Abr 29, 2016 | destacadas
El primero en tomar el micrófono fue Pablo Micheli, titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma: «Esto recién empieza. Más unidad y más lucha. Y si no escuchan, habrá paro nacional», advirtió. Le siguió el líder de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, quien declaró: “Hoy empieza una historia distinta. El movimiento obrero unido está de pie pidiendo respeto al trabajo y al trabajador”. En tanto, Antonio Caló, titular de la Confederación General del Trabajo (CGT) sede Alsina expresó: “Vamos por la unidad: hacer una sola CGT”, y agregó que la fecha para dar ese primer paso será el 6 de junio con vistas a cerrar el acuerdo el 22 de agosto, día del histórico renunciamiento forzado de Eva Perón a la candidatura a la vicepresidencia. El cierre del acto estuvo a cargo de Hugo Moyano, titular de la CGT-Azopardo. “¿Cuáles son las medidas para detener la inflación desbordante, que en cuatro meses ya alcanza el 40 por ciento? ¿Cómo es posible que hayan tomado medidas inmediatas en otros sectores y no contra la inflación?”, resaltó el líder camionero. Ante una convocatoria multitudinaria, la casi totalidad de las centrales sindicales realizó una contundente demostración política, de cara al tratamiento de la ley antidespidos en la Cámara de Diputados.
Un enorme escenario instalado frente al Monumento al Trabajador, ubicado en la intersección de las Avenidas Paseo Colón e Independencia, fue el espacio central del acto. Cientos de miles de trabajadores concurrieron desde distintas regiones del país, le dieron un marco imponente a la jornada y demostraron la capacidad de movilización del gremialismo. De la protesta también participaron, en este y en otros puntos del país, diversas organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanos autoconvocados.
Integrantes de las CGT más fuertes y las dos CTA confluyeron en un mismo escenario, lo que fue un hecho inédito después de años en que no se reunían. El único ausente fue Luis Barrionuevo, representante gastronómico y titular de la CGT Azul y Blanca, que se reunirá el 1 de mayo con el presidente Mauricio Macri.
La apertura política del acto había estado a cargo del dirigente de la CGT moyanista Juan Carlos Schmid, quien leyó un documento consensuado por todas las centrales sindicales presentes, en donde enumeraban las promesas incumplidas del macrismo y el aumento de la pobreza y la inflación, entre otros puntos.
Emiliano Balaguer, presente en el acto, integra la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en el área de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). “Buscamos mayor estabilidad laboral y la apertura de paritarias. También queremos poner énfasis en la reincorporación de los 330 trabajadores despedidos en la SRT a lo largo y a lo ancho de todo el país”, señaló a ANCCOM. “También nos manifestamos en contra de la precarización laboral que heredamos de las anteriores gestiones del Estado y que son también responsables de que estos 330 compañeros estén hoy en la calle”, agregó.
En cuanto a su expectativa, Balaguer declaró: “Si no hay una respuesta del Gobierno Nacional hacia estos reclamos masivos es muy probable que haya un paro a nivel nacional. Yo estoy hoy acá por eso. Si no, es una marcha folklórica más que no termina en ningún beneficio para las mayorías. Y después sí, podemos luchar por intereses sectoriales, pero hoy tenemos que atender los reclamos de los que se han quedado en la calle”.
Además del cese de los despidos y contra la política de ajuste que viene implementando el gobierno de la alianza Cambiemos, otros ejes de los distintos discursos se focalizaron en la inflación, los aumentos tarifarios, la devaluación, el pedido de 82 por ciento móvil para los jubilados, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, la criminalización de la protesta social, entre otros.
Hugo Yasky, titular de la CTA de los Argentinos.
Luis Carlos Osorio, que se presentó como integrante de la organización “Macri, pará la mano”, afirmó: “Pedimos que el Gobierno Nacional dé marcha atrás con las medidas antipopulares: reincorporar a todos los estatales despedidos y revertir el tarifazo. Los hospitales de la provincia de Buenos Aires llevan quince días sin atención al público, entre ellos, el ‘Hospital Fiorito’ de Avellaneda. Hay comercios, en esta misma zona de la provincia de Buenos Aires, que están por cerrar porque no les dan los costos, y esto lleva a más despidos en el área privada”. Asimismo, añadió: “Espero que Macri reaccione y se dé cuenta que el pueblo está movilizado en espera de un paro nacional. Que Macri deponga su actitud de favorecer a los sectores concentrados, como el de los bancos”.
En tanto, Fernando, quien integra el movimiento peronista 26 de Julio manifestó: “Siempre es importante que el movimiento obrero se exprese porque es el principal sujeto de transformación de la historia”. Y consideró: “Hoy hay un hecho histórico, que es la unión de las grandes centrales de los trabajadores después de tanto tiempo”.
Respecto a la razón de la tardanza en una convocatoria masiva por parte de las principales centrales obreras el militante opinó: “Coincidímos con compañeros del ámbito sindical en que la dinámica del movimiento obrero tiene otros tiempos. Y es verdad que se tardó en una convocatoria masiva frente al ajuste, los despidos, el aumento de precios y demás, pero hay centrales regionales del interior del país que se vienen movilizando con medidas de lucha durante toda esta etapa”. Por otra parte, afirmó: “Nos gobiernan gerentes de las multinacional, que son expresión de los sectores financieros internacionales. El Gobierno no tiene políticas justas para dar respuesta a la crisis”.
Por su parte, Juan Pablo Minetti, secretario de Comunicación de la Unión Informática, declaró: “Este encuentro es histórico porque el Gobierno actual está tomando medidas a favor de muchos grupos económicos concentrados y está retrasando la toma de medidas a favor de los trabajadores”. Además, explicó su postura sobre el accionar del sector privado: “Hoy lo que más nos preocupa es el tema de los despidos; las empresas están aprovechando la vía libre que da el Estado para dejar compañeros sin su fuente de laburo”.
Por último, Minetti advirtió: “Buscamos hacer una llamada de atención al Presidente sobre la ley antidespidos, y estoy convencido de que el Gobierno va a recibir este mensaje y va a actuar en consecuencia, es decir, no va a vetar esta ley tan necesario en estos tiempos de tanta gente en la calle. Porque si lo hace habrá una manifestación mucho más grande que esta”.
Actualizado 29/04/2015
Abr 19, 2016 | inicio
Más de 140 trabajadores de distintas sucursales de la empresa Nextel han sido despedidos por la empresa en lo que va de 2016. En tanto, delegados de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) denunciaron que la firma incumple la conciliación obligatoria, dictaminada el 31 de marzo por el Ministerio de Trabajo de la Nación, al trabar la reincorporación de los trabajadores desvinculados.
Andrea Espíndola representa a los empleados del edificio que Nextel posee en Paseo Colón 523, en la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con ANCCOM revela: “La empresa se niega a cumplir las disposiciones de la conciliación que dictó el Ministerio de Trabajo, que incluye retrotraer la situación al estado anterior a los despidos, con la toma de servicio en cada lugar de trabajo”. Asimismo, la delegada de Foetra agrega: “A los compañeros se les está negando, con personal de seguridad y vallado policial mediante, la entrada a los edificios correspondientes”.
Otro de los delegados de la sede de Paseo Colón, Sebastián Gutiérrez, informa que la cifra total de despedidos supera las 140 pero todavía es incierta debido a que aún “no están contabilizados todos los compañeros. El viernes 8 de abril supimos que despidieron a dos trabajadores más, y así puede haber muchos más que no se nos acercaron”. Gutiérrez puntualiza: “Fueron cesanteados algunos rangos altos y medios y trabajadores de casi todas las áreas: del sector de Ventas, de Crédito, que atraía nuevos clientes, gente de Call Center, de Marketing y Publicidad, de Servicio Técnico, entre otras. No solo en Buenos Aires sino que también en Mendoza y especialmente en Rosario, donde se desmanteló casi una sucursal entera”.
El delegado conoce la experiencia de luchar por la fuente laboral, ya que fue reincorporado en 2014 tras haber sido despedido por la compañía ese mismo año. “Hasta febrero teníamos contabilizados 71 personas despedidas; supervisores, gerentes, gente dentro del convenio y fuera del convenio. En marzo se agregaron más despidos, el gerente de Recursos Humanos Gerardo Brizuela, por ejemplo. El lunes 28 de marzo la empresa desvinculó a 21 personas que no estaban en el convenio”, señala el representante gremial.
Gutiérrez cuenta que 250 compañeros se manifestaron en la sede de Paseo Colón el miércoles 30 de marzo ante el incumplimiento por parte de los mandos de Nextel/Cablevisión de la conciliación obligatoria. “En presencia de un montón de policías nos manifestamos apoyando a los compañeros. De Paseo Colón nos fuimos hasta la central en Puerto Madero. Esa misma tarde despidieron a dos compañeros más, que habían sido reincorporados en 2014, y a los que habíamos logrado defenderles sus derechos. Los despidieron directamente, como si dijesen ‘te toco a los que parecían intocables’. Y esa misma noche también a otros compañeros les informaron que estaban desvinculados. Lo cual asumimos casi como un mensaje mafioso, como una medida de disciplinamiento por parte de la empresa”, remarca.
En tanto, Espíndola señala que muchos despidos fueron comunicados mediante llamados telefónicos. ”Los supervisores les avisaban a los compañeros por celular que no se presenten a trabajar, porque tenían que esperar la carta documento a su domicilio con la formalización del despido”, indicó la delegada. Los trabajadores decidieron apagar los celulares para evitar los despidos. “Decidimos que seguiríamos yendo a trabajar, pero en Paseo Colón el personal de seguridad del edificio nos pedía la credencial y el nombre, y si estábamos en una lista nos impedía el ingreso. Así, más de 50 compañeros fueron desvinculados el día jueves 31 de marzo”.
Por su parte, el pasado jueves 7, más de 2600 trabajadores y trabajadoras del sector telefónico se reunieron en Plaza de Mayo para marchar en señal de repudio a los despidos a la central que Nextel posee en Olga Cossettini 360, en el margen del Dique 4 de Puerto Madero, Capital Federal.
Durante las manifestaciones por los despidos se llevó a cabo un operativo de seguridad policial desproporcionado, según comentaron los delegados de Foetra y los trabajadores echados. La mayoría de los empleados despedidos tenían una antigüedad de entre ocho y nueve años en la compañía; e incluso hay algunos casos de un vínculo de 18 años, es decir, que están presentes desde que la empresa se asentó en la Argentina en 1998. Estos despidos se iniciaron a partir de que la cableoperadora Cablevisión Fibertel y su subsidiaria Televisión Dirigida, perteneciente al Grupo Clarín, compraran la totalidad de las acciones de la firma Nextel, a fines de enero pasado.
Santiago Callone es uno de los desempleados que cumplía funciones en el sector Créditos de Nextel/Cablevisión. “Me despidieron de una forma fea y poca ética: por teléfono. Hubiera querido que fuera cara a cara. Nos tiraron las cajas con nuestras pertenencias a la calle. Por eso, no volvería nunca más a trabajar en una empresa como Nextel”, comentó Callone, quien se desempeñaba en la empresa hace diez años.
Según recuerda el trabajador despedido, el conflicto de los empleados de Nextel/Cablevisión se remonta a 2014: “El 25 de febrero de ese año fueron echadas 150 personas. Después de esto hubo persecuciones a los trabajadores. También hubo problemas cuando nos sindicalizamos en FOETRA, antes estábamos por el Sindicato de Empleados de Comercio. Entonces, la empresa como que nos metió adentro de una grieta a nosotros mismos, porque nos terminamos dividiendo en empleados por sindicato, que es la minoría, y los empleados por fuera del convenio, que es la mayoría, y están más desprotegidos en cuanto a derechos laborales”.
Además, agregó su opinión sobre el rumbo que está tomando el Grupo Clarín desde que adquirió la totalidad de las acciones de la firma: “Lo que están haciendo es un vaciamiento de la empresa. Cablevisión/Grupo Clarín compró también Telecom/Personal y se quiere quedar solo con esta. Nextel es un piojo al lado de Personal. Si llegan a reincorporan es para volver a echar, que es lo que ya ha pasado”.
Otro de los desvinculados es Edgardo, quien integraba el sector de Ventas hace seis años. “Desde que el Grupo Clarín tomó las riendas la empresa está en un proceso de achicamiento de todo su plantel. Ni pensó en un plan alternativo más que usar a sus empleados como medida de ajuste”. Por su parte, Valeria, quien cumplía funciones en Atención Telefónica hace más de nueve años declaró: “Fui echada el 30 de marzo junto a 30 compañeros del mismo sector, bajo el pretexto de una reestructuración por parte de la empresa. Pero hay que decir que la empresa hoy se encuentra en plena expansión de crecimiento amplio del negocio, con lo cual entiendo que no hay justificación que amerite estos despidos que se vienen dando”.
Por otra parte, los trabajadores son conscientes de la escasa cobertura mediática del conflicto. “Lo que está pasando en Nextel está invisibilizado porque la empresa hoy pertenece Cablevisión que es el Grupo Clarín, el multimedios más grande del país. Entiendo que ellos no van a mostrar un conflicto que tienen dentro de su propia empresa. Sería más democrático y plural que sí lo hagan”, afirmó el delegado de FOETRA Gutiérrez.
En tanto, la delegada Espíndola agregó: “Esto no solamente afecta a los desempleados de Nextel sino que es parte de lo que sucede a nivel nacional. Ha habido a lo largo de estos cuatro meses más de 100 mil despidos, y no sale en ningún lado. Por eso apelamos a difundirlos en las redes sociales, con una buena repercusión”.
A fin de seguir promoviendo el conflicto, los trabajadores de Nextel/Cablevisión crearon en la web una petición por la reincorporación de los compañeros desvinculados este año.
Actualizado 19/04/2016
Mar 31, 2016 | destacadas
Hoy vencen los contratos de más de 65 mil trabajadores de todas las áreas del Estado y hay inquietud acerca de cuántos de aquellos serán renovados o pasarán a formar parte de la gran cantidad de despedidos contabilizados desde diciembre. Por esa razón, y en defensa de los puestos laborales, la Asamblea de Trabajadores Autoconvocados de Cultura de la Argentina (ATACA) realizó anoche una jornada de vigilia, que se extendió desde las 20 hasta la 1 de la madrugada. El encuentro se llevó a cabo en Plaza de Mayo, frente al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, contó con una buena presencia de concurrentes.
La tela gigante desplegada, sobre la calle Bolívar, con la leyenda “La cultura no se achica – Todos somos cultura” condensó las consignas de esta reunión: el cese de los despidos y la reincorporación de las personas echadas, la finalización de la precariedad laboral, el pase a planta permanente de todos los precarizados y la convocatoria inmediata a paritarias para todos los trabajadores de la administración pública nacional y provinciales.
Verónica Jeria pertenece a la Asociación de Trabajadores de Museos. Ella explica que, frente a la poca confiabilidad de la información oficial, ATACA comenzó a recolectar datos sobre el verdadero estado de situación de los trabajadores de la administración pública vinculados al área de cultura en todo el país. Conforme a los datos de los miembros de ATACA consultados por ANCCOM desde enero se despidieron a 500 trabajadores del área de Cultura, de los cuales 200 han podido ser reincorporados.
Unas 140 personas han sido cesanteadas de las funciones que cumplían en distintos museos nacionales, 26 de los cuales pertenecían al Programa Ronda Cultural del Centro Cultural Néstor Kirchner, quienes trabajaban en visitas en distintos establecimientos. De estos 140 se ha logrado la reincorporación de 70 compañeros. En el Museo Malvinas hubo 11 reincorporados de las 12 personas que habían sido cesanteadas. Asimismo, han sido dejados sin su fuente laboral trabajadores de los museos Histórico Nacional, Evita, Mitre, Sarmiento, Arte Decorativo, Bellas Artes y Malvinas e Islas del Atlántico del Sur (que funciona en la ex-ESMA).
En la provincia de Córdoba se han detectado siete despidos en el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers y en la Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional. En Entre Ríos, hubo tres despidos y una reincorporación. En San Juan, reincorporaron a uno de los tres despedidos de la Casa Natal de Sarmiento, que depende del Ministerio de Cultura nacional.
También han sido desmantelados distintos programas que se desarrollaban dentro de la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación. Entre ellos, se cuentan cinco trabajadores despedidos en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, de los cuales se ha podido lograr que cuatro trabajadores retornaran a sus puestos. En tanto, en la Dirección Nacional de Música fueron afectados docentes que dictaban talleres para la comunidad. En tanto, en el Palais de Glace se contabilizaron tres despidos y en la Biblioteca Nacional y en el Museo del Libro y de la Lengua 240 personas quedaron sin trabajo la semana pasada. El recorte de personal también se trasladó a las dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas, a la del Centro Cultural Recoleta.
A partir de la aplicación del decreto 227/2016, el Ministerio de Modernización nacional tiene la facultad de renovar o prorrogar contratos según la Ley de Regulación del Empleo Público Nacional. A su vez, desde que rige el 24 de diciembre pasado el decreto 254/2015 (llamado Ley Marco) se les permite a los ministros y a otros altos funcionarios estatales de la Nación revisar los contratos firmados entre 2013 y 2015, y eventualmente despedir al personal designado bajo las figuras de “locación de obra y/o servicios” y “contratados”.
Vigilia de trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Laura, presente en la vigilia, cuenta que hace siete años que trabaja en sitios de Memoria, que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos. “La situación de los trabajadores y trabajadoras siempre fue de mucha precarización laboral. Pero ahora estamos más vulnerables con la firma del decreto de necesidad y urgencia de diciembre Ley Marco. Se habla de que se estaría por firmar con el Estado contratos por tres meses más y eso sería parte de una política de despido por goteo para evitar una gran confrontación”, remarca.
“En la administración pública nacional hay cerca de 450 mil empleados; poco más de 200 mil son fuerzas de seguridad, y de los 200 restantes hay 95 mil en estado de precarización laboral”, denuncia Verónica Jeria.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es una de las tantas organizaciones y agrupaciones que integran ATACA. Nicolás Rodríguez Saá, delegado gremial de la Junta Interna del Ministerio de Cultura de Nación, afirmó que se ha querido imponer el estigma a través de la figura del “ñoqui”, pero “la realidad es que la mayoría de los estatales vamos a trabajar todos los días y se nos puede ver la cara en los distintos organismos”. Asimismo, señaló que está abierto un canal de diálogo con funcionarios del Ministerio de Modernización Nacional debido a que “estas medidas ayudan a visibilizar que estamos en plan de lucha y que tienen la obligación de sentarse a negociar”. En tanto, a 300 metros del Cabildo porteño, otro grupo de integrantes de ATE hacían su propia vigilia donde funciona el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Sarmiento 329.
El ex diputado Luis Zamora acompañó durante un par de horas a la vigilia enfrente del Cabildo, que iluminó los canteros de la plaza con candeleros de plástico reciclados. “A pesar del ocultamiento de los grandes medios, a pesar de la traición de la dirigencia sindical y a pesar del vacío de la resistencia política, el pueblo está peleando cómo puede, porque no hay convocatoria de las organizaciones de las cuáles cree. Por eso hay que iniciar un período de lucha y construir un poder desde abajo, y nos vamos a dar cuenta que el Gobierno no tiene el poder que pretender ostentar”, señaló el líder de Autodeterminación y Libertad.
Clara, asistente a la vigilia, fue despedida en enero y reincorporada en marzo a las funciones que cumple en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo. “Esto tiene que promover el encuentro y la articulación con otros trabajadores de la cultura que se encuentran en conflicto, así cada uno cuenta su situación”, comenta Clara. Otro caso de una persona reincorporada a partir de la lucha es el de Gabriela Inés, que se desempeña como secretaria en la Escuela Nacional de Museología (ENaM). Ella y un compañero fueron reincorporados debido a las jornadas de protesta de ATACA y a la contribución de la secretaria académica de la ENaM Marcela Asprella.
ATACA está integrada por trabajadores de museos nacionales, universitarios y de otras jurisdicciones; por institutos de investigación; y por programas, áreas y organismos que se encuentran en la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación. Surgió durante la primera semana de febrero en respuesta a los despidos masivos de fines de enero implementados, en el sector de la cultura, por parte del nuevo Gobierno Nacional a través de su ministerio. Jeria, que trabaja en el Museo de Etnografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, lo define como un “espacio abierto y participativo que espera sumar muchos más trabajadores que todavía no se han enterado de este espacio”.
Los trabajadores en estado de vigilia en defensa de sus derechos laborales fueron acompañados, a los largo de la noche, por expresiones culturales de artistas que quieren visibilizar la protesta de la ATACA. El disc jockey Villa Diamante empezó a manejar el clima musical, desde su teclado, con versiones diferentes de temas conocidos de Babasónicos, Fito Páez y de la banda del Indio Solari, mientras se proyectaban videos en una pantalla. A las 21 hizo su show, entre melódico y potente, el cantautor Gabo Ferro. Le siguió la enmascarada Sofía Viola y sus sencillas y bellas canciones, y más tarde retumbó la orquesta de tambores Stacatto, que hizo temblar a los edificios históricos que rodean la plaza. Hacia el cierre de la vigilia Informe Bancario realizó una intervención artística.
Bajo un cielo descubierto sobre sus cabezas, los autoconvocados por la cultura y el trabajo levantaron bien alto sus velas, en una noche desmigajada en puntitos de luz, con la esperanza de que su lucha los mantenga organizados y en posesión de sus fuentes laborales.
Actualizado 31/03/2016
Mar 16, 2016 | destacadas
Hay una feria en la Ciudad de Buenos Aires donde la relación compra y venta es más justa para las partes involucradas y donde se construye un feedback más enriquecedor que el del frío hábito de proveerse en el supermercado, con sus productos industrializados a precios remarcados. Se halla un tanto escondida en la inmensa urbanidad. Por eso hay que buscarla guarecida en un enorme pulmón verde. La Feria del Productor al Consumidor cobra vida el segundo fin de semana de cada mes en el predio que comparten las facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El acceso es gratuito, de 10 a 19, por Avenida San Martín 4453 o por Avenida de los Constituyentes 3454.
La iniciativa se lanzó en octubre de 2013, fruto de la articulación de profesores y estudiantes de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) con los productores que se animaron a vender, sin intermediarios, su mercadería. “La feria se rige bajo las bases de una economía social y solidaria, una producción artesanal y responsable con el medio ambiente, la soberanía alimentaria y la alimentación saludable”, comenta Pablo Callegaris, uno de los organizadores.
El segundo fin de semana de cada mes en el predio que comparten las facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se puede visitar la feria.
Los feriantes deciden todo en una asamblea mensual y, a su vez, se dividen en distintas comisiones para garantizar el mejor funcionamiento del espacio.
Todos los caminos del inmenso terreno fueron bautizados con el nombre de las plantas que los bordean. En el llamado Las Casuarinas se extienden, de lado a lado, a través de unos 150 metros, los puestos de unos cien expositores. A mitad de esta calle, protegida por una larga cortina forestal, se ubica la Carpa Cultural, en cuyo interior se emite el programa de radio abierta “Feriate Conmigo”. La transmisión anuncia charlas informativas para los adultos y actividades culturales para que jueguen los chicos mientras aprenden sobre derechos humanos.
Detrás de esta tienda roja, están distribuidas a izquierda y a derecha del mástil del Pabellón Central mesas y bancos de madera. Sentados allí están los comensales que hace un momento retiraron de los puestos gastronómicos hamburguesas, tartas, empanadas, panes rellenos, cerveza casera, jugos, licuados de fruta fresca y tés saborizados. “Se come rico, saludable y barato”, comenta Florencia, quien es habitué del mercado, y añade: “Sentís que estás siendo parte de un colectivo de consumo y que además terminás favoreciéndote con productos que no se consiguen en cualquier lado”.
En esta feria, «se construye un feedback más enriquecedor que el del frío hábito de proveerse en el supermercado, con sus productos industrializados a precios remarcados».
También hay familias y grupos de amigos que se acomodan en el amplio césped del establecimiento. Toman mate, juegan a la pelota, pasean a sus perros o practican capoeira. Para ellos, durante ese día, el mundo se condensa allí; parecen ajenos a la bocina que anuncia el arribo del tren del Ferrocarril Urquiza a la estación Arata, cuyas vías delimitan la extensión de la feria.
Callegaris explica la razón de los precios justos que pueden encontrarse en este mercado social: “Al acortar la cadena de comercialización hay una repercusión menor en el precio final. Son precios acordes con los costos de producción. Le permiten al visitante llevarse un producto a precio justo y al productor le garantiza condiciones de vida aceptables, que van de acuerdo a su esfuerzo y su trabajo”, explica el miembro de CALISA.
Yésica Diomedi es egresada de Agronomía, hace artesanías de cerámica e integra la Cooperativa Morón SurCo Huerta Agroecológica. Para ella este “es un espacio de revalorización de los vínculos y de reencuentro con la universidad que tantos buenos recuerdos me ha dejado”. También constituye la posibilidad de desarrollar proyectos de trabajo a partir del vínculo que pudo establecer con otros productores. “Y así se ramifican los sueños en ideas, un esfuerzo que más tarde dará trabajo”, sintetiza Yésica.
“Al acortar la cadena de comercialización hay una repercusión menor en el precio final. Son precios acordes con los costos de producción», explica uno de los organizadores.
En la mayoría de estos puestos el visitante se lleva algo más valioso que mercadería a buen precio. El stand del Taller Reverdecer vende productos que han sido elaborados por internos de la Unidad Penal número 47 de San Martín. María Marta Bunge explica que se trata de acercar al público y a los estudiantes el esfuerzo de grupos que permanecen indiferentes para la mayor parte del conjunto social. “Ofrecemos productos elaborados a partir del trabajo de jardinería, costura y cerámica, y somos sinceros no ofrecemos productos de gran calidad, pero esto sirve para visibilizar la realidad de los presos: ellos no son violencia”, puntualiza la secretaria de CALISA.
En el Kiosko Saludable VeniUBA, Lucía improvisa unos acordes con su ukelele. Su amiga Mariel Sposato, mientras, dialoga con ANCCOM: “Llevamos a la práctica una concientización sobre el tipo de alimentos que ingerimos. Mostrar que es posible una alternativa alimenticia por fuera de la industria y del envasado”. El kiosco nació del trabajo en conjunto de estudiantes de Nutrición y de los docentes de CALISA. “Buscamos preparaciones sencillas y accesibles que puedan ser realizadas en cualquier hogar. También tenemos el proyecto de un recetario”, comenta Mariel. Consideran este espacio, además, un medio para poder terminarsus estudios. “Nos sirve como experiencia laboral y nos da ganancia porque lo que vendemos es para cada uno de nosotros”, concluye.
Detrás de Carina Centurión se observa el enorme cartel esmeralda de la organización El Puente Verde, la cual desde el 2000 trabaja con personas con problemas psíquicos, económicos y sociales, y que encuentran dificultades para insertarse al mercado laboral. “Apostamos por una agroeconomía social y solidaria que suponga un cambio de paradigma y una alternativa frente al agronegocio expulsivo y destructivo. Para esto necesitamos políticas públicas que acompañen”, comenta Carina, integrante también de la comisión de Prensa y Difusión de la feria.
«En la mayoría de estos puestos el visitante se lleva algo más valioso que mercadería a buen precio».
María Elena Salas vino desde Chile en su juventud, hoy es miembro de esta cooperativa y asegura que el tipo de público que asiste a este mercado está asociado con los ideales de la organización y “suele ser afín a los proyectos sociales”.
Los libros también están presentes a través de las cooperativa Muchas Nueces, dedicada a la literatura infantil con temática social y solidaria, y la Editorial Tierra del Sur, con un catálogo de autores con orientación anarquista, izquierdista, y en favor de los derechos de género.
Claudia Nigro ejerce la docencia en Medicina Veterinaria y participó como invitada en CALISA. En esta oportunidad, acudió a la feria como visitante y destaca la importancia del contacto fluido, cara a cara, entre los ciudadanos que se dan cita para evaluar la posibilidad de consumir alimentos sanos, seguros y soberanos.
“Estos productos provienen de una matriz productiva diferente a la de los alimentos industrializados y que se hace a costa del planeta”, explica. Claudia proviene del sur de Santa Fe y considera que los porteños deberían apreciar la existencia de una feria como la de Agronomía. “En Casilda, mi ciudad, este tipo de ferias no existe porque las tierras están siendo utilizadas para la agroexplotación intensiva. Es por eso que espero que la aprovechen”, remarca.
El sol ha caído con su luz, las sombras de los feriantes se desvanecen al tiempo que sus coloridos puestos se desarman en caballetes, hierros y tornillos.
Hasta el próximo mes, los visitantes saciaron su necesidad de más alternativas comerciales solidarias, a precios justos y en beneficio del planeta.
La iniciativa se lanzó en octubre de 2013, fruto de la articulación de profesores y estudiantes de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) con los productores que se animaron a vender, sin intermediarios, su mercadería.
Mar 9, 2016 | destacadas
Un departamento de un ambiente en Belgrano: 4.000 pesos por mes de alquiler más 700 de expensas. A esos montos hay que sumarles gastos de comisión, depósitos y la complicación de conseguir cada vez más requisitos. El dato ilustra un problema acuciante que sufren cada vez más personas, alejadas del proyecto de la vivienda propia y sujetas a contratos abusivos y caros. En ese marco, distintas organizaciones denunciaron la suba de precios de los alquileres durante los últimos cuatro meses, con incrementos que oscilan entre un 60 y un 70 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires, con cifras todavía mayores en el conurbano bonaerense y en el resto del país, según datos aportados por el Frente de Nacional de Inquilinos, la Defensoría del Inquilino de la Ciudad y la Concejalía Popular de Rosario. Esta situación afecta a por lo menos cinco millones de habitantes en todo el territorio, que, de acuerdo a la información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 realizado por el INDEC, se ven obligados ser inquilinos.
El zorro en el gallinero
Marcos Quintulén pertenece a la Asociación Inquilinos Agrupados, la cual ofrece asesoría gratuita todos los martes y jueves de 16 a 20 en Lamarca 1860, en el barrio porteño de Villa Santa Rita. “El aumento en los alquileres es una tendencia que venía dándose hace un par de años –señala-; la variación de los precios de alquiler superaban las paritarias. En noviembre del año pasado, con la devaluación anticipada y con una proyección devaluatoria en alza, en lugar de que los contratos se firmen por dos años se hicieron por seis meses o un año a precios abusivos. Los índices de aumento superan ampliamente la discusión salarial con montos que hoy absorben un 50 y un 70 por ciento del salario de un trabajador promedio”.
En tanto, Gervasio Muñoz, titular del Frente de Inquilinos Nacional, aseguró que el principal sector beneficiado con los aumentos es el mercado inmobiliario, representado en su mayor parte por la Cámara Inmobiliaria Argentina (CAI). Para Muñoz, por otro lado, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Buenos Aires (CUCICBA) funciona como un garante en favor de los intereses de la CAI, contradiciendo así el fin para el cual fue creado: garantizar la intermediación en la negociación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires.
CUCICBA es un actor clave del problema, aunque la mayoría de la población no sepa de su existencia. Para Muñoz, los propietarios también son perjudicados por la fijación de precios del Colegio: “Los dueños también tienen su cuota de responsabilidad, pero en realidad ellos no definen nada. Los propietarios individualmente no pueden decidir nada, también son víctimas de la fijación de precios por parte de esa entidad.”
Asimismo añadió: “Si partimos de la Ley 2.340 la Ciudad le delega la potestad del control de la matrícula a CUCICBA. Este mismo organismo es el encargado de controlar, por ejemplo, los abusos en las comisiones inmobiliarias que se cobran. Tanto los requisitos como el control de la matricula del mercado inmobiliario está en manos de las mismas inmobiliarias de Cucicba. Está establecido que se paga un mes de comisión, pero hoy se cobran dos y el inquilino tiene que hacer la denuncia al mismo Colegio, y nosotros tenemos información de que ninguna denuncia ha prosperado”.
Este panorama se extiende, con sus respectivas particularidades, a otros puntos del país. Nire Roldán, presidente de la Concejalía Popular de Rosario, conversó con ANCCOM y aseguró que la situación de los alquileres de inmuebles sobrepasa la coyuntura de los aumentos de precios: “Nos encontramos con un mercado inmobiliario muy concentrado, donde los actores de la intermediación inmobiliaria dominan las operaciones, tanto sea de venta como de alquiler de inmuebles. Se trabaja sobre una burbuja inmobiliaria con valores totalmente ajenos a la realidad de las mayorías populares” y agregó: “Debido al escaso acceso a la vivienda propia, se fue consolidando un mercado de alquiler expulsivo. Valores altos de canon inmobiliario (aproximadamente el 50 por ciento del sueldo de un trabajador medio se va en alquiler), abusos en los contratos de alquiler (casi el 80 por ciento contienen cláusulas abusivas), falta de regulación positiva por parte del Estado -ya sea nacional, provincial o municipales-”. No hablamos de controles de precios, sino de Registros de Contratos, Servicios Públicos del Alquiler, política pública destinadas a generar contratos justos y dignos para todas las partes”, sentenció.
La Ley 2.340 de la Ciudad –vigente desde 2007- establece, en una de sus clausulas, que la comisión inmobiliaria no puede exceder el 4,15 por ciento del contrato, lo que equivale a poco menos de un mes de alquiler. Sin embargo, la Asociación Civil por la Igual y la Justicia (ACIJ) denunció, a fines de febrero pasado, que Cucicba intenta modificar, de forma ilegal a través del dictamen 350, ese tope máximo que las inmobiliarias pueden cobrar por las comisiones de los contratos de alquiler destinados a vivienda única. Dicha resolución, además de violar el artículo 57 de la Ley 2.340, pretende aumentar de uno a dos meses el máximo de las comisiones de los contratos de alquiler. Para ACIJ esto es alarmante dentro de un contexto de creciente porcentaje de la población que alquila en la Ciudad, donde uno de cada tres familias integra el sector de los inquilinos.
En consonancia con Inquilinos Agrupados, Sebastián Pilo, co-director de la ACIJ, manifestó que CUCICBA fue creado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de controlar el ejercicio profesional del corretaje inmobiliario. “Pero en lugar de ejercer como un ente de control para que las inmobiliarias cumplan con el régimen jurídico vigente termina siendo un facilitador de los beneficios de la Cámara Inmobiliaria Argentina”, indicó Pilo.
CUCICBA, para defender su postura, sostuvo que el nuevo Código Civil y Comercial de 2015 habría derogado implícitamente la obligación de la Ley 2.340 ya que establece el principio de libertad contractual. Sin embargo, el codirector de ACIJ explicó: “Esa argumentación es jurídicamente equivocada ya que el nuevo Código Civil y Comercial no limita las facultades de las provincias para regular el ejercicio profesional, en general, y el corretaje inmobiliario, en particular. Además, a CUCICBA no le fue otorgada ninguna competencia como para hacer ponderación jurídica de aplicación como para dar de baja una norma de la Legislatura porteña”.
La defensa
Ante los aumentos y abusos de todo tipo en los alquileres de departamentos, dentro del ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a funcionar, en febrero pasado, la Defensoría del Inquilino. El ex legislador porteño Fernando Muñoz, a cargo de esa área, señaló la importancia de exigir a las inmobiliarias y a los dueños particulares constancia de todo lo que se paga: “Hay que pedir siempre recibo: del depósito, de la comisión, de las expensas, de la mensualidad. Esto es fundamental para que nosotros podamos iniciar denuncias en la misma CUCICBA. O para iniciar un reclamo directo tratando con la inmobiliaria, como estamos haciendo mucho por la poca respuesta del Colegio. O, en su defecto, convocando a una mediación, en la que acompañamos al inquilino con un abogado del equipo de la Defensoría para defenderlo de cualquier acuerdo malicioso del que haya sido víctima”.
Otro consejo por parte de la Defensoría consiste en que el inquilino realice un relevamiento del inmueble, en un lapso no mayor a los quince días de estar habitándolo, y que le solicite a la inmobiliaria o al propietario la firma de una copia. “Esto es un resguardo para evitar pagos indebidos a futuro por un supuesto deterioro de la unidad”, explicó el funcionario.
En cuanto a los contratos, Muñoz advierte que debe ser leído de manera minuciosa por el inquilino antes de firmarlo. “En especial lo referido a expensas, asegurarse que se está pagando ‘expensas ordinarias’ y no las ‘extraordinarias’. También hay que asegurarse de no pagar el impuesto inmobiliario, que es un impuesto a la propiedad y que en la Ciudad viene fijado en la boleta de ABL y no debe ser así”, puntualizó.
La Defensoría del Inquilino porteño atiende llamados al 0810-333-6767; también se pueden hacer consultas en su página web vecino.defensoria.org.ar o acercándose en persona a cualquiera de las sedes de la Defensoría del Pueblo.
La apuesta legislativa
Ante la inflación que castiga todos los rubros, pero especialmente uno tan sensible como el de los alquileres, organizaciones de todo el país se reunirán bajo la consigna “un alquiler justo y digno”, con el objetivo de impulsar una nueva ley de alquileres, este viernes 11 de marzo, en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio. La reunión está organizada por el Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular de Rosario y se espera la asistencia del Frente de Inquilinos Nacional, integrantes de organizaciones de inquilinos del país (Capital Federal, La Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe -capital-, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego), representantes públicos y organizaciones gremiales y empresariales.
El proyecto de ley para regular el alquiler de viviendas nació del seno del Frente de Nacional de Inquilinos. Sus puntos más importantes buscan fijar los aumentos a los índices de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos, “para terminar con la especulación inmobiliaria”, y pasar de dos a tres años el plazo mínimo de alquiler de vivienda, “para que las familias puedan tener más estabilidad y que no estén rehenes de las inmobiliarias”, subrayó Quintulén de Inquilinos Agrupados.
El texto también prevé que el reintegro del depósito se realice en el momento que el inquilino entregue la llave del inmueble. Esto busca evitar que tanto inmobiliarias como dueños se queden con un dinero que debe ser entregado 60 días después de finalizado el contrato, algo que de facto no sucede nunca. Asimismo, se obliga a los propietarios a hacerse responsable del buen mantenimiento de la vivienda, ya que si bien el Código Civil así lo estipula, en los contratos recae sobre los inquilinos el hacerse cargo del mantenimiento del inmueble.
“Hay una tendencia a ser inquilinos por generaciones. A partir de tener esto en claro hay que organizarse y luchar por la solidaridad del sector y por alquileres justos”, concluyó Quintulén.
