«Hay casos en que se ejecutan las expulsiones sin que se ejerza el derecho a la defensa» dice Raísa Ortíz Cetra, del CELS.
Los objetivos fueron claros desde el principio: reforzar un discurso que criminaliza a ciudadanos extranjeros que viven en el país, manipular de manera engañosa las estadísticas sobre la población migrante carcelaria y colaborar con su asimilación con la figura del delincuente. La política migratoria del gobierno de Cambiemos resultó precisa desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, según coinciden en denunciar organizaciones sociales y de Derechos Humanos.
Esa política quedó reforzada por el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 que modifica algunos puntos clave de la Ley de Migraciones de 2003, reglamentada en 2010, y, más recientemente, por el acuerdo que concede a la Policía de la Ciudad facultades de Policía Migratoria Auxiliar. Esa normativa avala los operativos de control y agiliza los traslados de las personas detenidas por pedido de expulsión, para lo cual normalmente se requeriría la presencia de Migraciones. “Una de las modificaciones que hace el DNU es sacar la obligatoriedad de la defensa pública. Eso deriva en que hay muchos casos que se están ejecutando sin defensa. Al suceder tan rápido, son situaciones de las que no nos podemos ni siquiera enterar”, afirmó Raísa Ortíz Cetra, integrante de Equipo de Trabajo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diálogo con ANCCOM.
El rechazo a la actual política y el reclamo por un sistema de radicación accesible serán las principales consignas de la movilización convocada por la campaña “Migrar No Es Delito” que engloba distintas agrupaciones políticas y movimientos sociales para el próximo miércoles a partir de las 10:00 frente a la sede de la Dirección Nacional de Migraciones.
«Se está cambiando el foco de las políticas migratorias que estaban direccionadas hacia la inclusión”, denunció Ortíz Cetra.
En el inicio de un año electoral clave, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue quien adelantó que el Gobierno estaba trabajando en un proyecto para acelerar el proyecto de “expulsión express” de migrantes. Cinco meses después de entrada en vigencia de la norma, al menos hay diez personas con orden de expulsión en curso. Esa lista incluye a Jhonny Quiroz -expulsado a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el sábado 6 de abril- y a Vanessa Gómez Cuevas, la mujer peruana que desde el lunes 4 febrero se encuentra en Lima con su hijo menor de dos años, separada de sus dos hijos mayores, su madre y sus hermanas, familia radicada hace más de quince años en Argentina.
La facultad de la Policía de la Ciudad sobre el control de permanencia da pie a la posibilidad de llevar a cabo detenciones por temas migratorios. “Estas normas dan lugar a que se utilicen elementos, como por ejemplo las cámaras de seguridad, que hay en la Ciudad para capturar migrantes con pedido de expulsión a través del reconocimiento facial”, explicó a Juan Martín Villanueva, abogado del caso de Vanessa.
Lejos de tener este objetivo, el control de permanencia es un elemento incorporado a la reglamentación de la Ley 25.871 para evitar la explotación laboral de los trabajadores migrantes, que tiene su máxima expresión en los talleres clandestinos, donde cientos de extranjeros sufren las consecuencias de las condiciones de trabajo inhumanas. “Lo que hace este acuerdo, en línea con las decisiones que se vienen tomando desde el 2015, es cambiar el foco de las políticas migratorias argentinas, que estaban direccionadas hacia la inclusión”, denunció Ortíz Cetra.
En esa misma línea, María Noel Leoni, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), agregó que esta decisión implica desjudicializar las expulsiones para hacerlas más expeditas. “Esto permea todo lo que tiene que ver con esta política migratoria que es mirar al migrante como un delincuente y tratarlo a partir de esta mirada”, afirmó la abogada.
Este re-direccionamiento tiene su pilar de ejecución en la captura de migrantes con antecedentes penales. Basadas en el discurso de la seguridad nacional, estas expulsiones arbitrarias no suceden por azar. “Es una persecución a migrantes pobres que, luego de cumplir su condena, han seguido llevado adelante su vida, sin poder regularizar su documentación por las dificultades que Migraciones interpone para este tipo de trámites”, denunció Lila Báez, integrante de la campaña Migrar No Es Delito.
Cinco meses después de entrada en vigencia de la norma, al menos hay diez personas con orden de expulsión en curso.
Un caso emblemático
El caso de Vanessa Gómez Cuevas no sólo es ilustrativo de las consecuencias concretas del DNU, sino también reflejo de una doble condena, primero por el sistema carcelario y después por el sistema migratorio. “Aún desde la perspectiva de la seguridad que es la que adopta Migraciones, el impacto de la expulsión de Vanessa es casi nulo porque ella había reconstruido por completo su vida. Lo que demuestra, en cambio, son las incoherencias de la política criminal: ¿Qué tipo de seguridad se está buscando?”, completó Ortíz Cetra.
Vanessa entró en detención preventiva en 2011 por tenencia de estupefacientes, acusada de comercialización. Sin acceso a una defensa efectiva, firmó el juicio abreviado para negociar la pena mínima, es decir, cuatro años de cárcel. Su condena nunca se resolvió, porque el juicio abreviado implica que ella se identifique culpable, una salida posible para condenas de este tipo, en las que un juicio puede llegar a tardar más en llevarse a cabo que la misma pena mínima en cumplirse.
En este tiempo, Vanessa quedó embarazada de su hijo Matías, que ahora tiene 7 años, y obtuvo la prisión domiciliaria, que cumplió en La Plata, en la casa de su hermana. En 2014, concluida la condena, estudió Enfermería y empezó a trabajar cuidando adultos mayores. Desde entonces, intentó reiteradas veces regularizar su situación legal en el país, pero Migraciones rechazó su pedido de radicación. Entonces, la Comisión del Migrante, que depende de la Defensoría de la Nación, le asignó una defensa oficial y presentó un recurso de reconsideración en nombre de ella, que quedó sin respuesta desde 2015. Desde entonces, Vanessa no tuvo respuestas del Estado. Sin embargo, de lo que nunca se enteró es que la respuesta a dicho recurso fue, de alguna manera, el pedido de expulsión que notificaron a una dirección en Capital Federal donde ella ya no vive hace más de diez años.
Vanessa fue detenida el 1 de febrero en su casa de Altos de San Lorenzo, en el partido de La Plata, donde vivía con Matías, Morena y Michael, sus tres hijos. En el barrio viven también dos de sus hermanas y su madre, que llegó al país hace más de veinte años. El día de la detención, la Policía Federal engañó a Vanessa con la excusa de “ir a firmar una notificación” y volver, y así la trasladaron a la comisaría de Azopardo, para luego llevarla a la de Madariaga y de allí a Ezeiza.
En el transcurso de la tarde y noche de ese viernes, una de las hermanas de Vanessa se contactó con Villanueva para que la ayudara con la situación.
Después de tres días en condiciones aberrantes en un sótano de Ezeiza, habiendo rechazado las medidas legales que se utilizaron para intentar frenar su expulsión, la Policía Migratoria amenazó a Vanessa con mandar a su hijo a Lima, si ella se seguía negando a salir del país. Frente a la amenaza, ambos viajaron a Perú, donde están desde entonces en la casa de un familiar.
Según el informe de Víctor Manuel Rodríguez González, psicólogo forense integrante del CELS, al que pudo acceder ANCCOM, la situación dejó una fuerte marca emocional en la familia, en especial en sus tres hijos.
El pasado 17 de mayo, Villanueva junto al CELS, el CEJIL, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el apoyo de Amnistía Internacional, presentaron una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que den causa a una medida cautelar, con el objetivo de que el Estado revierta la prohibición perpetua de reingreso a la Argentina que tiene Vanessa, para poder llevar a cabo la urgente reunificación familiar. “Con el DNU se estableció que la decisión de ponderar o no la separación de una familia y la necesidad de reunificación dependa exclusivamente de la autoridad migratoria, es decir, descarta la mirada de la justicia, que termina interviniendo solo para ratificar las decisiones de Migraciones”, afirmó María Noel Leoni, del CEJIL.
El poder que adquiere la Policía de la Ciudad en este nuevo acuerdo efectiviza los pedidos de expulsión y recrudece cada vez más el recorte a los derechos de las personas migrantes. “Esta política responde a un reclamo por la inseguridad, porque hay una parte del electorado que por este tipo de decisiones se siente fidelizado. Es un discurso simplista que pone al enemigo en una minoría para depositar ahí todas las miserias de la crisis”, concluyó Villanueva.