Sancionada en 2014, la Ley de Agricultura Familiar carece aún de presupuesto, entre otras cosas imprescindible para crear el banco de tierras que establece la normativa.
La Ley de Agricultura Familiar fue sancionada en diciembre del 2014 y aún no tiene presupuesto. Si bien marcó un triunfo para las organizaciones sociales y se han reglamentado muchos puntos, como el Registro Nacional de Agricultura Familiar, la falta de financiación no permite atender los ejes centrales: la creación de un banco de tierras para el sector, a través del cual el Estado organice y entregue terrenos fiscales a los productores, y los fondos para proyectos que impliquen un cambio hacia un modelo productivo sustentable. Si bien su aplicación no va a resolver los problemas de fondo, sería un paso que implica la reparación estatal frente al reclamo histórico sobre los territorios sustraídos a los pueblos originarios y campesinos.
Matías Bohl, integrante de la Federación Nacional Campesina, considera que hay una falta de decisión política para asignar el presupuesto, más allá del avance en algunos artículos. “Una Ley sin el presupuesto necesario para atender todos los puntos de la norma, es palabra muerta”, dice. Además, subraya que “nos miran pero no ven al sector de la agricultura familiar porque hay intereses muy poderosos en pugna en Argentina; hay miles que molestamos en el campo. Necesitan sacarnos de los territorios para seguir desmontando y plantando los cultivos extensivos que, si bien generan divisas, también generan hambre en millones, desarraigo y éxodo rural. Hay muchas presiones de los poderes reales para que la ley no se reglamente”.
En ese sentido, las organizaciones señalan que hay una lucha por la identidad del campo y por cómo se visibiliza al sector en los medios de comunicación. Se entiende que el único campo que existe es el que integran quienes hicieron la movilización en Capital, “El Tractorazo”, pero existe otro que es el del trabajador que produce en condiciones muy complejas y tiene otra relación con la tierra.
Marcos García, militante del Movimiento Evita e integrante del frente agrario de la UTEP, menciona que “hoy el eje central está en el acceso a la tierra. Además, necesitás recursos para pagarle a técnicos, comprar maquinaria, construir escuelas y repoblar lugares. Para nosotros, la clave es el Ministerio de la Economía Popular, para que la ley tenga sustento territorial y se preocupe de los pequeños productores”.
García agrega: “La Ley va a estar financiada mañana y, todavía, va a faltar”. Sin embargo, resulta fundamental “incluir a la ciudad en esta discusión porque es el alimento que después llega a las góndolas”, dice. La construcción de los precios de los alimentos que se consumen en las urbes tiene un incremento desde que sale de la quinta al mercado que no es percibido por el productor.
En comunicación con ANCCOM, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Miguel Gómez, señala: “Estamos avanzando hasta que se reglamente la ley. El trabajo ya está terminado y fue construido con las organizaciones a través del Consejo de Agricultura Nacional, falta que se define un monto para poder desarrollar la ley”. En dos años de gestión, la Secretaría se reconstruyó técnicamente y ahora espera el presupuesto ante la urgencia de incidir en los precios. Según Gómez, “la reglamentación también implica repensar nuestra territorialidad y la responsabilidad del Estado en desconcentrar la producción de alimentos”. En ese sentido, menciona que “esta ley presenta la posibilidad de un banco de tierras que tiene el Estado nacional bajo su órbita, promoviendo el acceso a la tierra y, después, los mercados de cercanía”.
Por otra parte, señala: “Estamos trabajando con varios ministerios para poder abordar integralmente las problemáticas del sector a partir de diferentes ejes. Tenemos que pensar nuevos paradigmas productivos que tengan proyección a largo plazo y esto implica reconocer la potencialidad tanto de la agricultura familiar como la pesca artesanal, para garantizar una vida digna a las futuras generaciones”. Y por último consideró que “el proceso productivo tiene que recuperar los saberes ancestrales de los modos de producción en confluencia con los saberes de la ciencia. El nuevo paradigma productivo tenemos que construirlo con lo que tenemos”.
Martín Simón, Coordinador General de Fundapaz, considera que la ley fue abordada de manera integral, pero al tratar sólo el acceso a tierras fiscales, se ignoran los problemas que hay con los poseedores. En este sentido, indica que “en caso de llegar el caso a juicio, el juez toma una decisión y podría darle toda la tierra al poseedor, darle todo al titular dominial o cualquier situación intermedia. Ocurre que los jueces desconocen bastante esta materia y el peso del título como prueba es muy potente. Frente al título, los poseedores entregan documentos que demuestren que están en la tierra desde hace 20 años de forma pacífica. Es decir que el juez tiene de un lado el título y del otro los documentos probatorios de posesión. Y debe dictaminar. No es raro que lo haga a favor del titular dominial, dejando a los campesinos sin nada”.
El seguimiento de las organizaciones sobre la ley es constante porque, una vez que cuente con los fondos, se tendrá que aplicar como corresponde. Simón remarcó que nadie pide que se regale plata, sino que a través de los proyectos presentados por aquellas puedan desarrollarse iniciativas de acceso a la tierra, el agua y la producción sustentable. “Queremos llegar a la reglamentación y que el 70% de la plata vaya para las organizaciones campesinas e indígenas”, señala, y agrega: “Mientras que el 30% pueda quedar dentro de la estructura técnica de la Secretaría. Si esto ocurriera, las organizaciones se beneficiarían”.