La Justicia, a pedir de Boca
En una nueva medida perjudicial para los vecinos de La Boca, la Justicia autorizó la venta de los terrenos públicos linderos a Casa Amarilla -conocidos como ‘los campitos’- al Club Atlético Boca Juniors. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con el voto del doctor Esteban Centanaro y la doctora Mariana Díaz, revocó la sentencia de la jueza Paola Cabezas Cescato emitida en mayo de 2018 que dictaba la nulidad de la licitación. La transacción del territorio estatal está estipulada en 180 millones de pesos divididos en comodísimas cuotas a pagar en un lapso de tiempo cercano a los diecisiete años. El fallo fue emitido el 27 de diciembre del año pasado, dos días antes de la feria judicial, aunque recién se dio a conocer en los primeros días de este mes.
En diálogo con ANCCOM, Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, explica que “estos predios eran propiedad del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), y no podrían haber salido de su órbita sin una ley a menos que fueran utilizados para Seguridad o Educación, cosa que no fue su destino”.
En la misma línea, Baldiviezo detalla cómo fue la negociación que favoreció tanto al Gobierno de la Ciudad, con Rodríguez Larreta a la cabeza, como también al presidente de Boca Daniel Angelici: “El IVC traspasó los terrenos al Poder Ejecutivo que los cedió mediante un decreto a la Corporación Buenos Aires Sur, la cual, a través de una licitación, se los vendió a Boca Juniors. Esta transacción viola tres leyes: la ley fundamental del IVC, que establece la utilización de sus predios solo para la construcción de viviendas sociales, la ley de la Constitución Nacional que autoriza la venta de inmuebles públicos a manos privadas solo con previa autorización de la Legislatura, y la ley de Emergencia Urbanística del barrio La Boca, votada por la Ciudad para destinar el predio a un gran parque público que nunca se construyó”, aclara.
Este fallo también supone un retroceso a nivel social y comunitario, ya que las tres manzanas comprendidas entre las calles Almirante Brown, Blanes, Palos y Espinoza, son utilizadas por varias agrupaciones del icónico barrio porteño como un espacio de expresión artística, asistencia educativa, y desarrollo de actividad deportiva.
Emiliano, miembro de la Asociación Vecinos de La Boca, que desarrolla su actividad en ‘los campitos’, asegura que “Boca Juniors es el único club social que hay en el barrio pero deja un montón de gente afuera porque cobra una cuota de casi 700 pesos por persona si es que podés anotarte, que hoy en día es imposible”. En paralelo, entiende que la función ‘social’ pregonada por la institución, es en realidad una pantalla de exclusión que se ve reflejada precisamente en acciones como la adquisición de este territorio.
“El club se dedica solo al fútbol, no tiene integración social ni varias disciplinas como Ferro, Lanús e incluso River. Nosotros en poco tiempo duplicamos la cantidad de chicos que vienen a merendar, tenemos otros tantos en apoyo escolar, y los sábados organizamos una escuelita de fútbol con 30 pibes sin recibir ni un peso de nadie, solo recibimos ayuda de la agrupación Boca es Pueblo. La venta de los campitos demuestra que Boca es el peor club social del país, pero es el que más negocios hace”, profundiza Emiliano.
No obstante, hay varias organizaciones que no se quedan con los brazos cruzados y ya organizaron medidas para visibilizar la problemática e intentar revertir el polémico dictamen. En diálogo con este medio, Natalia Quinto, integrante de la agrupación La Boca Resiste Y Propone, asegura que “la causa sigue, ya que presentamos el recurso de inconstitucionalidad. La justicia había dado más que fundamentos para declarar la ilegalidad de la venta, aunque sabemos que es una lucha difícil incluso desde la época en la que Elisa Carrió (NdeR: diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires) denunciaba a Angelici por operador judicial y mafioso”.
A su vez, Quinto explica que hubo algunos movimientos poco claros dentro del juzgado que pudieron dar pie al cambio de dirección respecto a la sentencia original: “La misma sala que nos había favorecido cambió un integrante primero, y después al juez, aunque en su momento la jueza Cescatos falló positivamente igual. Nosotros no podemos aceptar esto mansamente porque estaríamos legitimando cualquier venta de un inmueble público ante una Legislatura que es de cartón, y una Justicia que parece beneficiar al que más rompe las leyes”, reflexiona.
En consecuencia, La Boca Resiste y Propone convoca a una reunión para el lunes 25 de febrero en Casa Tasso -Olavarría 740- con el fin de compartir información actualizada sobre la causa y acordar un plan de resistencia conjunto entre vecinos y organizaciones barriales. Una vez más, la unión entre los diferentes sectores de la sociedad es preponderante para consolidar la lucha y, valga la redundancia, no perder más terreno.
