Jul 30, 2020 | DDHH, Novedades
La investigación sobre la Megacausa Campo de Mayo se reanudó ayer de manera virtual con el relato de Julieta Pía Brochero, quien fue secuestrada en dos ocasiones junto a su madre siendo apenas una bebe. La búsqueda de su madre y el pedido de justicia por la muerte de su padre sigue vigente.
La investigación se centra en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 323 víctimas entre 1976 y 1978 en el Centro Clandestino de detención y Exterminio Campo de Mayo. Entre ellos, se encuentra los desaparecidos de la Operación Ferroviarios y los trabajadores de Mercedes Benz, entre otras víctimas.
Julieta Pía Brochero comenzó su declaración con la historia de su padre, Miguel Ángel Brochero, militante en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Fue asesinado en enero de 1976 cuando tenía 22 años: “Fue acribillado a balazos hasta dejarlo prácticamente irreconocible”, contó. Su madre, Patricia Zaldarriaga, quedó viuda con tan solo 18 años, estando embarazada de Julieta. Al poco tiempo de dar a luz, el 19 de mayo de 1976, ocurrió su primer secuestro.
Cuando Julieta tenía 19 días de vida, unos hombres vestidos de civil ingresaron al domicilio. Allí estaba su abuela materna, sus tíos, Pablo y Mauro Zaldarriaga, de 4 y 14 años, su abuelo Miguel Ángel Silva y ella junto a su madre. El grupo de operaciones saqueó el domicilio y se llevaron con ellos a Patricia, a Julieta y a Miguel.
El 30 de mayo de 1976 fueron liberados, en un auto que los dejo en el domicilio, agradeciéndole la “colaboración” a Miguel. Él apareció con sus ojos sin vendar, Patricia en cambio tenía vendas y claras marcas de tortura, como quemaduras de cigarrillo, heridas hechas por una picana y le faltaban las uñas. Unos hombres encapuchados llegaron a su domicilio a las pocas horas de haber vuelto. Luego de saquear lo que quedaba en la casa, como fotos y documentación, pintaron en todas las paredes con rojo la consigna “Operación Masacre”. Pasaron algunas horas siendo torturados hasta que se llevaron nuevamente a Patricia junto a su bebé a punta de pistola. Esta vez, su madre no regresó.
Julieta no sabe exactamente qué ocurrió después del secuestro, pero gracias a testigos pudo reconstruir que vivió sus primeros tres años de vida en la casa de un médico pediatra, Alejandro Ameijeira, y su esposa, quienes no podían concebir hijos. Su abuela materna consiguió recuperar a Julieta, aunque ella nunca supo cómo.
Volvió a la casa con su abuela quien la crio como su hija y le hizo creer que sus tíos eran en realidad sus hermanos “Mi vida a partir de los tres años fue cambiando varias veces -declaró ante el tribunal-. Por momentos, mi papá se había ido de viaje, luego en ese viaje había tenido un accidente, luego había muerto y finalmente había sido asesinado por el terrorismo de Estado, al igual que fue desaparecida mi mamá”.
Julieta Pía Brochero llamó varias veces a la casa en la que creció hasta los tres años pero la insultaron.
Julieta vivió su infancia intentando saber qué había ocurrido con sus padres. Se contactó con Abuelas de Plaza de Mayo y otros Organismos de Derechos Humanos, pero cuando intentaba hablar con su abuela sobre lo que pasó, ella se negaba a responder: “Cada vez que quise indagar, mi abuela tenía fuertes episodios violentos, cada vez más y cada vez peores”. Por este motivo decidió irse de la casa a los trece años: “Las preguntas que podría haber hecho a los doce o trece, cuando todavía podía armar mi identidad, quedaron inconclusas porque tuve que irme y no volví nunca más”.
Julita se distanció de su familia y no volvió a recuperar el contacto. Cuando creció intentó localizar al médico pediatra que se había apropiado de ella hasta que cumplió tres años. Supo que seguía viviendo en la misma casa y que tenía dos hijos junto a su esposa. “Llamé reiteradas veces, los hijos me insultaron y se negaron a hablar conmigo, yo simplemente llamaba para reconstruir esa parte de mi historia”. En varias ocasiones el médico le pidió que no llame más: “Me dijo que si yo estaba buscando algún tipo de justicia, no tenía nada que hacer llamando a su casa, que no molestara más a su familia, porque ellos no tenían nada que ver conmigo”.
Una de las personas que más datos aportó sobre su historia fue un amigo de su madre que la localizó en 2007. Para Julieta este contacto fue importante, pero también muy confuso: “Aseguraba que podía ser mi padre y eso para mí fue una cuestión emocional y psicológica terrible”. Julieta entendió que su palabra no era de fiar “no podía confirmar lo que él me relataba, era una persona mitómana”.
Entre tantas mentiras y verdades, Julieta aún busca reconstruir su historia. Para concluir su declaración, dedicó unas palabras a su familia, a sus hijos, a sus padres y a su “compromiso con la lucha para todos los que tuvimos que pasar por este genocidio infame y esta época terrible”. Pidió que se haga justicia y advirtió: “A los genocidas, que caminaron y siguen caminando, ante todo sepan que a donde vayan los iremos a buscar”. Mientras decía esto, Julieta sostenía en las manos un poema que su madre escribió tras la muerte de su padre, en enero de 1976. Para finalizar su testimonio decidió leerlo:
Para perfumar la tierra
mi esposo amado murió en la guerra.
Este dolor tan profundo, esta amargura de hiel,
me chorrea por los ojos, porque han matado a Miguel.
Si su camino es de espuma y al pisarlo se deshace
que sea su compañera y desde el barro te abrace.
Y si fuese de tierra, que te conviertas en yuyo
y aunque te mate la guerra seguiré siendo amor tuyo.
Llevo un hijo en mis entrañas, que me besa por adentro,
que deje también lo vivo, que deje también lo muerto.
Te volcare en la playa, cuando mayo abra las puertas
la vida te está esperando, con las dos alas abiertas.
Patricia Zaldarriaga
Jul 9, 2020 | DDHH, Novedades
La investigación sobre la Megacausa Campo de Mayo se reanudó ayer de manera virtual con el relato de Sandra Missori sobre cómo vivió el cautiverio, a sus doce años, y la historia de la desaparición de los padres de Patricia Parra.
Las declaraciones se centraron en la operación Caída de los Ferroviarios, una serie de detenciones ilegales que se produjeron entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de 1977. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 militares, de los cuales 13 no tienen condena previa y nueve ya han sido sentenciados por otros delitos de lesa humanidad. Entre los imputados están Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, Carlos Francisco Villanova, Luis Sadí Pepa y Santiago Omar Riveros.
Sandra Missori contó por primera vez las torturas que vivió cuando fue secuestrada siendo aún una niña. Patricia Parra recuperó el recuerdo de la madrugada en la que fueron a buscar a sus padres.
“Muerta en vida”
Sandra Missori se encontraba en su casa, al lado de ella estaba su marido y su psiquiatra, acompañándola. Comenzó su relato con lo que ocurrió en la madrugada del 30 de agosto de 1977 cuando su casa fue invadida. Ella tenía doce años y en el domicilio se encontraba su madre, Ema Battistiol con su tía, Juana Colayago, embarazada de seis meses, y sus dos hijas Lorena y Flavia Battistiol de apenas uno y tres años, quienes ya declararon en las audiencias anteriores.
A las doce de la noche, un grupo de hombres armados y con pasamontañas en la cabeza tiraron la puerta abajo. Buscaban a su tío Egidio Battistiol, pero él se encontraba trabajando en los talleres ferroviarios. El grupo de hombres decidió esperarlo, mientras interrogaban a las mujeres. “Pusieron arriba de la mesa dos bolsos cubiertos de tierra, adentro había armas. Me preguntaron, agrediéndome, si yo sabía si eso era de mi tío. Yo no sabía absolutamente nada”.
Esperaron a Egidio hasta la seis de la mañana. Cuando llegó, su madre y su tía fueron vendadas y forzadas a salir de la casa. Las subieron a un auto y las llevaron a Campo de Mayo, allí Sandra fue separada de su familia. Lo primero que le quitaron fue su identidad “A partir de ese momento yo ya no era más Sandra, pase a ser el número 513”. La obligaron a desvestirse, a entregar sus pertenencias y a ponerse ropa muy grande, “manchada con sangre y sucia”. Sandra recuerda que nunca dejó de llorar durante todo su cautiverio. Le decían que debía calmarse porque si no la iban a castigar, pero Sandra no dejaba de pedir volver a su casa y ver a su madre. “A cada rato venían a preguntarme mi nombre y yo les decía Sandra. Entonces me golpeaban”, recordó.
La dejaron en un cuarto lleno de hombres, en un colchón sucio y con sus pies encadenados al resto de los secuestrados. Sandra recuerda que había dos represores distintos, uno muy violento y otro que parecía ser menos agresivo: “El Negro”. A causa de llorar por tanto tiempo, sus ojos se infectaron, entonces “El Negro” le permitió sacarse la venda y dejarse sólo la capucha. Gracias a esto Sandra pudo ver lo que pasaba a su alrededor.
Esa noche, mientras uno de los represores repartía la comida al resto de los secuestrados, Sandra notó que sus piernas ardían, subió su capucha y vio una rata comiendo la sangre de las heridas de sus tobillos. Se sacudió fuertemente y gritó, entonces el guardia disparó a la rata que cayó muerta sobre su pierna. “Retorciéndome -dijo-, me la pude sacar de encima, pero quedó al lado mío. Me daba terror el solo tenerla cerca”.
Al día siguiente, Sandra fue llevada a la “sala de torturas”. Allí la esperaban dos represores, un médico y su tía embarazada acostada sobre una cama sin colchón. Juana no llevaba pantalones y tenía su vestido levantado, por lo que podía verse su panza de seis meses de embarazo. Los guardias comenzaron a interrogar a Sandra sobre las actividades de su tío. Cada vez que respondía que no sabía nada, el doctor acercaba la picana a la panza de su tía que se retorcía a metros de ella. “Me preguntaban si sabía que mi tío ponía bombas en los trenes -declaró-, pero yo no sabía nada de eso, tenía doce años”. Como Sandra seguía sin darles las respuestas, el médico sacó de una caja una rata pequeña y la pasó entre las piernas de su tía, cerca de los genitales. Juana lloraba, pero tenía la boca tapada “Le volvieron a poner el aparato en la panza y vi que ella se quedó quieta con los ojos grandes”, contó.
A Sandra la llevaron nuevamente al cuarto, allí se durmió entre llantos. Cuando despertó uno de los represores la volvió a buscar para interrogarla frente a su tío que estaba atado a un árbol “Él no contestaba -señaló-. Tenía la cabeza caída y estaba muy ensangrentado”. A Sandra le volvieron a realizar las mismas preguntas y cada vez que no obtenían la respuesta que buscaban, golpeaban a Egidio con un palo con cadenas. Cuando se derrumbó lo siguieron pateando en el suelo. “Ellos aparte de la tortura física, usaban mucho la psicológica. Para mí fue muy difícil vivir con eso”, explicó.
Sandra volvió a la habitación, donde continuó llorando desconsolada y pidiendo por su madre. “El Negro” le prometió traérsela. Esa noche Ema fue llevada a donde estaba su hija. Sandra le hizo muchas preguntas a su madre, pero no contestaba “Ella no quería hablar porque tenía miedo que nos separen”, subrayó. Cuando otro represor vio a Ema en esa habitación la arrancó de los brazos de su hija y se la llevó, dejando a Sandra en un ataque de llanto. Anocheció, pero Sandra no lograba tranquilizarse, uno de los guardias la arrastró afuera y la ató a un árbol, donde permaneció durante toda la noche vigilada por un joven que parecía estar haciendo el servicio militar “Le dijeron que no me hable, ni me toque -narró-. Pasó toda la noche y yo temblaba de frío, entonces este muchacho que tenía una manta encima suyo, se la sacó y me la dio”. A la mañana siguiente cuando encontraron la manta en sus hombros, le gritaron por haberla tapado “porque merecía morir como perro”.
Ese día Sandra fue arrastrada nuevamente al “cuarto de torturas”. Allí la ataron a la misma cama sin colchón, en la que había estado su tía. El mismo doctor comenzó a darle descargas eléctricas con la picana cada vez que negaba tener información. Su tío, desfigurado, entró al cuarto. “Cuando empecé a gritar de dolor -recordó-, mi tío me dijo que a todo lo que me preguntaran dijese que sí. A si él ponía bombas, yo decía que sí, a si él mataba gente, yo decía que sí”.
Finalmente dejaron de torturarla y la llevaron a atenderse con una mujer que curó sus heridas y le dio contención. Sandra se durmió con sus caricias en el pelo, hasta que más tarde la fueron a buscar “Me dolía todo -señaló-, pero ya no lloraba, creo que se me habían secado las lágrimas de tanto pedir por mi mamá. Recuerdo que me quedé ahí sentadita esperando”. Al día siguiente la llevaron afuera junto a muchos otros secuestrados, le dieron una pala y le ordenaron ponerse a cavar. A su lado pudo distinguir muchas personas muertas amontonadas.
A la quinta noche la llamaron para confesarse “Yo no lloré más porque pensé que era mi turno de morir. Me calme porque había muchos momentos que deseaba que me maten”, declaró. El sacerdote se sentó a su lado. “Le pregunté cuál había sido mi pecado -agregó-, porque yo no lo sabía”. Luego de esto Sandra fue conducida a una fila de personas que esperaban con ella irse de Campo de Mayo. Allí se reencontró con su madre y juntas fueron trasladadas con muchas otras personas para ser liberadas. Su tío, también estaba en la fila, pero subió a otro camión y nunca más lo vio.
Volver tampoco fue fácil. Su madre nunca quiso hablar ni una palabra sobre lo que vivieron y las órdenes de ser “ciega, sorda y muda” quedaron en su mente. Sandra siente que la dejaron muerta en vida y que ya no supo ser feliz “Yo me quede sin vida y sin madre, porque se distanció de mí. Ella terminó muriendo sola y mal”, sentenció.
Sandra por primera vez dio ayer testimonio de todo lo que padeció hace tantos años: “Fueron cosas que yo me guardé muy en el fondo porque eran vergonzosas”. Muy conmovida antes de terminar su declaración dijo que ella nunca fue culpable de nada: “A mis torturadores solo les puedo decir que me dan lástima”. Sandra contó que fue diagnosticada recientemente con una enfermedad terminal. “Ahora puedo decir que mi enfermedad me puede llevar en paz porque ya dije todo lo que tenía guardado”.
“No somos un número”
Patricia Parra dio testimonio sobre lo ocurrido en la madrugada del 1° de septiembre de 1977 cuando secuestraron a sus padres. Un grupo de hombres con la cara descubierta tocó la puerta de la casa en Don Torcuato cerca de las seis y media de la mañana. Allí se encontraba Patricia, con su madre, Georgina Acevedo y su hermana Isabel Parra, quien ya dio testimonio en una de las audiencias anteriores.
Su madre pensó que se trataba de un amigo ya que le habían llamado por su apodo de confianza: Beba. “Empujaron a mi mamá y empezaron a preguntar por mi papá”, recordó. Patricia tenía quince años y su hermana nueve, su madre les dijo que iba a irse con ellos por un rato, pero que iba a volver. Las hermanas vieron por la ventana cómo se llevaban a su madre en un auto. Una vecina las alojó hasta que llegaron sus tíos: “A nosotras nos separaron, mi hermana fue a vivir con otra hermana de mi papá y yo me quede con Rosa Parra y su marido”, detalló.
Sus tíos fueron al día siguiente a los talleres ferroviarios donde su padre, Carlos Raúl Parra, trabajaba. Los compañeros les dijeron que lo habían ido a buscar el 1° de septiembre a la misma hora que fueron a la casa de la familia. Patricia contó que vivió por mucho tiempo con miedo. ”Yo no salía ni a la esquina si no era acompañada por un tío o por un primo; y mi hermana menos”.
Las hermanas perdieron contacto y luego de muchos años volvieron a reunirse. Juntas fueron a la Secretaria de Derechos Humanos a realizar la denuncia y allí les dijeron que todos los Ferroviarios iban a Campo de Mayo. Patricia señaló que le parece injusto que se hayan esperado tantos años para que llegase el juicio “Lo único que quiero es que le quede grabada a esta gente que está siendo juzgada lo que fue mi familia, yo era feliz, con mi padre, mi madre y me hermana y me arrebataron a mi familia y nunca más tuve una vida normal”.
Patricia terminó su testimonio entre lágrimas mostrando a la cámara una foto junto a ellos: “Esta es mi familia, no se olviden de sus rostros y de que no somos un número”.
Jun 11, 2020 | DDHH, Novedades
Este miércoles se realizó la tercera audiencia virtual de la Megacausa Campo de Mayo.
La investigación de la Megacausa por los crímenes cometidos en Campo de Mayo fue reanudada hace dos semanas de manera virtual. Marcos Gómez e Isabel Parra declararon ayer por los secuestros de sus padres.
La operación llamada Caída de los Ferroviarios engloba a una serie de detenciones ilegales que se produjeron entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de 1977. Esta es la tercera audiencia virtual y varios testigos ya han brindado declaración sobre estos hechos. La reconstrucción de los secuestros se logró gracias a la recopilación de testimonios de los sobrevivientes y familiares durante todos estos años.
Fueron al menos 323 las víctimas que pasaron entre 1976 y 1978 por el Centro Clandestino de Detención y Exterminio Campo de Mayo. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 militares, de los cuales 13 no tienen condena previa y nueve ya han sido sentenciados por otros delitos de lesa humanidad. Los imputados son: Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, Carlos Francisco Villanova, Luis Sadí Pepa y Santiago Omar Riveros.
Dos hijos de desaparecidos declararon ayer con el objetivo que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad. Marcos Gómez aún busca conocer el paradero de su padre Enrique Gómez. Isabel Parra pide que las desapariciones de su padre, Raúl Parra, y de su madre, Georgina del Valle, no queden impunes.
“Aferrado a las piernas”
El 1° de septiembre de 1977, entre las dos y media y las tres de la madrugada, un grupo de hombres que decían ser de la Policía irrumpió en la casa de la familia Gómez en Boulogne. En el domicilio se encontraba Marcos, de seis años, junto a sus dos hermanas, Nilda y Mónica Gómez y su madre, Nilda Acosta.
El grupo de tareas rompió algunas ventanas y parte de la casa para ingresar, estaban armados y tenían la cara tapada. Marcos recuerda que los apuntaron con ametralladoras y violentamente los obligaron a encerrarse en el baño, mientras revolvían la casa. A los minutos sacaron a la fuerza a Nilda, dejando a sus tres hijos solos. Ellos podían escuchar como su madre era golpeada e interrogada por el paradero de su padre, “el rebelde”, en la cocina.
Enrique se encontraba trabajando en el taller de carpintería, por lo que no estaba en el domicilio. Al cabo de una hora llegó a su casa. Marcos recuerda que lo vio tirado en el suelo, mientras lo amenazaban y golpeaban con armas. “En un momento quisieron llevarse a mi hermana, y yo me aferre a sus piernas”. Mientras interrogaban al matrimonio y robaban las pertenencias de la familia, uno de los hombres apoyó dos granadas arriba del televisor, pero luego se llevaron los explosivos con ellos.
Varias camionetas se encontraban estacionadas fuera del domicilio, finalmente, cuando se fueron, se llevaron a Nilda y Enrique. Los hermanos se quedaron solos y permanecieron despiertos hasta que amaneció: “Mi hermana cerró la puerta, pero igual la ventana estaba rota. Nos quedamos en una habitación, tapados con frío y miedo, no sabíamos qué hacer”. Una de sus hermanas fue a buscar a su abuela que vivía cerca, algunos vecinos también los asistieron. Su hermana mayor, Nilda, de 17 años, hizo la denuncia pertinente, pero en la comisaría les dijeron que no podían hacer nada.
Su madre fue liberada días después. Marcos conoce en detalle lo que vivió en el período que estuvo secuestrada en Campo de Mayo, ya que fue quien la ayudó a realizar los distintos trámites en los tribunales, comisarías, organismos e instituciones.
Lo que Marcos recuerda que su madre le contó es que al llegar al centro clandestino de detención y exterminio, fue separada de su padre. Por momentos lo escuchaba hablar, pero no podía comunicarse con él. Durante su secuestro Nilda se sintió mal: “Mi mamá se descompuso, tuvo colitis, la bañaban con unas mangueras, ella no quería comer porque le caía mal, pero la obligaban”. En todo momento estaba encapuchada, sólo le permitían descubrirse para comer, beber o tomar alguna medicación. En una de esas ocasiones pudo ver cómo su esposo era golpeado por siete u ocho hombres.
Durante su secuestro Nilda sufrió violencia verbal y física. Fue interrogada, golpeada, amenazada con armas y perros, escuchaba gritos de personas constantemente. Además, en ese lugar escuchó las voces de de Raúl Parra y Héctor Noroña.
Nilda también conoció a una mujer embarazada durante su cautiverio. Sobre ella no tiene mucha información, solo que era una mujer de pelo largo y que se encontraba cursando el sexto o séptimo mes de embarazo. “Mi mamá llegó a ver como la picaneaban, de tanto hacerlo iba a tener el bebé. Se llevaron a la chica y no se supo nada más”.
Los días anteriores a que Nilda fuese trasladada a Campo de Mayo, Juana Colayago de Battistiol y Leonor Landaburu también estuvieron detenidas allí, ambas estaban embarazadas. Sus familiares prestaron declaración el pasado 27 de mayo en la primera audiencia virtual de la Causa Ferroviarios.
Días antes de que la dejaran en libertad, le dijeron a Nilda que se despidiese de su esposo, porque “lo iban a hacer volar”. “Mi mamá -relató Marcos- pidió que no la mataran. Le dijeron que no tenga miedo, que no iba a sentir nada cuando la matasen. Le gatillaron dos veces. Cada vez que le hacían una pregunta la gatillaban”. También le dijeron que si volvía no iba a encontrar su casa ni a sus hijos, porque habían hecho explotar las dos granadas, aunque esos explosivos nunca quedaron en la casa.
Finalmente la subieron a un auto junto a otras tres personas. Los conductores debatían sobre dónde debían dejarla, hasta que finalmente la soltaron: “Cuando la bajaron de la camioneta, le sacaron la capucha y uno le apuntó a la cabeza y le dijo: ´No te des vuelta hasta que no sientas más el ruido del vehículo´”. Nilda se mantuvo veinte minutos quieta, hasta que encontró el valor para moverse y se arrastró desorientada hasta su casa. Eran cerca de las 3 de la mañana, sus hijos fueron a su encuentro.
Nilda actualmente tiene 84 años, ya no se encuentra en condiciones para dar testimonio. Hace unos años, cuando Marcos la acompañó a declarar en la instrucción de la causa se descompuso: “Ve un patrullero o a la policía y se asusta. Quedó muy shockeada”. Marcos finalizó su relato entre lágrimas: “Deseo que se haga justicia y que algún día pueda saber dónde está mi padre. Y que los culpables paguen por todo lo que hicieron, porque hasta el día de mi muerte voy a llevar esta cruz encima”.
Isabel tenía 9 años cuando se llevaron a sus padres, Georgina del Valle Acevedo y Raúl Parra.
“Es un poco tarde”
Un grupo de cinco hombres vestidos de civil y con las caras descubiertas tocaron la puerta de la casa de la familia Parra, en Don Torcuato, en la madrugada del 1° de septiembre de 1977. En la casa estaba Georgina del Valle Acevedo con sus dos hijas. Uno de los hombres mencionó a un conocido de su esposo y también la llamó por su apodo, Beba. Esto a Georgina le dio confianza para abrirles la puerta.
Isabel Parra tenía tan solo 9 años, su hermana, Patricia, 15. Del momento recuerda haber estado muy confundida y llorar mucho, y aún guarda en su memoria la cara de uno de los hombres. Mientras las hermanas aguardaban en la habitación, su madre era interrogada. Le dijeron que tenían que hacerle más preguntas, por lo que se la iban a llevar. Georgina se fue de la casa después de decirles a sus hijas que en un rato iba a volver. Ella y su hermana se quedaron en la casa viendo por la ventana como su madre se iba en un auto Falcon de color blanco.
Su padre, Raúl, estaba trabajando cuando se presentaron en su casa. Isabel supo más tarde, a través de un organismo de derechos humanos, que lo fueron a buscar a los talleres de Boulogne el mismo día.
Luego del secuestro, las hermanas fueron dejadas en la casa de una vecina, hasta que una de sus tías las fue a buscar. En su casa se juntaron varios tíos: “Cada uno tenía sus pensamientos, algunos decían que era culpa del hermano que estuviese pasando esto”. Isabel y Patricia fueron separadas, cada una fue a una casa distinta. Isabel recuerda: “Yo no sabía ni lo que estaba pasando porque me quedé con lo que me había dicho mi mamá y pensé que en un rato o en unos días iba a volver”. Las hermanas mantuvieron una relación a través de llamados telefónicos durante años y se reencontraron siendo más grandes, luego de que los tíos que cuidaron a Isabel murieran. El tiempo que estuvo separada de su hermana fue muy duro, especialmente al principio: “Vivía prácticamente encerrada en una habitación porque mis tíos me decían que me iban a venir a buscar”.
Cuando fueron secuestrados, Georgina tenía 38 años y Raúl 40. Como muchos de los desaparecidos de esta causa, Raúl era peronista. Isabel supo, gracias a organismos de derechos humanos que la ayudaron a reconstruir lo ocurrido, que los secuestrados eran agrupados de acuerdo a su lugar de militancia y que por eso sus padres habrían estado en cautiverio en Campo de Mayo. Raúl era amigo de Héctor Pablo Noroña, compañero ferroviario también secuestrado ese mismo día, junto a su mujer y dos hijas, que luego fueron liberadas.
Isabel, muy emocionada, manifestó que su vida había cambiado rotundamente a sus nueve años. Incluso resaltó que las consecuencias de lo que vivió le impidieron ser madre por miedo a la pérdida: “Ellos vivieron como quisieron. A mis padres no les dieron oportunidad. A mí me hubiera gustado que esto hubiese pasado 20 años atrás para que tengan cárcel común y no estén en su casa, como una persona más, como si no hubiesen hecho nada”. Lamentó que hayan pasado más de 40 años para poder declarar, su única ilusión es saber qué pasó con los cuerpos de sus padres: “Tengo mucho dolor por este país. Yo creo que no hay justicia, porque para mí es un poco tarde”.
May 28, 2020 | DDHH, Novedades
La Megacausa por los crímenes cometidos en Campo de Mayo se reanudó ayer con la primera audiencia virtual de testigos por el caso conocido como “Ferroviarios”. Lorena y Flavia Battistiol declararon por el secuestro y desaparición de su mamá, Juana Colayago, embarazada de seis meses, y su papá, Egidio Battistiol. Por su parte, Roberto y María Esther Landaburu repusieron la desaparición de su hermana, Leonor, quien cursaba la última etapa de un embarazo, y la de su cuñado.
Ambos secuestros ocurrieron en agosto de 1977 y la búsqueda de los bebés nacidos en cautiverio aún sigue vigente. Por estos hechos, están imputados los represores Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, Carlos Francisco Villanova, Luis Sadí Pepa y Santiago Omar Riveros.
Hubo al menos 323 víctimas que pasaron entre los años 1976 y 1978 por el Centro Clandestino de detención y Exterminio Campo de Mayo y fueron secuestradas en la Zona de Defensa IV. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 represores, de los cuales 13 no tienen condena previa y 9 ya han sido sentenciados por otros delitos.
Desde los inicios del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los organismos de derechos humanos, las víctimas y familiares manifestaron la necesidad de buscar alternativas para continuar con los juicios de lesa humanidad. “Mucho más importante que la cuestión de las penas que puedan recibir estas personas acusadas es que esta historia se haga conocida en toda su amplitud y sea difundida en todos los ámbitos, en los juveniles y en las escuelas, porque hay que asegurar que semejante crimen no vuelva a ocurrir nunca más”, expresó, entre sollozos, Roberto Landaburu.
Así fue la audiencia virtual en la que se retomó la Megacausa de Campo de Mayo.
La familia Battistiol
El 30 de agosto de 1977 Juana Colayago y Egidio Battistiol fueron secuestrados y desaparecidos. Cuando el grupo de tareas se presentó en su casa, Egidio se encontraba trabajando, por lo que decidieron esperarlo hasta las seis de la mañana. Irrumpieron en su domicilio en Boulogne portando armas y los metieron a la fuerza en autos. Ema Battistiol, la hermana de Egidio, estaban allí con su hija Sandra Missori de 13 años. Ambas también fueron secuestradas. Juana se encontraba cursando el sexto mes de embarazo y sus hijas mayores todavía buscan a ese hijo o hija. Flavia, de tres años y Lorena Battistiol, de casi uno, fueron separadas de sus padres. Las subieron a uno de los autos, pero finalmente las entregaron a una de sus vecinas, quien prefería no involucrarse, pero bajo amenazas aceptó recibir a las niñas. Allí su abuela materna las fue a buscar.
Flavia cuenta que esa noche había ido un tío a visitarlos: “Cuando él se fue estaba llegando el operativo con camiones y autos, pero nunca se imaginó que irían a mi casa». Durante el secuestro fueron robadas casi todas las pertenencias que se encontraban en el domicilio. Lorena lamenta profundamente este hecho: “Se llevaron todo, no nos dejaron nada, ni un recuerdo”.
Ema y Sandra, la tía y prima de las hermanas, pudieron reconocer que Campo de Mayo fue donde permanecieron detenidas: la arbolada, las vías del tren y la cercanía. Lorena recordó lo que ellas le contaron acerca de lo que vivieron en el centro de detención: les asignaron números para identificarlos, Egidio fue separado y podían escuchar que era torturado en el cuarto contiguo mientras ellas eran interrogadas sobre lo que ocurría cotidianamente en la casa. Flavia ilustra el episodio de uno de esos días: “Sandra vio a mi vieja acostada y atada a una cama, como de hospital, mientras lloraba. Cuando mi prima le preguntó qué le pasaba, mi vieja seguía gritando. Entonces cuando los represores vieron que estaba tratando de ayudarla, la agarraron de los pelos y se la llevaron”. A los cinco días Sandra y Ema fueron liberadas. Mientras se encontraban en una fila de detenidos, fueron apartadas para ser subidas a un camión y finalmente puestas en libertad.
La abuela materna, María Ángela Lescano, buscó incansablemente a su nieto o nieta, su hija y su yerno. Desde 1977 hasta 1980 presentó un habeas corpus todos los años, investigó en los distintos organismos de derechos humanos, ministerios, cárceles, hospitales y comisarías a partir de información que conseguía con la colaboración de vecinos y conocidos. Así llegó a contactarse con Abuelas de Plaza de Mayo. Y gracias a al proyecto del Archivo Biográfico Familiar que reconstruye las historia de los desaparecidos Lorena y Flavia se integraron formalmente a la institución.
Lorena reclama por su Abuela: “Hace algunos años que presenta demencia senil, yo lamento que haya pasado tanto tiempo para llegar a esta instancia, porque ella merecía ser escuchada y que se supiera todo lo que había hecho buscando a mis viejos y a ese bebé que tendría que haber nacido a fines de noviembre, principios de diciembre de 1977”.
Desde el inicio de la cuarentena, los organismos de derechos humanos manifestaron la necesidad de buscar alternativas para continuar con los juicios de lesa humanidad para evitar la impunidad biológica.
Otro documento que resultó importante en la reconstrucción de los hechos fue una especie de organigrama que encontró el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Allí se menciona a muchos trabajadores ferroviarios. Entre ellos los nombres de Egidio Battistiol, Juan Carlos Catnich y Enrique Montarce bajo apodos: “El Tanito”, “El Sanjuanino” y “Quique”, respectivamente.
Lorena logró armar una reconstrucción cronológica de los secuestros de los ferroviarios gracias a los distintos testimonios y documentos. La operación “Caída de los Ferroviarios” comenzó el 30 de agosto cuando Juana y Egidio, sus padres, fueron secuestrados. Al mediodía siguiente, un grupo de agentes se presentó en los talleres de José León Suárez y se llevó a Enrique Montarcé y a Juan Carlos Catnich. Después, de acuerdo al relato atestiguado, se dirigieron a la casa de Enrique para buscar a su esposa, Iris Pereyra, y en el domicilio de la familia Landaburu se llevaron a Leonor, embarazada de siete meses y medio. Durante la madrugada del 1º de septiembre fue el turno de los cuatro integrantes de la familia de Carlos Moreno. Luego, Héctor Noroña fue secuestrado con su pareja y sus dos hijas. En el barrio de Boulogne detuvieron al matrimonio Parra y finalmente Enrique Gómez Pereyra y su esposa, que fue liberada posteriormente.
La declaración de Lorena concluyó, entre lágrimas, con el pedido de que se haga justicia por su familia y todos los desaparecidos, que los culpables cumplan condenas en cárcel común perpetua y efectiva: “Me encantaría que quienes están imputados en la causa y que estuvieron en cercanía de mi mamá y de mi papá, como de todos los ferroviarios que estuvieron en El Campito, nos digan qué hicieron con ellos y quienes se quedaron con mi hermano y hermana, con el bebé de Leonor Landaburu y el de Rosa Nusbaum. Que le pidan disculpas a mi abuela por todo lo que le hicieron vivir y que le cuenten qué le han hecho a su hija, y a nosotras qué le han hecho a nuestros padres”.
Juana Colayago desapareció embarazada de 6 meses. Sus otras dos hijas, Flavia y Lorena, buscan a su hermano.
Leonor Rosario Landaburu y Juan Carlos Catnich
La mañana del 31 de agosto de 1977 Juan Carlos Catnich y Enrique Montarcé fueron detenidos por un grupo de agentes que se presentó en el galpón de José León Suárez donde trabajaban. Si bien afirmaron que pertenecían a la Policía Ferroviaria, no portaban ningún tipo de identificación. Los retiraron y dijeron que los volverían a traer después.
Más tarde, María Esther Landaburu volvió a su departamento en el barrio de Flores, donde también vivía su hermana Leonor. Noni, como la llamaban quienes la conocían, era empleada en una escuela de educación de especial y en la Universidad Kennedy. Mientras María Esther subía las escaleras, le llamó la atención “un fuerte olor a humo de cigarrillo” y restos de colillas en el piso. Cuando quiso abrir la puerta, para su sorpresa, estaba cerrada con llave, lo que no era habitual. Al abrir, se encontró con una imagen que conserva en la memoria: las cosas habían sido revueltas y Noni no estaba. Al principio, pensó que se había descompuesto o que había tenido una situación complicada con su embarazo. Inmediatamente se comunicó por teléfono con una amiga y comenzó a movilizarse para saber dónde estaba. También llamó a los galpones de José León Suárez y descubrió que se habían llevado a Juan Carlos y a Enrique. “Así que cuando le conté a mi hermano todo esto, enseguida afirmó que los habían secuestrado”, recordó María Esther en la audiencia.
Durante la tarde previa a su desaparición, Leonor había estado trabajando con una compañera que luego pudo atestiguar qué ropa llevaba puesta: un gamulán, pantalones y botas negras. Era la misma vestimenta con la que la había visto Ema Battistiol, quien se encontró diez días después con Roberto Landaburu en Villa Ballester. Allí le relató que había visto en varias oportunidades a Leonor acostada, en un galpón lleno de colchones, dolorida. También refirió que había observado cómo se la llevaban del lugar en ciertas ocasiones, y creía que era por controles de su embarazo.
Tanto Roberto como María Esther aludieron a la posibilidad de que su hermana haya parido en Campo de Mayo. Para reforzar esta idea, compartieron el testimonio de Virginia, una mujer que sufrió un accidente en moto y finalmente fue internada en el Hospital de Campo de Mayo. Este hecho ocurrió entre el 12 y el 13 de octubre, en la semana en la que estaba previsto el nacimiento del bebé de Leonor. La joven tuvo que hacerse una tomografía porque había tenido conmoción cerebral a raíz del choque. Aguardaba sola en una sala donde recibía las visitas de sus familiares y el neurólogo. Tal como recuerda, uno de esos días vio pasar a una mujer que se presentó como trabajadora social y llevaba en sus brazos a un bebé recién nacido, de tez blanca y cabellos rubios. Ella le contó que lo había tenido una “presa” la noche anterior. Virginia se sorprendió porque no sabía que había reclusos allí y le preguntó cómo se llamaba. “La madre quería que se llamase Federico, pero si lo adopta alguna familia tal vez le cambien el nombre”, respondió.
Unos años después, cuando Virginia se casó, su suegra la reconoció: “Vos seguramente no te acordás de mí, pero yo sí de vos porque era enfermera en la maternidad de Campo de Mayo”. Ella no dudó en preguntarle qué fue de la vida del bebé. “No lo sé, pero lo más probable es que lo haya adoptado un médico caritativo”, le contestó.
Federico era el nombre que Leonor y Roberto habían pensado para su futuro hijo. Hacia el final de su testimonio, Roberto resaltó la potencia de la base de toda identidad: “Yo quiero reivindicar la figura del nombrador. Quiero que me permitan nombrarlos, porque es una forma de traerlos conmigo: Juan Carlos Catnich, Juana Colayago, Egidio Battistiol, Carlos Osvaldo Moreno, María Aurora Bustos, Leonor Rosario Landaburu, Iris Beatriz Pereira, Georgina del Valle Acevedo del Parra, Oscar Benito Ríos, Rosa en Nusbaum. Presentes.»
May 26, 2020 | DDHH, Novedades
Las audiencias se retomarán de manera virtual para evitar la impunidad biológica, dada la edad de los imputados.
Los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar continúan su curso en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sin los abrazos de los familiares de las víctimas ni la militancia en las afueras de los tribunales, pero con la convicción de velar por la búsqueda de memoria, verdad y justicia, los organismos de derechos humanos reivindican la necesidad de sostenerlos de forma virtual y remota. “Esta situación de pandemia lo que hace es que cada mes de retraso valga años, porque el tiempo que queda es muy poco, teniendo en cuenta la edad de los imputados, testigos y familiares de víctimas”, dijo Pablo Llonto, abogado querellante de 365 personas en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.
En un conversatorio por streaming impulsado el martes 19 de mayo por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, explicó que los reclamos tuvieron “resultados prometedores”. La Cámara Federal de Casación Penal expidió la Acordada N°10/12 que exhorta a los tribunales a dar prioridad a los casos con personas privadas de su libertad y aquellos que no admiten demora. Bajo esta premisa, “se han activado la mayoría de los 23 juicios orales que habían quedado paralizados, salvo dos o tres que están terminando de adecuar la forma en la Capital Federal”. En tres de esas causas, Subzona15 en Mar del Plata, Feced III y IV en Rosario y Área Paraná II, ya se dictaron sentencias de forma virtual.
Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, señaló: “La acordada fue muy oportuna porque implica la implementación de ciertas reglas para llevar adelante los juicios de manera más eficaz. Aunque desde Abuelas venimos pensando que Casación podría expedir una nueva (acordada) para que la continuidad y el empleo práctico de esas reglas no quede al libre arbitrio de los tribunales, sino que se den lineamientos generales”.
En el encuentro virtual organizado por la Secretaría de Derechos Humanos, el abogado enfatizó que ante cada instancia, la solución posible es distinta, y que lo que hasta el 20 de marzo no se podía negociar, ahora sí porque el contexto es otro. En esta misma línea, Ramos sostuvo: “Tenemos más de 60 causas que están esperando un debate en la Argentina, y más de 250 que están en plena etapa de investigación. Entonces, si seguimos esperando a que aparezca una vacuna para poder salir todos a la calle, nos vamos a enfrentar a la realidad de que nos caiga en los hombros la impunidad biológica por la imposibilidad de gestionar estos juicios. Estamos interpelados a analizar los desafíos que esto representa y a movilizar esta situación a través de este tipo de reuniones y de la Comisión de Interpoderes, que es el espacio interinstitucional adecuado para debatir y fijar estándares, puntos y directrices”.
Uno de los argumentos presentados por los defensores de los genocidas para entorpecer la continuación de los juicios es que conforman grupos en riesgo ante la expansión del Covid-19. En este sentido, Llonto informó a ANCCOM que para quienes están en prisión preventiva, de 200 pedidos de arresto domiciliario, se concedieron 35, es decir que la mayoría fueron rechazados.
Además, el abogado querellante advirtió que la etapa del proceso judicial donde los acusados han sacado ventaja en estos dos meses de cuarentena es la de Instrucción, porque se demoran los llamados a indagatoria. Tal como explicó a esta agencia, el contexto agudiza un “problema de arrastre” en los juicios, al haberse iniciado más de dos décadas después de ocurridos los crímenes: “Hay centenares de imputados que están en la franja etaria de 70 a 80 años. Las muertes o los problemas de salud son recurrentes. Eso hace que se dilate el trabajo que hacemos durante años para encontrar un imputado, hilando testimonios, o que cuando los hallamos, no puedan seguir los juicios”.
Los familiares de las víctimas ahora seguirán las audiencias de manera virtual.
Los desafíos que presenta la coyuntura son múltiples. Desde un punto de vista administrativo, Ramos apuntó la necesidad de digitalizar la información y equipar a las fiscalías para poder gestionar los expedientes necesarios. La publicidad de los juicios por su contribución a una política más amplia de reparación histórica y participación ciudadana es otra de las reivindicaciones elementales. Y, sobre todo, tener en cuenta la singularidad de la situación de cada víctima o sus allegados.
“Hay familias que van a esperar a que en unos meses se puedan reanudar los juicios como antes para declarar. Otras entienden que son los momentos que nos toca vivir y que peor es esperar porque ya no se tolera más un retraso, se quiere pasar a otra etapa de la vida. Hay un deseo de que se llegue de una vez la sentencia, que esa sea la mínima reparación, y que uno sepa que se hizo todo lo posible para encontrar justicia por un padre, abuelo, madre, hermano desaparecido”, describió Llonto.
Lovelli, por su parte, reveló que otro pedido concreto de gran parte de la comunidad es que los juicios no sean enteramente de manera remota, sino que también exista la posibilidad de que los y las testigos puedan relatar los hechos de manera presencial. “Se trata de asegurar estas formas y que la víctima sea consultada. Quizás otras pueden preferir hacerlo desde sus casas sin exponerse al riesgo sanitario. Pero siempre hay que ponderar la voz de la víctima”, subrayó.
Mar del Plata y Rosario como precedentes
La primera sentencia virtual se dictó el 27 de abril en Mar del Plata por la causa de subzona 15. Se trata de 272 crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención de esa ciudad, conocidos como «La Cueva» y la Base Naval, y otros que ocurrieron en las localidades de General Lavalle, General Pueyrredón, Madariaga, Balcarce, Mar Chiquita, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano. El fallo del Tribunal Oral Federal fue histórico: 28 imputados fueron condenados a cadena perpetua, 7 recibieron penas de entre 7 y 25 años y 5 fueron absueltos. Julieta Colomer, hija y sobrina de desaparecidos, remarcó su carácter sorpresivo y movilizante: “Más allá de que hubo absoluciones y siempre se vuelve a apelar porque no debería haber ninguna, hacía tiempo que en una sentencia de lesa humanidad no había tantas condenas a perpetua por sobre el número total de acusados”.
Aunque la presencia juega un rol fundamental en estos procesos, para ella el acompañamiento existió, incluso, a distancia. “Fue algo distinto porque siempre esperamos ese momento de la sentencia para que la lucha de tantos años por lograr que los genocidas vayan a la cárcel se traduzca en un encuentro con las emociones de tanta espera de justicia y desahogo, con amigos, familiares y compañeros de vida. Pero hubo una explosión virtual de gente que seguía la lectura y las redes”, contó.
A su vez, Colomer insistió en que es importante que los juicios continúen a pesar de la cuarentena, para no dejar de buscar la verdad: “En los alegatos, los genocidas se volvieron a negar a dar información necesaria. Mis primos, hermanos y yo seguimos sin conocer lo que pasó con mi papá y mis tíos. Entonces, a pesar de que obtuvimos justicia 43 años después, ellos siguen desaparecidos porque no tenemos datos acerca de dónde están ni sobre sus restos”.
Gloria León, abogada querellante de familiares y víctimas de la causa, también extrañó no ver la sala llena de gente, el grito al salir, al apoyo de los y las jóvenes que no vivieron la dictadura pero construyen desde el legado de esa generación diezmada. La sobreviviente a la dictadura cívico-militar indicó que faltó “esta cosa reparadora para muchas víctimas de poder mirar a la cara a los perpetradores del genocidio”, pero recalcó que es necesario seguir adelante con los juicios de forma virtual. Además, aclaró que este tipo de sentencias no la alegran, pero significan una tarea cumplida. “No puedo festejarlo. Porque son demasiados años de impunidad y las compañeras y compañeros desaparecidos siguen faltando. Sí es un alivio que este sistema en el cual vivimos pueda finalmente haber acusado con todas las garantías del debido proceso penal y finalmente haber llegado a una sentencia condenatoria. Por supuesto que eso da una enorme tranquilidad. Son las reglas del sistema y funcionaron, aunque tarde”, se explayó.
En Rosario, algunas sensaciones se replicaron. El Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó el 15 de mayo a diez agentes del ex Servicio de Informaciones de la Policía de forma remota. Se dictó prisión perpetua para los represores Mario Alfredo Marcote, José Rubén Lofiego, Ramón Rito Vergara, Telmo Ibarra, Carlos Scortechini y Ernesto Vallejo. Otros cuatro recibieron una pena de entre 16 y 22 años de prisión. “En un principio eran 14 imputados, pero terminaron el proceso 10, porque unos días antes de empezar murió uno, y en el transcurso de los juicios, fallecieron tres más -señala Ana Oberlín, fiscal de la causa-. Entonces, era importante seguir a pesar de la pandemia. Aunque sigue siendo extraño que quienes sufrieron este tipo de delitos no puedan escuchar el veredicto en vivo, porque una de sus principales funciones es reparar”.
La trascendencia del fallo también radica en el hecho de que fue la primera vez que se juzgó en esa ciudad delitos de índole sexual en el marco de los juicios por lesa humanidad. Oberlin destacó que no son “hechos aislados o desviaciones individuales de Lofiego y Marcotte, sino una práctica sistemática hacia las mujeres al igual que en todos los centros de detención, tortura y exterminio del país, en particular las violaciones, abusos y abortos forzados”. Siguiendo esa línea, reforzó que la perspectiva de género en estos procesos es indispensable porque “las voces de estas mujeres fueron desoídas durante muchos años”. Además, brindó otro dato revelador: solo el 13 por ciento de las sentencias de lesa humanidad incluyen este tipo de delitos. “Esto habla de todo lo que nos falta porque si alguien va a cualquier juicio a escuchar siempre aparece la violencia por medios sexuales hacia las mujeres, por eso es tan importante que eso se traduzca en las sentencias”.
San Martín
Mañana miércoles será otro día histórico con la reanudación de las audiencias de la Megacausa de Campo de Mayo en el Tribunal Oral Federal Nº 1 del partido bonaerense de San Martín, que alcanza crímenes cometidos contra más de 323 víctimas alojadas entre los años 1976 y 1978 en el Centro Clandestino de detención y Exterminio Campo de Mayo y secuestradas en la Zona de Defensa IV. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 imputados, de los cuales 13 no tienen condena previa y 9 ya han sido sentenciados por otros delitos.
La jornada será la primera en la que testigos declararán de forma virtual. Contará con el relato por videoconferencia de Lorena y Flavia Battistiol, quienes buscan a su hermano o hermana nacido en cautiverio, y de María Esther y Roberto Landaburu, por la desaparición de su hermana, Leonor Rosario Landaburu, quien cursaba un embarazo de ocho meses, y su cuñado, Juan Carlos Catnich. Sobre la expectativa, Lovelli aseguró que es “la misma que cualquier juicio: obtener reparación para las víctimas, justicia, condenas y avanzar sobre la verdad real de los hechos”. También recalcó que su carácter virtual será un desafío, “una gran prueba y ensayo general para ver si realmente el sistema y el Poder Judicial está capacitado para sobrellevar esta contingencia y desarrollar juicios de una manera seria, comprometida, donde estén todas las garantías aseguradas para los imputados, pero también el carácter reparador hacia las víctimas y familiares”.
