El oficialismo presentó un proyecto de ley para determinar las restricciones sociales necesarias por la pandemia a través de parámetros sanitarios objetivos. La mayoría de la oposición no aportará su aprobación en la Cámara de Diputados y el Frente de Todos busca acuerdos contrarreloj para lograrlo antes de que venza el último decreto presidencial.

El gobierno nacional envió el lunes pasado al Congreso de la Nación el proyecto de ley conocido como “Emergencia Covid”, que busca crear parámetros epidemiológicos y definir las facultades de las diferentes jurisdicciones para establecer restricciones sanitarias. La iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ingresó por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo tiene mayoría propia, y espera ser aprobada antes del 21 de mayo, cuando vencen las actuales medidas decididas al comienzo del mes. 

La estrategia será avanzar en los consensos necesarios, de acuerdo a la postura que cada jurisdicción mostró en las últimas reuniones de los Consejos Federales de Salud y de Educación, en las cuales la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza quedaron aisladas defendiendo la presencialidad en las escuelas y rechazando las cuatro etapas de riesgo propuestas. La especulación pasa por el apoyo de los oficialismos provinciales del Frente De Todos, sumado a los mandatarios radicales de Jujuy y Corrientes. 

El proyecto define los parámetros de situación epidemiológica según la cantidad de casos cada cien mil habitantes: bajo riesgo (50 a 150 casos); mediano riesgo (150-200); alto riesgo (250-500); y Alarma Epidemiológica Sanitaria (más de 500 y 80% de ocupación de unidades de cuidado intensivo-UTI), única instancia en que se suspende la presencialidad escolar. Además, avala la disposición de restricciones de acuerdo a la gravedad de cada lugar y aclara que las decisiones del PEN serán de “forma razonable y proporcionada”, previa consulta con la jurisdicción correspondiente. También brinda potestades a la Jefatura de Gabinete para ampliar o reducir la circulación nocturna, la virtualidad en empleos públicos y las limitaciones sobre el transporte, mientras que las provincias continuarán ejerciendo las facultades concurrentes de control y fiscalización.

La iniciativa sigue las variables ya establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 287/2021, que se encuentra vigente y dentro del marco normativo actual. Las etapas se definen por tres criterios principales, que son la incidencia y la velocidad de los contagios y la ocupación de camas de terapia intensiva. En diálogo con ANCCOM, Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Sanatorio Otamendi y miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), analiza que “frente a una situación epidemiológica que no ha mejorado lo suficiente y frente a la discrecionalidad que hay” se impone un instrumento que “pone pautas objetivas para la implementación” de medidas sanitarias. “Es importante definir taxativamente que estamos en un contexto de colapso” en el cual la “intubación fuera de UTI es un determinante independiente de mortalidad”, completa Dubin.   

Primera parada: Senado

El martes, al día siguiente de la presentación del proyecto por parte del oficialismo, se realizó  el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara Alta. María de los Ángeles Sacnun, senadora por Rosario y presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales que condujo el plenario, indicó a ANCCOM que el proyecto “se funda en las facultades que otorga la Constitución Nacional (CN) en los Artículos 41 y 42 y en los pactos internacionales a los que se comprometió el país”. Además, agrega que “se basa en datos objetivos y la previa consulta sostiene el federalismo”, en línea con lo que apuntó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo sobre las clases presenciales.

La iniciativa, que no tuvo modificaciones, obtuvo dictamen favorable para ser tratada durante esta semana. Si bien el oficialismo cuenta con mayoría propia, resaltó la postura de Alberto Weretilneck, senador de Juntos Somos Río Negro y usual aliado, que adelantó su rechazo al sostener que la ley es “en respuesta al fallo de la Corte”. Está la posibilidad de que se apruebe con ciertos cambios para llegar con más apoyo a la Cámara Baja. 

El rechazo de Juntos por el Cambio fue total y Humberto Schiavoni, senador por Misiones, expresó que “hay absoluta unanimidad dentro de la alianza en el tema”. El problema pasa por lo que entiende el oficialismo y toda la oposición por federalismo de concertación, en relación al acuerdo que debe haber entre Nación y cada provincia. Para Schiavoni, si la consulta “no es vinculante entonces es inconstitucional”, por lo que consideró que, de nuevo, se “entrará en un conflicto de poderes”.   

Acuerdo o judicialización 

Al igual que en la postergación de las PASO, el centro de atención está puesto en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo depende del consenso con otros bloques para lograr su aprobación, sobre todo por el acelerado tratamiento que busca darle. En Juntos por el Cambio ya habían anticipado su rechazo y advirtieron que intenta otorgarle “superpoderes” a Alberto Fernández. Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica que se ocupó de la revisión de los fundamentos, lamentó la calificación y afirmó que el objetivo es “dejar atrás la herramienta del DNU y pasar a una ley como marco, donde el Presidente sólo pueda intervenir después de que una Gobernación haya adoptado medidas y chequeado su resultado”. Por su parte, Cecilia Moreau, vicepresidenta del Frente De Todos en la Cámara Baja, puntualizó que los criterios “no deben estar atados a la subjetividad y al uso político”. Sostuvo que “no toda la oposición es la misma” y que “una parte comprende la situación”. 

Luego de su aprobación en Senadores, el proyecto será girado a las mismas dos comisiones de Diputados y, de esa manera, la fuerza oficialista entrará en una disputa voto a voto para llegar al quórum de 129 voluntades. Los principales cuestionamientos pasan por el consenso necesario con los gobernadores, los límites a la delegación de facultades y una temporalidad determinada. En el texto se establece que las medidas se revisen a los 21 días y establece su propia vigencia hasta el 31 de diciembre, de acuerdo a lo establecido por los decretos 260/20 y 167/21. Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio y del bloque radical, criticó que “puede durar hasta que termine la pandemia”, cuando el artículo 76 de la Constitución Nacional “exige que toda delegación tenga plazo fijado para su ejercicio”, mientras “el Ejecutivo viene decidiendo por DNU la duración de la emergencia sanitaria”. 

A pocos días del vencimiento del DNU, acuerdan nuevas restricciones para el AMBA.

Negri considera que se “pretende actuar como si fuéramos un país unitario” y que los gobernadores, según establece el artículo 128 de la Constitución son “agentes naturales facultados para velar por su cumplimiento de la Carta Magna”. Juan Manuel López, que lidera a la Coalición Cívica, advierte que el Congreso “no puede delegar facultades que no le pertenecen” y su par del PRO, Cristian Ritondo, evalúa que “el presidente ya tiene bastante poder y se ha extralimitado”. De esta manera, los votos deberán ser buscados en el resto de las bancadas. 

El poroteo

El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, encabezado por José Luis Ramón, pretende más claridad en los plazos y la terminología, cuestiones que ya fueron comunicadas. Si se resuelven, acompañaría la iniciativa y podría sumarse el apoyo de Beatriz Ávila, del Partido por la Justicia Social de Tucumán. El interbloque Federal, presidido por Eduardo Bucca, continúa mostrando una postura heterogénea. Alejandro Rodríguez, y los otros dos legisladores identificados con Roberto Lavagna, adelantaron que rechazarán la medida. A Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, le parece que el sentido es “sólo contradecir a la Corte” y también se mostró en contra. Por el lado del Socialismo, Enrique Estévez considera que, además del consenso y las limitaciones, “debe haber más elementos científicos”. Las mismas inquietudes son compartidas por el bloque Justicialista y el Frente Progresista Cívico y Social, que podrían contribuir con tres votos.

El oficialismo le estará prestando atención a los legisladores de aquellas provincias que lo acompañaron en los Consejos Federales, en especial a quienes representan a Jujuy y a Corrientes, y al diputado Luis Di Giacomo, que responde al senador Weretilneck. A él se suman las dos bancas del bloque Acción Federal, que conduce el riojano Felipe Álvarez, y el monobloque del Movimiento Popular Neuquino en manos de Alma Sapag. 

Por último, restará saber que harán los dos representantes de la izquierda trotskista: Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, y Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas. El primero piensa que “no propone ninguna medida para cuidar la vida de los trabajadores” y que “cambia los parámetros de la Sociedad Argentina de Pediatría para suspender la presencialidad escolar”. El segundo deslizó que, si bien “el semáforo epidemiológico se puede considerar”, su partido “rechazó históricamente” los “superpoderes”. Otra vez, el tiempo le juega contrarreloj al Gobierno Nacional y la posibilidad de consensos disminuye, cuando todo debe resolverse en una semana o Alberto Fernández tendrá que apelar a la extensión de las actuales restricciones sanitarias.