Y dale con bajar la edad
Centro Universitario San Martín (CUSAM), que funciona dentro de la Unidad Penal número 48 de máxima seguridad de José León Suarez.
A pesar de que diversas organizaciones sociales y académicos formularon un rotundo rechazo sobre múltiples puntos del proyecto de ley oficialista, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, confirmó que el Gobierno intentará nuevamente lograr un consenso entre el oficialismo y la oposición: “Esperemos que salga. En febrero vamos a tener reuniones que se están programando”. En este sentido, subrayó que la propuesta “se trata de un nuevo régimen penal juvenil, no es sólo la baja de edad de imputabilidad”. Las críticas hacia la propuesta no provienen solamente de especialistas en derechos de niñas, niños y adolescentes, sino también de trabajadores que, además de poseer formación en este campo, también tienen contacto directo y cotidiano con los centros de detención y los menores que circulan por ellos.
El proyecto oficial asegura, entre otras cuestiones, que los centros de detención especializados tendrán múltiples dispositivos que busquen la reinserción del menor en la sociedad. En el capítulo 12 se enuncian los artículos 74 hasta el 84 que garantizan que en estos sitios de reclusión se desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio, así como también poseerán personal técnico y de seguridad capacitado para tales fines. Empero, Nora Schulman, Directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), sospecha: “Antes de aprobar una ley así hay que tener los instrumentos para aplicarla, sino no va a servir para nada y todo va a quedar en letra muerta. Las instituciones y el personal que formula no existen. Dentro de los institutos de menores encontrás celdas para dos chicos pero hay cinco encerrados. La seguridad está a cargo del Servicio Penitenciario, el cual no posee la formación adecuada y encima suelen violarlos. El término instituto es un eufemismo, son cárceles de menores”.
María Paula Vázquez, operadora social e integrante del Centro de Admisión y Derivación (CAD) que depende de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); denuncia la situación actual de estos centros de detención en la Provincia de Buenos Aires: “Lo primero que uno se encuentra cuando ingresa es la parte de escuela, los talleres y la zona de visitas. Pero excepto que tengas autorización, no llegás al alojamiento real, donde están los pabellones y las celdas con rejas iguales a un penal común para adultos. Las normativas internacionales dicen que las celdas son sólo para dormir y que el resto del tiempo los chicos deben realizar actividades que faciliten su reinserción, pero esto no sucede. Así, los pibes pasan muchas horas despiertos en una celda sin hacer ninguna actividad. Además, el sector de seguridad es el que decide si pueden ir a la escuela como si se tratase de un premio, lo cual contradice la escolaridad obligatoria estipulada a nivel nacional. Entonces, la reinserción del chico después de pasar por estos centros no depende de este, sino de la presencia de su familia y los recursos que ésta posea.”
En añadidura, la situación de los institutos de menores empeoró debido al recorte de presupuesto que sufrió la SENAF en un 25% para el 2019, lo cual contradice el artículo 72 de la Ley 26061 que plantea que nunca un presupuesto destinado a la niñez puede ser menor que el presupuesto anual anterior. Actualmente, estos centros de detención en la Provincia de Buenos Aires no poseen el rol de operador social, los asistentes de Minoridad hacen de personal de seguridad y los equipos técnicos conformados por psicólogos y trabajadores sociales varían entre tres y cinco personas que deben atender a unos cincuenta chicos.
“Mientras se quita presupuesto para trabajar la protección de derechos, se eleva el presupuesto para las fuerzas de seguridad. En 2016 y 2017 la cantidad de ingresos en el CAD de la Ciudad de Buenos Aires bajó al 50%, pero no es que se mejoró la situación de los menores. En realidad está relacionado con las denuncias que se realizan desde las organizaciones barriales sobre las detenciones irregulares por parte de las fuerzas de seguridad, las cuales muchas veces no realizan la detención, sino que maltratan o torturan a los chicos y después los dejan en libertad. Es una lógica que todavía se sostiene hoy”, señala Vázquez.
La propuesta oficial menciona, a su vez, que se encuentra acorde a los principios establecidos por la Convención Sobre los Derechos del Niño, la cual posee jerarquía constitucional en el país por la Ley N° 23849. Sin embargo, a mediados del año pasado el Comité de los Derechos del Niño, organismo de Naciones Unidas especializado en el seguimiento de la aplicación de dicha Convención, formuló un informe donde instó a la Argentina a no bajar la edad de imputabilidad porque dicha medida no cumpliría con los estándares del Comité. “No sirve en ningún lado. En los demás países de Latinoamérica donde bajaron la edad no resultó en una disminución de la inseguridad. Está comprobado que para reducir la cantidad de menores circulando por el sistema penal hay que garantizarles el sistema educativo, proteger la economía y salud del grupo familiar y que los chicos puedan tener acceso al primer empleo, pero la posibilidades que éstos poseen hoy en día son nulas porque les cierran las escuelas, no pueden pagar los clubes de barrio y tienen un acceso más cercano a las adicciones”, finaliza Schulman.