«Eran las dos de la mañana y uno se despertaba por el olor. No se podía respirar», cuenta Marina Acosta.
“Más de 15 años de experiencia en promover la gestión responsable de residuos”, se presenta en su página web el Grupo Quimiguay S.A., empresa dedicada al manejo de residuos peligrosos como aceite usado de autos y cocina, latas de pintura y desechos de medicamentos y artículos farmacéuticos. Ellos lo dicen de manera filantrópica: “Volver a introducir en el mercado nuevos productos que de otra forma terminarían en cursos de agua, basurales o sitios no habilitados para tal fin”. Pero, como afirmó Napoleón, “el mal de la calumnia es semejante a la mancha de aceite: deja siempre huellas”.
Gualeguay, Entre Ríos, la llamada ciudad de la cordialidad: nombre que alguna vez se le dio porque, al parecer, su gente es amigable y respetuosa; quizá es porque “gracias” y “por favor” se escuchan muy seguido. Es un lugar tranquilo, ideal para el descanso. Según el sitio de turismo provincial, “la caracterizan sus plazas extendidas sobre la superficie de cuatro manzanas, los verdes intensos y la serenidad flotando sensiblemente en el aire, que invita a desacelerarse”.
— ¡¿Desacelerarse?! –exclama Marina.
Marina Acosta es esposa y madre de dos hijos, Boris y Pilar. Viven al borde de Ruta 11 y toda la familia administra La Curva, un local para jugar al pádel. Ella, a su vez, es maestra de francés y nunca habían pensado construir canchas. Se asentaron en el terreno, en 1997, sólo por lo bello que era. “Típica zona de chacras. Había gran cantidad de flora y fauna. Cerca, hay un zanjón en el que había peces, ranas y caracoles. Los árboles llenos de pájaros. Y había siempre un aroma rico que venía de todas las plantas”. Desde la década de los 2000, Marina también es activista por la protección del medio ambiente de la ciudad:
― ¿Qué fue lo que te impulsó?
― Grupo Quimiguay S.A. Cuando llegaron, empezamos a sentir el cambio en el color del agua. Tenía gusto raro y, desde ese momento, recurrimos a los bidones. Luego vimos hasta pájaros palmados en el suelo. No sé si tomaban agua o comían algo. Después comenzamos a ver todos los peces muertos, flotando. Nunca nadie nos supo explicar esto. Los olores se volvieron insoportables y más en el invierno: cuando estaba la salamandra prendida, los gases se condensaban más, porque el calor produce ese efecto. Se hacía imposible respirar y teníamos que prender el aire acondicionado para enfriar y ventilar.
«Vimos pájaros palmados en el suelo y peces muertos flotando», subraya Acosta.
El 16 de noviembre de 2001, la empresa se instaló a la vera de la Ruta 11, kilómetro 213, autorizada por el Decreto N° 6260 del intendente de turno, el radical Héctor Jaime, quien a través de su Secretaría de Gobierno le otorgó el permiso de suelo y radicación municipal. Este permiso no permitía el funcionamiento, pero la planta comenzó a marchar aún con múltiples violaciones relativas a infraestructura, ubicación y transporte de residuos. “Ni ellos sabían bien de qué se trataba. Después nos fuimos enterando que esto vino impuesto desde la provincia. Pudimos notar que era algo que estaba a otro nivel, excedía al municipio”, cuenta Marina.
Durante años, los vecinos de la zona se vieron afectados. No solo padecieron el deterioro progresivo del medio ambiente, sino también de su salud. “Dolores de cabeza, descompostura de estómago, problemas respiratorios. Por ejemplo, cuando Boris venía de la escuela, inevitablemente tenía que pasar por la planta y siempre terminaba con sangre en la nariz. El médico decía que solo era irritación, pero no sé, mucha casualidad”, recuerda Marina, que habla como si se le hiciese un nudo en su garganta. “Todo esto era un trastorno en la vida diaria. Eran las 2 de la mañana y uno se despertaba por el olor. No se podía respirar. Y muchas veces nos subíamos al auto para irnos hasta que pasara un poco”.
“Los vecinos sufríamos dolores de cabeza, descompostura de estómago, problemas respiratorios», señala Acosta.
La Agrupación de Vecinos Autoconvocados, impulsada por Marina, siempre se amparó en el artículo 41 de la Constitución Nacional: el derecho a un ambiente sano. Pero además podían acreditar los actos de ilegalidad de la empresa:
― ¿Qué pruebas tenían?
― Se iban hasta el basural y ahí volcaban los desechos. El actual intendente Bogdan (N. de la R.: UCR-Cambiemos), que en ese momento estaba con nosotros en la corporación, los seguía y sacaba fotos. Hasta una vez la policía les secuestró un camión, porque se hizo la alerta y pudieron llegar a tiempo para verlos. Aunque quedó en la nada.
― ¿Y no los inspeccionaban?
― Sí. Pero siempre cuando llegaban las autoridades a la planta estaba todo bien. Estoy segura que les avisaban. Y ahí es cuando ellos violaban la seguridad de sus freatímetros (perforaciones de 115 milímetros de diámetro creadas para el control y análisis de una determinada napa de agua) para que en los exámenes no saliera nada raro. Incluso, en una ocasión, nos culparon de irrumpir en sus instalaciones para romper todo. Fue en un momento en que los iban a visitar los de la Secretaría de Ambiente de provincia.
El trato entre los trabajadores de la planta y los vecinos siempre fue conflictivo. “Ellos siempre tuvieron tonos amenazantes y te trataban mal. Una vez me hicieron un finito con el camión y me rayaron todo el auto. Ellos eran así, porque luchar por nuestra calidad de vida iba en contra de su fuente de trabajo. Pero nunca entendieron que no era con ellos. Se ponían la camiseta de la empresa de tal manera que ya pasaban a ser patoteros”, relata Marina y agrega: “A la mayoría después los echaron. No les pagaron nada. Como hacen estas grandes empresas”.
Por muchos años, la lucha de los residentes de la zona se veía limitada por cuestiones políticas que marcaron distintas situaciones de irregularidad. Durante el período del intendente José Jodor, el Secretario de Gobierno era el abogado Gastón Justet, quien a su vez se desempeñaba como letrado de Quimiguay. Si bien no era ilegal, había un conflicto de intereses. “A Gastón lo denuncié en el Colegio de Abogados, pero nunca se hizo nada”, comenta Marina. También supone que en la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia había alguien que trabajaba para ellos. “Una vez llamé para quejarme por el olor y me atendió un ingeniero, de apellido de Vázquez. Me dijo: ´Señora, ya fuimos. Está todo bien´, y me cortó. Eso fue cuando estaba Fernando Raffo como secretario”.
En diciembre de 2010, se creó el Foro Ambiental Gualeguay y comenzó el apoyo y los reclamos formales de los años de lucha de los residentes afectados por la empresa. Se tenía la esperanza de que todo se movilizara aún más. “Después de tantos años sin control, Quimiguay perjudicaba a toda la ciudad, porque contaminaba aire, suelo y aguas del río Gualeguay”, subraya la actual presidenta del Foro, Luisina Viviani. Pero en 2011 pasó lo que nunca se pudo en los 10 años anteriores: en noviembre, el ex intendente José Luis Erro financió los análisis para comprobar la contaminación, en los laboratorios E y C de Ciudadela. Los resultados obtenidos para los gases tolueno y xileno –componentes derivados de los hidrocarburos– violaban la Ley Nacional de Residuos Peligrosos por valores de más de 10 veces que lo permitido. La planta fue clausurada en diciembre del mismo año. Para fortuna de los residentes del lugar, Quimiguay dejaría de funcionar. Pero fue el principio de algo peor.
“Es cierto que Erro pagó los análisis de laboratorio. También que impulsó la clausura de Quimiguay. Pero no lo hizo con el argumento de que violaba la Ley de Residuos Peligrosos, sino que solo procedió por una contravención menor municipal. Es ahí donde se viene abajo todo lo que hizo. Cuando uno quebranta la ley nacional, la multa es gigantesca, se está obligado a remediar la zona contaminada y se inhabilita por siempre la posibilidad de abrir cualquier otro emprendimiento similar”, explica Alejandra Manzán, bioquímica y antigua presidenta del Foro.
Alejandra comenta que la zona de ruta 11 todavía hoy está contaminada, porque no han hecho ningún plan para restaurar las napas. Está la certeza de que hasta 25 metros hacia abajo hay contaminación. “Ya pasaron más de cinco años, pero nunca nadie les dijo nada. Uno de mis vecinos hizo un pozo a más de 40 metros y el agua no se puede tomar”, explica. Si los jugadores de pádel de Marina Acosta piden agua, solo será mineral. Quien esté dispuesto a servirse un vaso de la canilla, en vez de un líquido cristalino, incoloro y sin olor, tendrá uno grisáceo con un gusto similar al gasoil.
El pasivo ambiental no es el fin de esta historia. “En el fondo, a Gualeguay, lo hizo pelota. El problema no se solucionó, sino que se agrandó”, dice Alejandra sobre Erro. Ahora la firma cruzó el río bajo el nombre de Soluciones Ambientales. Se ubicó en la jurisdicción de Gualeguaychú, específicamente en el municipio de Enrique Carbó, en la ruta 16. “Ellos tienen una habilidad para manipular a todos y no puedo entender eso. Sobre todo por parte de los gobiernos. Son elegidos para que defiendan los intereses de la mayoría. Acá no se ve reflejada esa mayoría, porque afecta a toda la ciudad. Toda la ciudad tiene olor”. En la web de turismo provincial deberían aclarar que la “serenidad flotando en el aire” viene acompañada de un aroma desagradable.
Hasta el cierre de esta nota, nunca hubo contestación de la Dirección de Medio Ambiente del municipio. Irónicamente, los de la empresa fueron más amables. Aunque, vía telefónica, la comunicación fue extraña: primero, atendió dos veces una contestadora diciendo que el número era inexistente. Se intentó una tercera vez y habló una operadora diferente diciendo que el número no estaba disponible. Por insistencia, se probó una última y respondió una secretaria que llamó a su superior, Fernando Pierucci, jefe del sector, quién quedó en responder por mail. A las preguntas las contestó un secretario de prensa, Guillermo Solernó:
― ¿Qué puede decir del supuesto pasivo ambiental en la ruta 11?
― Es inexistente. Contamos con certificaciones que lo demuestran. Desde su cierre, el predio que albergaba nuestra anterior ubicación, ha sido monitoreado periódicamente y los estudios efectuados siguen siendo parte de nuestro trabajo diario. Dicho seguimiento continúa siendo controlado por la autoridad de aplicación y no hay evidencias que indiquen el supuesto pasivo referido.
Y así es como todo termina. Una empresa que durante una década contamina un lugar, se muda, sin arreglar nada, a otra zona cerca de la ciudad para seguir haciendo lo mismo. Aunque ahora bajo otro nombre. Tal vez habrán dicho “borrón y cuenta nueva”. Pero nada ha cambiado: las autoridades hacen oídos sordos a los reclamos y la firma niega todo. “Hace poco, veníamos viajando con Boris desde Gualeguaychú –cuenta Marina−. Pasamos por Soluciones Ambientales y él me dijo: ´Mamá… ¡La puta madre! Alcanzame un pañuelo´. Resulta que estaba sangrando de vuelta, después de tanto tiempo”.