Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Rodrigo Curaqueo.
“Lo matamos por pobre”, le gritó uno de los policías de Caleta Olivia, Santa Cruz, a la familia de Rodrigo Curaqueo durante una protesta por la muerte de ese joven de 19 años que falleció el pasado 7 de abril en extrañas circunstancias. Hoy, el caso judicial está estancado. Lo que sí continúa es el hostigamiento de las fuerzas de seguridad hacia la familia y los sectores más humildes de la ciudad.
La mañana de aquel martes, Curaqueo llegó alcoholizado a su casa. Tras manifestar actitudes violentas, su familia decidió llamar a la policía con la esperanza de que apaciguaran la situación. “Se hizo todo mal desde un principio: se lo llevaron a la comisaria Seccional Quinta, que está a una cuadra y media de su hogar. De ahí, no lo volvieron a ver más”, relata su hermana Brenda.
“Tendría que haber estado suelto a las 15”, cuenta su madre, Andrea Muñoz. Pero alrededor de las 16:50, 16 presos declararon haber escuchado alboroto en el calabozo que destinan para los contraventores, donde se encontraba Curaqueo. “Los gritos de Rodrigo los escucharon hasta no escucharlo más. A las 17 les dieron permiso a los internos: los hicieron salir y los oficiales, como nunca, tenían guantes de látex puestos”, sigue.
No fue hasta la medianoche que los uniformados tocaron la puerta de la casa a la que pocas horas antes había llegado por última vez Rodrigo. Se le informó a la familia de su deceso recién el 8 de abril, 7 horas después de que se escuchara su último grito. ¿Por qué, si la casa queda a una cuadra y media?, se pregunta su hermana. De ahí en adelante, las piedras en el camino fueron cada vez más. Les dijeron que la causa de muerte habría sido suicidio por ahorcamiento y covid-19. Aunque esto implicaba que la familia debería esperar tres días para ver su cuerpo, la agonía se extendió por al menos siete.
El 9 de abril, Andrea se enteró por allegados que llevaban sin autorización el cuerpo de su hijo a Puerto Deseado, otra ciudad santacruceña. El motivo, según le dijeron, era para realizar una autopsia ya que en Caleta Olivia no había médicos forenses disponibles. Falso: la familia pagó de su propio bolsillo 50.000 pesos para contratar a Néstor Sosa, un médico de la ciudad que nunca pudo terminar su trabajo debido al entorpecimiento de la investigación.
Aunque hubiesen querido examinar el cuerpo de Rodrigo en Puerto Deseado, eso tampoco iba a ser posible: no había sido conservado en la morgue como se requería. “De todas las maneras intentaron tapar lo que había hecho la policía, pero son cosas muy evidentes”, afirma Brenda. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaria de aquel 7 de abril nunca fueron entregadas, y la escena del hecho fue cambiada radicalmente.
Una historia que se repite
Rodrigo no es el primero en fallecer en una comisaria de Caleta Olivia. El 18 de septiembre de 2016 le tocó la misma suerte a Gustavo Gerez, un taxista de 28 años que murió en la Seccional Primera, adonde había sido llevado por estado de ebriedad y disturbios en la vía pública. Alberto Luciani, abogado de los Curaqueo y los Gerez, señala que hay más de una similitud entre ambas causas. El patrón es el mismo: maltrato a los contraventores, impunidad y, por sobre todo, quienes mueren en dudosas circunstancias son siempre personas provenientes de los sectores más marginales de la ciudad, que suelen tener problemas con el consumo de sustancias.
“El sistema, en vez de cuidarlos y bridarles una salida a la problemática los penaliza, los criminaliza. No solo eso: no se les garantiza el derecho a la vida y terminan muriendo en extrañas circunstancias”, asegura el letrado. Tanto en 2006, como en 2009 y 2020: en cada año se pueden identificar nombres de “suicidios” en comisarías, como los de Omar Alvarado y Federico Courbuol.
“Quedó demostrada, además, la pésima capacitación que tiene la policía en derechos humanos. No tienen esa preparación, y tampoco en cómo tratar a una persona que está con algún problema de haber ingerido sustancias que le provoquen alteraciones físicas o psíquicas”. El caso recuerda al de Santiago “Chano” Moreno Charpentier, el cantante de Tan Biónica. Con una diferencia: los pobres no tienen el beneficio de la duda, ni de la recuperación.
Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Rodrigo Curaqueo.
En ambos casos, también, la administración pública brilla por su ausencia. “A Rodrigo no lo cuidaron, fue un abandono por parte del Estado”, expresa con dolor su hermana. Para Luciani, la falla es clara: no garantiza el derecho a la vida para los detenidos, ni el deber de seguridad, ya que se encuentran bajo su custodia. “No es que pasó una vez y ha sido un accidente, es una cosa repetida”, sentencia. Lo que le resulta llamativo es la protección de la que gozan los responsables para que las causas no avancen. “La misma Justicia le brinda cobertura legal a la policía porque de alguna manera trabajan juntos, es el mismo sistema. Si no hay sanciones y no se condenan casos así, se vuelve a repetir”, agrega.
Para Andrea, los gobernantes la dejaron sola. Ella ya está acostumbrada a estar así: desde hace tiempo que cumple el rol de madre y padre a la vez. Bronca e impotencia se juntan con el dolor y la desesperación por la falta de respuestas. El pueblo la acompañó solo al principio. Después, el enojo colectivo se diluyó en el tiempo.
“A la gente le falta un poquito de empatía, hasta que a uno no le pasa, no se da cuenta”, se lamenta Brenda Curaqueo. “El apoyo del pueblo solo estuvo cuando ocurrió, que es cuando recibís la noticia y te impactás y te enojás, pero a las marchas mucha gente ya no va”, continúa. Pero la familia no está sola: los casos de brutalidad policial son muchos a lo largo y ancho del país. El apoyo llega de los lugares más impensados: organizaciones como La Garganta Poderosa y el Colectivo Gatillo Fácil, de La Plata, son algunas de las que se contactaron para brindarles ayuda y asesoramiento que, según la joven, hace mucha falta en estos casos. Lo que sí saben es lo que exigen Brenda y Andrea: “El cambio de juez y que el que está trabaje, que deje de acumular casos, muertos y que se haga justicia por Rodrigo”.