En solo cuatro meses de gestión de la alianza Cambiemos, un viejo y conocido fantasma volvió a ocupar el centro de las preocupaciones de hombres y mujeres: la pérdida del empleo y el consecuente aumento de la desocupación.
Los despidos masivos arrancaron en diciembre pasado con el declarado objetivo de “modernizar” el Estado. Más de 35.000 empleados públicos fueron cesanteados, muchos de ellos acusados sin pruebas de “ñoquis” o perseguidos por su militancia política. Los trabajadores del sector privado fueron, en paralelo, víctimas de la misma práctica. El panorama recesivo de la economía argentina encendió la alarma de empresarios y sindicalistas y motorizó ese ajuste laboral.
Los despidos registrados en el sector privado durante este primer trimestre superan los 80.000 trabajadores, según sostienen los informes realizados por distintos gremios y consultoras privadas, consultadas por ANCCOM ante la falta de información oficial.
Desde su asunción, Mauricio Macri prometió “normalizar” el funcionamiento del cuestionado Instituto de Estadística y Censos (INDEC), pero su gestión todavía no brindó registros sobre la desocupación que se generó a partir de los despidos realizados de diciembre a esta parte.
Abrazo al Ministerio de Trabajo.
El último relevamiento realizado por el INDEC durante el tercer trimestre del 2015, evidencia que las sucesivas administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015) habían logrado que el desempleo llegara a uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, un 5,9 %.
Ante la paralización del INDEC, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) liderada por el sindicalista Pablo Michelli realizó un relevamiento a través de su Observatorio Social. El estudio registró un total de 68.563 despidos, entre el 1 de diciembre y el 4 de marzo, de los cuales unos 30.936 se produjeron en el sector privado.
“Las tensiones que el mercado de trabajo venía presentando en los últimos años se exacerbaron en pocas semanas, y desde entonces hemos asistido a un shock de despidos liderado por el sector público, sin que por ello las empresas del sector privado se hayan quedado detrás”, sostiene el último documento publicado por el Observatorio Social.
El informe aclara que se trata de un “relevamiento de mínima”, ya que no incluye “aquellas denuncias que fueron realizadas por dirigentes sindicales en términos generales”.
La industria de la construcción figura entre los rubros más perjudicados por los despidos. Los representantes sindicales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) denunciaron la pérdida de entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo desde la llegada de Cambiemos al poder.
Además, desde la UOCRA advirtieron que en el sector privado las grandes empresas utilizaron la actual coyuntura “para impulsar suspensiones colectivas”, una medida que “posee efectos disciplinadores sobre el conjunto de los trabajadores”. Las suspensiones “se han concentrado en la industria petrolera, la automotriz, la autopartista y la siderurgia”, agregaron fuentes del sector.
Informes realizados por la consultora privada Tendencias Económicas y por el Centro de Economía Política (CEPA) a los que tuvo acceso ANCCOM completan el cuadro del empleo argentino con un duro diagnóstico. Según Tendencias Económicas, los despidos en el primer bimestre de este año llegaron a unos 107.000, relevados a partir de las denuncias realizadas por los gremios a nivel nacional.
El informe indica que en enero se registraron alrededor de 41.921 despidos, cuya mitad se sucedieron el ámbito privado, siendo los sectores de la construcción, gastronómicos, textiles e indumentarios, los más perjudicados.
Con respecto al mes de febrero, se registraron 65.799 personas despedidas, un 72% de aumento con respecto al mismo mes de 2015, según la consultora.
Del total, alrededor de 55.800 pertenecieron al sector privado, sobre todo en la construcción y en otras actividades, como autopartes, petróleo, comercio y minería.
En tanto, el informe publicado por CEPA, indica que el empleo, público y privado, expone “una tendencia a la contracción”. El relevamiento arrojó un total de 141.542 despidos entre enero y marzo de este año. Alrededor de 80.446 cesantías correspondieron al sector privado y el mayor perjudicado resultó ser el sector de la construcción, un 71,88%, siguiéndole el sector industrial con un 23,40% y por último, el sector servicios, con un 4,72%. Según el estudio, la mayor cantidad de despidos se dio “en los empleos de menor calificación o que más precarización sufren”.
Ante este panorama, el reclamo de las centrales obreras ante diputados y senadores, se plasmó en un proyecto de ley que declara la “Emergencia Pública en Materia Ocupacional” que aún no se discutió en el Congreso, pero que ya ha generado críticas del oficialismo y de representantes empresariales de la Pequeña y Mediana Empresa (PyMEs).
En un comunicado, representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reconocieron que “más 120.000 despidos han provocado una fundamentada preocupación de senadores y diputados de la Nación que obliga a buscar alternativas para detener ese flagelo en el sector público y privado”.
Pero que “hay que dimensionar” ya que en el sector privado, y especialmente en PyMEs, esa situación ocurre “por la caída en los niveles de producción provocada por la retracción en la demanda de consumo, por la casi nula demanda de inversión, por las aceleración de la inflación y por las altísimas tasas de interés del mercado”, sostiene el documento.
El proyecto de ley tiene por objetivo evitar que se continúe despidiendo, por lo que propone que se “congelen” hasta el 2017 los empleos del sector público y privado y se apela nuevamente, como lo fue en el 2002, a la figura de la “doble indemnización”, el punto más criticado por el gobierno como por los empresarios.
Desde CAME sostienen que ante la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, implementar “la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las PYMES, especialmente en las más pequeñas, que llevarían al cierre definitivo de muchas de ellas”.
El oficialismo ya expresó su rotundo rechazo al proyecto de ley. El presidente Mauricio Macri, en varias declaraciones públicas, indicó que esta iniciativa, en caso de aprobarse, no generará “más empleo” sino que “destruirá fuentes de trabajo”. Y prometió vetarla en caso que, finalmente, el Congreso avance con su debate y aprobación.
Con la unificación de la Confederación General del Trabajo en proceso y el llamado a una movilización para el próximo 29 de abril, en donde participarán todos los sectores gremiales, el gobierno de Macri afronta un contexto socio económico conflictivo, al cual deberá dar respuestas inmediatas si su deseo es retomar las sendas del crecimiento económico y la gobernabilidad.
Festival No Al Vaciamiento del Grupo 23. Parque Centenario. 31 de enero de 2016.
En los medios
La ola de despidos masivos afectó a numerosos sectores y los trabajadores de los medios de comunicación no quedaron exentos. Desde diciembre, se ha registrado el despido de más de 200 periodistas de numerosos medios, siendo el caso más grave y emblemático el caso del grupo Veintitres perteneciente a los empresarios Sergio Spolzky y Matías Gardfunkel, con la cesantía de 136 trabajadores del canal televisivo CN23 y el vaciamiento económico del Diario Tiempo Argentino -hoy autogestionado por sus trabajadores en una cooperativa- y Radio América.
También fueron despedidos doce periodistas del grupo Crónica, cuyos dueños son los hermanos Olmos, treinta trabajadores del centenario diario La Nación, doce del diario platense Diagonales, cinco del grupo Octubre, Cinco en Radio Continental y ocho en Radio San Martín, según lo relevado por observatorio de la CTA Autónoma.
A lo que se le suma, la complicada y delicada situación del canal 360TV, cuyos trabajadores llevan adelante una huelga por salarios adeudados.
Actualizada 27/04/2016