Por mail y sin indemnizaciones, el Canal de la Ciudad despidió a 24 trabajadores y cerró sus puertas. Denuncian lock out patronal.

El gobierno porteño despidió a 24 trabajadores del Canal de la Ciudad, mientras la asamblea de trabajadores de la emisora teme que esa cantidad aumente, al mismo tiempo que reclama la reincorporación de sus compañeros y denuncia un lock out patronal, que mantiene cerrada la señal desde principios de enero.

Luego de una movilización llevada a cabo el 26 de enero, el lunes 29 se celebró otra reunión con la Secretaría de Trabajo, cuya oferta consistió en reincorporar a 9 trabajadores. La asamblea del canal rechazó la oferta y, según Ezequiel Díaz, “La lucha ahora continúa desde lo gremial, desde Defensoría del Pueblo, en la Legislatura y en las calles”.

La tanda de despidos de 2018 comenzó el viernes 5 de enero, cuando cinco trabajadores del fueron dejados sin trabajo por motivos poco claros que excedían a su desempeño laboral. Ante esto, compañeros y miembros de la asamblea del canal se solidarizaron y realizaron una permanencia pacífica en la emisora el lunes 8 para obtener explicaciones y señalar la arbitrariedad del caso.

A pesar de su carácter pacífico, la acción gremial fue condenada. “Al día siguiente Eduardo Cura, director general del canal, envió un mail titulado Lunes 8: Consecuencias,  donde decía que por esta medida gremial 19 compañeros más serían despedidos”, explica Ezequiel Díaz, productor ejecutivo y delegado de la asamblea.

“Los motivos que nos dieron fueron vagos y confusos”, señala Mariana Giordano, que es a su vez delegada y llevaba más de siete años en el Área de Producción hasta el momento de su despido. “Lo único que tienen en común los 24 compañeros despedidos es que todos son miembros activos de la asamblea del canal, por lo que habría una clara persecución política. Buscaron aleccionar, que los despidos sirvan de ejemplo a otros trabajadores”, señala.

El martes 9, los trabajadores del canal y miembros de la Asamblea se reunieron en las inmediaciones de la emisora para cortar la calle. De esta manera, lograron entrar en diálogo con la Subsecretaría de Trabajo para negociar la reincorporación de los compañeros.  Desde entonces, el canal permanece cerrado y se evita el ingreso de los trabajadores, a excepción de gerentes y personal de limpieza.

Además de poner en riesgo la situación de quienes conservan su empleo, esta decisión también carece de explicación oficial. “Se dijo que el canal estaba cerrado por una revisación técnica tras los daños ocasionados el lunes 8, lo que es mentira porque en la asamblea creemos que la violencia no es el camino, siempre apelamos al diálogo”, aclara Díaz.

Asamblea en la puerta del Canal de la ciudad,en septiembre de 2017.

Para dar a conocer la situación, el 25 de enero se celebró una conferencia de prensa en las puertas del canal. La reunión contó con el apoyo del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), ATE Capital y legisladores del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Durante la conferencia,  los trabajadores denunciaron el cierre de la emisora como un caso de lockout patronal.

“El Canal de la Ciudad es un ente público, no puede cerrarse como una productora privada y funcionar de retransmisiones como sucede hace más de diez días sin ninguna explicación oficial. Esto es ilegal”, dice una de las trabajadoras despedidas, que pidió preservar su identidad.

A esta, se suman una serie de irregularidades que afectan el día a día de los trabajadores: “Los despidos fueron realizados por mail y sin hablar de indemnización. Un 90% del canal se encuentra bajo un régimen de contrato precario. Estamos hablando de personas que trabajan allí hace siete u ocho años”, aclara Mariana Giordano.

Por otro lado, la asamblea acudió a la Defensoría del Pueblo para denunciar la difusión de datos personales contenidos en el mail que comunicaba los despidos. El mismo señalaba nombre, apellido, DNI y CUIT de los trabajadores y fue enviado a todo el canal y a otras dependencias del Estado. Tal denuncia será elevada a la Legislatura porteña en marzo.

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