Un día después de que el Gobierno nacional invitara a una mesa de diálogo para resolver los problemas planteados ante la actividad minera en el país, en Andalgalá la policía catamarqueña atacó con balas de goma a los manifestantes que cortaban la ruta.
Ayer por la noche, la policía de Catamarca, bajo la orden del Gobierno provincial, reprimió con balas de gomas a los vecinos del acampe en Choya (al norte de Andalgalá) que bloqueaban el avance del proyecto minero MARA (Agua Rica – Alumbrera).
La asamblea catamarqueña por el agua “Aguapucará” afirma que hubo heridos y en un comunicado denunció que “la policía empezó a disparar balas de goma a mujeres y ancianos. Hay heridos en el hospital y llaman a convocar a la Plaza. El Gobierno en silencio. La oposición en silencio. Los organismos de derechos humanos, el Gobierno en silencio. Todos miran para otro lado, mientras la policía dispara”.
ANCCOM pudo contactarse con una vecina de Andalgalá que estuvo en el momento y describió las escenas. “Cuando la gente acepta que pasen los trabajadores pero no el combustible para las máquinas, es allí donde comienzan a gritar los vecinos y la policía comienza a empujarlos y sacarlos del camino mientras golpean a mujeres y ancianos. Al bajar la policía -agrega-, un vecino de Choya, ya con la noticia de que les pegaron a sus compañeros arriba, no los deja pasar por su territorio, lo que una vez más enfurece a la policía y comienza a abrir fuego con sus armas, atacando así a niños y mujeres. En ese momento arrestan a Carina Orquera, vecina de Andalgalá”.
Durante la mañana de ayer, diferentes organizaciones y medios sospecharon que algo podía pasar y dieron el alerta. “Vecinas y vecinos: son las 6 de la mañana y ya pasaron 7 camionetas y 1 camioneta jaula de la policía, rumbo a Capillitas -anunciaron en el mensaje que circuló en las redes,- a desalojar a lxs hermanxs choyanxs que están defendiendo el agua de todxs. Tenemos que estar alerta para defender a nuestros hermanos y hermanas de Choya”.
MARA es un proyecto minero que reutiliza la infraestructura que se empleó en el primer yacimiento megaminero del país, Minera Alumbrera, reconocida por su impacto ambiental y porque fue instalada con la zanahoria de que generaría miles de fuentes de trabajo. Este nuevo proyecto está previsto para ser diez veces más grande que la Alumbrera y los vecinos de Andalgalá no quieren saber nada más de la destrucción de sus tierras y contaminación de sus ríos.
La obstrucción del camino, en plena nevada, se llevó adelante con la intención de frenar el avance de la maquinaria que comenzaría con la construcción del proyecto minero y convocar al gobernador de Catamarca, Raul Jalil, para que observara los daños que estas maquinarias producen en el Río Choya.
No es la primera vez que se ejerce violencia institucional contra activistas socioambientales en Andalgalá. Vecinos de la zona denuncian allanamientos masivos, violencia policial y detenciones arbitrarias constantes, como las de hace tan solo un año, el 12 de abril de 2021, cuya noticia fue cubierta por los medios nacionales..
Paradójicamente, el día anterior a la represión el Gobierno nacional había presentado una mesa de diálogo, MEMAC (Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad), un espacio que pretendía servir para “el diálogo público, constructivo y federal sobre minería”. El mismo día por la mañana, una extensa lista de asambleas, organizaciones y personalidades armaron un comunicado en rechazo a esta mesa por la poca sino nula representación ciudadana e incumpliendo el acuerdo de Escazú, firmado en Costa Rica en 2018 y del que participó Argentina, por el que se compromete a los gobiernos de América Latina y el Caribe a un transparente acceso a la información, la participación ciudadana y a la justicia en asuntos ambientales. Unas horas después no llegó la representación, sino la represión.
Llevada adelante por el Gobierno nacional y con la presencia de Jalil, la fallida mesa muestra que el diálogo al territorio frío y hostil no se acerca, sino que queda solo entre cafés y trajes elegantes.