Fotografía: Gentileza Aministía Internacional Perú

“Sé que no es hoy ni mañana, pero voy a volver y eso es lo importante, que voy a estar en casa”, se emociona Vanessa Gómez Cuevas desde Perú. A Vanessa la expulsaron en febrero, después de meses de intentar renovar su residencia para poder acceder a un trabajo formal y cursar la carrera de maestra jardinera, como le hubiera gustado.  A partir de entonces vive en Lima, en una habitación que el hermano le presta. Con ella está Micael, su hijo más chico, de dos años, y en su casa de La Plata, al cuidado de la abuela y las tías, quedó la otra mitad de la familia: su hija Morena, de 15 años, y Matías, que cumplió ocho mientras su madre estaba a miles de kilómetros de distancia. “Estoy muy contenta de que Mica se va a poder reunir con sus hermanos y yo con toda mi familia. No me lo esperaba, pero estoy muy feliz”, dice Vanessa. Cuenta que la noticia de que la Dirección Nacional de Migraciones dejó sin efecto la prohibición de reingreso a la Argentina le llegó mientras lavaba la ropa de su hijo, en un día normal dentro de la rutina a la que tuvo que acostumbrarse en Perú, sin trabajo y sin su gente. “Fueron siete meses pero pareció mucho más”, agrega.

A Vanessa la deportaron por tener antecedentes penales: el argumento que la gestión de Cambiemos adoptó para llevar a la práctica su política migratoria basada en la exclusión y la expulsión, una tendencia mundial en los países donde gobierna la derecha. Siguiendo los pasos de Donald Trump en Estados Unidos, el muro de Cambiemos es el DNU 70: un decreto que desde 2017 pone en jaque la Ley de Migraciones 25871, modificando artículos clave como el del plazo para la defensa del migrante una vez que le llega el pedido de expulsión,  eliminando la obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso a un profesional para la defensa, y aumentando la importancia de los antecedentes penales, el nuevo foco de la política migratoria.

Durante la tarde del lunes circuló, entre las cuentas de twitter de los organismos de derechos humanos, una sola imagen: la foto de la disposición emitida por Migraciones que deja sin efecto la prohibición de reingreso al país para Vanessa que el mismo organismo había hecho pública el 25 de febrero de este año. El primero en enterarse, en Argentina, fue Juan Martín Villanueva, abogado de Gómez Cuevas desde el 4 de febrero cuando, en el aeropuerto de Ezeiza, el día anterior a que la deportaran, firmó con ella el acuerdo para ser su representante legal. Este lunes, Villanueva recibió un llamado inesperado desde Migraciones: tenía que presentarse personalmente para recibir una notificación. Por teléfono no le dijeron de qué se trataba, así que apenas pudo se acercó. Mientras esperaba, lo llamaron desde Ginebra y le dieron la noticia: Horacio García, actual director de la Dirección Nacional de Migraciones, había anunciado que Vanessa podría volver al país. “En la última reunión que habíamos tenido, la actitud del Director de Migraciones así como de las autoridades que lo acompañaban, había sido totalmente negativa hacia el caso de Vanessa. Y en cuanto a mí, se mostraron bastante violentos, diciéndome, incluso, que había asesorado mal a mi clienta, por eso no me esperaba la noticia”, relata el abogado.

Respecto a la justificación para resolver el caso, es la que todo este tiempo habían estado exigiendo tanto él como los organismos que estaban involucrados en la causa: Vanessa vuelve por razones de índole humanitarias, es decir, porque la reunificación familiar es un derecho contemplado tanto en la Ley de Migraciones como en la Convención de los Derechos del Niño, que se estuvo salteando todo este tiempo. “Hubo presiones internas dentro del mismo aparato estatal que contribuyeron a la decisión sobre Vanessa. Ahora debería aplicarse a los otros casos y a la revisión del Decreto 70”, agrega Villanueva.

El anuncio se dio en el marco de la reunión del Comité para los Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas, que entre el 2 y el 11 de septiembre, en Ginebra, estarán interpelando al Estado Argentino por sus políticas regresivas en materia de derechos humanos de los y las migrantes: separación familiar, aumento de las barreras para la regularización de los documentos y aumento de los casos de discriminación, racismo y xenofobia, son algunos de los items que se desarrollan en el informe, que presentaron en conjunto 16 organizaciones de la sociedad civil ante esta entidad internacional.

“Esperamos que la Corte Suprema entienda que el DNU 70 tiene impacto sobre los casos concretos, sobre la vida de las familias migrantes”, expresó Raisa Ortíz Cetra, integrante de Equipo de Trabajo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diálogo con ANCCOM desde Ginebra. “Hasta ahora, el comité le ha solicitado al Estado que revise los casos donde haya expulsiones, ya sea ejecutadas o dictaminadas, que generen o puedan generar la separación de una familia”, agrega y hace referencia a los 125 casos que la Defensoría General de la Nación (DGN) tiene aún sin resolver. “Sabemos que el número es  más alto, pero al menos nuestra expectativa es que se empiece por ahí”, concluye la representante del CELS. Dos casos que se están tratando en la reunión con el Comité, además del de Vanessa, son el de Jhonny Quiróz, un hombre boliviano que fue expulsado en abril de este año, y el de Liz Moreta, una mujer dominicana con una condena cumplida desde hace once años y un pedido de expulsión emitido en 2018 que la separaría de sus hijos y de su marido, con la sola argumentación de sus antecedentes penales.

 

En línea con la estrategia que se llevó a cabo para el caso de Vanessa, el siguiente paso es la declaración de inconstitucionalidad del DNU 70, para garantizar los derechos de todos los y las migrantes. “La presión social y la movilización colectiva son tan importantes como la persistencia de todos los que estamos en esta lucha”, concluye Ortíz Cetra. Por ahora, al menos, la familia Gómez Cuevas disfruta de la buena noticia: “Es una alegría inmensa, todavía no caigo. Se ganó esta lucha pero ahora hay que seguir peleando porque den marcha atrás con el DNU”, aseguró a ANCCOM la hermana mayor de Vanessa, desde Buenos Aires, donde la espera con ansias junto a sus hijos, su madre y sus otras dos hermanas.