Como ya se mencionó en una nota de este mismo medio, la salud menstrual es una problemática que urge sea parte de la agenda política dadas las consecuencias que conlleva su inaccesibilidad. Ahora bien, ¿cómo es la situación de mujeres y disidencias que atraviesan, mes a mes, su menstruación en contextos de encierro? ¿Cómo son las condiciones carcelarias en esta materia?
En Argentina, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones dignas de detención para las personas privadas de su libertad, lo cual contempla, por supuesto, el acceso al derecho a la salud. Sin embargo, se trata justamente del derecho que más violaciones sufre y lo que respecta a mujeres y disidencias no escapa a estas lógicas. “En el penal, como en el afuera, los insumos te los debes garantizar vos. Cada vez hay menos frecuencia en la entrega de elementos de higiene por parte de los Servicios Penitenciarios del país, cuando es un derecho que te los den, ya que te encontrás bajo la guarda del Estado. Cuando los entregan son en muy poca cantidad y de muy mala calidad: un jabón por mes, por ejemplo”, relató Liliana Cabrera, integrante de la organización Yo No Fui.
A su vez, Ludmila Azcué, abogada penal e investigadora que lleva adelante distintos talleres en la Unidad Penal 50 de Batán, en el marco de una Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, expresó que le consta que en esta Unidad se distribuye sólo un paquete de ocho toallitas por mes en cada celda. “Las celdas están compuestas por cuatro o cinco personas, es decir, se dan dos toallitas por persona menstruante, cuando en verdad necesitamos 16 por mes. El Estado tiene que proveer su totalidad por ley y no lo está haciendo porque no lo considera un producto social”, afirmó Azcué.
Las opciones para acceder a los productos de gestión menstrual estando presa son comprando estos elementos en proveeduría, donde los precios suelen ser exorbitantes y para lo cual deben contar con dinero depositado o con trabajo. Si este no es el caso, dependen de que las familias puedan proveer estos elementos y de que se los dejen entrar. Pierina Garofalo, referente de la organización Atrapamuros, aseguró que esto último tiene numerosas complejidades, “no sólo por el costo altísimo que tienen los insumos y el viaje a las unidades penales -que, al existir menos unidades de mujeres que de varones, la mayoría de ellas se encuentra alejada de los lugares de origen de las mujeres, lo cual da cuenta del impacto que la prisionización tiene sobre sus redes familiares y comunitarias- sino también porque las mujeres históricamente reciben menos visitas que los varones”.
Por supuesto, la salud menstrual es más abarcativa que el acceso a productos menstruales e incluye cuestiones edilicias que son necesarias para una menstruación digna. En este sentido, “es importante poner sobre la mesa que las cárceles y las unidades penitenciarias han sido construidas por y para varones. De la misma manera que la experiencia de las mujeres, lesbianas, travestis y trans es invisibilizada una y otra vez en los procesos judiciales, también está la invisibilidad de sus problemáticas en la arquitectura penitenciaria y las reglamentaciones vigentes, con la violencia institucional que eso implica”, afirmó Garofalo.
“Las peores instalaciones para ir al baño, por la falta de asepsia, privacidad y faltos de mantenimiento, son los baños de las alcaldías, que dependiendo del cupo dentro de las cárceles podes pasar días o meses compartiendo un solo baño con 30 personas”, narró Liliana Cabrera y agregó: “Dentro de los penales cuesta mucho también que realicen los arreglos correspondientes cuando no funcionan los baños. También cuesta poder limpiarlos adecuadamente, porque solo contábamos con los elementos de limpieza que nos daban desde el Servicio Penitenciario Federal, la mayoría muy diluidos en agua. Si alguna no tenía la posibilidad de comprar estaba expuesta a un montón de infecciones porque era muy difícil que tus compañeras te pudieran prestar siempre lo que se considera un bien escaso y muy valioso”.
Sin dudas, estos datos críticos exponen la imperativa necesidad de redistribuir el presupuesto penitenciario en clave feminista y entendiendo que, en definitiva, lo que está en juego son derechos fundamentales como la integridad y la dignidad de las personas. “El presupuesto penitenciario, como el de otras tantas instituciones, está pensado desde lógicas androcéntricas -expresó Ludmila Azcué y añadió-, no se piensa en que hay un grupo cuyas características fisiológicas y necesidades son diferentes”.
La necesidad de adecuar las instituciones carcelarias apunta también a la transversalización de la perspectiva de géneros y de derechos en la formación del personal penitenciario para desterrar cualquier tipo de preconcepto que atente contra la dignidad de las personas. “Acceder a un control ginecológico ha sido una de las peores experiencias que hemos atravesado muchas de nosotras, por la falta de empatía de profesionales que termina derivando en violencia simbólica, entre otros vehículos para la crueldad”, relató Cabrera.
Contextualizar la problemática
En los últimos años Argentina ha presenciado un aumento exponencial de las mujeres y disidencias detenidas, lo cual no responde a un aumento en los delitos cometidos, sino a una visión y decisión política que fomenta la prisionización. Esto se inscribe, a su vez, en un aumento del hacinamiento e inadecuación de las instalaciones, la irregularidad en las provisiones y la inaccesibilidad a servicios básicos de salud.
En este contexto, es necesario que los proyectos legislativos de gestión menstrual contemplen la complejidad y particularidad de las personas menstruantes privadas de su libertad. Si bien algunos de los proyectos presentados en Argentina mencionan expresamente a los espacios de encierro como puntos de provisión, es necesario que se piensen desde un acercamiento más concreto con esta realidad.
Ludmila Azcué, junto a sus pares de la Extensión Universitaria, propusieron -a mediados del 2020- el programa “La copa menstrual: una alternativa para gestionar la menstruación en cárceles bonaerenses”. Si bien dado el contexto de pandemia no cuenta aún con grandes avances en unidades penitenciarias, sí han llevado adelante procesos exitosos en distintos barrios populares marplatenses. A su vez, se pensó -siempre en función del contexto- en una variante de toallas ecológicas que apunta “que las propias mujeres puedan producir y eventualmente después poder hacerlas circular, no solamente al interior de la unidad sino hacerlas circular afuera, para que eso les permita de alguna manera quizás no a dinero, porque es complejo por las lógicas del sistema penitenciario, pero sí acceder -a través del sistema de trueque- a otros productos de difícil acceso en contexto de encierro”, narró la investigadora.
Por otro lado, Azcué remarcó que “es importante que desde el Estado se empiece a producir información sobre la menstruación, ya que tradicionalmente los estudios existentes fueron llevados adelante por la propia industria de la mal llamada ‘higiene menstrual’, es decir, estudios financiados por las empresas que venden esos mismos productos. Tenemos que repensar esa información desde una mirada que abandone lógicas mercantilistas y que avancen en una mirada de construcción y consolidación de los derechos humanos de las personas”.
Sin perder de vista las fallas sistémicas y las pésimas condiciones antes, durante y después de la vida en las cárceles, es importante resaltar la dimensión de la resistencia de las personas privadas de su libertad. “Me interesa recuperar el tejido de redes cotidianas entre compañeras detenidas y la dimensión colectiva de esta pelea por el acceso a derechos que es fundamental para efectivamente garantizar ese acceso. Recuperar cómo cuando una compañera sufre una dolencia en términos de salud, es imprescindible este contar con otras que puedan acompañarla en hacer ruido y acceder a la sanidad”, expresó Pierina Garofalo y concluyó: “Esto no lo digo con ánimo de romantizar nada sino para poner sobre la mesa que los cuerpos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, así como son depositarias de violencias múltiples en contextos de encierro, también son territorio de batalla, de resistencia. Lo colectivo, la construcción grupal, el tejido de redes son fundamentales en todo esto”.