En las últimas dos décadas, el Nivel Inicial cobró mayor importancia: especialistas en Educación, como Roxana Perazza, lo señalan como imprescindible. Por un lado, diversas investigaciones aseguran que una escolarización temprana deviene en una mejor trayectoria en el sistema educativo; por el otro, la sociedad demandaba la pronta institucionalización de los niños y niñas, a diferencia de un antes, donde se esperaba que algún miembro de la familia se encargara de su cuidado.
El proceso de desarrollo de esta etapa escolar tomó fuerza con la obligatoriedad de la sala de cinco y cuatro establecida en la Ley Nacional de Educación (2006) y en su posterior modificación (2014), respectivamente. A partir de allí, en los grandes centros urbanos, la demanda de vacantes para jardín de infantes fue creciendo y, actualmente, luego de la inscripción a las escuelas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), alrededor de 25 mil niños y niñas se quedaron sin lugar en una institución estatal del Nivel Inicial.
Patricia Pines, docente y fundadora del grupo «Vacantes para tod@s», explica que las cifras son estimadas ya que el gobierno se niega, sistemáticamente, a dar a conocer los números oficiales. No obstante, mediante pedidos de informes y causas judiciales pudieron lograr acceder a esa información. “Hace 8 años, cuando se implementó la primera inscripción online en la Ciudad, Esteban Bullrich, quien era el ministro de Educación, reconoció entre 7 mil y 9 mil niños que se habían quedado sin vacante. Fueron transcurriendo los años y se hicieron pedidos de informes en la Legislatura. Ese número fue incrementándose: al año siguiente reconocían ya alrededor de 10 mil”, describe.
“En el año 2015 -continúa Patricia- 12.000, y después empezaron a negarse a dar respuesta a esos pedidos de informes. Hace tres años, luego de varios amparos en la justicia por la construcción de jardines y escuelas, ya se estimaban 15 mil niños sin vacantes. Y desde ese entonces, no hemos vuelto a tener datos oficiales. Pero nosotros a ese número sumamos alrededor de 10 mil niños más que son los que asisten a los Centros de Primera Infancia”.
Por otra parte, Perazza -magíster en Educación, especialista en Políticas Públicas, docente y ex Secretaria de Educación en tiempos de Aníbal Ibarra como Jefe de Gobierno- señala que “de todos los niveles, el Inicial es el que mayor demanda tiene por parte de la sociedad y, a la vez, el tiene menor capacidad de satisfacer su demanda”. Y agrega que, si bien no es una problemática sólo de CABA, «la política desarrollada por la Ciudad no tiene que ver necesariamente con una mirada de expansión y fortalecimiento del nivel. Si no está en la decisión política de construir más jardines de infantes y poder albergar a todos los niños y niñas que están queriendo entrar, es muy difícil poder resolver esta situación».
En un contexto sumamente crítico, una de las respuestas a esta problemática por parte del Gobierno de CABA fue crear, en el 2009, dos tipos de instituciones: los Centros de Primera Infancia (CPI), espacios de cuidado para los chicos y chicas de 45 días a 3 años de edad y los Centros de Desarrollo Infantil (CeDI), fundados con el objetivo de brindar un ambiente de protección, confianza y seguridad para la primera infancia, según fundamenta el Gobierno porteño.
Soluciones a medias
Los CPI y los CeDi son espacios que proliferaron en la Ciudad y también en otros lugares del país. Se diferencian de las escuelas porque no dependen del Ministerio de Educación sino del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Son espacios de gestión asociada donde el Estado transfiere determinada cantidad de dinero por niño que asiste y, de la otra parte, se hace cargo una organización social. Además, tienen una estructura muy distinta a la de las escuelas de Nivel Inicial. “No son ni malos ni buenos, tienen algunas cosas que son interesantes para rescatar, por ejemplo el horario que es de 8 a 18 horas, que corresponde a la jornada laboral de madres y padres”, afirma Perazza. Esto satisface a una demanda de la sociedad que necesita que los chicos estén más tiempo en la escuela. Aun así, no hay que perder de vista que poseen muchas limitaciones no sólo pedagógicas sino, también, en términos edilicios.
En teoría, son docentes quienes se hacen cargo de estos espacios que deberían contar con psicopedagogos, nutricionistas y psicomotricistas, pero no siempre es así. Los trabajadores son contratados de forma precarizada de marzo a diciembre. No están bajo el Estatuto Docente, por lo tanto, no tienen ni las mismas obligaciones ni los mismos derechos; por eso, hay mucho recambio de maestros frente a los grupos. Así, se generan recorridos escolares diferenciados. “Por un lado los niños y niñas que acceden a la escuela con personas profesionales a cargo de la educación y por el otro, estos espacios que contemplan, más bien, una tarea asistencial más que educativa”, dice Pines.
Por su parte, Perazza afirma que esta situación se perpetúa porque “los niños y niñas que reciben una propuesta de baja calidad en el Nivel Inicial, siguen en un circuito donde después van a una escuela Primaria y Secundaria, también de baja calidad aunque sean propuestas no estatales”, pero cree que hay que ensayar otros formatos escolares “no hay una sola manera de atender y promover propuestas educativas para la primera infancia”.
Muchas leyes y poco ruido
Este contexto se agrava al considerar que la responsabilidad de garantizar el derecho a la Educación a los niños y las niñas, por parte del Gobierno de la Ciudad, está estipulada dentro de un marco normativo nacional y jurisdiccional. En efecto, la mencionada Ley de Educación Nacional -sancionada en el 2006 y modificada en parte de su articulado en 2014- establece que la educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años inclusive, siendo obligatorios los últimos dos años. Además, el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben asumir el compromiso de universalizar los servicios educativos para los niños de 3 años. Finalmente, la ley también indica en su Artículo 12, de modo más general, la responsabilidad que tienen de planificar, organizar, supervisar y financiar el Sistema Educativo Nacional; y de garantizar el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades mediante la creación y administración de los establecimientos educativos de gestión estatal.
Asimismo, la propia Constitución de CABA -sancionada en 1996- ratifica estos compromisos y establece que el gobierno “asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.
Amparados bajo esta normativa, para Pines, la alternativa que les queda a las familias que no encuentran un jardín es el reclamo judicial. En este laberinto de leyes y normas, “durante varios años la mayoría de los juzgados otorgaban cautelares favorables a las familias porque el Artículo 24 de la Constitución de la Ciudad dice que el Estado tiene la obligación de garantizar la escolaridad pública, gratuita, laica y estatal desde los 45 días de vida”, expresa Pines. No obstante, a pesar de la obtención de estos resultados y como reverso de la misma moneda, advierte que “esto implica que los chicos ingresen a los jardines con el ciclo lectivo comenzado y hacinados, porque las escuelas están completas y exceden la matrícula que pueden contemplar”.
En una ciudad poco afecta a las normas, el periplo judicial recorrido por las familias sufrió un revés en diciembre del 2020, cuando el Tribunal Superior de Justicia porteño determinó que el gobierno estaba obligado a otorgar una vacante a quien no la hubiera conseguido por sorteo sólo si demostraba que no podía abonar la cuota de un colegio privado. Desde ese momento, el escenario cambió “porque muchos de los juzgados que antes daban cautelar favorable, dejaron de hacerlo”, explica Pines.
En la misma sintonía, para Perazza estos problemas evidencian el poco interés que tiene el Gobierno de la Ciudad sobre lo educativo y, principalmente, en potenciar la escuela de gestión estatal: “Me parece que 14 años en la gestión pública y tener todos los años el mismo problema con la falta de vacantes es un indicador. Creo que responde a un posicionamiento político-ideológico sobre la educación. Y se puede ver no solamente a nivel inicial, sino en general”.
Un presupuesto que naufraga
La eclosión de la pandemia producida por el virus del covid–19 puso a la educación en un primer plano durante este último año. El Gobierno de la Ciudad adscribió a un discurso que vinculó fuertemente el derecho a la educación con la presencialidad y la vuelta a las aulas. No obstante, las palabras contrastan con la evidencia de algunos informes y números que ponen en la superficie las diversas problemáticas que atraviesa, en una de las jurisdicciones con mayor presupuesto, el sistema educativo en general, y el Nivel Inicial en particular.
En este contexto, el presupuesto 2021 del Gobierno porteño contempló para la educación un gasto por más de $119 mil millones, lo que representó un aumento nominal del 29,03% respecto al Presupuesto 2020 -unos $26.779 millones más-. Frente a las múltiples adversidades que impuso la pandemia, sumado a un 2021 que trajo la vuelta de la presencialidad y la complejidad que implicó los diversos equipamientos y protocolos para las instituciones, los fondos destinados al servicio educativo aumentaron en términos reales un tenue 0,03%, si sólo se le descuenta la inflación oficial del 29% proyectada para este año por el gobierno nacional -número que ya quedó corto si se considera que en los primeros siete meses la inflación se ubicó en 29,1%-.
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señaló que “la evolución del presupuesto del Ministerio de Educación permite observar cómo ha ido disminuyendo su importancia en la totalidad de los recursos que administra el GCBA. En relación con el presupuesto total, la reducción de los fondos dirigidos a este Ministerio es alarmante, ya que en 2013 la asignación presupuestaria representaba el 24,24% del total y en este año 2021 sólo el 17,17%”. Esta tendencia coincide, aunque con pequeñas variaciones en los números, con los datos oficiales del Gobierno de la Ciudad publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos: en 2010 el gasto en Educación significó el 26,6% en el presupuesto total, mientras que en el 2019 un 18,2%.
Asimismo, el informe advierte sobre la disminución presupuestaria destinada a la Dirección General de Infraestructura Escolar quien se ocupa de garantizar condiciones edilicias en las escuelas, a través de la realización de obras para la creación o reemplazo de edificios, la reparación de los existentes, la accesibilidad, entre otras cuestiones. Además, tiene a su cargo un rol fundamental: la creación de nuevas vacantes en todos los niveles. Para la ACIJ “es especialmente preocupante el desfinanciamiento que ha sufrido este programa para el año 2021. Este ciclo presupuestario prevé una asignación de $1.140.411.496, lo que la convierte en la asignación más baja de los últimos 9 años e implica un 71,5% menos que la del año 2020. Este recorte tan importante pone en crisis la posibilidad real de que las escuelas públicas de la Ciudad puedan asegurar las condiciones edilicias, sanitarias y de seguridad que requiere un contexto como el actual”.
De cara a un panorama incierto, la pandemia puso al desnudo las enormes brechas existentes en el ámbito educativo. Pese a la existencia de un marco normativo, las problemáticas vinculadas con el acceso al derecho a la educación inicial y de calidad para todos y todas, no sólo persisten, sino que se agudizan con el transcurso de los años. Frente a una demanda en crecimiento hoy la oferta es insuficiente, y las respuestas del Gobierno de la Ciudad han acentuado las desigualdades.