Por la peatonal pergaminense caminan policías rumbo a “la Primera”. Dejan sus autos a un par de cuadras, llegan en transporte público o caminando. Son las 16:30 del lunes 2 de octubre y en una hora se inicia una marcha en la plaza para reclamar justicia por los siete jóvenes masacrados. Los policías arman dos vallas en las esquinas contiguas a la seccional mientras fuman, dialogan y se ríen.
Madres, padres, amigos, hermanas, hermanos, parejas, hijos, nietos, abuelos y grupos de jóvenes llegan a la Plaza Merced, a una cuadra del lugar de la masacre en la que murieron siete jóvenes detenidos tras el incendio de la Comisaría 1º de Pergamino, el pasado 2 de marzo. Con la Iglesia Merced y el Palacio Municipal como testigos, la columna empieza a tomar forma. Unos 70 carteles sostenidos por palos, colgados del cuello o colocados en las mochilas piden justicia, no olvidar y Nunca Más.
Silvia, madre de Fernando Latorre, uno de los fallecidos, afirma que “la gente de Pergamino no tiene conciencia de las cosas que pasan. Marchás y te miran con cara de bicho raro, la indiferencia te pega un poco”, se lamenta y agrega: “Hay muchos que juzgan por el lugar en el que los chicos estaban (la comisaría). No decimos que sean inocentes, pero estaban al cuidado del Estado y queremos justicia por eso”.
La multitud permanece allí media hora exigiendo castigo a los culpables. “No es un policía, es toda la institución”, sostienen y el bombo que acompaña la marcha se escucha cada vez más alto. Mientras tanto, en el sexto piso del edificio lindero a la comisaría, una mujer de camisón se asoma al balcón, mira, vuelve a entrar y cierra con fuerza la puerta ventana. Los transeúntes que “pasean” por el centro, al toparse con la manifestación, pegan la vuelta o apuran el paso hasta cruzar la concentración. Un hombre de unos 60 años sale del bar de la esquina, observa la escena con el ceño fruncido, niega con la cabeza, se mete de nuevo en el bar, se sienta de espaldas a la calle y pide un café.
A siete meses de la masacre de Pergamino, la justicia sigue amparando a los victimarios.
“¡Mamá, vení rápido porque nos mata la policía!”, “Hagan quilombo porque nos matan”, los mensajes de texto que los chicos enviaron aquel 2 de marzo todavía resuenan en el corazón de sus madres, que los recibieron. La prima de Fernando Latorre, Ludmila Díaz, apunta al accionar de la policía: “Eran personas y los dejaron morirse, estaban afuera sintiendo los gritos de dolor, sintiendo cómo se quemaban, la peor manera en la que puede morir un ser humano”. Silvia, la mamá, se refiere al maltrato que padecen desde el primer momento: “Los canales nacionales estaban dando los nombres de nuestros chicos antes que nos enteremos nosotros”. Y también culpa a la Bonaerense: “Las pericias muestran que el incendio se inició en el pasillo, no en las celdas. Pasaron 40 minutos hasta que se dio aviso a los bomberos y no desde la comisaría. Lo que pasó en ese tiempo muestra su intencionalidad. Obstruyeron a los bomberos diciendo que habían perdido las llaves de las celdas con las que previamente las habían cerrado, incluso las que debían permanecer abiertas. Como mínimo podrían haberles habilitado el agua de las duchas de las celdas y no lo hicieron, por eso los cuerpos se encontraron todos amontonados en el baño”.
Del otro lado de las vallas, los familiares de las víctimas obtienen lo mismo que les ha dado el Poder Judicial y la Gobernación durante estos siete meses: silencio e indiferencia. Cristina Gramajo, madre de Sergio Filiberto, acusa directamente al Estado: “Tiene una intención claramente marcada respecto a las fuerzas de seguridad que a una la lleva a pensar en la época de la dictadura. Cuando fuimos a la marcha contra el gatillo fácil algunos policías dijeron: `Acá hacen falta 15 gatillos fáciles más´. Esto lo único que genera es dolor y miedo porque sé que mis hijos y mis nietos están en peligro”. Y, en referencia al presidente Mauricio Macri, remata: “Habla de paz y pretende construirla con gente violenta en las calles”.
La marcha continúa hasta la avenida principal. Durante el trayecto, de la misma manera que la policía miraba de afuera cuando los siete pibes morían calcinados, los comerciantes y vecinos miran la escena, sin siquiera un aplauso o una palabra de aliento a las familias. Al llegar a la avenida, un hombre en moto quiere cruzar a través de la gente pero una joven lo frena para que no provoque un incidente. El motociclista, actuando indignación, protesta: “¿Te molesta que quiera pasar? ¡A mí también me molestan ustedes!”
«Marchás y te miran con cara de bicho raro, la indiferencia te pega un poco”, dijo Silvia, madre de una de las víctimas.
Quizás para exorcizar el humo y el fuego que siete meses atrás se llevaron la vida de los siete pibes, que esperaban su condena alojados en condiciones infrahumanas, unas 40 antorchas se encienden y los manifestantes preguntan “¿Dónde está?” No preguntan por Santiago Maldonado –cuyo rostro los acompaña en carteles, pines y remeras–, sino por el principal responsable de la masacre, el comisario Alberto Sebastián Donza, prófugo hace más de seis meses.
Sobre la vereda, un padre sale de la mano con su hijo de una juguetería con una bolsa y un paquete en la mano. Se quedan parados un momento hasta que pasa la gente para retirar su auto estacionado. En la vidriera del comercio se ofrece un “kit de policía” compuesto por pistola, esposas, walkie talkie, gorra y garrote.
Al llegar a la Plaza 9 de Julio, la marcha se detiene y los familiares aprovechan para decir las últimas palabras e invitar a hablar a otras personas. La primera es Mirna Gómez, mujer de Andrés Núñez, uno de los primeros casos de gatillo fácil, allá por 1990. Recién este año comenzará el juicio oral al comisario Luis Raúl Ponce, acusado del asesinato de Andrés. Ponce estuvo prófugo 22 años. Mirna pide que tengan fuerzas porque “esta es una lucha que tenemos que trasladar a toda la sociedad”.
Mediante una llamada telefónica, Hugo Cardozo, sobreviviente de la masacre en el Pabellón Séptimo, ocurrida en la cárcel de Devoto en 1978, sostuvo que “hay que seguir luchando para que la sociedad deje de incorporar el relato policial de `motín´ ante estas masacres”. La última en dirigirse al público fue Andrea Álvarez, quien pidió no olvidar a su hijo Iván Álvarez, fallecido luego de un choque producto de una persecución policial iniciada por la brigada motorizada GAM del Comando de Patrulla, sin motivo determinado. “Basta de las carreras de la muerte contra los chicos, basta de las persecuciones de la policía motorizada”, reclamó.
Mientras el comisario Donza sigue prófugo, el juez de Garantías a cargo de la causa, César Solazzi, le concedió arresto domiciliario a los cinco efectivos imputados que se encontraban detenidos con prisión preventiva: Sergio Rodas, Alexis Eva, Carolina Guevara, Matías Giulietti y César Carrizo.
La resolución fue apelada por el fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y los familiares de las víctimas, pero aun así la Cámara de Apelaciones respaldó la decisión del magistrado salvo en un caso. Ahora mismo, los recursos interpuestos por la CPM y la fiscalía se encuentran bajo estudio de la Sala V del Tribunal de Casación Penal. El argumento de queja es simple: los acusados no pueden estar en sus casas vigilados por sus propios compañeros de fuerza. A siete meses de la masacre de Pergamino, la justicia sigue amparando a los victimarios.
“Esta es una lucha que tenemos que trasladar a toda la sociedad”, dijo Mirna Gómez , mujer de Andrés Núñez, víctima de gatillo fácil.
Se encendieron 40 antorchas para reclamar la aparición de Alberto Sebastián Donza, principal responsable de la masacre.
Actualizado 4/10/2017