencia física y psicológica, sino también fueron mantenidos en cautiverio durante más de un mes. A continuación recalcó: «Los hechos aquí juzgados son delitos de lesa humanidad, hechos gravísimos que ofenden la conciencia universal». En el petitorio, solicitó que se investigue la participación del personal de las fuerzas estatales en la detención de Gabriel Pontnau -secuestrado al mismo tiempo que José Manuel- y lo que ocurrió durante las horas que Mariana Eva Pérez fue privada de la libertad junto a su madre. También pidió que se investigue la participación de Graffigna en el delito de sustracción, retención y ocultación de Guillermo, por el cual solo fueron condenados en 2007 sus apropiadores -Francisco Gómez y Teodora Jofré- y el médico que asistió en el parto, Jorge Luis Magnacco.
«Me interesa remarcar la poca resonancia que tiene a nivel local un juicio tan importante, donde estamos llevando a una posible sentencia a un jerarca de las juntas que en 1985 que quedó absuelto -señaló Guillermo Pérez Roisinblit-. A ninguno de los grandes medios locales les interesa, pero sí tiene mucha más trascendencia en distintas partes del mundo: desde Latinoamérica hasta Rumania».
El mes pasado, el periódico The Guardian -vía la agencia de noticias Associated Press- publicó una nota sobre el juicio titulada: ‘Cómo un hombre argentino supo que su ‘padre’ podría haber matado a sus verdaderos progenitores’, que obtuvo gran repercusión y apoyo a la lucha de las Abuelas. «En cambio, acá en Argentina, ni siquiera hubo difusión en radio ni en televisión. Eso nos duele y nos hace sentir como parias en nuestra lucha y nuestra búsqueda», aseguró Guillermo.
Durante los alegatos, Graffigna se mantuvo con la mirada fija en la pared, como en un estado de trance. Trillo, como en cada audiencia, mantuvo firme su vista, intimidante, y de a ratos intercambió una sonrisa cómplice con Gómez, quien se agarraba la cabeza y la escondía entre sus piernas cada vez que algún abogado lo nombraba. «Yo intenté cruzar miradas con él, pero bajaba la vista -afirmó Guillermo-. Yo no necesito que tenga vergüenza, necesito que cuente de una vez por todas qué pasó con mis padres». Durante sus declaraciones en la audiencia previa a la feria judicial, ninguno de los acusados aportó datos acerca del posible destino de Patricia y José Manuel.
La primera audiencia por los alegatos fue el último lunes. Se presentaron la fiscalía y dos de las querellas de la causa: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo –por Guillermo y su Abuela Rosa Roisinblit- y Pablo Llonto -por Mariana Eva Pérez, hija mayor de la pareja-. Dada la imposibilidad de extender aún más la jornada, se decidió que las querellas restantes -las Secretarías de Derechos Humanos de La Nación y Provincia de Buenos Aires- se presentarán mañana jueves, 11 de agosto, a partir de las diez de la mañana.
Actualización 10/08/2016
