Oct 13, 2016 | inicio
“La Argentina sangra por las barrancas del Paraná. Por estos puertos de Rosario y su cordón, hoy en manos extranjeras, se llevan el 75% de la producción nacional. Por allí circula libremente el tráfico de armas y drogas y la trata de personas, que se han convertido en los negocios más redituables e impunes de los últimos años, para beneficiar a los ganadores de siempre: los grandes monopolios imperialistas, las patronales y los terratenientes. Mientras […] nuestra ciudad es el reflejo descarnado de un país donde, a la par de la concentración de la riqueza, crecen la desigualdad y el hambre. El Gran Rosario registró, en el segundo trimestre, el nivel más alto de desocupación: el 11,7%”. El documento de balance de la 31º edición del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) celebrado en Rosario toma las demandas por la nueva situación económico-social como un eje rector para advertir sobre las consecuencias del tarifazo, la inflación, la desocupación y el achicamiento de los programas sociales en la vida cotidiana de miles de mujeres.
Sobre ese cuadro, el debate imprimió las discusiones sobre género, participación sindical, trata y legalización del aborto. Debates a los que el Congreso Nacional y las Legislaturas provinciales vienen corriendo bastante más atrás. “Los secuestros de mujeres de diversas edades para trata con fines de explotación sexual crecieron en los últimos años en Santa Fe […] Nuestra región es, desde hace años, no sólo zona de tránsito y operaciones del entramado criminal de la trata, sino también de reclutamiento. Por año, se realizan 300 denuncias de mujeres que faltan de sus casas”, resalta el documento.
Un signo de este tiempo. El debate sobre la legalización de la marihuana, al menos en lo que se refiere al uso de canabbis con fines medicinales, recién se ha instalado este año en las comisiones del Congreso Nacional, y a pesar de la fundamentación por parte de académicos, funcionarios y asociaciones como “Mamá Cultiva” y “Cannabis Medicinal Argentina” (CAMEDA), sigue en discusión en la comisión de Salud de Diputados. En los Encuentros, sin embargo, es un tema recurrente. En talleres de años anteriores el tema aparece. Hasta se han escuchado recetas de lubricantes de canabbis para mujeres. La novedad de este año es la “institucionalización” del debate con la conformación del taller “Mujeres y Cannabis”.
Además de esa innovación, también se incorporaron otros dos talleres: “Mujeres Trabajadores Sexuales”, impulsado por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), que ya había funcionado en Encuentros previos pero había sido suspendido por seis años. El segundo: “Mujeres afrodescendientes” que apuntó a debatir la “invisibilización y ocultamiento en los registros de la memoria histórica argentina del pasado esclavista y de los aportes de las comunidades afro al país.
Marcha
“Qué momento, qué momento, a pesar de todo, les hicimos el Encuentro”, anuncia el despegue de la marcha. Y continúa: “Alerta, alerta, alerta que caminan, mujeres del Encuentro por las calles rosarinas”. Una de las que camina es Ramona. Va debajo de una bandera blanca, del ancho de la calle, que dice “Chaco” en letras negras. Es morocha de pómulos altos, y si bien no lleva insignias, integra el movimiento Pueblos y Naciones Originarios en Lucha. “Nosotras venimos con más de 16 años de Encuentros. Luchamos por las verdades de las mujeres de nuestra cultura originaria y sabemos que es importante la unidad de aquellas que vienen desde las provincias a contar sus experiencias porque aprendemos de ellas y ellas de nosotras. Eso es lo que sirve cada año. Yo participé del taller Mujeres de los Pueblos Originarios donde propusimos que el próximo Encuentro sea en Chaco porque además de los 500 años de opresión que cargamos, la situación política es muy difícil. Es importante que las mujeres vean esa realidad y no solo que se la contemos nosotras”.
“El ajuste también es violencia”, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”, son algunas de las leyendas en las pancartas que se amontonan. Banderas wipala, del Orgullo Gay, partidarias, y otras tantas. Pasacalles acompañan: “Desmantelamiento de las redes de trata”. Graffitti con esténcil: “La solidaridad mata al macho”.
Una estudiante de medicina de Rosario camina con su hijo en una tela portabebés que lo envuelve entre sus pechos y le cruza la espalda. “Creo que es importante estar acá por el futuro de mi hijo, para que sea un buen hombre y tenga mucho respeto por las mujeres”, dice. Y sonríe. La marcha avanza sobre el bulevar Oroño. El cielo apenas asoma entre los árboles y palmeras. Un perro callejero rengo acompaña con un pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Un vecino parado en una esquina comenta a una señora mientras ven pasar la marcha: “A las lesbianas las apoyo totalmente”. Entre tanto, una cuadrilla de mujeres con pasamontañas de colores en la cabeza emulan a las rusas pussy riots, mientras pintan con aerosol la iglesia Virgen del Carmen. El paso de la marcha se aminora, pero no se detiene. El repertorio de canciones apunta directo: “Francisco botón no quiero tu perdón”, “Si el Papa fuera mujer el aborto sería ley”, “Iglesia, basura, vos sos la dictadura”.
Minutos después, el chico que atiende un kiosco de la calle Corrientes ve entrar a mujeres en corpiños, brujas con escobas de paja, chicas con la cara y el cuerpo pintado, otras con peluca. Afuera, la marcha avanza al canto de “vecina, vecina, no sea indiferente a las pibas las matan en la cara de la gente”. Algunos curiosos asoman por los balcones, y otros anónimos reparten botellas de soda.
Promediando el final, se escuchan campanadas de una iglesia. El punto de llegada era el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, pero una cuadra antes, en calle Buenos Aires, una parte de la marcha se detiene. Allí, se asientan el Palacio Municipal y la Catedral Basílica Santuario «Nuestra Señora Del Rosario». Un señor en la esquina grita: “Que la calle no calle”, mientras una decena de locales ven pasar a las marchantes.
Represión
Frente a la catedral tapiada, una veintena de varones, jóvenes y mayores, enlazan sus brazos y rezan sin parar un Ave María tras otro. Las cámaras apuntan directo sobre los rostros compungidos porque intuyen que algo va a pasar. Mientras van llegando más mujeres a la Plaza 25 de Mayo, el coro se agiganta “Iglesia, basura, vos sos la dictadura”, “Saquen sus rosarios, de nuestro ovarios”, “Sí señores, sí señores, prohíben el aborto, los curas abusadores de menores”. Otras osan interrumpir el Ave María con gritos cara a cara. Dos mujeres bailan y hacen pogo mientras las cámaras las miran. Al lado dos chicas se besan. El Cuerpo General de Infantería entra en primer plano.
La policía más descabezada de los últimos años desciende sin aura desde el interior de la catedral. Cascos en cabeza, escudos y arma en mano. Un grupo se instala al costado del edificio religioso, en un pasillo que linda con el rosado Palacio Municipal y que conduce al Monumento a la Bandera. Las manifestantes retroceden sobre la plaza, mientras otro grupo sacude las maderas y los andamios que ocultan la Basílica. Una veintena de uniformados se ubican frente a la puerta de la iglesia que, insólitamente, está cubierta de un plástico transparente, como si estuviera embolsada.
Se arma una barricada en medio de la calle. Otra veintena uniformados sale desde dentro de la iglesia. Son mujeres y están con las manos vacías, no tienen escudos ni cascos. Parecen graficar la subordinación de la mujer porque frente a la primera piedra que las roza se cubren detrás de sus compañeros y deben volver al edificio.
Un policía dirige un paso delante de sus subordinados. Apunta al cielo y empieza a tirar. Las hojas de los árboles de la plaza se desprenden. Y tira, y tira, y se responde. Vuelan hierros, piedras y botellas de vidrio. “Somos malas, podemos ser peores”, se escucha. En el medio, la prensa sigue un movimiento pendular. Filman y fotografían la trinchera de un lado y a la policía de otro.
José Granata, reportero gráfico de Telam, llega a la plaza un rato después del arribo de la marcha. Siete impactos de balas de goma sobre la cara y el cuerpo no lo dejan sacar ni una foto. Jhoana, fotógrafa de la Garganta Poderosa, también tiene la huella de una bala de goma en su cara. Alberto Furfari de Canal 5 y LT3 de Rosario, Pedro Levy de Televisión Litoral, Sebastián Pittavino de Revista Panza Verde de Concordia; Laura Sosa de Mucho Palo Noticias, y Gisel, corresponsal de la Agencia de Noticias RedAcción (ANRed). Más tarde, el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) repudiará la represión.
Cierre
El acto de cierre se realiza en el Monumento que rememora el primer izamiento de la bandera Argentina. De los dos días de sol intenso sólo quedan las mejillas rojas. La lluvia llega el feriado del lunes. Podría sólo ser parte de una anécdota pero termina definiendo la escena. El sonido falla, no se pueden leer las conclusiones.
Frente al escenario, cientos hacen alarde de la próxima sede: Chaco. Más al fondo, replican, “que se vote”, mientras agitan unos papeles firmados en sus manos. Ese grupo sostiene que en los talleres se votó para que la próxima sede sea la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, históricamente, en los talleres de los Encuentros no se vota, y el mecanismo oficial es el consenso. El argumento abreva la idea de pluralidad, donde ninguna posición está por encima de otra, reconociendo que la opresión de género trasciende otras diferencias políticas. Así ha venido funcionando desde 1985. Por este motivo, las firmas no se tienen en cuenta y se define por la ovación de las presentes. La comisión organizadora consagra a la provincia del Norte, no sin resistencias. En las próximas semanas, quizás el panorama se aclare.
Actualizado 12/10/2016
Oct 12, 2016 | Entrevistas
Paola Salgado Piedrahita es abogada y activista por el derecho al aborto. Feminista y defensora de los derechos humanos. Joven y luchadora. En Rosario, en medio de la Plaza San Martín, punto principal del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), habla con una y otra persona, se pasea entre los puestos de la feria y llega a la radio feminista montada bajo un gazebo y una montaña de cables. Enfrenta el sol tajante con una visera y unos lentes, y toma el micrófono con fuerza para hablarle a las mujeres argentinas mientras, en algún recuerdo no tan lejano, imagina estar frente a sus colegas colombianas. El exilio es nostálgico. Paola aterrizó en Argentina en octubre de 2015, veinte días después de haber salido de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde permaneció detenida, acusada de “terrorista” por su militancia en el Congreso de los Pueblos y su tarea como coordinadora de un programa de salud reproductiva. “Caí en una causa armada por parte de la policía y la fiscalía. Me vincularon a un proceso judicial por terrorismo. Hubo una judicialización no sólo policial, sino también mediática”, reconstruye.
¿Desde cuándo te considerás feminista?
Fue en 2005, cuando empezó a hacerse más fuerte la campaña por la legalización del aborto. Ahí comencé a informarme, a reunirme en grupos de estudio y participar de las discusiones. Estudiaba derecho en la Universidad pública y al principio me involucré en organizaciones como activista de los derechos humanos, frente a la realidad que vivíamos en Colombia. Pero en 2005, con el reclamo por el derecho al aborto, decidí vincularme con la lucha feminista.
¿En qué agrupación empezaste a participar?
En estos once años de lucha, he trabajado dos ejes importantes: el aborto legal y la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. Empecé con un proyecto de base estudiantil que se llamó Escuela Feminista, y luego participé de la fundación de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, que es una red nacional de mujeres campesinas que está en distintas ciudades y que es parte del movimiento social Congreso de los Pueblos. Con la red, la idea fue salir de lo académico y de lo intelectual para aportar al movimiento popular en Colombia y combatir el conflicto armado en el país.
Desde 2005 estás en la campaña por la legalización del aborto, ¿cuánto se avanzó en esta causa?
Por ahora hay tres caudales legalizados: peligro de la vida de la madre, malformaciones o incompatibilidad del feto con la vida y violación sexual. Si bien en los hospitales públicos todavía no se ha logrado implementar la ley como se debe, en Colombia hay prestadores privados legales que brindan la atención médica debida, con un enfoque social que permite a las mujeres más pobres poder acceder, acompañadas de programas estrictos de educación sexual y de anticoncepción. Sabemos que las mayores barreras para un aborto legal y seguro están en el mismo cuerpo médico, porque si bien se modifica la ley, no se modifica la forma de pensar.
¿Cuál era el rol del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del cual estabas a cargo en Bogotá?
El trabajo está en lograr que los profesionales de la salud tengan la mayor claridad posible sobre qué hacer en los casos de aborto, y que entiendan que tienen un rol protagónico para garantizar la vida y la salud de las mujeres. Nosotras los ayudamos a elaborar los protocolos y los apoyamos en el proceso de formación. Como profesionales nosotras tenemos que hacer cumplir la ley, y por eso queremos que los trabajadores de la salud entiendan que somos sus asesoras y sus acompañantes, que queremos que lo hagan bien y que cumplan el rol que tienen que cumplir.
En 2015 tuviste que abandonar la coordinación del Programa, ¿Qué pasó?
Estuve desde el 2013 hasta el 2015. El 8 de julio del año pasado caí en una causa armada por parte de la policía y la fiscalía que me vincularon a un proceso judicial por terrorismo, donde hubo una judicialización no sólo policial sino también mediática. Conmigo se llevaron a otras doce personas. Estuvimos en prisión dos meses, y aún sigue el proceso judicial. Tenemos el riesgo de ser condenados a 30 años de cárcel por terrorismo, por haber sido vinculados a una protesta estudiantil en la Universidad Pública. Entre los 13 detenidos hay estudiantes y además personas vinculadas a diversos sectores. La única coincidencia es que todos pertenecemos al Congreso de los Pueblos. Lo que entendemos es que fue una excusa para criminalizar al movimiento».
En 2003 el gobierno de Álvaro Uribe, actualmente principal crítico del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC y líder de la campaña por el “no”, logró que el Congreso aprobara el Estatuto Antiterrorista en Colombia. Este documento modifica cuatro artículos de la Constitución que dejan el camino libre para que unidades especiales de la policía judicial y también fuerzas militares puedan interceptar a los ciudadanos sin previa orden judicial, además de ejecutar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios. En 2006, aún bajo la gestión de Uribe, este documento se formalizó en la ley 1121, por la cual se dictan normas para la “prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”.
Mencionás que uno de los ejes es la violencia contra las mujeres dentro del conflicto armado, ¿A qué te referís?
Cuando la militarización ocupa un pueblo sucede como en las guerras medievales. Llegan a reclamar el territorio a través de la violencia, y con la misma violencia toman el cuerpo de las mujeres. Entonces, la mujer se convierte en un instrumento en disputa por parte de los guerreros. Castigar a las mujeres es igual a castigar al enemigo.
¿Qué pasa con esas mujeres después de las situaciones de violencia?
Para las mujeres que sobreviven de la desaparición forzada de sus familiares queda la marginalidad, la exclusión social y la pobreza. Estas mujeres víctimas de la guerra que son desplazadas de sus territorios, terminan engrosando las redes de prostitución y de explotación en el trabajo doméstico informal.
¿Cómo se puede revertir esta situación?
Lo que hay que hacer es apropiarse de la participación política, de los espacios públicos. Construir la paz en Colombia implica construir transformaciones sociales y duraderas que abran espacio a la voz de las mujeres.
Y ahora que en el referéndum se votó el “no”…
La campaña por el “no” utilizó un discurso misógino y un discurso de discriminación. Nos surge la preocupación de que se construya un modelo ideológico de derecha en el país, que entendemos que nace del miedo de que las mujeres salgamos de la casa a la calle a reclamar, a dejar los lugares tradicionales, y también miedo a que la enseñanza de género en las escuelas pueda transformar en homosexuales a los niños. En definitiva es lo mismo que ocurre en Brasil en el golpe contra Dilma. Si no se transforma el modelo de país, y en esto las mujeres tienen un rol importantísimo, el conflicto armado no va a desaparecer. Hay una frase que tiene que ver con esto y que decimos mucho allá: en Colombia es más fácil armar una guerrilla que armar un sindicato.
El 11 de septiembre del 2015, el Juzgado N°44 declaró que el procedimiento de captura de los trece integrantes del Congreso de los Pueblos era ilegal y que la orden de prisión preventiva no tenía fundamento jurídico, no había argumentos legales. Sin embargo, tanto Paola como los demás continúan relacionados al proceso judicial.
Desde que saliste de la cárcel estás viviendo en Argentina. El exilio, ¿es decisión personal o es decisión política?
Es personal y política. Política porque la situación es complicada de afrontar allá, en especial por una serie de condiciones de riesgo que no vale la pena asumir. Y personal porque fue una recomendación tanto del Congreso de los Pueblos como de los organismos de derechos humanos que nos acompañaron en el proceso. La refrendación de los acuerdos de paz abría una posibilidad para regresar porque la jurisdicción especial de paz incluía algunos beneficios para referentes sociales judicializados que nos daban la posibilidad de regresar. Con el “no” eso queda en el limbo y nos toca seguir esperando.
Actualizado 12/10/2016
Ago 17, 2016 | inicio
Tras dos años de prisión, la Corte Suprema de Tucumán ordenó ayer la liberación de Belén condenada a ocho años por “homicidio agravado por el vínculo”. La resolución no es definitiva, pero rige hasta que el máximo tribunal provincial se pronuncie sobre el fondo de la causa. Edurne Cárdenas, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que lucha por la liberación de la joven, explica las implicancias del fallo y destaca el papel de la movilización social ante un caso paradigmático de violación de derechos.
¿Qué significa esta decisión del máximo tribunal de Tucumán?
Por un lado, el fallo es sólo por el cese de la prisión preventiva de Belén, pero ella sigue estando imputada. Lo que estamos celebrando es que Belén pueda esperar el fallo en libertad, que es lo que debería haber sucedido y no presa durante dos años. Una chica que llegó al hospital público a pedir ayuda, terminó presa. Entonces, celebramos la decisión de la Corte, pero no es nada más que una cuestión para salvar una injusticia gravísima.
¿Bajo qué justificación le dictaron la prisión preventiva a Belén?
En general, estas determinaciones son solo cuando entienden que se puede escapar o no colaborar con la Justicia. La situación de Belén no daba para pensar eso, es una chica que trabajaba en una cooperativa y vivía con su familia.
¿Qué elementos jugaron para que la Corte resolviera su liberación?
De alguna forma ha escuchado el clamor y la demanda popular, y no solamente porque el caso ha tomado una dimensión pública muy fuerte. La abogada defensora, Soledad Deza (integrante de Católicas por el Derecho a Decidir), ha hecho un trabajo realmente muy bueno de movilizar y acompañar a Belén. Mientras estuvo en la cárcel, la puso al tanto de todo lo que iba pasando. Antes, Belén había tenido una defensora oficial que la dejó tirada a su suerte hasta unos días antes del juicio. Después hubo una muy buena defensa en la apelación y una gran movilización social, porque las marchas del viernes no han sido gratuitas para la Corte.
¿Qué más debió pasar?
Desde el CELS, junto con otras diez organizaciones, y también desde algunos organismos del Estado -como el Consejo Nacional de las Mujeres y la Defensoría General de la Nación-, nos presentamos como amicus curiae en la causa. Entonces hubo una observación específica sobre el caso. En las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dicen “liberen a Belén, y que revean el caso a la luz de los estándares de derechos humanos”; y además que se despenalice el aborto. La Corte no puede mirar para otro lado.
¿El Poder Judicial, aun cuando persiste en su óptica patriarcal, es susceptible a las demandas sociales?
Yo soy una activista feminista y creo en las fuerzas de los movimientos sociales. En el caso de Belén se construyeron un montón de actores. El poder de la movilización por la campaña Nacional del Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito puso en la calle a miles de personas en distintos puntos del país. Fue muy fuerte la conformación de una Mesa por Belén con cientos de agrupaciones y personas interesadas, además de las organizaciones más formales que nos presentamos como amigos del tribunal… La movilización social no es gratuita, tiene efectos, y este caso lo demuestra.
¿Por qué el de Belén es un caso paradigmático?
Porque presenta un montón de aristas impactantes. Cómo llega Belén a estar presa: por pedir ayuda en un hospital público, el mismo hospital que después la denuncia. Y su defensa pública, que no la defiende, y después un tribunal que no escucha nunca a la víctima, sólo a los testigos, al médico. Ahí hay una muestra de poder patriarcal: si vos sos mujer tenés que ser madre, y si no sos madre sos una asesina. Y por último, la forma en la que el caso toma conocimiento público: Belén, imputada por homicidio, ni siquiera es una causa que se conoció por aborto.
¿Cómo avanzar ante prácticas extorsivas de algunos trabajadores de la salud en esto de “te atiendo a cambio de una confesión de culpa”?
No podría decir que sean todos los trabajadores de la salud, pero hay una práctica y una ideología muy fuerte que tiene que ver con la relación médico-paciente, también con la persona que pide ayuda en un hospital y que está en una situación de vulnerabilidad, esto genera una relación desigual. Hay prácticas muy instaladas y hay que trabajar mucho desde la formación de todos los trabajadores de la salud para entender que en el trato con sus pacientes tiene que mediar una mirada diferente.
En este caso, desde el comienzo, hubo todo tipo de irregularidades…
Imaginate, levantarte de un legrado, no sabías que estabas embarazada, y estás esposada en una cama de hospital. Eso es tortura, lo dijo Naciones Unidas. Es una práctica contraria a los derechos humanos que no debemos naturalizar.
¿Es un trabajo cultural de largo plazo?
Sí, y Belén pagó un costo altísimo, se modificó su vida de una manera espantosa, estuvo más de dos años presa por pedir ayuda en un hospital. Con su caso se echa luz a muchas prácticas que están arraigadas en diferentes espacios de relación social, pero que cuando las mirás con detenimiento ves que no están bien. Espero que este caso sirva para revertir estas prácticas, que tenga un carácter pedagógico, porque el mensaje que desde el CELS llevamos a la Corte es que tenemos que lograr que no haya más Belenes. Cuando un médico reciba a una mujer en una situación de aborto, que en este caso era espontáneo, pero aun si es provocado, existe un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, la tenés que atender y tratar bien, y hay una relación médico-paciente que se rige por el secreto profesional. Todas estas cosas, que en este caso se tornan obscenas, tienen que ayudar para que no vuelvan a pasar.
¿Cómo sigue la causa?
Estamos a la espera de lo que decida la Corte Suprema de Tucumán. Creemos que esta Corte tiene la oportunidad de dictar un fallo que permita que no haya más Belenes, un fallo que dé cuenta de que esta situación tan injusta no sea en vano. La Corte tiene un desafío por delante y tiene una oportunidad.
Actualizada 17/08/2016
