“Educar en y para los derechos humanos generará mejores niveles de vida”

“Educar en y para los derechos humanos generará mejores niveles de vida”

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)  es el órgano que se encarga de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los Estados adheridos. Está conformado por 18 expertos independientes en derechos humanos,  que analizan la situación específica de cada país, vigilan el cumplimiento del Tratado y elaboran informes en donde manifiestan sus conclusiones, y posibles soluciones, a las problemáticas más urgentes. Fabián Salvioli, Doctor en Ciencias Jurídicas y Director del Instituto de Derechos Humanos y de la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad de La Plata, es miembro del Comité desde el 2009 y a comienzos de este año fue designado como Presidente para el período 2015-2016. Salvioli se considera un militante por los derechos humanos, afirma que estos le pertenecen a las personas por la simple condición de ser personas:   “Los derechos humanos son aquellos que le pertenecen a una persona y el Estado debe, a través de sus políticas, garantizar que esa persona disfrute de los mismos, y lleve adelante su proyecto de vida como quiera”.

– ¿Qué significa que un argentino presida el comité de Derechos humanos?

– En mi caso particular, lo que me genera es una responsabilidad muy grande, teniendo en cuenta que se trata del órgano de tratados de derechos humanos de mayor importancia y prestigio en el sistema internacional global. También es la primera vez que un argentino llega a esa posición, y considerando la trayectoria de la sociedad argentina en esta materia, entiendo que el trabajo a desarrollar no puede defraudar las expectativas de quiénes pensaron en mí para esta tarea y que, posteriormente, me han elegido por consenso.

– ¿Cuál es su tarea como presidente del organismo?  Y cuáles  son las problemáticas principales que le preocupan al Comité

– Se diseña y ejecuta la agenda para los próximos dos años, se representa al Comité frente a los Estados Partes, e igualmente en torno a los otros órganos de Naciones Unidas y regionales. Se dirigen los debates internos intentando llevar al Comité a la mejor toma de decisiones en casos individuales de víctimas de violaciones a los derechos humanos y en la adopción de observaciones finales respecto de Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Creo que el Comité debe profundizar sus miradas en materia de interdependencia de derechos, perspectiva de género y derechos de las mujeres y mejorar su política de reparaciones en casos individuales.

– ¿Cómo es Argentina según los organismos internacionales?

– Argentina es un Estado que ha ratificado los instrumentos de derechos humanos a nivel universal y regional, y aceptado los mecanismos de supervisión; ello la somete a una permanente revisión. El Comité examinó a Argentina en 2010 y vuelve a hacerlo en pocos meses; las últimas observaciones finales marcaban preocupaciones respecto a la lentitud de los juicios de lesa humanidad, la situación de torturas y/o malos tratos en determinados centros de detención y la falta de debido juzgamiento de dichos hechos. También la falta de presupuesto en materia de violencia de género para poner en marcha la legislación, ciertos aspectos relativos a derechos de pueblos indígenas, y el caso de Julio López.

– ¿Cuál es su opinión sobre Argentina en los últimos tiempos?

– Argentina ha puesto en el centro de su agenda la temática de derechos humanos y ello es muy valioso. Creo que dicha perspectiva tiene que profundizarse, y se revela la necesidad de crear un órgano que monitoree permanentemente el cumplimiento de las observaciones de los órganos internacionales de derechos humanos a nivel Nacional.

– ¿Crees que hay un riesgo, al interior del país, en fijar la atención solamente en los delitos de lesa humanidad?

– Es lógico por nuestra historia; las incalificables violaciones cometidas durante la dictadura nos llevan a vincular violaciones a los derechos humanos con los crímenes más atroces, como las torturas y las desapariciones forzadas graves o sistemáticas.
Sin embargo, hay que profundizar una mirada general de derechos humanos, sin dejar de lado el trabajo de memoria, verdad y justicia por las violaciones del pasado. La salud, la educación, el trabajo, la alimentación, la libertad de conciencia y de expresión, los derechos de los pueblos indígenas, las políticas públicas especiales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, la no discriminación, todos esos aspectos son cuestiones de derechos humanos. Entonces esta temática presenta algo que excede a toda mirada reduccionista, e involucra al conjunto de la sociedad. Educar en y para los derechos humanos generará una mejora de los niveles de vida de la población.

Fabian Salvioli

Fabian Salvioli

– ¿Qué son los derechos humanos hoy?

– Todos los derechos son la base del disfrute del resto de los derechos, además de la obviedad de que a partir del derecho a la vida se disfrutan los demás. Sin dudas yo voy a tener una posibilidad más cierta de desarrollar mi proyecto de vida si se me garantiza la alimentación, la salud, la educación, el vestido y la vivienda; que si no se me garantiza eso. Es decir, voy a tener más posibilidades de disfrutar ampliamente mis derechos políticos si disfruto del derecho a la educación. Así que hoy, la cuestión de las generaciones de derechos se ha superado. Los derechos humanos son aquellos que le pertenecen a una persona y el Estado debe, a través de sus políticas, garantizar que esa persona disfrute de los mismos, y lleve adelante un proyecto de vida como quiere. En definitiva, estos derechos le perteneces a las personas, por ser personas. La teoría de las generaciones clasificaba según derechos de primera generación, de segunda y de tercera. Entonces se dividía a los derechos civiles y políticos como de primera, los derechos económicos sociales y plurales como de segunda generación, y los derechos de solidaridad como de tercera generación. Sin embargo, tomando como ejemplo un típico derecho de solidaridad como es un ambiente sano, no es menos importante que el derecho a la libertad de expresión. Porque si vos no tenés un ambiente sano, no vas a poder desarrollar ninguno del resto de los derechos. Los derechos humanos son absolutamente interdependientes unos de otros.

– ¿Tiene límites la justicia internacional en materia de derechos humanos?

– La justicia internacional es independiente, hay una Corte Penal Internacional que juzga crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio. Y en la cual, los asuntos le pueden llegar por la vía de los estados que han ratificado el Estatuto de Roma en la corte Penal Internacional, o también por la vía del Consejo de seguridad de Naciones Unidas, o cuando el fiscal de la Corte Penal, por motus propio, decide iniciar una investigación. Luego los estados más poderosos, casi siempre, intentan eludir las reglas del derecho internacional. Pero eso pasa con todo el derecho internacional y ha pasado siempre a lo largo de la historia. Lo que sucede es que ahora es mucho más difícil, los estados están más monitoreados, están permanentemente examinados por estos órganos internacionales y eso permite que no se puedan mover con tanta impunidad. El trabajo que hacen estos órganos es un trabajo enorme que muchas veces no rinde todo el fruto que debería rendir, pero que sin duda es mejor que existan a que no existan. Porque las situaciones son siempre mejor cuando estos órganos existen que cuando no existen.
Los estados tienen los límites que les marcan los Tratados Internacionales en todas las materias, incluidos los derechos humanos. Y los órganos de derechos humanos se encargan de supervisar la aplicación de esos Tratados.

– ¿Cuáles son los países con más violaciones a los derechos humanos?

– Nosotros no hacemos rankings, simplemente visualizamos la aplicación de un Pacto, y en ese sentido marcamos nuestras observaciones finales. No hacemos ranking porque un estado no puede decir que se exime de sus obligaciones porque hay otro Estado que viola más derechos humanos que él. Nosotros le aplicamos el pacto a todos los Estados. El año pasado examinamos a Estados Unidos, hace tres sesiones examinamos a Israel, la sesión pasada examinamos a la Federación rusa y ahora en julio vienen Reino Unido, Venezuela, Francia y España. Todos los estados pasan por el examen de nuestro Comité, y del resto de los órganos de tratados; y nosotros sin hacer comparaciones marcamos cuando hay violaciones a los pactos.

– Siempre hay problemáticas que faltan ser tratadas…

– Por supuesto, porque de lo que se trata es de ir examinando cómo los estados van cumpliendo con ese tratado y cuáles son los déficits que tienen. Entonces nosotros realizamos audiencias públicas, en las cuales los estados se sientan a rendir explicaciones, y finalizamos con un documento en el cual expresamos nuestras preocupaciones. Luego señalamos las medidas que deberían tomar para remediar esas situaciones.

– En el caso de Estados Unidos,  ¿Cuáles fueron las problemáticas más urgentes que les plantearon?

– Fue un documento muy largo el que aprobamos. La cuestión de Guantánamo es algo que ocupó buena parte del debate con el Estado. Naturalmente también la preocupación de la discriminación y la aplicación racial de la pena de muerte, el trato a migrantes, cómo se encara la lucha contra el terrorismo por parte de Estados Unidos y cuáles son los límites que deben existir para que esa lucha se realice conforme a las garantías fijadas en los tratados internacionales de derechos humanos, y algunos aspectos relacionados con derechos de pueblos indígenas.

Fabian Salviol en la Facultad de Derecho UBA

Fabian Salviol en la Facultad de Derecho UBA

– ¿Cómo es la mirada internacional sobre el trabajo hecho en materia de derechos humanos en Argentina? ¿Sentó precedentes?

– El juicio a las juntas militares en 1985 marcó un primer hito de trascendencia, e inédito para la historia. Luego de las leyes e indultos de impunidad, haber retomado el debido camino de juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura para profundizar los mecanismos de memoria, verdad y justicia, generaron un reconocido liderazgo de la República Argentina en la materia. También, Argentina ha sido pionera en el impulso de tratados claves de derechos humanos, como la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas, y la creación de la relatoría en materia de verdad y justicia. El movimiento de derechos humanos de Argentina siempre ha generado admiración internacional, por su coraje e iniciativa demostrada durante la dictadura, y los liderazgos que han surgido de allí, a los que se les reconoce a nivel mundial. Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Chicha Mariani, Emilio Mignone, son por ejemplo, algunos nombres que representan.

– ¿Pueden correr riesgo las políticas de derechos humanos implementadas, con el cambio presidencial?

– Las políticas de derechos humanos tienen que ser de Estado no de gobierno, y deben profundizarse cada vez. Mayor democracia implica mayor respeto a los derechos humanos, y ningún gobierno tendría que postular políticas regresivas en la materia. Si así se hiciera, Argentina incurriría en responsabilidad internacional frente a los órganos internacionales de supervisión. Creo que toda la sociedad argentina ha adquirido como un bien valioso la necesidad de no ir hacia atrás en estas materias, independientemente de quienes gobiernen al país.

A la espera del veredicto en el juicio por la apropiación de Penino Viñas

A la espera del veredicto en el juicio por la apropiación de Penino Viñas

Luego de las audiencias testimoniales en el juicio por la apropiación de Javier Penino Viñas, las querellas coincidieron en pedir 12 años de prisión para Ana María Grimaldos, la única imputada. La fiscalía también solicitó una pena similar y ahora sólo queda esperar el veredicto del Tribunal, que se conocerá a mediados de abril. La acusada es la esposa de Jorge Vildoza, quien fue subdirector del centro clandestino de detención de la ESMA hasta 1979, y actualmente se encuentra prófugo. Ambos eran buscados por el robo y retención de Javier y Grimaldos fue capturada en julio de 2012, en Acassuso.

Estela de Carlotto en la Primera Audiencia del Juicio por apropiación de Javier Penino Viñas

Estela de Carlotto en la Primera Audiencia del Juicio por apropiación de Javier Penino Viñas

La querella de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo pudo demostrar que los actos realizados por Ana María Grimaldos para ocultar, retener y tomar como propio a un hijo ajeno, fueron realizados con pleno conocimiento y consentimiento de la situación: “No juzgamos a Grimaldos por los actos de Vildoza, no podríamos ni querríamos hacerlo. La juzgamos por los actos que ella cometió, que son de por sí suficientemente graves”.

Javier nació en septiembre de 1977 en la ESMA, donde su madre Cecilia Viñas se encontraba detenida. Ella y su esposo Hugo Penino, habían sido secuestrados en julio de ese mismo año, cuando llegaban a su casa en Buenos Aires.  A Cecilia le dijeron que luego del parto el niño sería entregado a sus familiares, pero fue robado por Jorge Vildoza que, en complicidad con su mujer, se quedó con el bebé y lo inscribieron como hijo propio. Desde diciembre de 1983 hasta marzo de 1984, ya en democracia, Cecilia pudo comunicarse con su familia desde la prisión clandestina y fue allí cuando sus padres y su hermano comenzaron la búsqueda del  niño robado.

En 1984, al enterarse de las denuncias de Abuelas de Plaza de Mayo y de las sospechas de los familiares, Vildoza y Grimaldos se fugaron del país llevándose consigo al hijo de Cecilia y Hugo. En 1998, Javier se presentó ante la justicia y solicitó que se le realizaran los análisis genéticos necesarios, que dieron como resultado que era el hijo de Cecilia Viñas y Hugo Penino. Los apropiadores estuvieron prófugos durante 24 años, hasta que Grimaldos fue detenida y apresada. Según la acusada, su marido falleció durante 2005 pero no se presentaron los certificados pertinentes, por lo que su paradero es desconocido y por lo tanto para la justicia aún sigue prófugo.

Carlos Viñas. Primera Audiencia en los Tribunales de Comodoro Py, 24 de febrero de 2015.

Carlos Viñas. Primera Audiencia en los Tribunales de Comodoro Py, 24 de febrero de 2015.

En las audiencias testimoniales declararon: Javier; su abuela materna Cecilia Pilar Fernández de Viñas; su tía paterna Guadalupe Penino; su tío materno Carlos Viñas, y el médico Jorge Hipólito Meijide. Tanto Guadalupe como Carlos relataron la interminable búsqueda de su sobrino. La declaración del pediatra Meijide fue fundamental al comienzo de la investigación para apuntar las sospechas hacia Vildoza y su esposa. Según el doctor, tras una visita médica a la familia Vildoza –por la obra social de la Armada– pudo tener contacto con un niño al que notó con “una mirada triste”, además Meijide contó al juez que hubo varios detalles que llamaron su atención: “Mi ojo de pediatra me dijo que la habitación de ese chico estaba como demasiado pulcra, era una habitación demasiado limpia. Después cuando fui al living hacer las indicaciones, la señora fue a buscar el carnet de afiliado y en las mesas del living vi unas fotos de casamiento de un capitán de fragata, o de servicio, como yo había hecho el servicio en la Marina, me di cuenta por la vestimenta. Y coincidía con la obra social de la Armada”. El doctor asegura que en ese momento percibió una situación extraña pero no pudo sacar ninguna conclusión, hasta el momento en que se publicaron en los diarios los nombres de los militares involucrados en los grupos de tareas: “Y ahí aparecía el nombre Vildoza. Vi eso y me cerró un poco lo que yo había intuido, así que fui a Abuelas”.

Ya en democracia, la familia Viñas contaba con el dato sobre que era muy probable que el niño que Vildoza tenía fuese el hijo de Cecilia, por lo que comenzaron un proceso de búsqueda extremadamente obstaculizado por el aparato judicial y policial del momento, y en el que no solo no obtuvieron ayuda del Estado, sino que la estructura militar –aún no disuelta– cooperaba con los prófugos. Según lo relatado por Carlos Viñas, tras intentos, cartas y pedidos al gobierno,  lograron ver al ministro del Interior, Antonio Troccoli. Pero el ministro los derivó al jefe de la Policía Federal Argentina y allí no obtuvieron más información.

La última declaración de la etapa testimonial fue la de Catalina Curto de Neri, amiga de la acusada, que intentó sostener el supuesto desconocimiento de la situación por parte de Grimaldos, el mismo que la acusada propuso en su testimonio, para desvincularse del crimen.

En el alegato de los abogados de Abuelas, la culpabilidad de la acusada en el delito de retención y ocultación de un menor de diez años quedó establecida, y agravada aún más por el hecho de que la acción se llevó a cabo durante un largo período de tiempo, en el que Grimaldos cometía el delito día tras día. Según las querellas: “Esta acción se consumó y se mantuvo en el tiempo, mediante la alteración del estado civil de Javier, la falsificación ideológica de sus documentos e incluso por la evasión de la justicia llevadas a cabo por Grimaldos y Vildoza”. Es decir que el delito cometido por Grimaldos de modificar y ocultar la verdadera identidad de Javier, se produjo no sólo hacia sus familiares legítimos, que lo buscaban, si no también hacia el propio Javier, al que le fue omitida su identidad. Como él mismo declaró al juez, Vildoza y Grimaldos le habían dicho que era “adoptado y huérfano.”

Cecilia Viñas.Segunda Audiencia del Juicio por apropiación de Javier Penino Viñas.

Cecilia Viñas.Segunda Audiencia del Juicio por apropiación de Javier Penino Viñas.

Además, los abogados explicaron por qué el delito quedó calificado como crimen de lesa humanidad: “Para llegar a esa calificación no es necesario que Grimaldos haya conocido que existía una práctica o un plan sistemático de apropiación de niños. Basta con que conociera el contexto general en que se desarrolla su conducta y que se representara cuanto menos el riesgo de que su conducta se aproveche de ese contexto”. Y no solamente el beneficio de actuar dentro de un contexto que avalaba su impunidad, si no el de resguardarse en la impunidad que obtenía su esposo, por el cargo militar que tenía. Por último, las querellas aseguraron que las pruebas de inocencia de Grimaldos “caen por su propio peso”, ya que “aunque seguramente poseyera menos información que su cónyuge, sabía que lo había traído (al bebé) su marido, cuya actividad como marino lógicamente conocía”. El alegato culminó con el pedido de 12 de años de prisión y, días más tarde, con idéntico pedido por parte de la fiscalía.

El viernes pasado, la defensa de Grimaldos pidió su absolución por prescripción de los delitos que se le imputan y solicitó que, en el caso de que se le imponga una pena, esta debe ser la mínima, de tres años. La abogada expuso su alegato y sostuvo nuevamente la inocencia manteniendo que la imputada “desconocía la existencia de un ataque generalizado”, y que “carecía absolutamente de información” ya que era su esposo quien se encargaba de manejar la documentación de la familia. Además de su supuesta ingenuidad y la sumisión ante el carácter autoritario de Vildoza, la defensa intentó eludir la acusación mediante el justificativo: “Ella es una ama de casa, no fue integrante del aparato represivo del Estado”.

Ante esto, la fiscalía y las querellas volvieron  a resaltar la gravedad de los hechos realizados por Ana María Grimaldos dentro de aquel contexto dictatorial y manteniéndose prófuga con un niño que no era suyo, durante 24 años.