En defensa de los inquilinos

Un proyecto de una nueva Ley de alquileres aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. Los puntos más sobresalientes de la iniciativa que intenta equiparar la relación entre propietarios e inquilinos.

Vidrieras de inmobiliarias con anuncios de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires.
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Distintas organizaciones sociales de todo el país impulsan una nueva norma sobre alquileres, ante los abusos sistemáticos cometidos por inmobiliarias y propietarios. Este año pasará a la Cámara  de Diputados para su tratamiento y eventual aprobación. La iniciativa, que lleva la firma de la senadora del Frente para la Victoria Silvina García Larraburu, propone modificaciones en el Código Civil y Comercial que beneficiarían a los inquilinos.

El proyecto extiende el plazo mínimo de los contratos de alquiler de dos a tres años, se elimina el plazo de seis meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa, se contempla la devolución del depósito en garantía y las expensas extraordinarias las abonará el dueño del inmueble. Además, el proyecto establece que los aumentos sean anuales y que de ninguna manera superen al nivel inflacionario. Otra novedad es que las partes puedan renovar o no el contrato sesenta días antes del vencimiento y se dispone la regulación de las comisiones inmobiliarias por jurisdicción. En caso de no haber regulación específica en la zona, no debe superar nunca el mes de alquiler, como lo establece la Ley 2.340 que corresponde a Ciudad de Buenos Aires.

La problemática de los alquileres se agrava año a año, por las condiciones cada vez más extorsivas y leoninas a las que son sometidos los inquilinos. Luego de un amparo propiciado por Inquilinos Agrupados y la Asociación civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la  Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmó un fallo de primera instancia que resolvió la ilegalidad de cobrar más de un mes de comisión, una anomalía muy frecuente en las operaciones inmobiliarias. Además, la sentencia obliga al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires a realizar un control integral sobre sus matriculados para evitar estos abusos.

El proyecto de ley y las acciones de las asociaciones civiles constituyen una respuesta esperada hace tiempo por parte de los inquilinos. Como parte de ese proceso, en febrero de 2016 se había creado un área de la Defensoría del Pueblo para proteger los derechos de los inquilinos, se trata de la Defensoría del Inquilino, a cargo del ex legislador Fernando Muñoz, que brinda asesoramiento legal, acceso al sistema de mediaciones y presenta políticas y propuestas acordes al sector.

El proyecto de ley y las acciones de las asociaciones civiles constituyen una respuesta esperada hace tiempo por parte de los inquilinos.

El proyecto de ley y las acciones de las asociaciones civiles constituyen una respuesta esperada hace tiempo por parte de los inquilinos.

Respecto de los abusos, Lis Rodríguez, vecina de La Boca, dice  a ANCCOM: “Cuando alquilé un PH con mi novio, además de exigirnos  la garantía propietaria de una amiga, tuvimos que poner los recibos de sueldo de mi padre y mi novio como garantía. Además los arreglos los pagábamos nosotros y la dueña nos reconocía una parte, una vez abonados, ella nos descontaba una parte del alquiler, todo en forma arbitraria. En el momento de rescindir el contrato nos retuvo el anticipo”. Otra experiencia es la de Gabriela Szconadek, vecina de Parque Patricios, que cuenta: “Alquilábamos  con la garantía propietaria de mi tío, una casa que necesitaba muchos arreglos y el dueño no se hace cargo, por lo cual decidimos buscar otra propiedad, pero al morir mi tío, quedamos presos de una casa en mal estado y con un valor muy alto de mercado, ya que no conseguimos  un seguro de caución (que exige ingresos de 20000 pesos como mínimo) para poder mudarnos a un lugar mejor”. En comunicación con ANCCOM, Tomás Beceyro, secretario general y letrado de la Unión Argentina de Inquilinos, manifestó al respecto que “los seguros de caución son relativamente nuevos para las locaciones y de a poco son más aceptados por los propietarios, los bancos brindan garantías similares y  los propietarios los incorporan paulatinamente, como ocurrió con las garantías propietarias de otras jurisdicciones”. Beceyro, en relación al proyecto, consideró que todo lo que ayude a equiparar la relación entre propietarios e inquilinos es muy importante, ya que últimamente parece un contrato de adhesión, en el que el inquilino no es escuchado. “Hay que tener en consideración que se trata de una modificación muy importante y que el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución Nacional. En el hipotético caso que ocurra el veto desde el Poder Ejecutivo se estaría perjudicando a millones de inquilinos y a la vez fulminando una garantía constitucional”, agregó. Por otra parte, el proyecto también prevé deducir los alquileres del impuesto a las ganancias. Por supuesto, distintas inmobiliarias anticiparon su rechazo a lo cambios propuestos.

Actualizado 08/02/2017

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