Vuelven a aplicar el 2×1 para beneficiar a los represores

El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata concedió el beneficio del 2x1 a dos militares condenados por delitos de lesa humanidad. Es el mismo que la semana pasada otorgó prisión domiciliaria a un apropiador.

bandera argentina y la inscripcion no al 2x1
Marcha por el "No al 2x1, el 10 de mayo.
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La resolución del juez federal subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Alejandro Daniel Esmoris, de aplicar el cómputo del 2×1 a dos represores, confirmó los temores de los organismos de Derechos Humanos: el “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.

Este martes, en base al precedente instaurado por la resolución del máximo tribunal en la causa de Muiña, el juez Esmoris decidió aplicar el mismo criterio e hizo lugar al pedido de la defensa de los penitenciarios Abel Dupuy y Ramón Fernández, ambos con condenas firmes desde 2010 por crímenes cometidos en la Unidad N°9. Los represores Dupuy y Fernández, condenados a prisión perpetua y a 25 años de prisión respectivamente, fueron beneficiados por la ley 24390, también conocida como “Ley del 2×1” -vigente entre 1994 y 2001- cuyo Artículo 7 establece que “transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 1, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”, con lo cual se reduce el tiempo de reclusión.

Pasó poco más de un mes del fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura y ya se presentan consecuencias. El pronunciamiento de los ministros Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dictado el pasado 3 de mayo, generó indignación en gran parte de la sociedad, especialmente en organizaciones de Derechos Humanos, quienes convocaron una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo para repudiar el polémico fallo. En consecuencia del amplio rechazo popular que generó el veredicto, el 12 de mayo el gobierno promulgó la Ley Nº 27362, que establece que el cómputo del 2×1 no es aplicable a delitos de lesa humanidad. Pero a pesar de la ley y de las repercusiones de la masiva movilización, la historia vuelve a repetirse.

El “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.

En diálogo con ANCCOM, Guadalupe Godoy, abogada y militante en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), declaró acerca de esta nueva sentencia judicial en favor de represores: “Es el primer fallo de un tribunal inferior que otorga el 2×1, luego del fallo de la Corte Suprema y del repudio popular que esa sentencia cosechó. El juez Esmoris ya se había pronunciado en ese sentido antes del fallo de la Corte, y posteriormente, en minoría, en casos donde tuvo que resolver junto a dos integrantes más del tribunal. Ya teníamos antecedentes de esta posibilidad. Tiene lógica, porque lamentablemente, más allá del repudio popular y de la nueva ley del Congreso, el fallo del “caso Muiña” está vigente hasta tanto la Corte no tenga un nuevo posicionamiento, que sería a fines de este mes o principios del próximo, cuando resuelva sobre 15 casos similares que tiene a la espera de sentencia en los que podría revertirse el fallo.” Sobre las repercusiones que podría tener el veredicto, añadió: “Este fallo en concreto va a ser apelado por los fiscales y va a ir a una cámara de casación. Le toca a la sala 2, que ya se expidió en contra del 2×1 la semana pasada en la causa Riveros. Pero lo que demuestra el fallo es que hay que seguir reclamando que la Corte tire abajo su propia doctrina creada a partir del fallo Muiña. Hasta tanto no haya un nuevo pronunciamiento de la Corte, existe el riesgo de que haya múltiples pronunciamientos de este tipo. Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país, que dicen que los delitos de lesa humanidad no son pasibles ni de indulto, ni de amnistía, ni de conmutación de pena. Y esto es una conmutación de pena encubierta.”

En la misma línea, el Juez Carlos Rozanski, ex presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y uno de los magistrados más activos en los juicios de Derechos Humanos -que en 2006 condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz- si bien no se pronunció acerca del fallo del juez Esmoris, en diálogo con ANCCOM expuso su opinión sobre la concesión del 2×1: “Del mismo modo que la inmensa mayoría de los jueces federales se expresaron en contra, incluida la Cámara Federal de Casación Penal, considero que esa ley conocida como 2×1 no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Hay que recordar que cualquier ley o sentencia que implique impunidad en este tema, resulta inconstitucional.”

Por su parte, en representación de las entidades de Derechos Humanos que repudiaron el fallo, Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo en la filial de La Plata, manifestó: “En cierta manera no nos sorprendió el fallo porque esta vez tuvo que decidir un solo juez de los tres que integran el tribunal, por ser una ejecución de la sentencia. Al ser el juez Esmoris a quien le tocó intervenir, sabiendo que ya había tenido posiciones en favor de la aplicación del 2×1, no nos tomó por sorpresa. Lo cual no quiere decir que no estemos en contra de la decisión, por los mismos argumentos que expusimos ante la fallo de la Corte Suprema.”

Ante la posibilidad de considerar a la causa Muiña como el precedente sobre el cual se basó la decisión de Esmoris, Lovelli manifestó: “Este juez ya se había expresado en este sentido con anterioridad al fallo Muiña. Seguramente, al estar vigente en la Corte la doctrina de este fallo, se sintió más respaldado en su pronunciamiento. Es muy probable que la Corte vuelva a tratar el caso del 2×1 porque, con la sanción de la ley 27362, se pidió opinión a las querellas para ver si con ese nuevo instrumento legal, la Corte podía retrotraer su propia doctrina. Creemos que la Corte lo va a hacer, el hecho de que haya convocado a las partes puede tomarse como un síntoma. Quizás después, con otro fallo distinto se pueda revertir incluso la resolución que benefició a Dupuy y a Fernández.”

“Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país”.

Una semana atrás, el mismo tribunal que ahora benefició a Dupuy y a Fernández, integrado por los jueces Alejandro Esmoris y Germán Andrés Castelli, otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Carlos Hidalgo Garzón, condenado en 2013 por la apropiación de la nieta restituida Catalina de Sanctis Ovando. Esta concesión, apoyada únicamente en el hecho de que el recluso supera los 70 años de edad, fue aprobada por el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata sin tener en cuenta los informes oficiales de los peritos médicos que indicaban que Hidalgo Garzón podía continuar cumpliendo su detención en una unidad penitenciaria. El juez Esmoris también votó en favor de otorgar la prisión domiciliaria a Hidalgo Garzón por el simple hecho de que es mayor de 70 años. Adopta un criterio que se rige solamente por la cuestión de la edad sin tener en consideración otras circunstancias, como el hecho de que tiempo atrás le revocaron la prisión domiciliaria por haberla violado”, afirmó Lovelli. “No sólo le concedió este beneficio a Hidalgo Garzón sino también a otros represores involucrados en distintas causas en La Plata.” Y agregó: “El fallo que favoreció a Hidalgo Garzón ya está apelado, pero la prisión domiciliaria aún no se hizo efectiva porque tiene pendiente otra causa donde está en prisión preventiva y en la que le fue denegada la domiciliaria.”

Respecto a la relación entre los dos fallos que favorecen a represores dentro del mismo tribunal, y en ambos casos con la actuación del mismo juez, Lovelli expresó: “Evidentemente, la composición del Tribunal Oral Nº 1 de La Plata es más permeable para concederle beneficios a los represores. Eso lo estamos viendo a diario, no tanto en las cuestiones de fondo de un juicio oral, donde es más difícil encontrar algún resquicio para no condenar, pero sí para las modalidades de ejecución de esa sentencia.”

Por el momento, tal como señalaron los especialistas consultados por ANCCOM, solo queda esperar a que en sus próximos pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida aplicar la ley 27362 para garantizar que los genocidas cumplan la totalidad de sus condenas y evitar así que el “caso Muiña” se repita y termine convirtiéndose en la norma para las causas de lesa humanidad. Sin embargo, hasta entonces las organizaciones que defienden los Derechos Humanos en Argentina no van a quedarse de brazos cruzados. “Los organismos de Derechos Humanos en la ciudad de La Plata están preparando una manifestación que probablemente se haga la semana que viene, cuando haya audiencias en el juicio que se está llevando adelante por los crímenes que cometió la Concentración Nacional Universitaria en el cual el juez Esmoris es uno de los tres jueces a cargo”, aseguró Guadalupe Godoy. “Allí se realizaría una manifestación en repudio a su fallo y cualquier aplicación del 2×1 en causas de delitos lesa humanidad”, concluyó.

Actualizada 13/06/2017

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