Bajo la consigna “El robo del siglo”, integrantes de la agrupación H.I.J.O.S. organizaron un acto el pasado miércoles en reclamo por los cuarenta años de lo que denuncian como una sustracción ilegal de Papel Prensa S.A. El encuentro tuvo lugar a las 18, frente a la puerta al diario Clarín, ubicado en Finochietto y Tacuarí. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, acompañados por cientos de personas, dieron el presente alrededor de un improvisado escenario y sus oradores.
La causa judicial que investiga a las autoridades de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad -en connivencia con los militares durante última dictadura- para apropiarse ilícitamente de la empresa, hoy se encuentra congelada en el Juzgado Federal Nº 10, a cargo del juez Julián Ercolini. Tras cuatro décadas de silencio e impunidad por parte los culpables, la venta forzada de la mayor empresa productora de papel del país continúa impune.
“Los empresarios que dieron el golpe de Estado junto a los genocidas, en 1976, fueron también parte del plan económico-criminal de (el entonces ministro de Economía José Alfredo) Martínez de Hoz, estamos hablando de los Macri, los Pérez Compac, los Magnetto y tantos otros grupos. Pero en particular, de los vinculados a la prensa, que además de ser el órgano de propaganda de la mentira y el terror, fueron los que influyeron en el derecho a la información de generaciones. Fueron los que escribieron el decreto-ley de radiodifusión con (el dictador Jorge Rafael) Videla y son los mismos que hoy vulneran el acceso a la comunicación con (el presidente Mauricio) Macri, con la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, denunciaba el comunicado que integrantes de la agrupación H.I.J.O.S. leyeron entre los aplausos rabiosos de los manifestantes.
Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, acompañados por cientos de personas, dieron el presente alrededor de un improvisado escenario y sus oradores.
Los presentes
Frente al escenario se acomodaron Rafael Ianover -quien fuera el ex vicepresidente de Papel Prensa antes de su expropiación-, Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, quien llegó acompañada por su hermano Osvaldo Papapelo y su sobrina Carolina, y la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Ángela Lita Boitano.
También estuvo presente Jorge Thierbach, Secretario Adjunto de la Federación Gráfica Bonarense, quien desde los micrófonos expresó que la esquina elegida «era precisamente el lugar donde debía realizarse el acto, para poder resignificarla. Porque así como la ex ESMA hoy es un lugar de memoria, verdad y justicia, este lugar a partir de la concurrencia de todos nosotros debe pasar a ser un sitio donde también estas tres palabras cobren vigencia.”
Lidia Papapelo dialogó con ANCCOM y contó que se considera una persona optimista y que cree que “tras diez meses de este gobierno y pese al golpe que significó perder las elecciones y todo lo que hemos pasado, nos estamos acercando a un militancia con una compresión de la realidad completamente abierta y escuchando otras voces. Considero que es muy importante la militancia joven, creo que eso es lo más importante que nos dejó el gobierno de Cristina”. Enseguida, agregó: “Si algo sacudió a la sociedad, fue la militancia directa, aquella que comenzaron las madres y las abuelas. Hoy tenemos a favor que el poder es atacado por los medios alternativos de comunicación y por la militancia que la gente hace a diario. La militancia es lo único que logra que las barreras se corran.”
Durante la jornada se hizo entrega del “Premio Vil 2016″ a Héctor Magnetto, condecoración que consistió en una lapicera gigante confeccionada con trozos de diario, la cual fue llevada en andas por un multitud hasta la puerta del diario. La parodia buscó emular a aquella lapicera con la que Lidia Papaleo fue obligada a firmar la entrega de su empresa bajo la amenaza de muerte de sus hijos, el 2 de noviembre de 1976.
» Los empresarios vinculados a la prensa, que además de ser el órgano de propaganda de la mentira y el terror, fueron los que influyeron en el derecho a la información de generaciones».
Los civiles de la dictadura
Entre los oradores estuvo presente Victoria Montenegro, hija de desaparecidos y militante política, quien reflexionó acerca de la importancia de que la sociedad conozca la verdadera historia detrás de la venta de Papel Prensa. “Esta gente -concluyó- es la misma que ofició como cómplice civil durante aquella dictadura perversa; son quienes esperaron muchos años para no tener que precisar de las botas y los tanques para poder poner en el gobierno a un partido político que le sea totalmente funcional a sus intereses. Son los mismos que mienten sistemáticamente y que mandan a la gente a su casa, que les dicen que no se metan en nada. Son los mismos que intentan borrar la memoria de nuestros desaparecidos y los que intentan volver a instalar la maldita Teoría de los Dos Demonios.”
Por su parte, Rafael Ianover opino que “esto fue realmente un despojo absurdo y vergonzoso, porque frente al valor que tenía el paquete accionario privado de Papel Prensa -que le pertenecía al señor David Graiver-, pagaron un precio vil, más precisamente 8,3 millones de dólares y tan sólo la máquina principal, que tiene cien metros de largo, totalmente automatizada e importada desde Finlandia, costó 6 millones de dólares”. Y agregó que “el golpe del 24 de marzo de 1976, además de haber cometido el genocidio de desaparecer y torturar a miles de personas, también se dedicó a apropiarse de forma ilícita de bienes de un importantísimo valor, acción que fue realizada en connivencia con un grupo de civiles que dicen tener ´un gran diario, el gran diario argentino´. Un diario, cuyos directivos, están acusados y sospechados de haber cometido crímenes de lesa humanidad, no puede ser jamás un diario grande.”
Ianover expuso que en su libro sostiene la hipótesis acerca de que la muerte de David Graiver podría haber sido un atentado y compartió una anécdota de aquel duro momento: “Tras la muerte de David, un día me invitaron a una cena en la casa del ingeniero Doretti y Martín Segovia, que era el presidente de Papel Prensa, tras una conversación trivial, me preguntó qué tenía planeado hacer con las acciones que figuraban a mi nombre. Y yo le contesté que esas acciones debían participar del inicio de la sucesión del señor David Graiver. En ese momento, considero, se inició el plan B de la gente de Clarín. Tras dicha reunión, comenzaron a detener a todos los integrantes del grupo, exactamente fueron 23 los detenidos injustamente, con el agravante de la tremenda tortura que le infligieron a la señora Lidia Papaleo junto con el fallecimiento de uno de los herederos de Gravier, que murió en la mesa de tortura cuando le aplicaban la picana eléctrica.”
El exvicepresidente de la papelera hace responsables a los directivos de Clarín de los delitos de los que él y sus allegados fueron partícipes y finaliza su discurso diciendo que teme, por su avanzada edad, que “este crimen quede impune.”
Osvaldo Papeleo fue uno de los últimos oradores y llamo a que Papel Prensa sea un símbolo, “pero no por un hecho económico, la lucha no debe buscar demostrar que se robaron una empresa, lo que se debe denunciar acá es que mataron y torturaron para apropiarse ilegalmente de algo”.
“Esta no es una esquina más para mí, ni para mis hijos e hijas y agradezco a quienes han pensado en hacer un acto para reivindicar a los compañeros y compañeras presentes que fueron víctimas del secuestro, la tortura, la apropiación y la coacción”, dijo Pablo Llonto.
La esquina de Ana
El encuentro estuvo acompañado por la confección de un mural y la colocación de una placa en memoria de la periodista Ana Ale, “la luchadora contra la opresión de Clarín”. Ana encabezó durante diez años una batalla por el derecho a representación gremial de sus compañeros de prensa y fue también Secretaria General de los trabajadores del diario. Fue despedida -junto a otros 117 compañeros- en noviembre del 2010 por decisión de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y del entonces gerente de personal, Jorge Figueiras. En febrero del 2005 falleció producto de un cáncer. Muchos de sus compañeros estuvieron presentes durante el acto y la recordaron con cariño, entre ellos quien fue su compañero y amor, el periodista Pablo Llonto.
Llonto, quien oficia hoy de abogado querellante en la causa Papel Prensa como así también de representante legal de Osvaldo Papaleo, expresó: “Esta no es una esquina más para mí, ni para mis hijos e hijas y agradezco a quienes han pensado en hacer un acto para reivindicar a los compañeros y compañeras presentes que fueron víctimas del secuestro, la tortura, la apropiación y la coacción”. Y agregó: “Esta esquina también fue testigo de un encuentro donde se conmemoraron diez años de impunidad, el diario que se llena la boca hablando de república y democracia, perseguía y prohibía a sus trabajadores que votaran. Todas las comisiones internas de Clarín fueron despedidas. Y fue por el impulso de aquel pequeño gran acto que hicimos, que hoy los jóvenes trabajadores del grupo Clarín lograron su tercera elección de Comisión Interna y tienen un delegado, después de luchar arduamente por democracia y la defensa de los derechos de los trabajadores.”
Llonto pidió que el juez Ercolini cite a indagatoria a Ernestina, a Magnetto y a Bartolomé Mitre, principal accionista de La Nación, y llamó a organizarse en grupos para ir a golpear puertas al Poder Judicial. Hacia el final, anunció: “Hemos presentando ante la justicia un pedido para que nos citen a aquellos trabajadores de Clarín que escuchamos cuando el número dos del diario, Eduardo Durrutti, contó a otros compañeros, cómo al día siguiente del accidente de aviación donde falleció David Graiver, en agosto del ’76, él que entonces se encontraba en los Estados Unidos, recibió un llamado del mismo Magnetto en persona, en donde le pedía que se asegurara de que las acciones de Graiver en Papel Prensa se encontraban allí, porque Clarín las quería.”
El pasado 8 de septiembre fue aprobado el proyecto de ley para comenzar la urbanización de la Villa 20 de Lugano. Con 55 votos a favor, la Legislatura porteña dio curso positivo al programa presentado por el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, y dejó sin efecto los concursos de anteproyectos de viviendas sociales realizados durante la gestión de Mauricio Macri, en 2015.
En su momento, aquellos concursos habían sido divididos en cuatro etapas para las que se dictaron partidas presupuestarias –correspondientes a los presupuestos del 2014 y 2015- por orden de un fallo de la justicia porteña. Pero en junio de este año, la nueva gestión de la Ciudad informó la suspensión de las etapas tres y cuatro y solo se limitó a pagar los premios de los ganadores de las dos primeras –el estudio Bares y los arquitectos Matías Beccar Varela y Miguel Altuna- que recibieron una suma de casi un millón de pesos. Un mes después, la legisladora porteña por la Coalición Cívica, Paula Oliveto, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo haga públicos los motivos de la suspensión de los concursos.
El Gobierno de la ciudad descartó así los proyectos ganadores y propuso encarar la urbanización desde cero. El nuevo proyecto urbanístico elegido está basado en un diseño presentado por los arquitectos Beatriz Pedro y Miguel Estrella y según trascendió costará unos 730 millones de pesos. Para financiarlo, el Gobierno pedirá créditos al Banco Interamericano de Desarrollo y realizará fideicomisos en el ex Parque de la Ciudad, donde también se está construyendo la Villa Olímpica para los Juegos de la Juventud, en 2018. Para ello, planea vender unas 36 hectáreas de tierras públicas al sector privados a través de la Corporación Buenos Aires Sur.
Pintando la fachada
El proyecto de ley diseñado por el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta no entrará en vigencia hasta tanto no se realice -este viernes- una Audiencia Pública con los vecinos y referentes villeros, instancia imprescindible para la aprobación definitiva. Tras el dictamen de la Legislatura vecinos del barrio, legisladores y diputados porteños expresaron sus dudas al respecto. “El macrismo utiliza la construcción de viviendas con un afán de exterioridad, pero urbanísticamente actuarán como pantalla. Ellos entienden que urbanizar es hacer pequeñas intervenciones periféricas y puntuales, como la construcción de canchitas de futbol o plazoletas. Acciones que mejoran el barrio, pero no cambian el problema de base, que es la calidad de vida y el acceso a la vivienda”, opinó Javier Gentilini, politólogo y diputado porteño por el Frente Renovador.
El programa propone la creación de una Mesa de Gestión Participativa (MPG), mediante la cual se busca garantizar la participación de los vecinos del barrio en las decisiones y etapas del proceso. El MPG estará integrado por representantes del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (SSHI), delegados barriales y vecinos.
Diosnel Pérez, vecino del barrio hace más de veinte años, dijo que la aprobación del proyecto en principio es positiva, pero que no quieren adelantarse hasta no ver hechos concretos: “Yo festejé hace once años la sanción de la ley 1.770 –que ordenaba al Gobierno porteño urbanizar la villa- y nunca se cumplió, los vecinos no estamos seguros de que los funcionarios cumplan lo acordado, las cosas que el Gobierno ha hecho siempre fueron a medias, como el caso de la pavimentación, lo que hicieron fue poner pequeños parches de hormigón en lugar de asfaltar en su totalidad el largo de la calle, por eso ahora vamos a estar atentos a los pasos que den.”
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Patricio del Corro expresó que su bloque votó el proyecto desde una posición crítica. “Con el proyecto se dan dos discusiones que van de la mano: la urbanización del barrio por un lado y la construcción de la Villa Olímpica, por el otro. Nosotros creemos que las viviendas y modificaciones que se harán serán sobre los márgenes del predio, como una suerte de pantalla para el afuera. Buscan mostrar una falsa realidad al mundo, pero en el interior del barrio las cosas no serán modificadas”.
¿Por qué ahora?
La urbanización de la villa 20 es ley desde hace once años. Fue sancionada el 11 de agosto del 2005 y en aquel entonces fijó un plazo de treinta días al IVC para la realización de un censo que determinará la cantidad necesaria de viviendas que debían ser construidas, plazo que no fue cumplido. En el año 2006 la ley tuvo una modificación que determinó un nuevo plazo de treinta días al IVC, pero tampoco se cumplió. En 2014, el Barrio Papa Francisco, predio ubicado en entre las calles Pola y Avenida Cruz, fue tomado por unas 700 familias. El desalojo fue brutal, efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Metropolitana arrasaron con topadoras las improvisadas construcciones. Frente a esto, la jueza del fuero Contencioso Administrativo y Tributario federal, Elena Liberatori, ordenó la inmediata urbanización del barrio, fijando la fecha límite para diciembre de 2015. A dos años del último fallo, el gobierno porteño promete urbanizar la villa para el 2020.
En junio de este año, funcionarios del IVC realizaron finalmente el censo poblacional en la Villa 20 y aunque todavía no fueron publicados los resultados definitivos, se habla de un estimativo de 60.000 personas residentes en el barrio. Frente a este número, el Gobierno propone realizar un total de 1.600 viviendas para el 2020. El proyecto se llevaría a cabo en dos etapas, la primera comenzaría en octubre de este año con el llamado a licitación para la construcción de 552 viviendas a realizarse en tres bloques de 184 casas cada uno, las mismas serían edificadas en los terrenos del barrio “Papa Francisco” que se encuentra en los márgenes de la Villa. Esta primera etapa se encontraría terminada para mediados del 2018, en cuanto a las 1048 viviendas restantes su construcción comenzaría en el 2019.
Otro de los ejes del proyecto radica en el trazado de calles y su integración al circuito formal de la ciudad. En este sentido, una de las primeras medidas sería la de extender el recorrido de las calles Chilaver y Araujo y Corvalán para que desemboquen sobre la Avenida Fernández de la Cruz. Sobre este punto existen denuncias y dudas en los vecinos del barrio, dado que para realizar la prolongación de las mencionadas calles es necesario demoler más de 70 viviendas de dos o tres pisos cada una. “A aquellas familias afectadas por el trazado de calles, les dijeron que se les otorgarían nuevas viviendas en otra parte del barrio, pero por el momento no brindaron información acerca de cuándo ni dónde sería esa reubicación. Algunos vecinos denunciaron que funcionarios del Gobierno les ofrecieron una especie de “subsidio” por un tiempo para poder mudarse a otro lugar. A muchas compañeras bolivianas y peruanas les han dicho que si no aceptan irse de sus casas, podrían deportarlas”, denunciaron Susana Atahuchi y Victoria Vacaflor, vecinas y referentes de la corriente Villera y del colectivo La Dignidad.
Eric Campuzango, responsable del área de la Secretaría de Tierra y Vivienda de la Junta Vecinal y militante del PRO, niega las denuncias y dice que las familias afectadas por el trazado de calles serán reubicadas en nuevas viviendas que se harán en una construcción paralela que ya cuenta con presupuesto aprobado. “Lo que sucede es que en su mayoría los vecinos no quieren acceder al cambio de su vivienda por un departamento porque en algunos casos son dueños de tres o más pisos que subalquilan a otros y no quieren perder ese negocio, como tampoco resignar metros cuadrados. Hay mucho egoísmo entre los vecinos. Lo cierto es que es fundamental empezar con las obras lo más rápido posible, para no perder el presupuesto de este año”, dijo Campuzango.
Julia Mamani y Armando Champi, vecinos del barrio cuentan que fueron muchas las promesas de urbanización y muchos los funcionarios que las hicieron, pero que ahora es distinto porque hay otros intereses detrás: “Esto empezó hace unos meses cuando representantes de la IVC vinieron a la villa a decirnos que se iba a urbanizar el barrio, que era necesario hacerlo para poder construir la Villa Olímpica. Nosotros queremos que se urbanice la villa, por el futuro de nuestros hijos, para que puedan conseguir trabajo cuando salen a buscarlo y que no se los discrimine más por su lugar de origen. Queremos pagar los servicios como cualquier persona y tener los mismos derechos que las personas que viven afuera de la villa”.
A trece años de la anulación de las leyes de impunidad, el sábado pasado se realizó en el sitio de Memoria ESMA -como cada último sábado del mes- “La Visita de las Cinco”. Se trata de un recorrido guiado por lo que fue el Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, sitio de exterminio, tortura y encierro clandestino por donde pasaron unos 5.000 detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. “Mediante estas visitas buscamos hacer cómodo lo incómodo, pero también incómodo lo cómodo, sacudirnos un poco, porque aquí se cometió un crimen contra la humanidad”, dijo Alejandra Naftal, sobreviviente y museóloga encargada del proyecto.
El encuentro contó con la presencia de Graciela Lois, integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, quien en su presentación recordó cómo en 1998 lograron, junto a Laura Bonaparte, frenar mediante un amparo judicial el proyecto de demolición de la ESMA, impulsado por el entonces presidente Carlos Menem, con la idea de crear un espacio verde. Lois ubicó el comienzo de su lucha en noviembre de 1976, fecha en la que fue secuestrado y desaparecido su marido, Ricardo Lois. “Nunca jamás se nos cruzó por la cabeza a ninguno de nosotros la sed de venganza, sino todo lo contrario, la sed de justicia. Eso fue lo que le dimos a aquellos que nos hicieron desaparecer y no lo lamentamos, pero también queremos, a propósito de lo de Etchecolatz (la concesión del beneficio de prisión domiciliaria), que purguen sus condenas en la cárcel, porque al menos ellos tuvieron justicia, abogados que los defendieron y jueces que los juzgaron, nosotros no tuvimos ni siquiera eso.”
Frente al actual panorama político donde funcionarios cuestionan o subestiman las cifras de los desaparecidos, donde el mismo presidente Mauricio Macri utiliza términos como “guerra sucia” para referirse a la última dictadura cívico-militar -como sucedió durante una entrevista que brindó al sitio estadounidense BuzzFeed el pasado 10 de agosto-, y en donde parte de la justicia está revisando las condenas de algunos genocidas que solicitan prisiones domiciliarias, Graciela Lois hace hincapié en la necesidad de reforzar la lucha y en reagruparse como organismos de derechos humanos, para continuar defendiendo lo conseguido y para seguir peleando por lo que falta.
“Cierto es que esta vez la política de Estado tal vez no sea la deseada, pero estamos acostumbrados también a eso, nosotros no nos hicimos en la lucha con el viento a favor, nos hicimos precisamente con el viento en contra, construimos la historia, construimos la memoria y construimos derechos humanos. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a retomar ese trabajo, tuvimos épocas de crecimiento muy grande, como lo fueron estos años pasados y tenemos que aprovechar ese crecimiento para instalarnos mejor, los gobiernos seguirán pasando pero los obstáculos nos sirven para seguir adelante”, sentenció Lois.
La puesta museográfica fue inaugurada el 19 de mayo de 2015 por decreto de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sus contenidos e instalación fueron el resultado de encuentros con diversos actores convocados por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el Directorio del Espacio para la Memoria. Su base son los testimonios de las víctimas y los documentos históricos de la CONADEP, junto con la documentación desclasificada por las agencias del Estado para los juicios de la ESMA. Las Fuerzas Armadas nunca suministraron información sobre qué sucedió con cada uno de los detenidos-desaparecidos.
“¿Qué queremos ver? Que nos guíe ese pregunta. ¿Qué vamos a ver? ¿La nada? Porque acá no se presentaba la nada, acá había desaparición, sustracción. Quizás la pregunta que atraviesa todos los sitios de la memoria sea ¿cómo representamos lo irrepresentable?”, invitó a reflexionar el filósofo Darío Sztajnszrajber antes de comenzar el recorrido y agregó: “¿Tiene que ser entretenida una visita a la ESMA, tiene que ser pedagógica? ¿Cómo conciliar esos dos extremos? Porque la memoria no es lo mismo que la historia, en la memoria se juegan otras cosas, porque la memoria no tiene que ver con lo que pasó, la memoria tiene que ver con el presente”.
También estuvo presente el periodista Luis Bruchstein, hijo de Laura Bonaparte, que recordó cómo su madre, a diferencia de algunos, tuvo claro desde un principio la importancia de la lucha por la identidad y la memoria como garantes de justicia. Bruchstein, Sztajnszrajber y Lois recorrieron acompañados por unas cien personas las llamadas “estaciones” que se despliegan por los tres pisos del ex centro clandestino de exterminio, pasando así por el sótano, los altillos, “capucha y capuchita”, el Pañol y el Salón Dorado. “Caminar por los caminos de “capucha” es, para mí, volver a preguntarme sobre el mal. En el sentido de que el mal se nos presenta como algo claro, o que parece tener claridad. Parecería que todos tenemos la claridad necesaria para diferenciar el bien del mal y sin embargo se mezclan tanto muchas veces”, compartió Sztajnszrajber con los presentes hacia el final de recorrido.
Paredes que hablan
Cada estación tiene un título principal junto a un pequeño fragmento de texto que sintetiza lo más significativo de cada lugar, pequeños tramos de testimonios en primera persona de sobrevivientes que estremecen, junto con documentación y reproducciones de objetos de detenidos-desaparecidos. En una de las placas vidriadas de Capucha se lee: “La capucha se me hacía insoportable, tanto es así que un miércoles de traslado pido a gritos que se me traslade: ¡A mí!… ¡A mí, 571! La capucha había logrado su objetivo: ya no era Lisandro Raúl Cubas, era un número.”
Debido a que el edificio es prueba judicial, la intervención museográfica realizada fue mínima, tanto es así que mientras uno camina se puede observar como la humedad carcomió sus paredes y pisos, evidenciando así dos capas de pintura, una rosada y otra amarilla. “El edificio fue hablando a través de los años”, dice la guía y cuenta que en 1979 producto de las denuncias contra la dictadura militar, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó al país con el fin de intervenir la ESMA. Frente esto, los militares pintaron el edificio e hicieron anular una escalera y un ascensor, ambos llevaban al sótano, lugar donde se efectuaban las torturas. El ascensor se presentaba con frecuencia en los testimonios de varios sobrevivientes, que lo escuchaban funcionar estando detenidos. Cuarenta años después, aquellas paredes que intentaron cubrir las marcas de la existencia del elevador, denuncian a gritos aquella intervención, un color más oscuro –producto de la utilización de un revoque diferente, supone la guía- dibuja un gran cuadrado sobre la pared, detallando claramente la fallida operación.
“Hay un después de la dictadura, porque la dictadura terminó. Lo que no hay es un después de la ESMA, porque sigue presente, porque nos sigue constituyendo en lo que somos. La ESMA sigue abierta, porque habla de nuestro presente”, opinó Sztajnszrajber.
En mayo pasado el gobierno de Mauricio Macri informó que el Programa Siria sería modificado. Desde el Ejecutivo comunicaron que serían analizados puntualmente los casos de quienes huyen del conflicto en busca de asilo internacional, tomando los recaudos necesarios en materia de seguridad junto a un mayor control de las fronteras. Si bien hace unos días la Ministra de Relaciones Exteriores Susana Malcorra anunció -en el marco del Día Mundial del Refugiado- el compromiso del Presidente en dar asilo a unos 3.000 refugiados sirios, aclaró que quienes arriben al país deberán hacerlo “con intenciones de paz”.
El Programa Siria es un sistema de visado humanitario, implementado durante el 2014 por el gobierno kirchnerista para dar respuesta a la crisis mundial de refugiados. Los anuncios y modificaciones realizados sobre el Programa despertaron diversas opiniones, tanto a nivel interno como externo. Son varios los organismos que emitieron sus reparos frente al anuncio de Malcorra. Las principales objeciones se encuentran vinculadas a una aparente falta de infraestructura, control y presupuesto –ausente en la actualidad- que serían necesarios a la hora de recibir tamaño contingente de personas. En sintonía con estos enunciados, el refugiado sirio Qsaí Ramma, opinó que “si el gobierno planea traer a 3.000 sirios, debe comprometerse a darles vivienda, trabajo y comida cuando lleguen. Tienen que hacerse cargo de esas personas y que no sea sólo una promesa política, porque si no pueden terminar en la calle.”
En tanto, otras voces se manifestaron sobre los cambios, algunas prestando conformidad como sucedió con Adalberto Assad, presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica (FEARAB), quien manifestó que, “nosotros estamos a favor del Programa Siria pero con más controles. Yo quiero que me garanticen que esa persona que ingresa es un refugiado sirio, sea católico o musulmán, que haya seguridades. A nosotros nos preocupa que las fronteras sean un colador, porque no están bien controladas y dejan mucho que desear”, y agregó que “el programa exige la presencia de un llamante residente en el país para que pueda venir una familia, pero también sé que están ingresando personas -no sé si con llamantes o no- con pasaportes truchos. ¿Y qué pasa si ingresa alguien sin documentos y ocurre algo, quien asumirá esa responsabilidad? Tenemos que tener mucho cuidado y control de esta situación, porque si sucede algo buscarán un responsable y estoy seguro que culparán a los musulmanes”.
La politóloga y militante por los derechos de Medio Oriente Tamara Lalli, a su vez, recordó que “desde la presidencia de Carlos Menem el ingreso de sirios y libaneses al país estuvo prohibido. La medida fue tomada luego de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, estigmatizando a todos los ciudadanos de esas nacionalidades. La situación cambió en el 2014 con el Programa Siria, pero tiene sus complicaciones burocráticas, no es tan fácil traer a alguien”. Y añadió: “Al Estado le falta mucho, si quiere cambiar su imagen tendría que empezar modificando un poco la dureza de las leyes. El Programa Siria no tendría sentido si los sirios pudiesen ingresar libremente en la Argentina, como lo hace cualquier otro ciudadano del mundo.”
El Programa Siria
Durante el 2014, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) creó el Programa Especial de Visado Humanitario para Extranjeros afectados por el conflicto de la República Árabe de Siria denominado como “Programa Siria”. Desde su implementación, llegaron al país 500 migrantes. La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) se ocupó de reconocerles su condición y de brindarles un documento argentino con vigencia por dos años. En el 2015, se decidió prorrogarlo por un año más y modificar algunas cuestiones ligadas a su funcionamiento, tales como eliminar la “tasa migratoria” que debía abonar el refugiado en su ingreso al país y ampliar la figura del “llamante” -antes limitado a una persona física que acreditase un vínculo familiar- para poder incluir a ONGs e instituciones.
“Hicimos una reunión donde acordamos prorrogar por un año más el Programa Siria y eliminar el requisito de la acreditación del vínculo para permitirle a las organizaciones que pudieran intervenir. El procedimiento era el siguiente: llegaba una persona a la Dirección de Migraciones e informaba que tenía un primo viviendo en Siria, donde por la situación bélica que se vive corría riesgo su vida, y que deseaba traerlo al país. En ese momento la persona acreditaba su identidad y la de su familiar y debía asumir el compromiso de brindarle al recién llegado vivienda y manutención. Se verificaba con Interpol si tenía algún tipo de antecedente o búsqueda. Y en relación al refugiado, se realizaban los mismos procedimientos. Todos estos trámites se fijaban por escrito y está todo documentado en expedientes digitales”, explicó Martín Arias Duval, ex Director Nacional de Migraciones (DNM).
Si bien desde la nueva gestión de la DNM informaron que están dispuestos a continuar con el programa, también anunciaron cambios en materia de seguridad que no fueron especificados. Ante esta situación, Arias Duval mencionó que durante su gestión no sucedió “ni un sólo caso donde un refugiado llegado de Siria con visa humanitaria haya sido sospechado de haber cometido un delito o de integrar una organización terrorista, más bien todo lo contrario.” Y agrego: “Anuncian estas cosas porque algo tienen que decir y para algunos puede ser un discurso demagógico, agradable a los oídos de cierto sector de la población. Pero está anclado en ese sentido común donde se le baja el precio al otro, al que es distinto, al que tiene otro color de piel, otra religión. Este tipo de anuncios están sustentados por esos discursos donde se repite que las fronteras son un colador o que los migrantes son potenciales delincuentes, narcotraficantes o terroristas.”
También denunció que en materia políticas migratorias, se ha dejado sin efecto el Programa de Abordaje Territorial que acercaba el Estado al territorio donde la población migrante estaba viviendo, para poder identificarla, regularizarla y documentarls. “No sé a ciencia cierta por qué van contra el Programa Siria, a lo mejor porque es más fácil hablar de la Triple Frontera o del terrorismo islámico, que mirarnos adentro y hablar sobre la xenofobia o sobre las políticas económicas que implementan y que generan una real exclusión”, concluyó Duval.
Tamara Lalli, Licenciada en Ciencias Políticas, militante de los derechos de medio Oriente e integrante de la Asociación Cultural Siria.
En primera persona
Qsaí Ramma tiene 33 años y hace cinco que vive en la Argentina. Cuando se exilió de Siria la situación no era tan grave como ahora, pero si decidía quedarse lo emplearían en el ejército. “Salí de ilegal dos días antes de que me fueran a buscar para alistarme. La situación ahora es mucho más grave. Al principio comenzó como una revolución y el gobierno la enfrentó con armas. Después se sumaron grupos y células extremistas, como ISIS, junto con los intereses de Rusia, Estados Unidos y Francia y se complicó todo.” Cuenta que parte de su familia sigue allá y están muy mal económicamente. Según cifras de las Naciones Unidas, la pobreza en Siria llega al 80% de la población.
Actualmente, tiene un negocio de comida árabe ubicado en el Microcentro porteño: “Entré como extranjero al país con 200 dólares en el bolsillo y pude ponerme mi negocio, pero trabajé tres años sin parar. Argentina es un país con muy buena gente, un país libre, pero no es un buen lugar para vivir. Las cosas aumentaron mucho y yo no las puedo aguantar”. Cuenta que una de las mayores dificultades que afrontan los migrantes está ligada al déficit habitacional, ya que en muchos casos los extranjeros deben pagar un doble alquiler por no poseer garantía.
Qsaí opina que en la Argentina todo es difícil menos los papeles. “Los papeles son lo más fácil, no tuve que pagar nada y entrás legal. Pero solamente te ayudan con los papeles, no es como en Europa donde te dan un sueldo, una casa. Para mí quieren modificar el Programa Siria porque no quieren otorgarle más ciudadanía a nadie, para poder hacer negocios con Estados Unidos. Te van a dejar ingresar pero te van a tratar como un refugiado, no te van a dar los papeles diciendo que sos argentino”.
Un giro a la derecha, nuevas alianzas
La modificación del Programa Siria se encuentra dentro un cambio en las políticas migratorias del país a nivel general. El presidente Macri y directivos del Ministerio de Seguridad, encabezados por la ministra Patricia Bullrich, participaron el 30 y 31 de mayo pasados de un Seminario sobre Seguridad Interna junto a la Embajada de Israel. En dicho encuentro se abordaron temas como inteligencia y terrorismo internacional, narcotráfico y protección de fronteras. “Con la excusa de la declarada emergencia en seguridad y el cuidado de las fronteras se cerraron acuerdos con el Mossad e Israel, a quienes se les compraron armamentos y chalecos antibalas. Es un claro giro a la derecha en materia de alianzas internacionales. El próximo seminario está pactado para septiembre en Misiones, donde buscarán avanzar sobre el control de la Triple Frontera”, denunció Elsa Bruzzone, secretaria del Centro de Militares por la Democracia Argentina (CEMIDA) y especialista en Defensa Nacional y Geopolítica.
Desde la Dirección Nacional de Migraciones, su director Horacio García, anunció la implementación de nuevas capacitaciones a los inspectores encargados de los controles fronterizos. Su dependencia trabajará en estrecha colaboración con organismos de inteligencia nacionales y extranjeros para reforzar el control en el ingreso de migrantes. Desde ANCCOM, se intentó averiguar de qué tratan estos cambios anunciados por los funcionarios, pero no hubo respuestas oficiales.
Por su parte, Tamara Lalli opinó que “esta Alianza se cerró cuando Macri estuvo en Davos y se reunió con Benjamín Netanyahu (actual primer ministro de Israel). Durante el seminario se acordó implementar una determinada política de seguridad en la Argentina, que tiene que ver con el control fronterizo, sobre todo en la Triple Frontera, donde existe una enorme comunidad sirio libanesa. Que se puntualice sobre la Triple Frontera tiene que ver con la presencia de esta comunidad”. Y agrego: “Acá hubo una cuestión que tuvo que ver con la visita de François Hollande y Barack Obama, donde efectivamente algo se negocio en torno a los refugiados sirios, hecho que debe ser leído en sintonía con el viaje de Malcorra al Líbano y su posible postulación al frente de la ONU.”
“Una guerra planetaria”
El 15 de marzo del 2011, cuando estalló el conflicto en Siria, el país tenía una población de 22 millones de personas. Hoy existen alrededor de 7 millones de ciudadanos sirios, entre desplazados y refugiados, repartidos por el mundo. Tamara Lalli denuncia que la expulsión masiva de habitantes sirios estaba planificada: “Un mes antes del inicio del conflicto, en Turquía ya estaban preparados los campos de refugiados”. Y explica que “su herramienta fue generar lo mismo que pasó en Afganistán. ¿Cómo se destruye una sociedad? Generando una guerra civil. ¿Y cómo se hace una guerra civil en una sociedad que tiene mucho compromiso con la esencia religiosa? Generando odios confesionales.”
En el 2009 se descubrió que Siria tenía las reservas de gas más importantes del mundo y se planificó poner en marcha lo que llamaron “el nudo de los cuatro mares”. Siria sería el centro de distribución de gas más grande de Oriente y proveería a toda Europa. “Este era un proyecto donde los Estados Unidos, Arabia Saudita y Turquía no serían beneficiados por el negocio, y es ahí donde estalla la cuestión. Cuando se descubre la reserva de gas, se ponen a trabajar tanto los rusos como los norteamericanos. Esto es geopolítica pura, nada que tiene que ver con la democracia”, afirma Lalli. Y agrega: “Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en todo este proceso. En esto que algunos llaman “primavera árabe” y que para nosotros es una guerra planetaria e invasiva, pero no es una guerra civil.”
14 años después de la masacre de Avellaneda, organizaciones populares convocadas por el Frente Popular Darío Santillán rindieron homenaje a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán con una jornada cultural el pasado sábado. El domingo volvieron a cortar Puente Pueyrredón para exigir juicio y castigo para los responsables políticos.
Allí estuvo Anccom.
