Las medidas de Alberto para apagar el incendio
“El Gobierno tomó la delantera y estableció las prioridades con una batería de políticas progresivas”, dice Mazzola.
La realidad socioeconómica que deja como herencia el gobierno de Mauricio Macri no solo se ve representada en los peores indicadores económicos en los últimos trece años, sino también -y sobre todo- en la vida diaria de millones de personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Al cumplirse una semana de la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Argentina, el nuevo gobierno anunció una serie de medidas orientadas a cierta recomposición económica de la sociedad y a un restablecimiento del esquema tarifario. La mayor parte de esta batería de políticas están pensadas con vigencia de 180 días, es decir, hasta el 30 de junio del 2020.
La primera medida fue implementada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), y consistió en el establecimiento de doble indemnización por despidos sin causa, no aplicable para las contrataciones posteriores al decreto. También se estableció un bono adicional de 5.000 pesos para jubilados que perciben un solo haber mínimo, a cobrar en diciembre y enero; y otro de 2.000 pesos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) -también alcanzados por el Plan Alimentar-, por única vez en diciembre.
A esto se le sumó un anuncio por parte del presidente de la reducción en un 8% en el precio de los medicamentos y un congelamiento hasta febrero -tras un acuerdo con los laboratorios-, junto con la gratuidad de los mismos para jubilados que reciban el monto mínimo previsional. Así mismo, el miércoles 18 se dio a conocer un acuerdo entre los empresarios supermercadistas y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas, a partir del cual los supermercados venderán una canasta navideña a 199 pesos, consistente de seis productos: sidra, pan dulce, turrón, budín, garrapiñadas o similar y confites o similar.
“Las medidas muestran un cambio: ahora el eje está en resolver las necesidades de los trabajadores”, dice Putero.
Sin embargo, el grueso de las medidas económicas fueron incluidas en el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, presentado en el Congreso el 17 de diciembre para comenzar a hacerle frente a lo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, denominó como una “situación de desocupación, pobreza, indigencia, inseguridad alimentaria y hambre.” “Lo que buscamos es proteger a sectores que están en situación de gran vulnerabilidad, al mismo tiempo que restablecemos las condiciones de consistencia macroeconómica que son necesarias para resolver todos los problemas de la economía argentina”, sostuvo Guzmán en conferencia de prensa.
El proyecto presentado consiste de 86 artículos y, en primer lugar, plantea establecer la emergencia económica, financiera, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Sus objetivos son estimular la formalización de la economía y mejorar el poder adquisitivo de los que perciben menores ingresos. En ella se propone un nuevo gravamen (Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria), aplicado a la tenencia de activos en el exterior y a la compra de divisas extranjeras en un 30%. El mismo estará destinado en un 70% a financiar la seguridad social y el sistema previsional, y el 30% restante para vivienda social y obras de infraestructura.
Así mismo, la ley establece el congelamiento de tarifas -mientras se debate un nuevo marco general tarifario-, y la suspensión de la movilidad jubilatoria por un plazo de 180 días. Esto último no afecta el incremento de 8,7% correspondiente a diciembre; y establece aumentos trimestrales a decisión del Poder Ejecutivo Nacional, con prioridad para los ingresos más bajos.
Las Pymes, muy golpeadas por las políticas económicas del macrismo, también son consideradas dentro del paquete de medidas: se proponen planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social a partir de moratorias y de eximición total o parcial de contribuciones. Otro anuncio referido a este sector fue el lanzamiento de un sistema masivo de créditos no bancarios y a tasas bajas, también orientado a las familias.
“Se trata de medidas indispensables, acertadas y enérgicas que hablan del temple de Fernández», opina Susani.
“Se trata de medidas indispensables, acertadas y enérgicas que hablan del temple de Alberto Fernández y su gobierno que enfrenta un desafío considerable dada la tragedia económica que vive el país”, sostiene el doctor en Ciencias Económicas Bruno Susani, para quien contener la contracción de la economía es el primer paso para lograr una reactivación económica.
En la misma línea, Roxana Mazzola, magíster en Administración y Políticas Públicas y coordinadora de la Diplomatura en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de FLACSO, opina que el gobierno “está tomando la delantera y lidera cuáles son las prioridades de agenda con una batería de políticas progresivas.” Y agrega: “Lo que está mostrando ahí es un rol activo y en varios frentes a la vez. Cada medida claramente tendrá un impacto diferencial, pero tienen es un rol progresivo que pretende salvar las consecuencias negativas de la agenda del gobierno anterior. Están orientadas a favorecer a aquellos sectores que están más perjudicados en su situación socioeconómica por las políticas internas previas.”
Lorena Putero, economista especializada en economía social e investigadora del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), también considera que los anuncios económicos del gobierno “demuestran una línea de cambio, ya que el eje está en recuperar un modelo económico centrado en resolver las necesidades de los trabajadores.”
El mayor impacto en cuanto rapidez y visibilidad será en lo que respecta a las jubilaciones bajas y a las ayudas sociales, sectores determinantes para la eficacia de las medidas económicas. “Los sectores a los que llega la AUH y los jubilados son sectores de consumo postergado por lo cual el incremento de sus ingresos será un incremento del consumo. Así mismo, la economía popular se verá favorecida por el ingreso extra y también por el aumento del nivel de compra en sus territorios”, explica Putero. Asimismo sostiene que “las indemnizaciones dobles son relevantes como medida de freno frente al aumento de la desocupación.”
Susani también coincide en la relevancia de estas medidas en cuanto a su impacto en el incremento de la demanda; y considera significativa la supresión de los aumentos tarifarios en los servicios públicos ya planificados por el gobierno de Cambiemos: “Esto hace que se limite el impacto negativo de los gastos obligatorios en el presupuesto familiar y que las familias puedan disponer de un incremento relativo del ingreso que contribuye a aumentar la demanda de otros bienes.” El economista añade: “La reactivación del consumo es esencial en tanto constituye alrededor del 80% de la demanda global. Esto quiere decir que cuando se aumenta 1% el consumo el producto global, el PIB se incrementa en 0,8%. Estamos hablando de un consumo responsable y ético y no de un consumo en cual se derrochen los recursos naturales como el consumo ostentoso”.
Sin embargo, los especialistas coinciden en que los primeros resultados a nivel estadísticos se verán al finalizar el primer trimestre de 2020, en forma de un cese del decrecimiento. En un panorama optimista, el crecimiento comenzaría -tímidamente- en el segundo trimestre.
El panorama es complejo, y las medidas anunciadas por el nuevo gobierno, si bien encaminadas y coherentes con la situación de emergencia que se vive en el país, no son suficientes para reconstruir la economía y la sociedad. Otras políticas serán también necesarias, y así lo entienden los especialistas. Putero insiste en este punto: “Para que este crecimiento del consumo no se traduzca en aumento de consumo superfluo y redunde en un plan de desarrollo a largo plazo debemos pensar en los sectores generadores de empleo y de satisfacción de necesidades: construcción de vivienda, fortalecimiento del desarrollo socioeconómico territorial (educación, la salud, la cultura y el deporte en los territorios) y producción de alimentos. Estos sectores productivos son estratégicos en la satisfacción de necesidades, de baja demanda de dólares y mano de obra intensiva. Resuelven varios de los problemas de nuestra sociedad.”
Para Susani, “es importante recrear una estructura fiscal y reintroducir la progresividad del impuesto a las ganancias, a la herencia y al patrimonio.” Por ello entiende que es necesario no sólo aumentar las retenciones a las exportaciones, sino también el impuesto a las transacciones financieras y sus ganancias. “En el corto plazo debemos otorgar una importancia mayor a subsanar las consecuencias de la miseria y la miseria misma. En Argentina existen alimentos para todos pero hay que instalar un marco para que los más necesitados puedan acceder a ellos. Es una medida transitoria porque no se debe permitir que la urgencia sea la norma. De allí la necesidad de una estructura fiscal adecuada. Es necesario crear una dinámica de expansión de la demanda que se traducirá inevitablemente en una disminución del desempleo y en una nueva inclusión social”, opina.
Una política integral de cuidados con enfoque de género -en relación con la seguridad social- y obras de infraestructura que generen y potencien espacios comunes apropiados por el conjunto de la ciudadanía también son cuestiones centrales a tratar en el futuro, según Mazzola. Y agrega: “Hay que ver cuán rápido se puede salir del estado de emergencia y a partir de ahí implementar políticas de fondo, pensadas a futuro, para que sea algo que contenga e integre al conjunto de la sociedad, para que todos los sectores se sientan representados por las políticas. Pero lo urgente es resolver el corto plazo.”
